Por La Nacion; Chile
El 63 por ciento de los encuestados calificó de negativo el rol de los civiles durante el régimen militar, cifra que sólo es superado por la CNI, la DINA, el propio régimen militar, y el Ejército. Es más, el 84 por ciento quiere que se pida perdón.
Un sólido respaldo al informe sobre prisión política y tortura y una elevada credibilidad tanto de sus conclusiones, como de la responsabilidad de civiles y militares en las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar, son las principales conclusiones que arroja la encuesta de la Fundación Futuro que evaluó el trabajo de la Comisión Valech.
Más aún: el 84% de los encuestados cree que las instituciones involucradas en las violaciones a los derechos humanos deberían pedir perdón, contra un 12% que opina que no debiera hacerlo.
El sondeo -de carácter telefónico- se aplicó el 30 de Noviembre, y el 1 y 2 de Diciembre de este año. La muestra abarcó 400 personas mayores de 18 años, habitantes de las 49 principales ciudades del país con más de 45 mil habitantes, y su precisión estimada es de un 4,9 por ciento, considerando una varianza máxima y un 95% de confianza, en el caso de las preguntas con 400 entrevistados.
Y en el ámbito de los gestos, La mayoría (72%) cree que la Armada de Chile debiera hacer un acto de desagravio en el Buque Escuela Esmeralda por las violaciones a los derechos humanos ocurridas al interior de éste, mientras un 20% cree que no debería hacerlo y un 8% no sabe o no responde.
Con respecto a las indemnizaciones que aspira a entregar el gobierno, una mayoría relativa (41%) cree que éstas son insuficientes, mientras un 27% cree que son suficientes, un 24% cree que no debieran existir y un 8% no sabe o no responde.
Responsabilidades institucionales y perdón
Al evaluar la conducta y las responsabilidades institucionales en la defensa de los derechos humanos durante el régimen militar, el organismo mejor evaluado por la población fue la Vicaría de la Solidaridad, mientras que los disueltos organismos represivos de la dictadura son los peor catalogados.
Así, las disueltas DINA y CNI obtuvieron un 76 por ciento de menciones negativas, seguidas de cerca por el propio gobierno militar con un 74 por ciento, y el Ejército con un 70 por ciento. Esas cifras contrastan con el 11, el 13 y el 15 por ciento de valoraciones positivas que recaban respectivamente.
El el 63 por ciento de los encuestados calificó de negativo el rol de los civiles que tuvieron cargos públicos y de alta responsabilidad en el régimen militar, porcentaje de rechazo que se repite a la hora de calificar a los partidos y movimientos que apoyaron el gobierno de facto.
Es más, la mayoría (76%) cree que los civiles que tuvieron cargos de responsabilidad durante el Gobierno Militar sabían de los casos de tortura sistemática relatados en el informe, mientras un 16% no cree que sabían y un 8% no sabe o no responde.
Son más los que creen que sabían a medida que disminuye la edad, entre las personas de estrato socioeconómico medio y bajo entre los simpatizantes al Gobierno.
Y al Poder Judicial tampoco le fue bien, pues el 63 por ciento de los consultados calificó como negativo el rol que jugó en la defensa de los derechos humanos.
Verdad histórica
El 74 por ciento de los encuestados aprobó el informe encargado por Ricardo Lagos a esta comisión, mientras un 15% rechaza este informe y un 11% no se pronuncia al respecto.
El 66 por ciento se ha informado, leído o escuchado los contenidos del informe, cifra que contrasta con el 34% que no lo ha hecho. Es más, El 63% tiene intenciones de informarse más, mientras un 37% no tiene intenciones de hacerlo.
Y entre quienes se han informado, el 86 por ciento cree que los casos de tortura relatados en el informe son verídicos, mientras un 8 por ciento duda de su veracidad y un 6% no sabe o no responde.
Al desglosar esa cifra, son más los que creen que los casos relatados son ciertos entre las personas de estrato socioeconómico medio y bajo, y entre los simpatizantes al gobierno.
Una mayoría relativa del 49% de las personas que conoce el contenido del informe, opina además que el informe recoge objetivamente todo el contexto de la época, mientras un 44% cree que no lo recoge objetivamente. Un 7% no sabe o no responde. Son más los que creen que el informe recoge objetivamente el contexto de la época a medida que aumenta la edad y entre los simpatizantes al gobierno.
Entre los que se han informado, el 71 por ciento cree que el informe contribuye a la búsqueda de la verdad, justicia y reconciliación, mientras un 26 por ciento dice que no contribuye, y un tres por ciento no sabe o no responde.
El 62 por ciento de los encuestados afirmó que sabía o intuía que durante el régimen militar ocurrieron casos de tortura, mientras que un 34 por ciento asegura que no sabía o intuía. Un 4% no sabe o no responde.
Son más los que, en la época que ocurrieron estos casos de tortura, sabían o intuían que ocurrían entre los hombres, a medida que disminuye el estrato socioeconómico y entre los simpatizantes al Gobierno.
Sobre el cómo se enteraron de estos hechos, la mayoría (76%) creyó en las acusaciones de las víctimas y familiares de las víctimas, un 64% de la Vicaría de la Solidaridad, 60% de los medios de comunicación opositores al Gobierno Militar, un 56% de los políticos opositores al Gobierno Militar, un 50% de Naciones Unidas y un 50% de los países del mundo desarrollado.
Además, el 76 por ciento de quienes conocen el informe se sintió afectado en su fuero íntimo por la gravedad y crueldad de los hechos relatados en el informe, mientras un 24% no se sintió afectado. Son más los que se sintieron afectados a medida que aumenta la edad.
