Por Causa Popular.- El mismo día que llegó de La Habana, Evo Morales anunció la firma del Decreto Supremo (D.S.) 28701 que nacionaliza los recursos hidrocarburíferos de Bolivia. La nacionalización de los recursos naturales fue una de las principales demandas de las movilizaciones populares que terminaron con los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa. “En ejercicio de la soberanía nacional, obedeciendo el mandato del pueblo boliviano expresado en el Referéndum vinculante del 18 de julio del 2004 y en aplicación estricta de los preceptos constitucionales, se nacionalizan los recursos naturales hidrocarburíferos del país. El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos”, sentencia el decreto en su primer artículo. Mientras las encuestas indican que el pueblo boliviano festeja la medida, y Brasil junto a la Argentina, España y los Estados Unidos se preocupan por su alcance, muy poco se dijo sobre la letra chica del decreto firmado por Morales, un recurso para ganar tiempo, barajar de nuevo y nacionalizar en serio.
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Como líder de los campesinos cocaleros, Evo Morales fue uno de los dirigentes que estuvo a la cabeza de los reclamos por la nacionalización de los recursos naturales hidrocarburíferos. Un ejecutivo de Repsol YPF de Bolivia había admitido a principios del 2003 que “La rentabilidad en la industria del petróleo y gas en Bolivia es sumamente alta: por cada dólar invertido, la empresa petrolera gana 10 dólares”.
Los movimientos sociales apuntaron toda su fortaleza a recuperar estas ganancias para el bienestar de su país, y hasta el día de la hoy se muestran con la entereza suficiente para mantener el reclamo.
El gobierno del MAS, conoce perfectamente el proceso que lo llevó hasta dónde está. Incluso, los primeros 100 días de gobierno le demostraron el grado de independencia que mantiene la diversidad de fuerzas que compone el conjunto del movimiento popular boliviano. No hay duda que a su modo, el decreto firmado y anunciado el 1º de mayo, cumplió con una de las principales promesas de campaña del Movimiento al Socialismo (MAS), y que estos sectores nunca hubieran aceptado ninguna excusa si esa medida no se concretaba.
Toda la puesta en escena de la que participaron las Fuerzas Armadas en el momento del anuncio, sólo se entiende en el marco de las presiones internas a las que está sometido el gobierno por parte de sus propias bases. Las banderas con inscripciones que anuncian la nacionalización sobre plantas de las compañías extranjeras que explotan los recursos naturales, parece ser una reafirmación necesaria.
Los alcances del 28701
Según el gobierno, con el Decreto Supremo de Nacionalización de los Hidrocarburos, Bolivia recuperó sus reservas energéticas en manos de transnacionales. Pero ¿Qué alcances tendría la recuperación de reservas energéticas?
A partir de la publicación del DS 28701 el Estado adquiere la propiedad de sus reservas naturales de Gas y Petróleo. Textualmente el decreto establece en su Artículo 1º, que el Consejo de Ministros decreta que: “En ejercicio de la soberanía nacional, obedeciendo el mandato del pueblo boliviano expresado en el Referéndum vinculante del 18 de julio del 2004 y en aplicación estricta de los preceptos constitucionales, se nacionalizan los recursos naturales hidrocarburíferos del país.”
O sea, todos los recursos naturales que están bajo tierra boliviana pasan a ser propiedad colectiva de los ciudadanos bolivianos. Pero ¿esto no era así antes de la publicación del decreto? Según establece la constitución boliviana en su artículo 136 “Son de dominio originario del Estado, además de los bienes a los que la ley les da esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento”
Entonces, si los recursos naturales eran propiedad del Estado antes del decreto 28701 ¿hubo o no nacionalización? Cualquier nacionalización que produzca una modificación sobre los recursos naturales respecto a las condiciones previas a la publicación del decreto, debería haber afectado a la Industria que los explota. Sin embargo, el decreto nada dice respecto de ella. Al contrario, mejora su condición en relación a la situación jurídica anterior a la publicación del mismo.
