El segmento secreto y las principales amenazas

El segundo informe de la llamada Comisión de Asistencia para una Cuba Libre da continuidad y profundiza las medidas agresivas contenidas en el primer informe de la comisión. El documento, profundiza el carácter injerencista de la política de la administración norteamericana contra Cuba mientras aumenta la escalada del conflicto bilateral con agresiones verbales y planes de intervención.

Además de la gran cantidad de instancias de desestabilización que Washington revela en el informe que reproduce CAUSA POPULAR en esta edición, uno de los rasgos más particulares de este segundo informe es cómo el Departamento de Estado juega cínicamente con la eventualidad de la muerte de Fidel Castro.

Mucho más allá que en otras oportunidades, el informe declara la intención de la administración de reforzar aun más la aplicación de la política de bloqueo condenada por Naciones Unidas y también recomienda establecer una Fuerza de Tareas para la aplicación de la ley que garantice la aplicación efectiva de las sanciones contra Cuba en diferentes áreas tales como el envío de remesas, la comercialización de níquel, el suministro de equipos médicos y las transacciones financieras, entre otras actividades.

Pero la existencia de un segmento secreto en el documento, hace suponer medidas de mayor alcance y agresividad, teniendo en cuenta la permanente alusión a acciones que pretenden poner en peligro la soberanía e integridad de Cuba como nación.

Las medidas contempladas en el documento, la asignación de 80 millones de dólares en dos años y no menos de 20 cada año a partir de los dos primeros, para promover un cambio de gobierno en Cuba y el declarado propósito de “acelerar” una pretendida transición, evidencian los propósitos de Washington de destruir a la revolución cubana.

Para eso, el documento intenta confundir a la opinión pública, manipulando el lenguaje con la dualidad entre “transición y sucesión”, un eufemismo bajo el cual Estados Unidos revela sus propósitos.

Sin embargo, el informe no hace más que ratificar lo que ha venido siendo una práctica sistemática por parte de Washington, en las acciones dirigidas a involucrar por distintas vías a otros gobiernos en la política contra la isla, asignando 15 millones para apoyar los esfuerzos internacionales para fortalecer la oposición interna”, tratando de internacionalizar la política de aislamiento contra Cuba.

En su ofensiva diplomática, el documento desconoce varias veces el derecho internacional al declarar el propósito de acabar con un gobierno de derecho, legalmente constituido y que forma parte de Naciones Unidas y del concierto global. Este punto, muchas veces desapercibido, es un avance en deslegitimar a Cuba por todos los medios de forma de permitir mayores consensos en caso de agresión.

Signados por una situación internacional determinada por la política guerrerista de Washington, el documento constituye una evidencia del fracaso de 47 años de políticas de agresión contra la isla y expresa claramente la filosofía de dominación que caracteriza a la administración de George W. Bush, un nuevo paso que implica una amenaza para Cuba y para toda América Latina.

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