Por Causa Popular.- A menos de tres meses de asumir, el gobierno de Evo Morales enfrenta su primera crisis de magnitud, desatada por numerosas protestas sociales y empresariales. Ni el analista menos lúcido pudo haber pensando que al primer presidente indígena de Bolivia le iba a ser fácil controlar las protestas sectoriales de quienes fuera sus aliados antes asumir el pasado 22 de enero, así como la de los sectores de privilegio que pudieran ver afectados sus intereses. Varios son los frentes de conflicto que el gobierno del Movimiento Al Socialismo enfrenta en la actualidad. Uno de los más duros, la protesta de los trabajadores de Lloyd Aéreo Boliviana (LAB), la privatizada línea bandera del país, pidiendo su nacionalización, pone un gran signo de pregunta respecto a las intenciones reales del gobierno de avanzar con uno de los principales reclamos de las movilizaciones populares que catapultaron a “Evo” a la presidencia. Mientras un ampliado de la COB, lanza una gran marcha para el 21 de abril, un paro de transportistas del sector público paralizó a medias este martes las principales ciudades del país, en repudio a una disposición legal que les obliga a pagar impuestos.
Protestas de empresarios y trabajadores, por la nacionalización y la autonomía regional, marcan el ritmo de una sociedad en pleno movimiento. Mientras los sectores eternamente postergados intentan aprovechar las oportunidades abiertas por el flamante gobierno para mejorar sus condiciones de vida, los empresarios privilegiados por anteriores administraciones, muestran toda su “combatividad” para mantener sus ganancias.
Por el lado de los sindicatos, el ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana (COB), realizado esta semana en el centro minero de Huanuni, determinó reiniciar las luchas populares en todo el país con una gran marcha para el 21 de abril. Su secretario general David Choquetijlla, dijo que el Presidente Morales no está cumpliendo con las demandas de los trabajadores y el pueblo.
“A partir del 21 de abril se llevará adelante una movilización en todo el territorio boliviano, condenando la nueva administración del Gobierno por no dar respuesta al pliego nacional de la COB”, dijo Choquetijlla al adelantar la radicalización de la protestas además, con una marcha nacional en todo el país para el 1º de mayo, seguido de una huelga general indefinida y el bloqueo nacional en todo el territorio del país.
No haciendo diferencias entre las protestas protagonizadas por los más diversos sectores, el presidente Morales calificó de carnavalescos los anuncios de paro. “Hay un Carnaval entre marzo y abril, siempre hay que hacer manifestaciones, paros, cuando estamos atendiendo las demandas, eso tiene que terminar. Creo que no tienen mucho sentido los paros que anuncian los dirigentes”, declaró.
Pero la protesta de mayor magnitud que está enfrentando el gobierno no proviene precisamente de antiguos aliados. El pasado martes, un paro de transportistas del sector público paralizó gran parte de las principales ciudades del país, en repudio a una disposición legal que los obliga a pagar impuestos. La contundencia de la huelga obligó al Ministerio de Trabajo a decretar el horario continuo en el sector público y dar tolerancia de media hora en el ingreso a las fuentes laborales en el sector privado. En ciudades como La Paz, Cochabamba, El Alto, Sucre, Oruro y Potosí, muchas personas tuvieron que realizar largas caminatas, mientras se suspendían las actividades escolares y disminuían las productivas y comerciales.
Durante el paro no se registraron incidentes de magnitud. El gobierno denunció que los dirigentes del autotransporte realizaron el paro por la negativa oficial para concederles cargos en la administración pública. El dirigente de los choferes, José Luis Cardoso, denunció, en cambio, que Evo Morales le prometió cuatro parlamentarios antes de las elecciones, si firmaban un convenio de apoyo al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
Los trabajadores del gremio del transporte, por su parte, buscaron diferenciarse de los choferes. El dirigente del sector Raúl Ríos anunció a la prensa que los gremialistas no se sumarán a las protestas de los choferes, que -según declaró- trabajan con capitales por encima de los 50 mil dólares, cifra que está muy lejos del capital que disponen los afiliados a este gremio.
