Por Causa Popular.- Mientras una tenue brisa refresca el verano porteño, la reservada pero numerosa comitiva presidencial que viajó a Francia combate el frío parisino con encuentros de alto voltaje. Pero la temperatura que afecta Buenos Aires en estos días deja de ser un simple dato de color para numerosos usuarios de los servicios de agua potable de la empresa Aguas Argentinas, de capitales mayoritariamente franceses. Los calurosos primeros días del nuevo año dejaron en evidencia las decidías de una de las privatizaciones con el sello del inefable Domingo Cavallo. Miles de habitantes del conurbano debieron soportar 40 grados centígrados de temperatura ambiente sin una gota de agua potable. Mientras el gobierno nacional reduce la tensión en la pulseada con la empresa y el gobierno francés por las tarifas, multas y rescisión de contrato, el debate de fondo continúa ausente de la agenda oficial.
Según lo que trascendió de la visita de Kirchner y su comitiva al país galo, la discusión con la empresa Suez (que tiene la concesión del servicio de agua potable en Capital y gran Buenos Aires) responde a que la empresa quiere comprometerse a invertir sólo 120 millones de pesos por año. Pero los millones se invertirían con un aumento de tarifas del orden del 60 por ciento, inscripta en una fisonomía de «sendero tarifario» que implicaría nuevos aumentos progresivos.
El gobierno, por su parte, pretende compromisos de inversión por 400 millones, y según declaró el ministro Lavagna a una radio francesa el jueves último, estaría dispuesto a otorgar un aumento tarifario del 16% y que el Estado asuma una parte de las inversiones.
Aguas Argentinas opera en la Capital Federal y 17 municipios bonaerenses. Provee agua potable a 10 millones de personas. La empresa Suez había apostado fuerte al desarrollo de su actividad en los mercados emergentes, y, en particular, a la Argentina. Su filial al 50 por ciento, Aguas Argentinas, obtuvo la concesión de la distribución de agua de la ciudad de Buenos Aires durante 30 años.
En una entrevista a Radio Francia Internacional (RFI), el ministro de Economía explicó que la negociación en curso con la empresa Suez, controladora de Aguas Argentinas, prevé un aumento de tarifas del orden del 16 por ciento. “La idea -explicó- es aumentar las inversiones en 250 millones de pesos, a los que agregaríamos una cifra algo menor de inversiones directas del Estado hasta llegar a 400 millones de pesos» al año. Esta cifra de 400 millones es la misma que venía barajando el Gobierno en las negociaciones con las empresas, aunque no había puesto cifras precisas a los aumentos para llegar a ese nivel de inversión.
Más temprano, las definiciones sobre la disputa se habían tornado más metafóricas. “Es una piedra en el zapato que hay que sacar para seguir caminando”. Con esas palabras, según el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el presidente francés Jacques Chirac le planteó a Kirchner su evaluación. “Fue muy contundente a la hora de plantar la solución del caso de Aguas y calificó al episodio como un incidente”, sostuvo Fernández en declaraciones radiales, minutos después del encuentro que ambos jefes de Estado mantuvieron en el Palacio del Eliseo.
Además, el jefe de Gabinete ratificó que Chirac “le transmitió a Kirchner el absoluto apoyo de Francia a la recuperación argentina y reiteró el compromiso de su país en los organismos internacionales de crédito”
La visita de la comitiva presidencial es estratégica para el gobierno argentino. Francia al ser uno de los países más industrializados del planeta cuenta con uno de los escasos lugares de privilegio en el comité ejecutivo del FMI, cuyo apoyo es fundamental para que el canje de deuda, recientemente lanzado, tenga éxito.
El gobierno Argentino está claramente entre la espada la pared. La espada pertenece a la empresa de capitales franceses concesionaria de Aguas Argentinas que le exige un ajuste tarifario e incluso indemnizaciones por supuestas perdidas producto de la devaluación, y cuyo gobierno jugará un papel importante en el canje de deuda. La pared la han comenzado a construir los usuarios y organizaciones de la sociedad civil que no están dispuestas a seguir soportando el calor porteño sin un recurso tan fundamental como es el agua.
En Buenos Aires, un grupo de organizaciones vecinales, ambientalistas y de técnicos hídricos realizaron una protesta frente a la Embajada de Francia para exigir que Aguas Argentinas «se vaya del país y el agua potable vuelva a ser de la gente».
Las mismas declaraciones del presidente Néstor Kirchner parecen indicar que esta no es una posibilidad muy lejana. De hecho, días atrás sorprendió con las multas a Aguas Argentinas por no cumplir con el contrato de concesión y dejar sin agua a miles de usuarios poniendo en evidencia la falta de inversión.
De todas maneras no parece ser la rescisión de la concesión la medida que privilegie el gobierno. Lo que busca hoy es fortalecer su rol de control respecto del contrato firmado con la empresa en 1993, y marcarle la cancha a la empresa para la renegociación que ya está en marcha.
Pero detrás del culebrón mediático entre funcionarios y empresarios se encuentra uno de los dilemas en relación a las empresas públicas privatizadas que atraviesa al gobierno de Kirchner desde el comienzo de su mandato.
La gran pregunta es si el Estado argentino debe fortalecerse como órgano de control de las empresas de servicios públicos privatizadas y firmar contratos de concesión que le ate las manos a las empresas o si se trata de recuperar la soberanía del Estado Nacional sobre los recursos estratégicos. A pesar de todas las esperanzas esta segunda posibilidad no parece estar hoy en los planes del gobierno.
