El voto uniformado

Urgido por las encuestas, el gobierno desplegó un operativo de seducción electoral sobre fuerzas militares y de seguridad. Pormenores de un vínculo que la crisis degradó de la simpatía al recelo. La disputa con el ex pupilo Gómez Centurión.

Fue notable la expresión errática de Mauricio Macri durante el desfile militar del Día de la Independencia. Desde un palco montado sobre la Avenida del Libertador, justo frente a la residencia del embajador de los Estados Unidos, cada tanto aplaudía el paso de tropas disfrazadas con uniformes del siglo XIX y tanques que vieron tiempos mejores. Su presencia en el evento tuvo el loable objetivo de congraciarse con la familia castrense de cara a las urnas. Al fin y al cabo se trata de un mercado electoral que (entre efectivos en actividad y en retiro, junto con sus familiares) araña el millón de votos.

 

¿Dónde habría estado en aquel momento Juan José Gómez Centurión, el precandidato presidencial por el ultraderechista Frente NOS? Tal interrogante adquiere sentido por tratarse del hombre que podría arrebatarle esa clientela al primer mandatario.

 

La opinión pública tiene presente a ese hombre alto y enjuto por haber sido el director general de Aduanas exonerado (y luego repuesto) a raíz de una falsa denuncia impulsada en agosto de 2016 por la ministra Patricia Bullrich. Después fue vicepresidente del Banco Nación, hasta su renuncia en marzo de este año para así enfrascarse sin ataduras en su proyecto político.

 

Se trata de un ex carapintada con participación en los dos alzamientos contra Raúl Alfonsín y que fue condecorado como héroe de Malvinas, donde tenía el grado de mayor y tropa a cargo. En la década pasada supo cautivar a Macri, para así convertirse –desde la Agencia Gubernamental de Control porteña– en un lobo solitario del PRO (reportaba sin ningún intermediario a Mauricio) y con fama de talibán ante cualquier desliz que tuviese aroma a corrupción. Tales características le depararon, en dosis equilibradas, simpatías, suspicacias y enemigos. Entonces cerró la mayoría de los prostíbulos porteños, enfrentándose así con la Policía Federal. No obstante también fue salpicado por el incendio de Iron Mountain, mientras ciertas contrataciones dudosas de personal no lo dejaban bien parado.

 

Ahora, secundado por la antiabortista evangélica, Cynthia Hotton, no es sino la esperanza blanca del sector más cavernícola del electorado. Una franja también disputada por la alianza oficialista Juntos por el Cambio. Y de la cual los militares no son una pieza menor.

 

Pero a la vez son seres muy proclives a la desilusión. Al respecto, bien vale repasar ciertos hitos fácticos de su relación con el macrismo.

 

En este punto resalta la figura del ministro de Defensa, Oscar Aguad, un incompetente polimorfo que, entre otras disfunciones, fue artífice involuntario de la suspensión del desfile militar previsto para el Día de la Independencia de 2018. Cabe recordar que ese espectáculo –que solía animar dicha fecha patria hasta ser eliminado del protocolo festivo durante los años ’90– fue restaurado en 2016 por el macrismo. Y deslumbró aquel año a los tucumanos con el paso marcial de cuatro mil uniformados, junto con ex combatientes de Malvinas y oficiales retirados (que incluían a veteranos del Operativo Independencia y hasta algunos Falcon verdes de los Grupos de Tareas). Entre el público, ciertos familiares y amigos de represores presos aplaudían con emoción, mientras que desde el palco, Macri y el (querido) ex rey español, Juan Carlos, observaban la escena con sumo beneplácito.

 

Dos años después la situación no era la misma. El presidente ya rehuía a todo tipo de celebraciones masivas. El 25 de mayo de 2018 hizo vallar todo el perímetro de la Catedral para asistir al Te Deum, cuando la zona del Obelisco era el epicentro de una masiva manifestación contra su política. Y el 20 de junio ni siquiera se dejó caer al acto del Día de la Bandera de Rosario, por miedo a ser abucheado o agredido.

 

Por lo tanto, aquel 9 de julio no hubo desfile. Eso dejó al descubierto la vidriosa relación entre el gobierno y la corporación militar.

