Por Causa Popular.- No es la primera vez que ocurre, pero esta vez quizás se trate de uno de los casos más emblemáticos de la invención de causas en la Argentina. Pero aunque es un grave problema político, el tema no sale de las secciones de policiales. “Fue tan injusto que cuando nos llevaron detenidos a la DDI de La Matanza, uno de los jefes policiales les advirtió a los presos que nos cuidaran y no nos metieran en problemas porque nosotros estábamos ahí de garrón”. Una noticia que se difundió esta semana dejó entrever otra de las tramas de la corrupción e impunidad que caracteriza al sistema judicial y penitenciario de nuestro país colapsado por la superpoblación, la hija deseada de la “mano dura”: el armado de causas para incriminar a inocentes. Las víctimas siempre son los mismos, los que carecen de recursos para pagar quién los defienda. Un hombre y su hijo, changarines del Mercado Central de Buenos Aires, estuvieron presos tres años y medio por un homicidio y la Justicia finalmente los declaró inocentes por falta de pruebas.
A los casos de presos desnutridos en las cárceles, de oficiales de las penitenciarías que arman bandas con los reclusos para salir a robar, de superpoblación, de pedidos de coimas para mejorar las condiciones de las caras cada día menos ocultas del los penales argentinos, se suma un elemento que sólo es novedoso para quien cree que el sistema penal argentino es eficiente y está en condiciones de seguir encarcelando a diestra y siniestra.
Un hombre y su hijo estuvieron presos tres años y medio por la violación y asesinato de una joven en el partido de La Matanza, aunque eran inocentes, tal como se determinó en un juicio oral en el que fueron absueltos por no existir “ninguna prueba” en su contra.
Se trata de Carlos Eduardo Belizan, de 45 años y su hijo Miguel Angel, de 24, empleados en el Mercado Central, quienes fueron detenidos el 7 de diciembre de 2001 acusados de haber degollado y violado a Liliana Emilse Torres, de 28 años, cuyo cadáver fue hallado el 22 de noviembre de ese año en la ruta 21, en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza.
El caso fue de tal gravedad, que los investigadores los incriminaron por restos de sangre que en realidad eran de una mancha de remolacha. Según quedó acreditado en el juicio oral, los ahora absueltos fueron detenidos por la policía y acusados por una fiscal, sólo por ser “solidarios” al quedarse al lado de una mujer que habían hallado tirada en la calle, para esperar una ambulancia y la policía.
Los acusados fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Matanza, luego de escuchar el alegato del fiscal del juicio, Guillermo Rafaniello, quien ni siquiera los acusó porque no encontró evidencia alguna contra ellos y criticó la actuación policial.
El fiscal reconoció en su alegato que este tipo de casos son “las pequeñas Amias” en su departamento judicial, en relación a las fallas de la investigación del atentado a la mutual judía, que apuntó a personas que fueron absueltas y no llegó a los responsables.
Este no es el primer caso ocurrido en el Departamento Judicial La Matanza en el que se libera a personas inocentes que pasaron varios años presas por delitos y en el que se cuestiona la actuación policial y de la fiscalía de Instrucción.
En el último caso similar, Sabrina Castañares, una mujer que estuvo presa un año acusada de haber intentado secuestrar a las hijas de la actriz Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, fue liberada en marzo último, luego de que también se determinara que no había elementos de cargo en su contra.
El caso que mantuvo a los Belizan tras las rejas se inició el 22 de noviembre de 2001 cuando padre e hijo hallaron el cadáver degollado y violado de una joven a la vera de la ruta 21, a metros de la Rotonda Querandí, en el partido de La Matanza. Si bien en principio se creyó que se trataba de una adolescente de 14 ó 15 años, poco después la policía logró establecer su identidad, Liliana Emilse Torres, de 28 años, oriunda de Balcarce, de contextura pequeña, quien, según su madre, padecía un retraso mental y ejercía la prostitución.
Días después, y tras información brindada por la policía, la Justicia de La Matanza ordenó la detención de los Belizan bajo sospechas de ser los autores del crimen. Sobre la detención, Miguel Angel Belizán dijo: “Fue tan injusto que cuando nos llevaron detenidos a la DDI de La Matanza, uno de los jefes policiales les advirtió a los presos que nos cuidaran y no nos metieran en problemas porque nosotros estabamos ahí de garrón”.
Para imputar a padre e hijo, la policía y la fiscal de Instrucción Belén Casal Gato se basaron en los dichos de tres testigos de identidad reservada. Los voceros dijeron que la policía y la fiscal imputaron a los hombres basándose en dos pruebas: marcas que presentaba la víctima en una de las nalgas -un cuadriculado similar a cajones que se utilizan en el Mercado Central, donde trabajaban los Belizan-, y una mancha hallada en la camioneta de los acusados, que luego se estableció era de remolacha.
Los acusados quedaron detenidos por tres años y medio en el penal de Olmos hasta que la semana pasada se inició el juicio oral, en el que el Tribunal Oral 1 de La Matanza determinó y dio “totalmente” por probado que padre e hijo fueron “acusados injustamente”.
