Por Juan Valerdi*
Desde que asumió el presidente Alberto Fernández los medios masivos de comunicación y los empresarios que los manejan vienen pidiendo el “plan económico del gobierno”. El pedido tiene mucho más que ver con asegurarse de que las decisiones gubernamentales estén lejos de tocar sus intereses que con adecuar las decisiones empresarias a ese eventual “Plan”. Sin embargo, en estos días en que empiezan a sonar algunas medidas económicas que pretenden formar parte de un plan, lo que la Argentina necesita definir no es un Plan Económico coyuntural y pasajero sino el rol del estado en la economía nacional y sobretodo en su reactivación y desarrollo.
Hace varias décadas que el estado Argentino es bombardeado mediáticamente con caracterizaciones de una estructura torpe, ineficiente, corrupta, cara y muchas otras contras. Es el “estado Bobo”, que los sacrificados grandes empresarios tienen como socio obligado que les chupa la sangre mientras ellos se ganan el pan con el sudor de su frente. Los grandes medios de comunicación argentinos no desentonan en esto con los de la mayoría de los países occidentales y el resultado de la retracción de la mayoría de los estados nacionales está a la vista en numerosos indicadores económicos, sociales y en las crisis derivadas del descontrol de las finanzas. La caída de la URSS dio pie a que las empresas multinacionales, los grandes bancos internacionales y los ricos dejaran de estar dispuestos a solventar el estado de bienestar para evitar el peligro comunista ya desaparecido. La caída en el pago de impuestos de ricos, multinacionales y fuerzas financieras no alcanzó y se desmontó toda regulación de los movimientos de mercaderías y de fondos. En algunos casos se lo hizo modificando las leyes y cuando esto no alcanzó se utilizó a las redes de guaridas fiscales para esquivar todo vestigio de regulación o imposición tributaria a la globalización productiva y financiera. En el caso de la Argentina la dictadura cívico militar inició este camino de la mano de Martínez de hoz y Carlos Menem privatizó y desreguló todo lo que pedía el consenso de Washington. Después de una reversión parcial de este proceso en los 12 años de Kirchnerismo el macrismo se encargo en cuatro años de continuar el camino del desmantelamiento estatal y la imposición del supuesto darwinismo empresarial y social. La Ley de entidades financieras que regula el destino de los ahorros de los argentinos y la ley de inversiones extranjeras son ambas del año 1977 y fueron redactadas por Martínez de hoz. Permanecen intactas hasta el día de hoy mostrando que aún no se han tocado resortes clave de la economía y ningún “Plan Económico” alcanza a compensar esas dos leyes de la dictadura y de los intereses que representan.
La discusión de las tarifas de servicios públicos, del destino del grupo Vicentín (con un vaciamiento fraudulento y una deuda de más de 500 millones de dólares con bancos estatales) y del retiro de la concesión a la empresa EDESUR, son todos casos que definen que tipo de estado tiene la argentina. Si es un estado bobo ya sabemos cómo se saldarán esas discusiones y quienes pagarán la cuenta, que intereses quedarán intactos y que cualquier plan económico que se defina será un fracaso cantado.
Si el actual Gobierno Nacional se decide a recuperar un estado fuerte aprovechando la oportunidad que le brinda la pandemia y el estado de indefensión de la población argentina y mundial, entonces habrá que dar lucha mediática y de todo tipo. En este caso se podrá estar en condiciones de definir no un “Plan Económico”, sino un proyecto de país y medidas económicas que apunten al desarrollo de argentina con la inclusión activa de su población y de la parte del empresariado que vale la pena incluir.
La pandemia y la cuarentena no son fuerzas que vayan en contra del restablecimiento del estado fuerte y presente, por el contrario muestran descarnadamente que la ausencia o retiro del estado puede ser un rápido camino a la muerte además de una agonía permanente de la economía y una fuente de exclusión social y concentración de riquezas. La actual crisis mundial de la globalización productiva, que solo ha beneficiado hasta ahora a las grandes multinacionales, es una oportunidad histórica para tomar medidas que protejan a las fuerzas productivas locales y ayudar a su desarrollo armónico desde un estado que planifique en conjunto con el sector privado. La insubordinación fundante que menciona en sus imperdibles escritos y conferencias el Profesor Marcelo Gullo encuentra en estos tiempos una ventana de oportunidad que no suele presentarse y que va a cerrarse sin duda en un futuro no muy lejano. Sin un estado fuerte que regule las fuerzas del mercado, que redistribuya los ingresos y que planifique el desarrollo productivo mirando la economía y la sociedad integralmente no hay ninguna posibilidad de sostenibilidad económica o social. Sin un estado que se decida a recaudar los impuestos que deben pagar las grandes empresas multinacionales, los ricos y los propietarios locales de las fuerzas productivas no hay financiamiento posible para ese estado protagonista de un rol activo. En las últimas décadas hemos visto como los grandes grupos económicos le sacaban el jugo al mismo estado bobo al que criticaban y así se formaban las mismas grandes fortunas que mantienen más de 500 mil millones de dólares en exterior a nombre de algunos miles de argentinos intocables.
Antes de la pandemia había algunos pilares que parecían ser las claves que iban a definir como se repartirían las cargas de la reconstrucción de la economía argentina: paritarias, tarifas y deuda. En esas tres cuestiones podría haberse definido cuanto del costo de sacar a la argentina del pozo iban a pagar los trabajadores argentinos, cuanto las grandes empresas energéticas, cuanto las Pymes y cuanto los acreedores externos que habían financiado la fuga macrista. Hoy el panorama ha cambiado radicalmente. Las paritarias son un tema casi inexistente ya que la lucha no es por pagar menos ganancias como en los años kirchneristas o por no ser despedidos como en los años macristas, sino en que la empresa no cierre por la crisis económica mundial y local. La deuda está tratando de resolverse con una extrema generosidad por parte del gobierno nacional que seguramente pronto dará paso a un acuerdo. Y a la discusión de las tarifas en estos días se le ha sumado la necesidad de definir si los concesionarios de servicios públicos son intocables aunque no cumplan con sus obligaciones y den servicios probadamente defectuosos o si se puede revocar una concesión como al de EDESUR. Tal vez es hora de demostrar que la farsa del estado ineficiente, caro, corrupto y bobo fue montada por un sector privado empresarial que a veces puede ser mucho más ineficiente, caro y corrupto que el estado. Aerolíneas Argentinas, YPF, las AFJP, AySA y muchas empresas más son antecedentes más que sobrados de que puede haber un estado que gestione bien si no es ocupado por saqueadores como el macrismo. Vicentín y EDESUR son dos ejemplos claros de los peligros de permitir que “el mercado” y los empresarios gestionen sin regulación estatal exportaciones, producción e infraestructura.
Son tiempos de definición y de oportunidades pero éstas no tienen que ver con anunciar medidas descolgadas o un “plan económico” más, sino con que el Gobierno se decida da dar la batalla de poder y mediática para dejarle claro a la población que tipo de estado va a tener los argentinos y para qué. No hay espacio para la duda o para postergaciones, un país con niveles de pobreza de casi el 50% de su población y riquezas productivas inmensas no es un accidente sino un error a reparar.
