El yacimiento de estaño más apetecido del país fue una nueva válvula de escape de la tensión que acumula Bolivia desde hace siglos y que el nuevo gobierno de Evo Morales trata de liberar a favor de los más desposeídos, una multitud cercana al 75 por ciento de la población. Sin embargo, con el malestar de las multinacionales petrolíferas detrás de sus talones y con los cuatro departamentos más ricos del país en pos de una conjura para poner fin al mandato de Evo, la mina de estaño de Huanuni también demostró que el primer gobierno indígena del altiplano está en condiciones de enfrentar la crisis y darle curso a su dinámica. Al cierre de esta edición, dos personas muertas elevaron a 13 la cantidad de víctimas fatales en el enfrentamiento entre mineros estatales y cooperativistas de una de las minas más ricas de Bolivia, ubicada sobre los 4.000 metros de altura en el departamento andino de Oruro.
Era cuestión de tiempo. Desde La Paz los hombres del gobierno del MAS sabían que tarde o temprano deberían afrontar conflictos sangrientos que complotaran contra el proceso social más importante de Bolivia en sus últimos cincuenta años. Desde la privatización de la actividad minera, en 1985, por parte del entonces presidente Víctor Paz Estenssoro -él mismo había nacionalizado las minas en 1958-, Huanuni quedó como el único yacimiento estatal. Tras la privatización de la minería, los ex trabajadores de la minería estatal se organizaron en cooperativas para explotar otros yacimientos, pero desde hace seis meses le exigen al Ejecutivo que les permita explotar también Huanuni, el escenario de los incidentes.
Por ahora la administración de Evo logró que los mineros enfrentados se comprometieran a buscar una tregua social, pero la ofensiva política no se hizo esperar para aplacar la ansiedad local e internacional que desató la mortandad de mineros en un conflicto, a simple vista, de pobres contra pobres. Al cierre de este informe, Evo Morales atribuyó el enfrentamiento en Huanuni a una conspiración contra su gobierno. Además, puso en funciones a José Guillermo Dalence como nuevo ministro de Minería, en lugar de Walter Villarroel, a quien los mineros asalariados de Huanuni acusaron de estar a favor de los cooperativistas que intentaron tomar el yacimiento estatal.
La policía aseguró el control del cerro Posokoni, donde mineros y cooperativistas volvieron a enfrentarse por segundo día y provocaron al menos tres muertos y ocho heridos, pese al «acuerdo de paz» que habían firmado el jueves 5, tras los disturbios que dejaron 11 muertos y 57 heridos.
El Gobierno dispuso el traslado de 700 efectivos policiales hasta la zona del conflicto, a 270 kilómetros al sur de La Paz, donde trabajadores mineros y cooperativistas mantenían un enfrentamiento armado por el control del yacimiento estatal de estaño Huanuni.
Aunque el sólo hecho del envío de policías podía resultar un agravante de la crisis, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, aclaró que las fuerzas enviadas al escenario del conflicto no fueron autorizadas para «el uso de armamento letal ni menos de balas de guerra».
Pero a pesar de las primeras respuestas para controlar la situación, la prensa internacional refleja que fuentes oficiales y periodísticas bolivianas coincidieron en señalar que pese a la firma del acuerdo y a las exhortaciones de líderes de los sectores en pugna y mediadores para negociar, los enfrentamientos -que incluyeron detonaciones de cartuchos de dinamita- no se interrumpieron y recrudecieron, por lo que la cantidad de víctimas de los disturbios podría ser mayor, puesto que no hubo información oficial al respecto y las diversas fuentes consignaron cifras diferentes de muertos y heridos.
Parte de la confusión parte por las declaraciones del Defensor del Pueblo de Bolivia, Waldo Albarracín, quien llegó a anunciar que el viernes 6 (el segundo día de enfrentamientos) habían muerto 10 personas, aunque aclaró que se trataba de una versión confiable pero que no había podido comprobarlo. San Miguel admitió que recibió reportes sobre la presencia de un francotirador «no identificado» que «estaría disparando» desde «algún lugar del cerro Posokoni», tal como lo había denunciado un rato antes el dirigente cooperativista Santos Ramírez.
A las gestiones para lograr la paz velozmente, que incluyeron también al presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Guillermo Vilela, siguieron diversas reuniones, entre ellas las que mantuvo por separado el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, con dirigentes de los sectores enfrentados.
Por su parte la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y la Federación de Cooperativistas Mineros de Bolivia (Fencomin) exhortaron a sus afiliados desde el primer día del conflicto a deponer las actitudes violentas y buscar el diálogo, y reclamaron el esclarecimiento de los hechos.
Los disturbios comenzaron el jueves 5 de octubre, al terminar una asamblea en la que los cooperativistas fueron informados de que el gobierno rechazó el pedido para que les adjudicaran la totalidad de la mina y les ofreció, en cambio, la explotación de una parte de ella. Los cooperativistas atacaron la mina e hicieron volar con dinamita los compresores que alimentan de oxígeno el interior del yacimiento, lo que provocó la reacción de los mineros, según informes publicados por la ABI.
