Y un día el cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Así lo resolvió el Comité Intergubernamental, reunido en Nueva Delhi, el pasado 9 de diciembre. El género musical cordobés consiguió la misma credencial internacional que el tango, el chamamé y el filete porteño. Aquel organismo de la ONU, enfocado en temas de educación y cultura, lo anunció en las redes con una imagen de la Mona Jiménez cantando en el escenario del Festival de Cosquín, cuya arquitectura no es muy representativa de los tradicionales espacios de baile que caracterizan las noches de caravana.
El año pasado, se publicó un artículo titulado “El largo camino del cuarteto a las aulas de la ciudad de Córdoba (Argentina)”, en la revista Trans, de la Sociedad de Etnomusicología. Su autor, el historiador del CONICET Julián Beaulieu, sostiene que el cuarteto “se convirtió en patrimonio inmaterial, pero también en un recurso cultural administrado y ofrecido como atractivo turístico”, mediante monumentos, museos y políticas de apoyo. Su patrimonialización, como protección oficial, “implicó la depuración de una historia que se volvió oficial, narrable, enseñable. En otras palabras, la oficialización supuso la iluminación de ciertos aspectos y el solapamiento de otros”. Así, se sabe mucho sobre el “árbol genealógico”, compuesto por bandas y solistas, pero poco sobre el rol de las mujeres, las lógicas de producción y su relación con el Estado.
Iluminación y solapamiento
Si el Estado administra lo “iluminable” y lo “solapable” sobre ciertos aspectos de la vida, no siempre logra mantener ordenados esos papeles. Muestra de ello es el fuerte apoyo cordobés del 26 de octubre, en las elecciones legislativas nacionales, a un desconocido candidato de La Libertad Avanza frente al hombre más poderoso de la política local: Juan Schiaretti. Ese 42% contra un 28% llevó a que la marca de Provincias Unidas se vuelva un fiasco en lo electoral. Hoy, en el Congreso, ese espacio quedó transformado en un mero bloque que por ósmosis acepta recibir ofertas de rosqueo. Quien tiene la mejor mano es el gobierno nacional. Pero Axel Kicillof no descarta, en un mediano plazo, que “las nuevas canciones” incluyan aquellas que estén al ritmo del tunga-tunga.
Así como para el presidente Javier Milei implica que su segunda mitad de gestión funciona como un nuevo mandato, revalidado por el voto, para el gobernador Martín Llaryora significa que llegó un borrón y cuenta nueva. La escasa capacidad de incidencia territorial en la ciudad capital es una molestia que trata de sacarse de encima. Su respuesta fue un cambio en el organigrama para otorgarle mayor poder a una figura en ascenso: Miguel Ángel Siciliano. Su empoderamiento se concretó el mismo martes en que el cuarteto fue noticia en el mundo. En el Centro Cívico, se tomó su jura como flamante ministro de Vinculación y Gestión Institucional, donde absorberá todas las funciones sobre políticas sociales, de seguridad comunitaria y de diálogo con organizaciones no gubernamentales, desde clubes barriales hasta iglesias evangélicas. Por lo tanto, su rostro tendrá mayor visibilidad en los barrios.
Siciliano es el hijo homónimo de un emprendedor ladrillero, investigado por la AFIP por explotación laboral. Es yerno de la dirigente Olga Riutort, primera esposa del fallecido exgobernador José Manuel de la Sota, de quien se alejó en términos maritales y políticos. El ya “superministro” se sumó al oficialismo de manera tardía, cuando vio en el “llaryorismo” una renovación frente al peronismo gerontocrático. Así se convirtió en secretario de Gobierno municipal de Llaryora cuando fue intendente de la capital.
En 2023, justo en el último año de ese mandato, la Justicia destapó una organización criminal de inspectores, bomberos y empresarios que administraban coimas para habilitar comercios y boliches bailables. El escándalo forjó la creación de un ente para la fiscalización y control de esos establecimientos, donde se puso como director a Pablo Hormaeche. Según una investigación periodística de Lázaro Llorens, para el portal Striptease del Poder, se trata de un “edecán” de la familia Riutort-Siciliano y que puso a allegados suyos a ocupar cargos en esa nueva entidad.
