Por Jorge L. Devincenzi, especial para Causa Popular.- La muerte de seis personas en el interior de un taller textil clandestino que funcionaba con conocimiento de todos, vecinos y autoridades, pasó a ser la nueva prioridad de la agenda política del gobierno de la ciudad cuando resultó imposible seguir tapando la existencia de un sistema generalizado de producción con trabajo esclavo.
Aunque esa ilegalidad forma parte de algo que se remonta a veinticinco o treinta años atrás (y no es un caso solitario, ya que existen unos 200 establecimientos en la misma situación), hasta ahora no había despertado ninguna iniciativa oficial. Eso sí, existe una nutrida estructura burocrática municipal, que aunque contribuyó a reducir el nivel de desocupación, no controlaba nada.
El artículo 44° de la Constitución local expresa que el gobierno “ejerce el poder de policía del trabajo en forma irrenunciable”. Si lo obligatorio se presenta así, valdría la pena intentar el camino de lo opcional.
En esta oportunidad, el señor Telerman no cometería el error de su antecesor Aníbal Ibarra, quien, a días del incendio que produjo 194 muertes en la discoteca República Cromañón, se disculpó argumentando que “la seguridad no formaba parte de la agenda política de la ciudad”.
En efecto, el actual Jefe de Gobierno estuvo en el lugar de la tragedia, solidarizándose -al menos verbalmente- con los familiares y connacionales de las víctimas, y, dueño de un floreo discursivo de mayor calidad mediática que el de su antecesor, no se atrevió a refugiarse en semejantes excusas. Ibarra se había ocultado en un local de la calle Estados Unidos durante el siniestro de diciembre de 2004.
Es la famosa agenda, y no la realidad, lo que genera acciones en el gobierno local.
Y la agenda, a su vez, se origina en la tapa de los diarios (incluso en la prensa amarilla) y no en las leyes de orden público, los planes de gobierno o los padecimientos cotidianos de los porteños.
Su combustible son las encuestas, y los temas se instalan o no valen la pena.
Quien crea que esto es una crítica al neoprogresismo vigente en la ciudad debería entender que, desde nuestra perspectiva, con un Macri en la jefatura de Gobierno, el trabajo esclavo estaría legalizado para no andar con tanta esquizofrenia.
Pero para ser justos, la Constitución también señala que la Legislatura debería producir leyes para regular el trabajo.
Y existe un Ministerio de Trabajo de la Nación, que al parecer entiende en la materia, una Dirección de Migraciones, una Policía Federal, una Secretaría de Inteligencia, una Gendarmería, un Ministerio de Relaciones Exteriores y otro de Economía, y hasta el ente regulador de los transportes, que también deberían haber conocido sobre el particular, cada uno en su ámbito específico si es que algo así existe.
La realidad parece demostrar que no, que no estaba en la agenda política de ninguno de ellos, y que cada ámbito estatal inventará su ramillete de excusas para comentar a los medios. Por ejemplo, el Ministerio de Economía podría alegar que tiene todos sus esfuerzos puestos en el Mercado de Liniers, como para preocuparse además por la extraña estructura de costos de la industria textil.
El de Trabajo, que todos sus empleados están concentrados en una discusión etimológica sobre el término “vital”, habida cuenta de que el salario mínimo establecido por ese ministerio equivale a la mitad de la canasta no menos vital del Indec, otro organismo estatal. Y el de Relaciones Exteriores, que bastante tiene con Botnia, Tabaré y los ambientalistas.
Y no solo pasa en Buenos Aires: la situación de Tartagal no estuvo nunca en la agenda del conservador Romero. La excusa para la agenda política del gobiernador pueda ser la naturaleza, pero sus causas son la desaparición de YPF y la tala indiscriminada de bosques.
Si el trabajo esclavo es un extremo apenas evitable de situaciones que eufemísticamente se definen como trabajo “informal” o “en negro”, también es cierto que el Gobierno presenta a estos últimos como síntoma de reactivación.
