—¿Cómo evalúa la situación de los trabajadores en un eventual proceso redistribucionista?
—Toda política, entre ellas las dirigidas a los trabajadores, deben partir de un diagnóstico de la situación para detectar la naturaleza general y particular del problema que se debe enfrentar. A ese diagnóstico de la situación de los trabajadores me quiero referir. Resulta indiscutible que durante las distintas etapas por las que transitó el patrón de acumulación que puso en marcha la dictadura militar en 1976, y se prolongó hasta el año 2001, se produjo un drástico cambio estructural que trastocó tanto la fisonomía de los sectores dominantes como la de los sectores populares. Sin embargo, la profundidad de las transformaciones económicas, políticas y sociales acaecidas durante las últimas décadas no debería ocultar que el epicentro de las mismas fue el intento de los sectores dominantes por imponer un drástico e irreversible cambio en la relación que mantenían el capital y el trabajo. En este sentido, es indudable que el objetivo estratégico de la dictadura militar consistió en destruir la organización y el poder de los trabajadores en el país, pero persistió durante los gobiernos constitucionales posteriores, porque era un requisito central para la el desarrollo del nuevo patrón de acumulación de capital, que casualmente por eso constituye una revancha clasista de los sectores dominantes que no tiene precedentes desde la creación del Estado moderno en el país.
La feroz represión de la dictadura a los sectores populares y la consolidación del “sindicalismo empresario” como fase superior de la burocracia sindical, son expresiones cabales de ese replanteo de la relación entre el capital y el trabajo. Otra manifestación de ese cambio, es el prolongado e inédito proceso de desindustrialización que no tuvo pausas a lo largo de la valorización financiera, produciendo rupturas profundas en la clase trabajadora entre los asalariados “en blanco”, “en negro” y terciarizados. Igualmente relevante en el mismo sentido, ha sido la disolución del mercado de trabajo formal y la irrupción de una desocupación que de allí en más funcionaria como un real “ejército industrial de reserva” presionando a la baja a los salarios. Todos estos fenómenos, junto a muchos otros como la privatización del sistema jubilatorio, la disminución de los aportes patronales, etc., han interactuado entre sí y jalonado un giro drástico de la relación entre el capital y el trabajo.
En este sentido, no quiero dejar de mencionar que una deuda pendiente de este gobierno es el reconocimiento de la CTA, pero tampoco quiero dejar de señalar que no se trata solamente de un veto planteado por la burocracia sindical, sino principalmente por los sectores dominantes. Estamos en una etapa donde la puja salarial, de una forma u otra, viene y al poder establecido no le conviene que la CTA esté sentada en la mesa de negociaciones.
