Entrega, despojo y sumisión

El Senado de la Nación ha dado media sanción a la llamada Ley Corta, que modifica la actual Ley de Hidrocarburos en forma tal que, bajo el sustento ideológico del federalismo, hemos retrocedido a las épocas de Nicolás Avellaneda y Julio A. Roca, donde los bienes del subsuelo mineral de la República comenzaron a ser entregados a particulares, mayoritariamente extranjeros.

Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación , con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias.

Art. 40 de la Constitución Nacional de 1949

Introducción

Días pasados el Senado de la Nación ha dado media sanción a la llamada Ley Corta, que modifica la actual Ley de Hidrocarburos en forma tal, que bajo el sustento ideológico del federalismo, hemos retrocedido a las épocas de Nicolás Avellaneda y Julio A. Roca, donde los bienes del subsuelo mineral de la República comenzaron a ser entregados a particulares, mayoritariamente extranjeros.

Se ha consumado, en la práctica, la más ignominiosa entrega a las multinacionales petroleras del patrimonio hidrocarburífero perteneciente a todos los argentinos. El gobierno nacional y sus socios han incumplido con el mandato constitucional vigente, resignando la soberanía energética y renunciando a la herramienta fundamental en cuanto hace a la captura de rentas y al consiguiente poder necesario para lograr proveer a la defensa nacional y promover el bienestar de su pueblo.

De esta forma, se priva de capacidad para poder aplicar una política económica y social independiente, con equidad social y equilibrio geográfico. La actual administración ha profundizado el neoliberalismo energético vigente, lo que nos muestra como el único país donde el petróleo y el gas siguen siendo considerados simples commodities, cuya provisión futura será resuelta por la mano invisible que guía los comportamientos del mercado. Por su significación, el proyecto en trámite es el perfecto complemento de las Leyes de Reforma del Estado y de Privatización de YPF, que redujeron la República a sus ignominiosas condiciones actuales.

La sanción del Senado nos ha mostrado cuan poderosas son todavía las falacias difundidas por el neoliberalismo; un falso concepto de federalismo ha provocado que sólo un senador haya defendido realmente los intereses de la Nación misma y de la gran mayoría de los argentinos y, en menor escala de importancia, el bienestar del estado provincial al que representa y de quienes lo habitan.

Ese falaz concepto de federalismo, pregonado por gobernadores inescrupulosos y serviles a las petroleras, y convertido en un dogma insensato contra las provincias más pobladas o de la pampa húmeda -a las que se culpa de todos los males cuando han sido sus habitantes quienes más han contribuido al desarrollo energético de la Nación- ha transferido la mayor riqueza común de todos los argentinos a capitales extranjeros, a los que Enrique Mosconi llamaba los «trusts internacionales del petróleo».

Al mismo tiempo reparte inequitativamente las riquezas del subsuelo: habrá una minoría de argentinos muy favorecidos (6.000.000) y una gran mayoría de perjudicados (32.000.000 ), situación que se agrava ante la crisis social en que estamos inmersos. Se habrá quebrado así el sistema solidario nacido con Y.P.F.

Una antinomia mentirosa se ha creado entre quienes representamos una posición nacional y los compatriotas que creen defender los intereses de sus provincias; en realidad estamos discutiendo por la apropiación de una riqueza que hoy no es de la Nación , ni de las provincias, pues se la llevan las multinacionales del petróleo.

El MORENO le ha señalado al Sr. Presidente de la República y al Ministro de Planificación Federal que en las condiciones constitucionales, legales y operativas vigentes, resultaba posible aplicar una explotación racional de nuestros hidrocarburos, manteniendo el dominio jurisdiccional en manos del Estado Nacional, y centralizando su explotación.

Esa debe ser la misión de una nueva ENARSA, integrada sólo por la Nación y las provincias, a la que deberían cederse todas las áreas cuya posesión por parte de las petroleras privadas no se ajuste a derecho, y sobre las cuales existe la obligatoriedad legal por parte de las autoridades de recuperarlas.

Lamentablemente, la conducta del PEN es totalmente contraria a los intereses nacionales. De la forma propuesta por el MORENO, los niveles de exploración, extracción, refinación, precios y tarifas, serían determinados por el Estado Nacional en colaboración con las provincias.

En cuanto a las regalías hidrocarburíferas, derivadas del dominio jurídicamente originario, señalamos que resultaba imprescindible aumentar significativamente su porcentaje y controlar que en buena parte sean destinadas a inversiones para prever el futuro regional, en el momento en que se agote la producción de petróleo y gas, bienes no renovables.

