En la provincia, la mano se pone dura

Los cambios acontecidos en el gabinete de Daniel Scioli deben ser analizados en el contexto de la política trazada por el mandatario bonaerense en el área de seguridad. Después de ganar una elección en Buenos Aires por más del 50%, Scioli apuntó a los sectores más postergados de la sociedad para explicar la ola de hechos delictivos en la provincia. Al mismo tiempo que su Jefe de Gabinete expresaba que la lucha contra la inseguridad se daría en todos los frentes, Daniel Scioli manifestó que las villas de emergencia son unos aguantaderos de chorros y demás. Para dar solución a ello, prometió poner luminarias y abrir calles en las villas, para que los patrulleros puedan entrar y la fisonomía de los barrios no propicie el ocultamiento de los delincuentes.

Hasta diciembre del año pasado, los bonaerenses suponíamos que si algún día Scioli ponía luz y abría calles en los barrios, sería para propiciar el bienestar de la población y no para facilitar el trabajo de los polis.

La propuesta de bajar la ley de imputabilidad y el predominio aparente de Stornelli y Casal en el gabinete orientan la política pública alrededor de las consignas de mayor seguridad y control sobre la población, en especial de los jóvenes feos, sucios y villeros. Frente a esta situación, la Licenciada Marta Arriola, hasta ayer Subsecretaria de Niñez provincial, sentó posición al respecto, oponiéndose a la baja de la edad de imputabilidad, proponiendo que la gobernación transfiera los recursos necesarios para una política de niñez que resuelva los problemas de fondo y que permita al estado ir hacia los pibes, y no esperarlos en el mostrador, como fue la práctica preponderante desde hace muchos años. Las declaraciones de la funcionaria saliente hicieron ruido en el gabinete y el Ministro Daniel Arroyo pidió su renuncia, argumentando un pedido directo del Gobernador. La fortaleza con que el ministro de Desarrollo Social defendió las posiciones de los responsables de niñez nos muestran a las claras qué determinación tendrá cuando le toque dar su opinión.

El Jefe de Gabinete Alberto Pérez, ayer 10 de Noviembre, anunció la flamante designación de la doctora Cristina Tabolaro al frente de la Subsecretaría. La flamante funcionaria ya anunció que tiene un proyecto de reforma del sistema penal juvenil, que ella misma elaboró durante su anterior gestión en el área, entre 2002 y 2007. La propuesta, bajo el eufemismo de proteger y garantizar los derechos de los niños, es penalizar a los menores de 16 años. Más allá de las consideraciones sobre las capacidades técnicas de la doctora Tabolaro, es claro que su asunción fue promovida por el jefe de Gabinete y las condiciones serán responder a las propuestas del gobernador y sus ministros más importantes en materia de seguridad.

Aparentemente, frente a estos cambios, ciertos sectores de la policía provincial ya estarían actuando de forma más violenta y arbitraria sobre adolescentes presumiblemente autores de delitos. Después de las declaraciones de Scioli, esto se profundizará pero enfocado a los barrios más pobres de la provincia. El debate sobre la imputabilidad sigue y crece, tapando otras cuestiones de fondo que la gobernación no esta dispuesta a resolver.

Un aspecto relevante es la situación de los institutos penales dependientes del gobierno provincial, en franca crisis desde hace tres años por las impericias cometidas por el anterior equipo de gestión de la doctora Tabolaro. La realidad actual indica que las ansias por la seguridad y el control interno tapó otras necesidades, como las de establecer reglas de funcionamiento acordes a las normas internacionales, evitar el hacinamiento de los adolescentes, abrir las instituciones a la sociedad civil, auditar la administración económica de los institutos, abrir el debate sobre la necesidad de un código de ejecución penal especial, formar al personal para las labores que le demandaría el nuevo sistema y adecuar los edificios en función de una funcionalidad que no profundice el encierro y promueva un abordaje institucional que evite la tumberización de los vínculos humanos al interior de las instituciones.

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