Trabajadores aeronáuticos y maestros también se enfrentan con “Evo”
No sólo con los empresarios el gobierno muestra su intransigencia. Trabajadores Aeronáuticos y docentes reclamaron la nacionalización de la línea aérea de bandera y un aumento de sueldo respectivamente. Mientras los primeros, sólo recibieron evasivas y un violento desalojo de la fuerza pública en uno de los cuatro aeropuertos tomados durante la protesta, los maestros recibieron un duro cuestionamiento de Morales.
Los trabajadores de LAB continúan el paro y las protestas en demanda de la salida de su actual concesionario Tito Asbún, y la intervención por parte del gobierno para que nacionalice la línea de bandera. Evo Morales, por su parte, anunció que no nacionalizará LAB, porque eso significaría “nacionalizar la corrupción”, y envió contingentes policiales y militares para garantizar el normal funcionamiento de los aeropuertos. Como resultado de esto, el pasado 30 de marzo los trabajadores se enfrentaron con la policía, que con gases lacrimógenos impidió la toma del peaje de entrada al aeropuerto de Cochabamba.
LAB tiene actualmente una deuda de más 140 millónes de dólares. El dirigente Oscar Olivera de la Coordinadora del Agua de Cochabamba, había declarado a la prensa que el presidente Evo Morales en lugar de jugar un partido con el conocido futbolista “El Diablo” Etcheverry, debía volcar “sus ojos al pueblo”. La demanda de nacionalización de LAB, está inscrita en la crítica hacia las políticas de capitalización que llevaron al Lloyd a la situación actual.
Luego de que el pasado lunes 3 de abril los trabajadores volvieran a tomar cuatro aeropuertos, el ministro de Servicio y Obras Públicas Salvador Ric informó que el gobierno, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, presentará una denuncia formal ante la Fiscalía en contra de los trabajadores y pilotos del LAB. “Nosotros tenemos que gobernar, para eso ha elegido la población a este gobierno”, explicó.
Sin dejar de reconocer la diversidad de las protestas que movilizan al pueblo boliviano, es evidente que el ex líder cocalero, y actual jefe de Estado, dio un giro importante respecto a los sectores movilizados. Cuando era líder sindical y protagonizaba innumerables protestas sociales reivindicaba todas sus expresiones y movilizaciones, casi sin excepción. Ahora que es presidente minimiza las medidas de presión realizadas y anunciadas.
Respecto a las medidas anunciadas por los docentes, Morales cuestionó duramente a los dirigentes del magisterio y aseguró que el paro no tiene razón de ser, ya que su gobierno aumentó el salario docente como nunca antes en un siete por ciento. Su demanda de institucionalización tampoco tiene asidero, según el primer mandatario, ya que hasta el momento ni siquiera han presentado una propuesta para mejorar o sustituir la Reforma Educativa.
Autonomías regionales, el desafío de fondo
De los 9 prefectos elegidos en las elecciones del año pasado, seis son opositores al gobierno. Entre ellos se pusieron de acuerdo para encontrar todas las formas posibles que les permitan recortarle atribuciones al gobierno central. En este sentido buscan adelantar el marco jurídico de las autonomías departamentales, que debe establecer la Asamblea Constituyente.
El próximo 2 de julio, se realizarán dos eventos plebiscitarios simultáneos: la elección de delegados a la Asamblea Constituyente y un referéndum vinculante sobre las autonomías. Este último establecerá la voluntad popular de iniciar o no un proceso de desconcentración del poder bajo normas que establecerá la Constitución Política del Estado.
Los comités cívicos de los departamentos que concentran la explotación de hidrocarburos, son los principales demandantes de la propiedad de esos recursos. Tales comités son representativos de los grupos empresariales, ya que conforman sus directorios mediante el voto de las instituciones que éstos integran. Así, mientras el prefecto de Santa Cruz firma “decretos prefecturales” y se hace llamar “presidente”, el de Tarija se apresura en buscar entendimientos internacionales basados en el gas y hasta el petróleo. No hay duda sobre las intenciones de esas élites regionales.
Ante las numerosas protestas, uno de los hombres fuertes del gobierno de Evo Morales, el vicepresidente Alvaro García Linera, englobó al conjunto de protestas que azotan el territorio boliviano, en sectores políticos desplazados del poder que fueron reaccionando, y seguirán haciéndolo “a medida que este gobierno implemente sus medidas de cambio”.