La historia

Tal como lo expresa la estrofa del Himno patrio aprobado por la Asamblea Constituyente de 1813, los argentinos nacimos como Nación. El 25 de mayo de 1810 al designar a la Primera Junta hicimos propios los derechos y atribuciones que ejercía la Corona Española , en todos los territorios que le pertenecían, a los que gobernaba en forma unitaria; es decir, no existían las provincias en cuanto entidades autónomas, sino que las fue creando y consolidando la misma dinámica del proceso revolucionario

Sintéticamente, señalamos que en 1138, el Rey Alfonso VII establece la propiedad real del subsuelo y el régimen regalista. En 1348 el Rey Alfonso dicta las Ordenanzas de Alcalá ratificando el sistema regalista y la propiedad real de «todas las minas de oro, é plata, é de plomo, é de otra guisa cualquiera minera sea en el señorío del Rey, ninguno non sea osado de labraren ella sin el mandato del Rey».

En 1504 los Reyes Católicos, por su propio derecho, determinan que la regalía minera será «la quinta parte de lo que sacaren neto». En 1574 el Virrey del Perú reglamenta las Ordenanzas de Toledo que establecen la propiedad real de todos los minerales y el sistema regalista; este Código fue la base del derecho minero de Perú, Chile y el Río de la Plata.

En 1584 Felipe II de España emite las Ordenanzas del Nuevo Cuaderno, que consistían en una actualización del código minero español de estricta aplicación en territorio español y en sus colonias. En 1663 el Virrey del Perú recopila la legislación, siempre dentro del parámetro de la propiedad real del subsuelo, en un compendio llamado Ordenanzas del Perú. En el Virreinato del Río de la Plata , creado en 1776, regían todas las disposiciones que hemos mencionado.

En 1783, el Rey Carlos III dicta las Ordenanzas de Nueva España, código minero con vigencia en México, Perú, Chile y el Río de la Plata.

El 25 de Mayo de 1810 regían las Ordenanzas de Nueva España, ratificadas por el Triunvirato en 1813 mediante el dictado del Reglamento de Mayo. Producida la Declaración de la Independencia el 9 de Julio de 1816, en 1817 es emitido el Estatuto Provisional que establece que, hasta que una Constitución lo determine, regirán todos los códigos legislativos del derrocado gobierno español.

Sancionada por la Confederación Argentina la Constitución de 1853 e iniciado el proceso de Organización Nacional, se dicta el Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación y se mantiene la vigencia de las Ordenanzas de Nueva España; es decir, la propiedad nacional del subsuelo «heredado» del Reino de España y el sistema regalista que, lógicamente, quedaba en jurisdicción del Estado Nacional.

Bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda, en 1875 se sanciona una Ley autorizando al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a la redacción de un Código de Minería, ajustándose a la premisa de que «las minas son bienes privados de la Nación o de las Provincias, según el lugar en que se encuentren». Dentro de esa concepción y en la presidencia de Julio A. Roca, en 1886, mediante la Ley Nº 1919, se aprueba el Código de Minería, incluyendo el régimen regalista heredado de España.

Existían en ese momento catorce provincias y el resto del territorio estaba dividido en los llamados Territorio Nacionales. El mismo Roca, en 1903, promueve la sanción de la Ley de Tierras Fiscales Nº 4167, que es utilizada por el presidente José Figueroa Alcorta para establecer una reserva alrededor de los yacimientos descubiertos en 1907.

Es decir, que en 1907, al momento de descubrirse petróleo en Comodoro Rivadavia, las autorizaciones para explorar y explotar eran concedidas por los Gobernadores en sus respectivos territorios y por el PEN en el resto de subsuelo de la Nación.

Con Roque Saenz Peña se dicta la Ley 7059 que reserva 5.000 ha. para la explotación oficial y se crea la Dirección General de Explotación en Comodoro Rivadavia.

Con Hipólito Yrigoyen se plantea la necesidad de recuperar las concesiones otorgadas a particulares en todo el territorio nacional. Son varios los proyectos de Yrigoyen, nacionalizando el subsuelo y estableciendo el monopolio nacional de su explotación y la nulidad de las concesiones otorgadas, que nunca fueron tratados por el Senado, que tenía mayoría conservadora.