El problema de fondo
Pero mientras las inmediaciones de la poderosa mina de estaño estallaban entre dinamitazos, los cuatro departamentos de la llamada «media luna» agudizaron el enfrentamiento con el Gobierno nacional y amenazaron con no acatar la futura constitución y advirtieron otra vez sus planes de declararse autónomos si el oficialismo insiste en el carácter «originario» de la Asamblea Constituyente.
Las autoridades de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando, las provincias «ricas» bolivianas, lanzaron de nuevo su amenaza, pero el gobierno de Evo ratificó su posición de que la Asamblea sea «originaria» y sectores indigenistas analizan una denuncia por «sedición» contra los prefectos (gobernadores) de esos departamentos.
Éstos sólo habían necesitad cuatro horas de debate para emitir una declaración que titularon «Por una Bolivia democrática», en la que anunciaron que proclamarán la autonomía de sus regiones si la Asamblea Constituyente persiste en declararse «originaria», calidad que dispuso al aprobarse el artículo primero del reglamento de funcionamiento. La decisión incluye el desacato anticipado a la nueva carta magna que debe salir de la Asamblea que sesiona en Sucre si el texto es promulgado «con vicios de nulidad».
El punto polémico se sustenta en el hecho de que el carácter de «originaria» le otorga a la Asamblea la chance de modificar absolutamente todas las estructuras del Estado, una posibilidad que también dio pie a que los departamentos «rebeldes» especularan con la chance de una consulta.
Si la asamblea es originaria, vuelve atrás el status del país en sus 181 años de república, por lo que corresponde consultar a la ciudadanía si quiere o no ser parte de la «nueva Bolivia».
Las regiones de la «media luna», que concentran importantes reservas gasíferas y el fuerte de la actividad empresarial y agrícola del país, defendieron igualmente su voto a favor de las autonomías en las elecciones del 2 de julio último. Amenazaron por eso con declararse autónomos, «en caso de que esta aspiración histórica que busca reafirmar la unidad y solidaridad nacional, sea burlada en la Asamblea Constituyente».
La Constituyente se instaló el 6 de agosto en Sucre, la capital constitucional del país, y los 255 asambleístas pasaron buena parte de los casi dos meses de reuniones enfrascados en discusiones para definir el reglamento de debates.
La cantidad de votos necesarios para aprobar los artículos se convirtió en la principal traba durante las sesiones. El oficialismo -que tiene 142 delegados- propone la «mayoría absoluta» (50 por ciento más uno), mientras la oposición reclama los «dos tercios» (170 votos).
Brasil, preocupado por Bolivia… y por Venezuela
La respuesta a los embates opositores a la Asamblea se ha centrado en defender el carácter «plenipotenciario» de la Asamblea Constituyente como una garantía para «refundar» al país. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ya rechazó el carácter de «originario» del cuerpo. Evo la consideró «uno de los resabios del estado colonial», pero a pesar de los buenos argumentos para mantener su posición y profundizar el proceso que lidera, parece que a Brasil esas explicaciones no lo satisfacen.
El gobierno de Lula asignará agentes de inteligencia a sus embajadas en Bolivia y Venezuela, dos países vecinos con los que las relaciones atraviesan dificultades de naturaleza diferente. La noticia provocó cierto revuelo en ámbitos políticos y diplomáticos, puesto que hasta ahora Brasil sólo tiene «agregados de inteligencia» en Buenos Aires, Washington y Key West (Estados Unidos), y porque la medida «va contra la tradición de la diplomacia brasileña», según la prensa local.
La Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) abrió un concurso interno para seleccionar al personal que acreditará en Bolivia y Venezuela, según reveló el diario Estado de Minas, de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. El diario explicó que la decisión se debe a que «las controvertidas posiciones políticas y económicas de los gobiernos del venezolano Hugo Chávez y el boliviano Evo Morales se volvieron una piedra en el zapato de Brasil y del presidente (Luiz Inácio) Lula (da Silva)».
Según el periódico, «los agentes estarán acreditados en las embajadas y actuarán bajo el manto de la diplomacia, como agregados civiles».
Pero el diario advirtió que «la decisión de ‘embutir’ agentes secretos en Itamaraty (sede de la cancillería brasileña) va contra la tradición de la diplomacia brasileña». «Ni durante el régimen militar el Ministerio de Relaciones Exteriores aceptó que agentes secretos de otros organismos del Ejecutivo o de las Fuerzas Armadas actuaran bajo el disfraz de diplomáticos», subrayó el rotativo.
Las relaciones entre Brasil y Bolivia se enrarecieron este año a raíz de la nacionalización de los hidrocarburos dispuesta por Morales, lo que afectó los intereses de la petrolera estatal Petrobras. Por otra parte, el gobierno de Lula recela de la aspiración de Chávez de hegemonizar la influencia en la región.
Aunque no la materializó entonces, Lula había adoptado la decisión de enviar agentes de inteligencia a Bolivia y Venezuela en 2003, a poco de haber asumido la presidencia brasileña.
Por entonces, Bolivia sufría una crisis que desembocaría en la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y Venezuela intentaba reponerse de un año complicado, que había incluido un golpe de estado que desalojó de la presidencia a Chávez por dos días y un paro general que duró más de tres meses.