 

Ante todo, a los cuadros medios de las Fuerzas Armadas no les causaba una gran felicidad que pretendieran utilizarlos en tareas de seguridad interna, tal como el Gobierno anunciaba entonces. Aducían que eso sería un inagotable semillero de corrupción entre la tropa. A eso se sumaba su lógico disgusto por cumplir funciones policiales.

 

Pero justo cuando Macri suscribía la orden correspondiente (el 30 de junio), Aguad –cuya virtud más apreciable no es precisamente el sentido de la oportunidad– firmaba con el superministro de Economía, Nicolás Dujovne, la resolución que otorgaba un insultante 8 por ciento de aumento a los sueldos militares más bajos y una suma fija de entre dos y 4500 pesos a la oficialidad jerárquica. Un baldazo de agua fría sobre sus cascos y birretes.

 

“Me hago responsable del bono del 8 por ciento. Fue un error en vías de corregirse”, salió a decir Aguad. Y anunció que el incremento sería en realidad del 15 por ciento. Otro baldazo de agua fría. Máxime cuando los gendarmes y prefectos (con quienes los militares efectuarán idénticas tareas) habían logrado el 21 por ciento. Un enojo razonable.

 

En tanto, los oficiales en situación de retiro –no menos contrariados– ya habían amenazado con pegar el faltazo a la cena anual de camaradería, un evento que también corrió el peligro de ser suspendido.

 

A ello se le añadía el paro que el personal civil de las Fuerzas Armadas realizó días después.

 

Lo cierto es que fueron los oficiales superiores quienes definieron no realizar el desfile del 9 de julio. Una situación de rebeldía que las autoridades macristas se obstinaban en encubrir no sin apelar al ejercicio de la posverdad: “Razones presupuestarias en el marco de la austeridad acordada con el FMI”, sostuvo entonces Aguad.

 

Casi una licencia poética.

 

Tampoco bastaron los –por demás genuinos– reflejos negacionistas del macrismo ante el terrorismo de Estado durante la última dictadura. Porque el Gobierno incumplió una promesa susurrada al oído de la corporación militar en 2015: poner freno a los juicos por delitos de lesa humanidad.

 

A tales situaciones se le sumó la responsabilidad gubernamental por la desaparición del submarino ARA San Juan; una actitud complementada con su desidia ante la búsqueda y el destrato a familiares de la tripulación.

 

El 30 de julio Macri compartió su última cena anual de camaradería con las Fuerzas Armadas. Obviamente en tono de campaña, su mensaje fue: “En estos tres años y medio logramos avances significativos para los argentinos.

 

Revertimos años de desinversión y juntos estamos construyendo el futuro de una política de defensa de largo plazo”.
Los oficiales atendían sus palabras a sabiendas de que el presupuesto de Defensa es 42 por ciento menos que en 2015.

 

Ante la proximidad de las elecciones, el Gobierno se lanzó a seducir al colectivo militar con “promesas de necesidad y urgencia”. Una de estas corrió por cuenta del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien anunció que existe un proyecto para indemnizar a familiares de soldados muertos en enfrentamientos armados durante la década del ’70.

 

Esa promesa, efectuada a mediados de junio, coincidió con el escrutinio de las elecciones a gobernador en Tierra del Fuego del 16 de aquel mes. Allí, el sufragio en las seis bases militares de la Antártida (Marambio, Esperanza, Belgrano II, Orcadas, San Martín y Carlini) son un testeo de las preferencias castrenses en el cuarto oscuro. Es significativo que en tales sitios, habiendo sido proverbiales las inclinaciones hacia el macrismo, semejante tendencia se haya dado vuelta ese domingo. Y con una diferencia de casi 11 puntos, ya que Unión Fueguina (el espacio de la gobernadora Roxana Bertone) sumó en el territorio antártico el 45 por ciento de los votos. Y Ser Fueguino (la alianza macrista encabezada por Juan Rodríguez) apenas logró el 34 por ciento.

 

¿Es posible que a partir del 11 de agosto el desencanto militar hacia la Revolución de la Alegría sea capitalizado por el ex carapintada?

 

“Recibí llamados de gente muy cercana al Presidente para bajarme. Me ofrecían un lugar en su lista de diputados”, asegura Gómez Centurión una y otra vez en sus actos de campaña.

 

“Un grave daño para la República”, jura que le dijeron, en referencia a los votos que le puede llegar a sacar al Presidente.

 

Un grave conflicto de anhelos en el gallinero de la derecha.

 

 

 

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