Luego de la publicación, el colega recibió amenazas anónimas desde sus redes sociales. La investigación del fiscal Pablo Klinger confirmó que los improperios provinieron del celular de un miembro de la guardia urbana, que resultó ser el hijo de Hormaeche. El joven está imputado por amenazas calificadas y se abstuvo de declarar.
La Caja y Pandora
Para colmo, el verano no arranca y la gestión provincial ya tiene un fuerte dolor de cabeza adelantado. Se trata del pasivo que tiene la Caja de Jubilaciones, eterno bucle deficitario, donde se pronostica un pasivo de $750.000 millones para el próximo año. Eso llevó a que el proyecto provincial del Presupuesto 2026 estipulara, en su artículo 63, la aplicación de un descuento adicional de hasta cuatro puntos porcentuales en los aportes previsionales.
Eso implicó que ese martes, previo a la asunción de Siciliano, una movilización impulsada por distintas centrales sindicales expusiera su rechazo a que sea el sector trabajador quien tenga que pagar ese ajuste. En paralelo, referentes del oficialismo ofrecieron una reunión con algunos sindicalistas dentro de la Legislatura. Se consensuó avanzar en una mesa de diálogo, aunque todavía hay poca claridad sobre cuál será el punto intermedio.
El principal vocero del lado del gobierno es el presidente provisorio de la Cámara legislativa, Facundo Torres, que la semana anterior, al enterarse de la concentración callejera, publicó un ofuscado comentario en las redes: “Sostener a los 6.300 jubilados del SUOEM [gremio de municipales], con un promedio de $3 millones, implica cubrir un déficit anual de $55.000 millones. (…) Es un debate necesario, que debemos encarar con seriedad”. La respuesta la recibió desde las calles por parte del líder municipal Rubén Daniele: “Si blanquearan a los miles de laburantes que están en negro, no tendríamos ese problema”.
Tarantela y paso doble
Una investigación dirigida por Silvia Morón, de la Universidad Nacional de Córdoba, estableció que entre enero de 2023 y julio de 2025 hubo en total 902 conflictos laborales en la provincia cordobesa. El 59% de los casos estuvo concentrado en el sector público. La mitad provino del ámbito docente (primario, secundario y universitario), con las paritarias como principal reclamo. Hay un dato estadístico curioso: en la era Milei, las protestas todavía no alcanzaron el pico que se vivió en el verano de 2023.
Un párrafo a destacar: “Los sectores de salud y educación, altamente feminizados, suelen ser los más combativos, aunque su dinámica es diferente. En salud, la representación del SEP [Sindicato de Empleados Públicos], única reconocida por el gobierno provincial, es muy cuestionada por las bases, que han buscado formas alternativas como gremios sin reconocimiento”. Mientras que “Educación se recuesta en un solo gremio reconocido, la UEPC, pero con importantes disputas internas”. De hecho, así como a nivel provincial la lista oficialista comulga con el peronismo, la seccional capital es manejada por opositoras, encabezadas por un poeta que milita en el Partido Obrero. Las y los empleados judiciales no se quedan atrás, y el sindicato ha tenido que dar respuesta, en algunas ocasiones, por presión de los llamados “autoconvocados”.
La marcha gremial, de la cual sus participantes reconocen que fue “masiva” y “nutrida”, expuso en sus pancartas mayor descarga contra Llaryora que contra Milei, impulsor de la reforma laboral. Se comprende que aquel 42% electoral, en parte, provino de sus bases. Por eso, la capacidad de movilizar se vuelve más efectiva cuando el reclamo apunta a quienes se predisponen a ser la tercerizada del ajuste nacional, que son los gobernadores. Ensamblar las realidades locales con las nacionales implica una maniobra parecida a la de Leonor Marzano, la madre creadora del cuarteto, cuando desde su piano combinó la tarantela y el paso doble.