Es Yrigoyen quien crea Yacimientos Petrolíferos Fiscales al final de su mandato. Con el presidente Marcelo T. de Alvear se desarrolla Y.P.F. y se designa al frente de la misma al Coronel e Ing. Civil y Militar Enrique Mosconi.

Como la traba del Senado opositor seguía existiendo y los conflictos con los gobernadores que respondían a los intereses de las petroleras se sucedían en forma continuada, Alvear, su ministro Tomás Le Bretón y Mosconi, deciden potenciar a Y.P.F. mediante la recuperación de las áreas entregadas a particulares en los territorios nacionales y su inmediata entrega a Y.P.F. (Decretos del 10 de enero de 1924 de revisión y anulación, y cesión a Y.P.F: de 7.236 concesiones que abarcaban una superficie de 8,2 millones de hectáreas, se pasó a 72 concesiones con 73.000 Hectáreas).

En 1932, el Presidente Justo -su ministro era el socialista Antonio De Tomaso- promueve la sanción de la Ley Orgánica de YPF, que le otorga la administración de todo el ciclo económico de los hidrocarburos que poseía el Estado Nacional. En 1935 se sancionan la Ley Nº 12161, que reafirma la propiedad pública del subsuelo estableciendo que «Las minas de petróleo e hidrocarburos son bienes del dominio privado de la Nación o de las Provincias según el territorio en que se encuentren».

Algunas de las concesiones sin límite de tiempo amparadas en esta norma legal siguen vigentes en la actualidad. Es decir, que tanto las provincias como la Nación entregaban concesiones tanto a Y.P.F. como a empresas privadas.

En 1949 es reformada la Constitución Nacional, cuyo Art. 40 -trascripto en el encabezamiento de este documento- determina la propiedad nacional del subsuelo, tanto del dominio virtual u originario como del jurisdiccional o útil.

La CN de 1949 es derogada por una Proclama Militar del Gobierno Provisional de la Revolución Libertadora, medida ratificada por la Convención Constituyente de 1957 que, misteriosamente, se queda sin quórum cuando estaba a punto de sancionar un artículo similar al Nº 40, pero más drástico, en cuya redacción habían intervenido, entre otros, Julio Canesa y Juan Sábato.

En 1958, Arturo Frondizi, después de firmar los principales contratos, promueve la Ley de Hidrocarburos Nº 14773 que establece que son bienes «exclusivos, imprescriptibles e inalienables del Estado Nacional. Las provincias en cuyo territorio se encuentren y el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártica Argentina e Islas del Atlántico Sur tendrán sobre su producido la participación que les corresponda de acuerdo con lo determinado con la presente ley«, y también la exclusividad de su explotación para Y.P.F, ya sea en forma directa o por intermedio de contratos de explotación.

En 1967, la Revolución Argentina sanciona el Decreto-Ley Nº 17319, aun vigente, que considera los hidrocarburos como bienes imprescriptibles e inalienables del Estado Nacional.

Tanto la Ley 14773, como la Nº 17319 otorgan al Estado Nacional el dominio originario como el jurisdiccional, es decir, que mantienen los lineamientos insertos en los proyectos de Yrigoyen y Alvear y plasmados en la Constitución de 1949 , y excluyen los contratos de concesión.

La Ley Nº 17319 suprimió el monopolio otorgado a Y.P.F, reestableciendo ese tipo de contratos, que desde la década del 80′ no se aplican más en el mundo, salvo en nuestro país. Uno de los argumentos utilizados por Arturo Illia para anular los contratos de Frondizi fue considerarlos concesiones encubiertas, porque es el concesionario quien decide cuánto saca, a quién y a cuánto vende y para qué vende. Son los contratos que acaba de modificar radicalmente el gobierno de Evo Morales.

Como parte de la negociación para obtener su reelección, el presidente Carlos Menem acuerda con los gobernadores de provincias petroleras y se asegura su apoyo a la cláusula aprobatoria de la reelección inmediata; para eso, otorga el reconocimiento de regalías «mal» liquidadas que en realidad estaban bien, y cede el dominio originario del subsuelo a las provincias.

A los otros gobernadores y al radicalismo pactista los conforma con el tercer senador y la asignación del carácter de cámara de origen al Senado en el tratamiento de la Ley de Coparticipación.

De este acuerdo, nacen la Ley Nº 24145 de Federalización del Subsuelo y Privatización del Capital Social de YPF, ya transformada en S.A. Esta ley transfiere el dominio público de los yacimientos a las provincias en cuyo territorio se encuentren, incluyendo los situados en el mar hasta una distancia de doce millas marinas de la costa.

