En Salta acusan al juez del caso Ragone de obstaculizar a la Justicia

El nieto del ex gobernador Miguel Ragone, desaparecido 13 días antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, reiteró sus acusaciones en contra del ex juez de esta causa, el titular del Juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad, Miguel Medina, al que acusó de ser parte de «un entramado de poder» y seguir «obstaculizando una y otra vez la posibilidad de hacer Justicia».

Fernando Pequeño respondió así las afirmaciones públicas del magistrado con motivo de la auditoría ordenada sobre parte de su actuación por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, donde se tramitan dos denuncias contra el juez presentadas por Pequeño y por la abogada Liliana Mazzone.

El 27 de noviembre el juez dijo en FM Ya, la radio de Nuevo Diario, que la auditoría era solo sobre los expedientes en los que habían tenido intervención el abogado Raymundo Sosa y otros dos abogados de su estudio. Es porque se le reprocha al magistrado no haberse apartado de estos procedimientos a pesar de su pública amistad con Sosa. Pequeño afirmó en cambio que la revisión también se hizo sobre la actuación de Medina en la causa Ragone.

«Sí se hizo la auditoría y me informaron los auditores que hay elementos para hacer una auditoría más profunda». «Ellos me transmitieron que realmente habían encontrado cosas para seguir adelante con la auditoría» en la causa Ragone y en las causas en las que tuvo intervención Sosa o alguno de los abogados de su estudio, sostuvo el nieto en FM Ya.

Pequeño, que actúa como querellante en la causa por la desaparición de su abuelo y en otros proceso en los que se investigan violaciones a derechos humanos, reiteró que Medina no tendría que haberse abocado a la investigación de la desaparición de Ragone (que ya está a cargo de un juez ad hoc), porque en 1984 defendió al policía Andrés Soraire, cuando se lo investigaba por un doble crimen cometido en 1977.

En su momento esta pesquisa fue paralizada por orden del entonces subjefe de la Policía de Salta, el mayor Juan Carlos Grande, que aseguró que los cuatro policías implicados no podían ser investigados porque habían participado del secuestro del ex gobernador.

Pequeño también reprochó a Medina que no se aparte «del resto de las causas de derechos humanos donde está imputado Joaquín Guil», el ex director de Seguridad de la policía de la provincia que fue defendido por Sosa, con el que mantendría también una amistad.

Tras afirmar que considera «incompresible» la actitud del juez de no apartarse, Pequeño lo acusó de ser parte del «mismo entramado del poder», que también integraron Guil y el ex juez Ricardo Lona, «un sistema impune», y afirmó que «el juez Medina sigue obstaculizando una y otra vez la posibilidad de hacer justicia».

Asimismo, Pequeño opinó que «hay que pensar en una mirada de toda la Justicia Federal de Salta en el Consejo de la Magistratura, porque las irregularidades son muchas y las trabas son muchas y profundas» y se está ante la sospecha de «una connivencia» para «seguir buscando un objetivo específico y no ser imparciales en las causas».

Y reclamó que el voluminoso expediente de la causa Ragone sea sacado de las oficinas del Juzgado Federal Nº 2, dado que «es muy inseguro que la causa esté ahí» porque «es como tener el zorro en el gallinero».

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