Pero a la vez, si existe el trabajo informal y éste aumenta día a día, es porque están dadas las condiciones como para que los empresarios consideren que evadir la ley no traerá ninguna consecuencia, y que un trabajador legal supone un costo demasiado alto para sus ganancias “naturales”.
No es un concepto maximalista ni nostálgico: por algo la distancia entre los mayores y más bajos ingresos pasó de 17 a 45 veces entre 1973 y la actualidad.
Nadie pretende expropiar la riqueza, pero el trabajo en negro no se combate apelando a la responsabilidad social de los empresarios ni alentando la facturación de los monotributistas. Hace poco, el inefable menemista Funes de Rioja (UIA) advirtió que los salarios aumentaron más que la inflación: se debe referir a sí mismo.
Aunque fue derogada la famosa ley Banelco que había sido sancionada por imposición del FMI, situación que Chacho Álvarez siempre se preocupó por encubrir, la flexibilización laboral es hoy en día un sistema impuesto, y probablemente algún sector de la opinión pública considere que mejor así, porque de otro modo se reduciría la oferta laboral, para no hablar del peligro inflacionario que traería aparejado cualquier aumento salarial.
Con semejante competencia de los talleres clandestinos, los trabajadores “en blanco” de la industria textil tendrán pocas oportunidades de presionar por aumentos, y también las empresas que optaron por sistemas de trabajo menos inhóspitos.
Lo único que falta es que alguno se presente ante un juez alegando discriminación.
Se necesita un Estado que controle, pero probablemente no es éste el Estado capacitado para controlar nada.
Las estructuras estatales forman parte de esa Argentina degradada que estalló en 2001, y se mantuvieron en pie por pura inercia. Sin embargo, sigue habiendo vacantes para muchos personajes entrenados en la vida loca de los 90, y nadie se preocupa por incorporar una perspectiva distinta, más coherente, que sirva para cambiar este modelo.
Los talleres textiles clandestinos no aparecieron ayer, sino en la segunda mitad de los setenta, durante la dictadura militar, amparados en las paulatinas aperturas de la economía y desregulaciones laborales que se aplicaron desde entonces.
La libertad de los mercados permitió, como pasa ahora, que un jean o campera de primera marca que se venden en los negocios a $ 300.- tengan un costo laboral de entre 75 centavos y $ 1,50 por pieza.
Esta actividad ilegal es conocida por todos. Funcionan en construcciones que desde el exterior parecen casas de familia, pequeñas villas miseria tapiadas, y hasta en casas tomadas, en barrios como Flores Sur, Soldati, Lugano, San Cristóbal, Barracas o Parque Patricios, los barrios del sur que constituyen otra de las “agendas pendientes” del gobierno.
No solo alimentan el circuito económico de lo trucho, que hasta tiene sus shoppings propios, sino auténticas primeras marcas que consumen los sectores pudientes de la sociedad, y cuya titularidad está en manos de conocidos personajes de la farándula. Encubren organizaciones delincuenciales que atraen inmigrantes ilegales, probablemente engañados, quienes quedan atados no a la tierra, como sucedía en la gleba medieval, sino a la máquina.
El trabajo con “cama caliente” fue inherente a la primitiva Revolución Industrial en Inglaterra, aproximadamente en la misma época en que una Junta encabezada por Saavedra y Moreno decidía convertirnos en un país libre aunque no independiente.
Con la precarización del trabajo (la piedra filosofal del neoliberalismo y el pensamiento único), la “cama caliente” fue reflotado dos siglos después como parte de un sistema económico que crearía millones de empleos, trayendo la felicidad del consumo a toda la raza humana. Las maquilas de México son un buen ejemplo.
Como en el caso de República Cromañón, se dirá que lo de la calle Luis Viale fue “un accidente”.