Al mismo tiempo deja suspendida esa transferencia del dominio hasta que se sancione una nueva Ley de Hidrocarburos, cosa que hasta la fecha no sucedió, a pesar de que las provincias productoras, reunidas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) presentaron varios proyectos.

Estos establecían la modificación de gran parte de la Ley Nº 17319, dejando el manejo de la política del sector y la apropiación de los «restos» de las rentas no captados por las petroleras privadas, en manos de los estados petroleros, circunstancia que no fue aceptada por las provincias no productoras.

En ese intermedio es sancionada en 1994 la modificación a la Constitución Nacional que otorga a las provincias el dominio originario del subsuelo (el dominio virtual o eminente), pero deja en manos del Congreso de la Nación la potestad privativa de decidir quién ejerce el dominio jurisdiccional. Este es el tema que el actual proyecto de Ley Corta o Ley de los Emiratos salda a favor de las provincias petroleras, o lo que es lo mismo, en favor de las multinacionales del petróleo que manejan a su antojo nuestra política petrolera y derivan al exterior más de U$S 12.000 millones anuales.

De esta breve reseña histórica podrá observarse que los grandes presidentes de nuestra historia energética como Yrigoyen, Alvear, Perón e Illia, sin dejar de mencionar a quienes desde José Figueroa Alcorta hasta Raúl Alfonsín -en el transcurso de su mandato- no adoptaron una concepción “provincialista” sobre la propiedad del subsuelo. Similar afirmación puede decirse de quienes se preocuparon del tema y tuvieron responsabilidades de gestión, como Enrique Mosconi, Felipe Fliess, Carlos Madariaga, Julio V. Canessa, Jorge Newbery, Tomás Le Bretón, Alonso Baldrich, Antonio De Tomaso, Alfredo Palacios, Carlos Sánchez Viamonte, Domingo Mercante, Arturo Sampay, Moisés Lebenshon, Antulio Pozzio, Alejandro Clara, Jorge del Río, Juan Sábato, Juan Maggi, Carlos Alconada Aramburu y otros dignos compatriotas.

Esos presidentes, con altibajos y diferencias, aplicaron una política de Estado con concepción nacional, siguiendo la línea fijada por Enrique Mosconi en agosto de 1929: la toma del mercado significaba la continuidad del 9 de Julio, pues es ilusoria la independencia política si no se obtiene la económica. La dependencia complementaria vigente con el imperio inglés se rompía solamente desarrollando nuestra industria, y para eso necesitábamos producir nuestros propios combustibles a través de Y.P.F. Se resigna la soberanía si los precios internos de los combustibles no son fijados libremente por los gobiernos de la Nación , de acuerdo a las necesidades internas vinculadas al desarrollo económico y social.

Es bueno preguntarnos en qué concuerdan estos conceptos con la política del actual gobierno: ¿esta federalización, nos permitirá librarnos de las multinacionales del petróleo, en especial de Repsol-YPF? ¿Debemos aceptar que todos los compatriotas citados estaban equivocados?

La apropiación de la renta y el desarrollo nacional

La renta petrolera puede apropiarse de distintas formas. Capturado en 1929 el mercado de los combustibles líquidos por Y.P.F., ésta comenzó a desarrollarse como petrolera integral sobre la base de los recursos que ella misma generaba.
En 1932, fue Agustín P. Justo quien creó la Dirección Nacional de Vialidad y financió la construcción de caminos con un impuesto interno al consumo denominado Fondos Viales, que se aplicaba a los combustibles líquidos sobre el precio de venta.
En 1945 es el presidente Perón quien aplica la misma metodología tributaria que Justo y crea los Fondos Energéticos, destinados al desarrollo de la industria del gas y a la construcción de obras hidroeléctricas; para ello, dio nacimiento a Gas del Estado y Agua y Energía Eléctrica. Illia, al proyectar e iniciar el plan de las grandes represas, incrementa los fondos energéticos y crea el impuesto al crudo procesado, que en un 70% era aportado por YPF.

Bajo esa administración nacional, racional y centralizada, esos recursos aportados por los usuarios de combustibles líquidos, con los aportes generados por las propias empresas públicas y los determinados expresamente en el Presupuesto General de la Nación , son los que permitieron hasta 1989, la construcción de toda la infraestructura vial nacional y provincial, el desarrollo de la red troncal y de distribución interna de gas natural y la construcción de todos los complejos hidroeléctricos existentes.

