Los casos del Plan Cóndor entre Argentina y Uruguay han entrado en un punto de inflexión. El juez Juan Carlos Fernández Lecchini decidirá en los próximos diez días si hace lugar al pedido de extradición de la Justicia argentina contra los militares uruguayos por su participación en el Plan Cóndor.
El juez argentino Guillermo Montenegro acusa a los militares José Gavazzo, Ernesto Ramas, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ricardo Arab y al ex policía Ricardo Medina, de «asociación ilícita» y «privación ilegal de libertad».
Además, el juez Daniel Tapie citó para esta semana a los mismos militares para comunicarles, en presencia de sus abogados, el pedido de extradición de los jueces Daniel Rafecas por su actuación en el centro clandestino de Orletti. También les comunicará el pedido de extradición del juez Norberto Oyarbide, quien los vincula a la desaparición de María Claudia García de Gelman.
En Uruguay Fernández Lecchini envió un oficio a los abogados de los militares en el que les informa que se tomará diez días para emitir su fallo. La fiscal Ana María Tellechea ya se pronunció a favor de que los militares sean extraditados a Argentina para que la Justicia de ese país los indague por su actuación en el Plan Cóndor, y sobre el secuestro de García.
Aunque el juez se pronuncie a favor de la extradición, antes de que la entrega se concrete pueden pasar años por dos motivos: porque los defensores apelarán la sentencia y el caso deberá ser resuelto primero por el Tribunal de Apelaciones y luego por la Suprema Corte de Justicia.
Pero, además, debido a que los militares fueron procesados en Uruguay por la desaparición de Adalberto Soba, no podrán ser entregados a la justicia argentina hasta tanto no cumplan la pena que les imponga el juez Luis Charles. Esos procesamientos, que junto al del militar Luis Maurente y al policía José Sande, también fueron apelados.
Por el lado del juez penal uruguayo de 5° turno, Daniel Tapié, los citados son Ricardo Arab, José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Ricardo Medina, Gilberto Vázquez y Ernesto Ramas, fueron procesados en setiembre por los delitos de asociación para delinquir y privación de la libertad en el caso que investiga la desaparición de Adalberto Soba Fernández.
A ellos se suma Araújo Umpiérrez, que está bajo arresto administrativo en la Base Aérea Boiso Lanza desde julio a la espera de la llegada del pedido de extradición.
Tapié entiende actualmente en dos solicitudes de extradición, uno formulado por el juez federal Daniel Rafecas y otro por el magistrado Norberto Oyarbide.
Rafecas pidió la extradición de los oficiales en el marco de la causa caratulada «Vaello, Orestes, s/ privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado», que investiga los delitos cometidos en el centro clandestino de detención de Automotores Orletti.
En tanto, el pedido de Oyarbide, que también incluye a Manuel Cordero, prófugo en Brasil, se vincula a la investigación de la desaparición de María Claudia García de Gelman. En este caso, se le imputan los delitos de supresión y suposición del estado civil y de la identidad; falsificación de instrumento público y falsedad ideológica; sustracción de menores y privación ilegal de la libertad calificada.
