El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro firmó el 13 de junio pasado el decreto N°803 mediante el cual aprueba la contratación directa del poderoso estudio jurídico capitalino Cassagne Abogados para que represente a la Provincia ante la Corte Suprema de Justicia por el corte del financiamiento nacional del déficit la Caja de Jubilaciones.
La novedad, que fue revelada días atrás en simultáneo por el periodista Maximiliano Romero y la agrupación Corriente Kirchnerista de Santa Fe en su blog Nestornautas, transcurrió sin demasiadas estridencias en el mundillo político y periodístico local. A pesar, claro, de que es una decisión que tiene su miga.
Es necesario hacer un poco de historia para comprender el caso. Santa Fe fue una de las provincias que en la década del 90’ se negó a transferir su caja previsional a la Nación. En compensación, el Estado argentino se comprometió a cubrir parcialmente el déficit del organismo con una serie de exigencias que sería extenso compartir.
Lo cierto es que históricamente eso fue motivo de choques, tironeos y negociaciones entre las provincias y la Nación. Diferencias de cálculo, retrasos en los pagos y otros tantísimos aspectos conflictivos constituyeron temas cotidianos en la agenda federal.
Así es como, a fines del año pasado, el gobierno de Omar Perotti decidió iniciar una demanda ante la Corte –que es el tribunal que interviene en estas disputas— por considerar que el Estado nacional no estaba cumpliendo plenamente con los acuerdos de pago. Es casi una obviedad decir que, con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, la situación se agravó dramáticamente al clausurar plenamente las transferencias.
En ese marco es que, ahora, la gestión de Pullaro contrata al estudio Cassagne, que por su trabajo embolsará 30 millones de pesos por la presentación de una demanda contra el decreto 280 de Milei –el que hace referencia a las cajas provinciales—, otros 250 mil mensuales por la tramitación de los expedientes, un porcentaje de la demanda en caso de ganar el litigio y otros ítems.
El argumento oficial es que “se considera propicio encomendar dicha tarea a un Estudio Jurídico de reconocida trayectoria profesional con experiencia comprobable en materia contenciosa administrativa”, teniendo en cuenta que el influyente bufete “posee una vasta experiencia en dicha materia, siendo los profesionales que lo integran ampliamente reconocidos en el ámbito académico y profesional, reuniendo las condiciones requeridas para su contratación”.
Además, dice el gobierno en el decreto, “este tipo de selecciones presenta enormes dificultades en establecer parámetros medibles y cuantificables que constituyan verdaderos estándares de comparación, sin perjuicio de lo cual, la selección del Estudio Jurídico indicado, obedece a razones objetivas fácilmente constatables tales como la altísima especialidad que tienen sus integrantes, su impecable y destacable curriculum y la trayectoria y responsabilidad que han demostrado en el desempeño de su profesión, y siendo uno de los aspectos fundamentales en este tipo de contratación, la necesaria confianza que debe existir entre cliente y profesional, resultando oportuno destacar la contratación por parte del Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia del Estudio Jurídico Cassagne Abogados en el análisis jurídico del Contrato de Concesión por peaje de la Autopista Provincial AP-01”.
Obsérvese la perla del final. El anterior vínculo de la firma de abogados con el Estado santafesino fue en el año 2017, ocasión en la cual el entonces gobierno de Miguel Lifschitz puso fin de una manera muy controversial -por favorable a las empresas- a la concesión de la autopista Rosario-Santa Fe. También en esa ocasión fue una contratación directa: sin licitación ni concurso alguno.
Es un déjà vu, al fin y al cabo, de decisiones tomadas durante los gobiernos del Frente Progresista, en cuya gestión participaron casi todas las fuerzas políticas que integran el oficialismo de hoy. Durante la primera administración de esa alianza, con Hermes Binner a la cabeza, la Provincia contrató también de manera directa los servicios de los estudios jurídicos de los abogados radicales Ricardo Gil Lavedra y Carlos Rosenkrantz para otra disputa con Nación. En 2015, dos días después de la victoria de Mauricio Macri en el ballotage, la Corte Suprema le dio la razón a Santa Fe.
Pero el caso de Cassagne tiene un plus. No es ningún misterio que ese estudio jurídico participó activamente en la redacción de la Ley Bases, a punto de consagrarse en el Congreso de la Nación, y del DNU 70, todavía vigente en varios tramos. Es decir, las dos grandes herramientas legales con que contará Milei en los próximos meses para hacer y deshacer con un margen de discrecionalidad considerable.
Más aún: una de las protagonistas centrales de las negociaciones con los legisladores nacionales, María Laura Ibarzábal Murphy, fungía hasta hace un rato nomás como abogada del bufete. Hoy es secretaría de Planeamiento Estratégico de la Nación y voz autorizada en nombre del mismísimo Santiago Caputo, el enfant terrible, el único con acceso irrestricto al círculo de los hermanos presidenciales.
De esta manera, el estudio Cassagne es asesor jurídico de la Provincia de Santa Fe contra la Nación y al mismo tiempo asesor jurídico –y bastante más— del Gobierno nacional. Gente ubicua, podría decirse. El meme de los dos Hombres Araña señalándose es bastante gráfico para este caso.