Ello sin olvidar la infraestructura propia de YPF, con 36 años de reservas de gas y 17 años de petróleo, el desarrollo tecnológico independiente, la acción colonizadora sobre vastos territorios especialmente patagónicos y el financiamiento -a través de los precios- de sectores básicos, tales como la agricultura, la generación eléctrica de base térmica y el transporte: ferrocarriles, aviación comercial, etc.

Desde la aplicación del neoliberalismo energético, que implicó la venta de las empresas estatales y la cesión de las rentas generadas, no tenemos ni un metro más de gasoductos troncales y la incorporación de usuarios al sistema de gas por redes se redujo en un 75% con respecto a períodos anteriores. No hemos iniciado ninguna obra hidroeléctrica, se agotan las reservas de hidrocarburos, no se ha construido un metro de red vial -salvo algunas autopistas en el área metropolitana- carecemos prácticamente de ferrocarriles.

Salvo por la actual congelación de las tarifas domésticas de energía eléctrica y gas natural y de los precios de las naftas y el gasoil en surtidor, estamos sometidos al precio internacional de las materias primas y productos petroquímicos, de los fertilizantes y los lubricantes.

Importa señalar que son los argentinos de las provincias no productoras de hidrocarburos, es decir, la gran mayoría, quienes más han aportado al desarrollo de la infraestructura señalada. Dentro de un contexto donde todos los yacimientos hidrocarburíferos han sido descubiertos y desarrollados por el Estado Nacional a través de la YPF pública, con la Ley en trámite, el 85% de los argentinos cederá al 15% restante las rentas que todos ayudaron a crear.

Por ejemplo, varias generaciones de compatriotas que habitan las grandes provincias y también las más pobres como Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y el 40% de quienes viven en el Gran Buenos Aires, han quedado fuera del sistema de gas natural y, tal como están las cosas, la superación de su situación de marginalidad depende de futuras y eventuales importaciones.

Acceder a los servicios públicos esenciales derivados del petróleo y el gas y conservarlos, quedará más condicionado que en la actualidad, ya sea por precios o por indisponibilidad de acceso.

El contexto se complica por varias razones. En todo el mundo una parte importante de la renta está representada por las regalías, que suelen oscilar entre el 30 y el 50%, mientras que en Argentina el 12% legal se ve reducido al 9%, aproximadamente, por la incapacidad de las provincias para controlarlas y cobrarlas y la «distracción» de la Secretaría de Energía.

Es común que gobernadores de provincias petroleras pidan que se las liquide sobre la base del precio internacional y no de los precios internos; es claro que no les interesa la situación de sus compatriotas; por el contrario, jamás han propuesto el aumento del 12% vigente, pues ello afectaría a las petroleras.

Incluso en el proyecto en cuestión, nada se propone referido a un incremento del porcentaje de las regalías, ni a la forma de liquidarlas; nada que afecte a las empresas ha sido considerado. También es habitual que, al mismo tiempo que piden determinar las regalías sobre la base de los precios internacionales, en algunas áreas que ilegalmente han recibido -llamadas «en transferencia»- ofrecen a las petroleras privadas una rebaja de las mismas
Dos de las provincias petroleras más importantes, Neuquén y Santa Cruz, tienen dentro de sus territorios a los yacimientos de hidrocarburos más importantes descubiertos por la YPF estatal, es decir, por todos los argentinos; perciben además de las regalías petrogasíferas, las hidroeléctricas, por obras financiadas por los Fondos Energéticos, es decir, por Y.P.F.

Por otra parte, son también los compatriotas que habitan en la provincia de Buenos Aires quienes más aportan al Tesoro Nacional y, a través de la coparticipación federal, esos fondos son derivados a provincias de menor desarrollo, entre las que se encuentran las petroleras. De esta forma, las desigualdades entre los argentinos se potencian.

Asimismo, aquellas situadas en zonas frías gozan de la exención del ITC (Impuesto a la Transferencia de Combustibles), de precios subsidiados del gas natural y de una casi inexistencia de peajes.

Cuestiones estratégicas

El mundo observa hoy el desarrollo de dos conflictos bélicos en los que están involucrados, por un lado los países más grandes, en especial la potencia hegemónica y los restantes integrantes del G7, más Rusia y China; por el otro, están algunas de las naciones que poseen las reservas de hidrocarburos más importantes del planeta -con la excepción de Venezuela-, en su mayoría situados en Oriente Medio y Asia Central.

