Como con la 125, el Vicepresidente de la Nación Julio Cleto Cobos volvió a votar junto a la oposición para destrabar un empate en la Cámara de Senadores. También en la madrugada, como aquella vez, pero sin la expectativa, la presión y la vigilia de las muchedumbres y la tilingada nueva rica, el Vice desentendió el mandato que le dio el pueblo para acompañar al Gobierno de la Presidenta Cristina Fernández hasta el 2011.
Aunque esta vez no sepultó un proyecto de ley impulsado por el oficialismo, sino que respaldo uno de la oposición que se contrapone a la visión y la gestión del Ejecutivo del cual es parte.
Traidor entonces al mandato popular, a las instituciones, a la república, a la Constitución Nacional, pero no a sus convicciones y sus aspiraciones políticas. En eso, Cleto, ha sido consecuente. Aunque, a la larga, el pueblo y la historia condenen siempre a los traidores.
Y esta situación conlleva a que la Presidenta se encuentre frente a la disyuntiva de vetar o no la ley que establece el aumento de las jubilaciones al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil. Pero aquí se entrecruzan varias cuestiones. Por un lado, el costo político que le puede significar al Gobierno Nacional vetar esta ley cuando sus mejores logros han sido siempre estirar los límites de lo posible cuando existía en la base un reclamo popular legítimo.
Otra posibilidad es intentar administrar el posible déficit que pueda generar el aumento. Así, se podría capitalizar el aumento y meter de nuevo aportes patronales para sostenerlo (y que el Congreso se banque esa discusión).
De todas formas, no podemos olvidar la irresponsabilidad de los políticos de oposición de no especificar en el texto la norma aprobada el financiamiento y de dónde saldrían los recursos para el aumento a las jubilaciones. En ese sentido, planteábamos ayer en El colmo de la irresponsabilidad de la oposición que “como trabajadores estamos de acuerdo en que los jubilados logren el 82 por ciento móvil, pero también sabemos que aplicado sin las debidas condiciones de financiamiento podría significar la destrucción del sistema jubilatorio”.
Habrá que esperar la decisión de la Presidenta y que ésta no signifique una ruptura con un sector de la sociedad que se ha visto beneficiado ampliamente desde el 2003.
La mejor salida, sin dudas, será la profundización del proceso.
