La fábula neomoderna admite que un norteamericano pobre y domiciliado en Texas se haga rico de la noche a la mañana luego que se descubriera petróleo bajo su vivienda. Nunca pasó algo semejante, es cierto, pero sólo se necesita repetir la leyenda para que todos la crean real.
En la Argentina del siglo XXI los pobres no encuentran petróleo, pero los gobernadores provinciales ya se prueban el traje de los magnates texanos.
Sucede que el último párrafo del artículo 124 de la Constitución (reformada en 1994, Pacto de Olivos mediante) dice: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
Con tal módica referencia, con una Ley de Hidrocarburos fuera de circulación y un Código de Minería retrotraído a su versión original de 1887, las provincias han salido a vender su subsuelo (petróleo, gas, minerales) al mejor postor.
¿Será prioritaria la ganancia instantánea, o por el contrario la prudente administración de un recurso agotable?
¿Es concebible una Política Nacional que no sólo gestione el recurso sino también establezca pautas sobre contaminación?
¿Se derramará esa inesperada fuente de recursos sobre la población, dando más a los que menos tienen, o por el contrario…?
En una época confusa donde lo originario parece tener patente de auténtico, el parrafito agregado durante la Convención Constituyente ha desatado un vendaval de viajes, ofertas y conferencias de prensa.
Si hubo patria contratista, metalúrgica, financiera, militar, ¿por qué no habría una patria provincial?
Si el sistema político dominante es una alianza de barones feudales provinciales, ¿por qué no va a haber, con el mismo derecho originario, un poder señorial de las riquezas naturales?
Se llaman a sí mismos “gobernadores de provincias productoras”, pero no producen nada. Sólo les brotó el Maná del subsuelo, contrariando la propia historia judeocristiana.
Quienes producen, y se limitan a informar de ello mediante una declaración jurada, son los concesionarios.
Los gobernadores sostienen que las empresas explorarían y extraerían más si trataran los detalles con ellos mismos y no con lejanos funcionarios con oficinas en Buenos Aires, y que el párrafo constitucional es insuficiente, por lo que impulsan una nueva Ley de Hidrocarburos hecha a su medida.
Los mandatarios participaron en una reciente reunión de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), otro engendro burocrático, designando presidente a Julio Cobos, gobernador de Mendoza y muy allegado al gobierno nacional.
«Desde la OFEPHI se impulsa una nueva Ley de Hidrocarburos que contemple una relación equitativa entre la Nación y las provincias productoras, y se constituya en un marco jurídico preciso para los inversores en el sector», dijo Cobos según la agencia DyN.
«La propiedad de los recursos no se discute», dijo el gobernador mendocino, quizás refiriéndose al impreciso artículo constitucional.
¿Y si los mapuches, tobas, toconotés, wichís y otros pueblos tanto o más “originarios” que las aristocracias provinciales pretenden lo mismo?
«Queremos un marco legal nacional que va a dar claridad a las inversiones, precisando quién es el propietario del uso del suelo. En este caso corresponde a las provincias la propiedad de todo lo que esté en su territorio», manifestó Cobos, en una interpretación sui generis de la propiedad y el uso.
De la reunión de la OFEPHI participaron los gobernadores de Formosa, Mendoza, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, Salta, y la directora de la Casa de Jujuy en Buenos Aires.
Los puntos salientes del proyecto son:
“Los yacimientos de hidrocarburos situados en el territorio de la República Argentina dentro de los límites de su mar territorial y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio del Estado Nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito territorial en el que se encuentren.
Y luego: “Los yacimientos situados en el territorio nacional pertenecen al patrimonio de la provincia en la que se encuentren y los yacimientos situados en el lecho y el subsuelo del mar pertenecen a la provincia ribereña de que se trate”.
¿Qué quedaría al Estado Nacional?
¿Desde cuándo la plataforma oceánica es de propiedad provincial? Esto habilitaría a las provincias no solo a extraer petróleo y gas de su ribera marítima, sino, por analogía, a tratar con otros países la explotación de la pesca, que también es un recurso natural.
“Quedan transferidas a las provincias de pleno derecho todos los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos, así como otro tipo de contrato otorgado o aprobado por el Estado Nacional, sin que ello afecte los derechos adquiridos por sus titulares”.
De lo que se puede inferir que el texto tuvo el visto bueno de los concesionarios.
“Las regalías hidrocarburíferas correspondientes a permisos de exploración y concesiones de explotación en vigor al momento de entrada en vigencia de la ley se calcularán conforme lo disponen los respectivos permisos y concesiones y se abonarán a las jurisdicciones a las que pertenezcan los yacimientos”.
Las provincias productoras tienen el 15% de la población total del país. El 85% restante, donde está el mayor consumo, se sentará a ver cómo la caja de los gobernadores rebosa de dólares primero, y se enchapa en oro enseguida.
La Segunda Década Infame no se fue del todo, y cada tanto brotan como hongos venenosos los intentos por seguir feudalizando a la Argentina.
En las primeras décadas del siglo XX, Mosconi impidió (a pesar de un fallo de la Suprema Corte, en manos de la oligarquía, que le dio la razón a los norteamericanos) que la Standard Oil se quedara con una concesión de 90.000 hectáreas a 20 años ofreciendo pagar 10% de regalías (ahora los gobernadores se quedarán con la mitad) en Salta.
El abogado que representaba a La Compañía ante los jueces supremos en la época de Yrigoyen era el “nacionalista” Matías Sánchez Sorondo, futuro ministro de Interior de la dictadura de Uriburu en setiembre de 1930.
Paren, muchachos.