Al mismo tiempo, estudios de técnicos independientes sitúan en los próximos diez años el momento en que se alcance el tope de producción de petróleo y gas y, consiguientemente, el inicio de la caída de la producción, en forma constante, dentro de un horizonte final sito en los próximos 50 ó 60 años. Es importante destacar que en los últimos treinta años no se han descubierto grandes yacimientos y sólo se repone lo que se consume; al mismo tiempo el consumo está en aumento, no solamente por las demandas de los EEUU, sino que el peso de China e India es cada día más importante.

Pensemos que le debemos a la industria petroquímica cerca de cuatro mil productos que hacen a nuestra vida social, además del 80% de los combustibles que utilizamos para generar energías y facilitar el transporte. Más del 30% de la producción del agro depende de los fertilizantes y ese porcentaje tiende a crecer.

Este panorama crítico nos hace suponer con alto grado de certeza que el concepto «precio internacional» va a ser paulatinamente desplazado por el concepto «seguridad», que se puede traducir en que aunque deseemos comprar y tengamos los recursos para hacerlo, nadie nos va a querer vender.

Con el panorama descrito se entiende la preocupación de todas las naciones del mundo, con excepción de Argentina, por prever sus abastecimientos futuros. Seguir considerando a los hidrocarburos como vulgares commodities, como lo hace la Administración Kirchner, siguiendo los difundidos consejos de los petroleros extranjeros y sus personeros nativos, es un acto de irresponsabilidad.

Dentro de esta tónica de ignorancia y corrupción es que se debe entender el proyecto que está actualmente en tratamiento legislativo.

Cuando todos los indicadores nos muestran el fracaso del modelo energético liberal, más se acrecientan las acciones gubernamentales para mantenerlo, a costa de los ingresos de todos los argentinos.

La reciente norma de desgravaciones para la exploración -un premio a los responsables de no haber invertido- la ley de desgravación a las obras en infraestructura, la firma de contratos secretos ubicados dentro de la modalidad de los llamados «de participación», donde los privados van a desgravar el riesgo minero y mantener un alto porcentual del capital de la UTE que integran con ENARSA, la insuficiencia de las redes troncales de gas natural y energía eléctrica, la situación crítica de la generación de energía, la creciente demanda insatisfecha de gas natural y de combustibles líquidos y, especialmente la alarmante caía de la producción y las reservas de gas natural y petróleo, permiten asegurar que en los próximos años perderemos nuestro abastecimiento logrado a fines de la década de los 80′.

Volveremos a ser un país importador -mientras podamos hacerlo- y el precio internacional se irá incorporando a nuestra vida económica familiar.
Los problemas energéticos del mundo son tratados por las máximas autoridades de cada país: presidentes o primeros ministros, y secretarios de energía y de defensa. Pensar que este tipo de problemas pueden ser tratados por gobernadores, adquiere niveles de insensatez alarmantes.

Nadie ha visto al gobernador de Texas intervenir en estas cuestiones. Solamente las autoridades nacionales deben ocuparse del tema, tanto de la definición de la política interna como de las relaciones políticas y comerciales con el exterior.

Por ejemplo, ¿qué hará el Estado nacional si el gobernador Sobisch decide, basándose en su propia e inconstitucional Ley Provincial de Hidrocarburos, vender su gas al exterior y no a las demás provincias argentinas?

Cuestiones constitucionales y legales

El indisimulado apuro con que el proyecto es tratado en el Congreso Nacional delata la intención de no discutir; de esta forma se evitan considerar otros aspectos constitucionales.

En efecto, el proyecto en cuestión está basado en un pacto reciente llamado Acuerdo Federal de Hidrocarburos, suscripto entre las provincias productoras y el Estado Nacional, que no es otra cosa que un acuerdo donde los beneficiarios del esfuerzo de varias generaciones de argentinos se apropian de las riqueza generadas por bienes comunes. Se arrogan además la potestad de crear una Comisión Legislativa Petrolera, de la que se excluye al resto de las provincias. En otras palabras; la materia hidrocarburífera es un tema privativo de los estados productores; ergo, las provincias refinadoras, en especial Buenos Aires y Santa Fe, que no revisten el carácter de productoras, no tienen nada que opinar, al igual que aquellas que solamente son consumidoras.

Cabe recordar que en los proyectos modificatorios de la Ley Nº 17319, preparados por la OFEPHI , se creaba un Ente Federal integrado casi totalmente por los representantes de las productoras, que reglamentaba todo lo referido a la refinación y a la comercialización; por ejemplo, las estaciones de servicios de la Capital Federal debían ajustarse a normas emitidas por las provincias productoras.