Al respecto, el abogado de los acusados, Néstor Berri, dijo a la prensa: “Desde la defensa lo que puedo decir es que hicimos el reclamo en todas las instancias, pero el sistema judicial colapsado de la provincia demoró tres años el juicio que permitió clarificar el estado de inocencia sobre quien ni hubo elementos probatorios de culpa. Hubo un error de apreciación de la prueba gravísimo”.
Ayer, previo a la lectura del fallo, Miguel Angel se puso de pie para decir sus últimas palabras y señaló: “nosotros estuvimos presos todo este tiempo porque quisimos ayudar”. Por último, Berri aclaró que se van a iniciar acciones judiciales contra la Provincia de Buenos Aires para exigir una indemnización para los Belizán.
Fuentes judiciales aclararon que si bien la investigación la realizó la policía de investigaciones (DDI) de La Matanza y la fiscal Belén Casal Gato, la pesquisa y la elevación a juicio fue avalada por el juez de garantías Rubén Ochipinti y por la Cámara de Garantías de Morón, que estaba de turno en feria.
El sistema carcelario, una condena a muerte
El número de muertes en cárceles bonaerenses se duplicó y el de muertes violentas se triplicó bajo la actual administración provincial. Aunque no se haya producido en ellas un episodio conmocionante como los motines en las cárceles de Córdoba y Santa Fe, la situación es aún más grave en Buenos Aires: dado el número de muertes violentas, en su sistema carcelario se produce una masacre de Coronda por mes.
La diferencia es su carácter cotidiano, no excepcional, que anestesia las conciencias de quienes prefieren ignorar esos horrores lo cual, con excepciones individuales, comprende a los tres poderes del Estado. Casos como los de Miguel Angel Belizán, el jóven de 24 años, y su padre, que fueron liberados luego de estar detenidos durante tres años por un delito que no cometieron, agravan aún más la situación y demuestra que nadie puede estar ajeno a la problemática que atraviesa al sistema penal en la actualidad.
En las cárceles y comisarías de la provincia, más de 30.000 personas sobreviven en condiciones degradantes que luego revierten sobre el conjunto de la sociedad. La provincia de Buenos Aires duplica la tasa de prisionización del país. Entre esta población los casos como los de Miguel Ángel y su padre potencialmente están lejos de ser una excepción: el 80% de los presos de las cárceles bonaerenses no tienen una condena firme.
El año pasado la Comisión provincial por la Memoria, copresidida por Adolfo Pérez Esquivel y el fiscal general Hugo Cañón, en ocasión de la presentación de una investigación a la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, describió un sistema de crueldad, tal como surge de la investigación que el organismo publicó en octubre de 2004, sobre corrupción, tortura y otras prácticas aberrantes en el Servicio Penitenciario Bonaerense.
El gobernador había prometido en aquel momento a la Comisión que ordenaría sumarios administrativos para apartar a todo agente involucrado en esas conductas. Unas 2000 causas penales por hechos imputados a miembros de las fuerzas de seguridad fueron remitidas al archivo, con enorme desinterés y hasta en algunos casos complicidad de fiscales y jueces, sin investigación adecuada o sin la merecida calificación legal (por ejemplo, apremios ilegales que tiene una pena inferior, en vez de tortura como corresponde). Un buen antecedente para adelantarse a la investigación que realizará la justicia bonaerense sobre los responsables que llevaron a la cárcel injustamente a Miguel Ángel y su padre.
En aquella ocasión, el gobernador, sólo se comprometió a actuar en la esfera de su responsabilidad como administrador. Como no fue informada sobre los resultados de tal decisión, la Comisión se entrevistó con Di Rocco el 24 de febrero para averiguar qué había sucedido. El ministro les dijo que desconocía cualquier medida sobre esa cuestión y prometió informarse. No volvió a comunicarse. Casi dos meses después, “esto nos autoriza a suponer que nada se ha hecho al respecto”.
La Comisión también formuló propuestas puntuales para terminar con el sistema de crueldad en las cárceles, mantenido sobre la base de la impunidad de la que gozan sus autores. “La cantidad de muertes en las cárceles bonaerenses resulta alarmante y puede considerarse el resultado de una verdadera política de exterminio. Considerando los meses de enero y febrero de 2005 (todo según informe del Ministerio de Justicia) ha muerto un interno día por medio por causas traumáticas. Han sido 29 muertes en 59 días correspondientes a los meses mencionados (17 muertes por herida de arma blanca, 9 por asfixia y quemadura, 3 por ahorcamiento). A su vez, enero y febrero tienen 8 semanas y media. En ese período murieron 9 internos por SIDA/HIV positivo, es decir un muerto por semana por esta causa.
A Felipe Solá «no me molesta que se diga que esto ocurre en algún caso», pero le parece «terrible que se piense que es sistemático y que constituye un plan de exterminio, eso es una locura”. La verdadera locura es que el gobernador minimice la gravedad de estos datos y los reduzca con frivolidad a “algún caso” como ya empezaron a realizarlo varios analistas con estos changarines que sólo se pararon en el medio de la ruta a ayudar, y terminaron, con suerte, sólo tres años en una cárcel de la que pudieron salir vivos. ¿Cuántos casos más existirán en las cárceles bonaerenses del gobernador que dice que es la cara nueva de la política?