Pero siendo la agenda política el verdadero motor de los funcionarios, cabe recordar que después del incendio de la discoteca en la calle Bartolomé Mitre, media estructura del gobierno salió a buscar con lupa salidas de emergencia inexistentes, mangueras de incendio pinchadas y matafuegos vencidos en toda la ciudad, solo porque éste aspecto había sido percibido por la opinión pública como el gran responsable, y de paso, intentar tapar al mayor culpable, el propio Estado.
El resto de las cuestiones, por no formar parte de la agenda, quedó para más adelante, se acudió a los placebos o fue olvidado.
La vigilancia privada en Cromañón era ilegal. El gobierno de la ciudad, en una epifanía de imaginación, creó para ellos un curso de derechos humanos y un registro.
Luego, un menor sería asesinado a patadas por varios vigiladores en otra discoteca, también cerca de Plaza Once, El cursillo no fue suficiente cuando insultos como “bolita de mierda” fueron seguidos de trompadas aplicadas sistemáticamente en la cabeza de la víctima.
Los grandes problemas requieren grandes soluciones y no medidas infantiles.
Las empresas de vigilancia se alimentan en los submundos de los gimnasios, la mano de obra desocupada o subocupada, las adicciones a los gofios hormonales que fabrican masa muscular, el espionaje industrial, la exclusión social y la delincuencia.
Las confesiones de un soldado raso de los vigiladores en la sede judicial que investiga el asesinato de una turista francesa en un departamento de la calle Florida son suficientemente elocuentes como para intentar pensar medidas más complejas. Por otra parte, bajo los repliegues de las empresas de seguridad se esconden unos cuantos asesinos del Proceso. La autorización para portar armas (que otorga un organismo estatal y es obligatoria), es un trámite tenebroso.
Se comprende entonces que su control no sea cosa de principiantes, ya que en ese rubro, contra lo que se crea, el negocio es la inseguridad.
La letra de la Constitución local defiende la perspectiva de género, la diversidad, la equidad, los ecosistemas, el desarrollo sustentable y otros tópicos neomodernos. Pero los trabajadores súper-explotados, de origen boliviano y casi todos indocumentados a pesar de nuestra estatal Dirección de Migraciones, se han abroquelado en la defensa de esas inhumanas condiciones de trabajo, porque es lo único que tienen. Y se han enfrentado con sus connacionales, dueños de esas maquilas a façon.
Los funcionarios locales, cuando clausuran, deberían además otorgar una solución de fondo a seres humanos que ganan un peso la hora. Pero no.
La confusión reinante podría alimentar un falso conflicto étnico entre inmigrantes bolivianos, peruanos y coreanos.
También fueron señalados algunos miembros de la comunidad judía como industriales explotadores: siendo ésta una colectividad religiosa y cultural integrada a la sociedad argentina, y que además fue blanco de ataques, de existir ilegalidad, cada persona deberá responder ante la ley y no por sus creencias.
Minorías contra minorías, recuerda el duelo entre vecinos de la discoteca Amerika, hartos por los ruidos molestos, la presencia de menores en horarios no permitidos, la ingestión de alcohol y otras ilegalidades, que fueron acusados de discriminación por los usuarios gay de ese local bailable. O a los que se consideran ofendidos por no poder llegar a su lugar de trabajo cuando otros hacen piquete por no tener un lugar de trabajo.
A pesar de las críticas que pueda hacerse a los padres de las víctimas de Cromañón, vale resaltar que la mayor parte de sus logros derivan de haber sabido mantenerse, incluso demencial y autoritariamente, en las primeras páginas de los diarios. La comunidad boliviana debería tomarlo como una enseñanza, porque lo que no está instalado no existe, y el olvido suele ser la mejor purga de la práctica política.
Las seis muertes en la calle Luis Viale son una circunstancia sobrecogedora, suficiente como para calibrar los signos distintivos de esta época.
Algo así podría quebrar la voluntad del más pintado, pero no se supera con tanta agenda.