Así como la igualdad de las provincias está garantizada por el Senado y, supuestamente, la igualdad de los ciudadanos lo está en la Cámara de Diputados; en el tema hidrocarburífero habrá provincias más iguales que otras.

Tendremos emiratos y provincias pobres; en la realidad, desaparecerán las Provincias Unidas del Río de la Plata, como nos llama la Constitución.

De ser sancionado el proyecto de Ley Corta, y producida legalmente la «retirada» del Estado Nacional de sus tareas de control -que hoy son concurrentes con las de las provincias y que no son ejercidas por ninguno de los dos-dejará a los ciudadanos de las restantes jurisdicciones sin defensa ante una aplicación de una explotación irracional de los hidrocarburos, que nada tiene que ver con «la utilización racional de los recursos naturales» prevista en el Art. 41 de la Constitución , ni con la exigencia fijada por ese mismo artículo, de que «las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras».

Debemos preguntarnos como harán las provincias para auditar a las petroleras, infinitamente más poderosas que ellas; más aún cuando no han sido capaces de controlar ni la producción, ni el venteo, ni la depredación. ¿Cómo controlarán, por ejemplo, la limitación a la acumulación de contratos de exploración y de explotación? No debemos olvidar que los pueblos indígenas verán más dificultada su participación en las gestiones referidas a la explotación de los recursos naturales que los afecten.

El tema de las exportaciones no es menor; ¿quién las autorizará? ¿quién determinará si estamos autoabastecidos? Recordemos que actualmente todas las exportaciones resultan violatorias de la Constitución , por los párrafos del Art. 41 recién copiados y por la obligación establecida en el Preámbulo de «proveer a la defensa nacional».

¿Podrá el PEN suspender las exportaciones o fijar cupos productivos, ya que estos temas son propios de la defensa de la Nación ? La Ley de Hidrocarburos solamente permite exportar excedentes, lógicos en el caso de los combustibles líquidos, pero exige para hacerlo que estemos autoabastecidos.

En cualquier país sensato para considerar logrado el autoabastecimiento se estima un horizonte de reservas no menor a los treinta años, límite muy superior a los existentes en Argentina, que además están en caída libre; hoy no estamos autoabastecidos y seguimos exportando, ¿Qué pasará si un nuevo gobierno determina el cese de las ventas externas? Más aún, en el caso del gas natural, el 38% de los habitantes no accede a sus redes y el bien sustituto, el GLP, es de “precio libre” pues no está considerado un servicio público y cuesta un 800% más; ¿Qué pasará si, por ejemplo, Neuquén decide vender a Chile y no a las provincias del NEA?

Por más que la legislación menemista lo niegue -mediante decretos desreguladores de 1989, leyes orgánicas de la industria del gas y de la energía eléctrica en cuanto hace a los sectores de producción y generación, ley del GLP- la realidad nos muestra que esas actividades son un servicio público esencial. Sostenía Arturo Illia en su decreto de anulación Nº 744/63, «Que se hace necesario investir a la explotación de los yacimientos de hidrocarburos, directamente vinculados a la satisfacción regular y continua de una necesidad colectiva, del carácter de un servicio público». Arturo Sampay, en el Informe Despacho de la mayoría sobre la Constitución Nacional de 1949 expresaba: «Porque la nacionalización o estatización de los servicios públicos -que es lo mismo- al suplantar el espíritu y la organización capitalista de su gestión, permite fijar el precio y la distribución del servicio no en procura del lucro privado, sino por criterios de utilidad social, pues hoy el concepto de servicio público se identifica con todas las actividades productoras de bienes requeridos por el conjunto de la población, cada vez más numerosos gracias al progreso de la técnica….».

Basta una simple lectura para ver que las manifestaciones del PEN y el contenido del proyecto de Ley Corta son totalmente contrarios a los textos de Illia y Sampay; hoy, las autoridades nacionales dejan en manos de gobernadores inescrupulosos la administración del bien más preciado del que disponemos los argentinos. De un mercado oligopólico centralizado, pasaremos a un mercado de similares características, pero federalizado.