El mismo decreto señala una de las críticas que diversos sectores le realizan al gobierno por estos días. Entre sus considerandos recuerda: “Que ha expirado el plazo de 180 días señalado por el artículo 5 de la Ley Nº 3058 de 17 de mayo de 2005, Ley de Hidrocarburos, para la suscripción obligatoria de nuevos contratos.”
Pero en el Artículo 3º el plazo se renueva: “Sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten inmediatamente las disposiciones del presente Decreto Supremo, hasta que en un plazo no mayor a 180 días desde su promulgación se regularice su actividad, mediante contratos que cumplan las condiciones y requisitos legales y constitucionales. Al término de este plazo, las compañías que no hayan firmado contratos no podrán seguir operando en el país.”, establece el primer inciso.
Si sólo el anuncio oficial crespó la verborragia de los más bienaventurados vecinos, la concreción de la nacionalización será un proceso que requiere el mismo cuidado que debe tener un especialista en desactivar una bomba de relojería. En consecuencia, no sólo aún no se afectó directamente a la industria que explota los recursos naturales hidrocarburíferos, sino que se establece un nuevo plazo para la renegociación de los contratos.
Pero esta medida no navega sola, detrás están los planes políticos y económicos que le proporcionarán a la nacionalización el contenido estratégico que permita al pueblo boliviano apropiarse de lo que siempre se le ha negado. Pero la virulencia de las multinacionales confirma que no será fácil, ya se sabe que cuando los poderosos asumen su descontento públicamente, es porque están haciendo el doble por debajo.
Nacionalizar el gas es un desafío que trasciende la letra de la ley: implica controlar las plantas, hacerlas trabajar con eficacia, procurar la tecnología necesaria, poner a prueba la capacidad de gestión de un Estado que lleva décadas sin manejar su subsuelo por sus propios medios, y además sostener un precio internacional que deje de ser competitivo a expensas de la miseria de su pueblo.
La cadena de obstáculos que enfrenta el gobierno popular de Bolivia con respecto a la nacionalización del gas es mucho más larga, pero sólo los obstáculos enumerados son un rosario de esperanzas para los empresas multinacionales que han comenzado a ventilar sus malhumores. A partir de ahora, en vez de invertir en infraestructura, las “multis” invertirán en incrementar cada riesgo para los planes de emancipación energética de Bolivia.
Pero la letra chica hay que conocerla igual
En una nota publicada en la agencia de noticias Bolpress, Mauricio Ochoa Urioste señala a los artículos 3º y 9º del decreto como los más ambiguos. Según el artículo 9º “En todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, se seguirán aplicando los reglamentos y normas vigentes a la fecha, hasta que sean modificados de acuerdo a ley.”
Para Ochoa Urioste, ambos artículos significan “que la plena vigencia del decreto promulgado por el Presidente Evo Morales está subordinado a la suscripción de nuevos contratos con las empresas petroleras. Ahora bien, según el art. 450 del código civil boliviano -analiza Urioste- ‘hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica’. Uno de los requisitos para la formación de los contratos es el consentimiento de las partes. Según el art. 473 de la norma civil sustantiva ‘no es válido el consentimiento prestado por error, o con violencia o dolo’. En otras palabras, el Estado y las empresas petroleras, al momento de suscribir nuevos contratos, pueden introducir los términos que vean convenientes, pero en ningún caso pueden ser obligados a firmar contratos que sean lesivos a sus intereses, porque ello sería causal de anulación de los mismos.”
El ingreso de Evo Morales a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), y la firma del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) puede ser una de las señalas que indican que dentro de 180 días Bolivia nacionalizará sus hidrocarburos. Si no se tiene en cuenta este dato, no menor, la letra chica de la información que llega desde Bolivia sólo indica que las transnacionales que saquearon el país andino tienen 180 días más de gracia. Cuando expire este plazo el pueblo boliviano será testigo privilegiado de un proceso que ya se echó a andar: la recuperación de sus recursos naturales para mejorar su calidad de vida.