En las circunstancias señaladas, no podemos dejar de recordar las palabras que el Gral. e Ingeniero Alonso Baldrich pronunciara en 25 de junio de 1927: «¿Cómo podría sostenerse, dada la incapacidad técnica y financiera de las provincias, que ellas pudieran explotar esta compleja, difícil grande e importante industria del petróleo? Se verían obligadas a entregarlos a las compañías extranjeras, como ya sucede en el norte y, entre éstas y la Nación , es cuestión de cordura y patriotismo contratar con la Nación , evitando que, convertido en oro negro, emigre la riqueza que pertenece al país».
los ciudadanos de las restantes jurisdicciones sin defensanteuna aplicación de una explotación irracional de los hidrocarburos, que nada tiene que ver con «la utilización racional de los recursos naturales» prevista en el Art. 41 de la Constitución, ni con la exigencia fijada por ese mismo artículo, de que «las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generacionesfuturas».

Debemos preguntarnos como harán las provincias para auditar a las petroleras, infinitamente más poderosas que ellas; más aún cuando no han sido capaces de controlar ni la producción, ni el venteo, ni la depredación.

¿Cómo controlarán, por ejemplo, la limitación a la acumulación de contratos de exploración y de explotación? No debemos olvidar que los pueblos indígenas verán más dificultada su participación en las gestiones referidas a la explotación de los recursos naturales que los afecten.

El tema de las exportaciones no es menor; ¿quién las autorizará? ¿quién determinará si estamos autoabastecidos? Recordemos que actualmente todas las exportaciones resultan violatorias de la Constitución , por los párrafos del Art. 41 recién copiados y por la obligación establecida en el Preámbulo de » proveer a la defensa nacional «.

¿Podrá el PEN suspender las exportaciones o fijar cupos productivos, ya que estos temas son propios de la defensa de la Nación ? La Ley de Hidrocarburos solamente permite exportar excedentes, lógicos en el caso de los combustibles líquidos, pero exige para hacerlo que estemos autoabastecidos.

En cualquier país sensato para considerar logrado el autoabastecimiento se estima un horizonte de reservas no menor a los treinta años, límite muy superior a los existentes en Argentina, que además están en caída libre; hoy no estamos autoabastecidos y seguimos exportando, ¿Qué pasará si un nuevo gobierno determina el cese de las ventas externas? Más aún, en el caso del gas natural, el 38% de los habitantes no accede a sus redes y el bien sustituto, el GLP, es de “precio libre” pues no está considerado un servicio público y cuesta un 800% más; ¿Qué pasará si, por ejemplo, Neuquén decide vender a Chile y no a las provincias del NEA?

Por más que la legislación menemista lo niegue -mediante decretos desreguladores de 1989, leyes orgánicas de la industria del gas y de la energía eléctrica en cuanto hace a los sectores de producción y generación, ley del GLP- la realidad nos muestra que esas actividades son un servicio público esencial.

Sostenía Arturo Illia en su decreto de anulación Nº 744/63, «Que se hace necesario investir a la explotación de los yacimientos de hidrocarburos, directamente vinculados a la satisfacción regular y continua de una necesidad colectiva, del carácter de un servicio público».

Arturo Sampay, en el Informe Despacho de la mayoría sobre la Constitución Nacional de 1949 expresaba: «Porque la nacionalización o estatización de los servicios públicos -que es lo mismo- al suplantar el espíritu y la organización capitalista de su gestión, permite fijar el precio y la distribución del servicio no en procura del lucro privado, sino por criterios de utilidad social, pues hoy el concepto de servicio público se identifica con todas las actividades productoras de bienes requeridos por el conjunto de la población, cada vez más numerosos gracias al progreso de la técnica…».

Basta una simple lectura para ver que las manifestaciones del PEN y el contenido del proyecto de Ley Corta son totalmente contrarios a los textos de Illia y Sampay; hoy, las autoridades nacionales dejan en manos de gobernadores inescrupulosos la administración del bien más preciado del que disponemos los argentinos. De un mercado oligopólico centralizado, pasaremos a un mercado de similares características, pero federalizado.

En las circunstancias señaladas, no podemos dejar de recordar las palabras que el Gral. e Ingeniero Alonso Baldrich pronunciara en 25 de junio de 1927: «¿Cómo podría sostenerse, dada la incapacidad técnica y financiera de las provincias, que ellas pudieran explotar esta compleja, difícil grande e importante industria del petróleo? Se verían obligadas a entregarlos a las compañías extranjeras, como ya sucede en el norte y, entre éstas y la Nación, es cuestión de cordura y patriotismo contratar con la Nación, evitando que, convertido en oro negro, emigre la riqueza que pertenece al país.

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