De la Redacción de ZOOM. La muerte de dos policías y la asunción de un nuevo Jefe de la Bonaerense reavivaron el debate sobre la reducción de la edad de imputabilidad, acallado por el verano y por un dudoso cambio de funcionarios provinciales. El pensamiento del comisario Paggi y la sensación térmica de la “gente”, que parecería reclamar acciones ilegales frente al crimen.
A mediados de noviembre y durante todo diciembre, la niñez se cobró la atención del sistema político y buenos centímetros en los grandes medios. La propuesta desfachatada del gobernador Scioli de bajar la edad a partir de la cual a un niño se lo pueda responsabilizar por la comisión de un delito, desató un sano debate, que de tan sano desapareció de las primeras planas y de las lenguas sueltas de los eternos mascaritas.
A casi 4 meses de la explosión, reina el silencio. Las denuncias públicas de funcionarios salientes, las declaraciones optimistas de los que llegaban, la voz de los movimientos sociales, las fuertes palabras de los partidos de oposición y todo el aquelarre mediático pasó de pantalla, como dicen los que saben, y se dedicó a otra cosa. De nada valieron las multitudinarias movilizaciones, los actos de repudio y demás. Mutis. La situación del área es peor que hace tres meses y nada de lo prometido llegó: ni personal, ni dinero, ni más centros cerrados, ni nada. Sí murieron más pibes, hubo más motines, un foco de tuberculosis sin atender y demás cositas así.
A partir del tema de la mentada edad en realidad asomaba un debate más profundo, necesario y promisorio para revisar las políticas públicas del estado provincial dirigidas a la niñez. Es por ello que nos atrevemos a realizar un diagnóstico de la situación actual y mostrar lo que denominamos un retroceso de más de 10 años y la evaporación de los logros en materia de política pública de la última década, que si bien no fueron muchos, sembraron importantes precedentes.
Maldito veto
A fines del año 2000 se aprobó en la legislatura bonaerense la ley 12.607, norma que modificaba de raíz el sistema de patronato de menores imperante en la provincia desde fines de la dictadura militar. A pocas horas de andar, la norma fue vetada por el entonces gobernador Ruckauf y, si bien parte de la batalla cultural estaba ganada, el veto significo un grave retroceso que se pudo apreciar por el lento y trabajoso camino que hubo que transitar hasta la aprobación de la ley 13.298 y su puesta en vigencia durante 2007 y 2008.
Otros siete años de tránsito hacia una ley que, si bien deja muchas dudas sobre sus posibilidades de aplicación, significó un avance sin discusiones sobre el decreto dictatorial 10.067. Pero como las normas no alcanzan para modificar prácticas, y porque la política pública expresa y legitima ciertas prácticas sobre otras, el proceso político no culminó, ni la batalla cultural y económica están terminadas.
Las aspiraciones de reforma legislativa eran una ambición de amplios sectores sociales y políticos que no terminaban en papeles, como otros sectores querían, sobre todo el judicial. Era parte de una gran reforma pendiente que metiera cuchara sobre asignaciones presupuestarias, organigramas y perfiles técnicos profesionales, además de dispositivos institucionales y asistenciales. Solo cambió la ley, pero pareciera que la inercia de un estado ausente sigue vigente.
Otra vez sopa
Hoy, nuevamente, y después de la movida 2008 iniciada por Scioli, volvimos al pasado lejano y reciente.
Jóvenes muertos en instituciones; desfinanciamiento de los programas de promoción de derechos de la niñez; hacinamiento en instituciones penales; descalificación técnica de los programas y una posición de dependencia del órgano rector, la subsecretaria de niñez, de otros poderes políticos, judiciales, económicos y corporativos que hacen perder el norte acerca de la urgente necesidad de construir el tan mentado sistema de promoción y protección de derechos.
Los avances realizados en consonancia con las normas nacionales e internacionales se deshacen y será muy difícil volver a reconstruir lo poco que había.
La indiferencia de las más altas autoridades provinciales no nos extraña, pero nos alarma. La provincia no necesita mesas de atención para la pobreza, sino estrategias de abordajes de la grave situación por las que atraviesan los niños y las niñas por las omisiones del propio estado provincial, tanto en las comunidades barriales, como en las instituciones oficiales y aquellas tercerizadas que el propio estado financia para que alberguen niños y niñas.
En apretada síntesis, podríamos decir que el relevo de la licenciada Arriola y el nombramiento de la doctora Tabolaro al frente de la Subsecretaría del área obedecen a la necesidad de sostener la práctica violenta y arbitraria del patronato de menores, contra un proceso de reforma que necesariamente habría puesto en cuestión la distribución presupuestaria y las lógicas del llamado tratamiento en instituciones, lo que hubiera ameritado la revisión de programas y convenios, entre otras cosas.
Estado esquizo
Hoy estarían ocurriendo graves violaciones a los derechos de la niñez sostenidas y encubiertas por el propio estado provincial. Niños y niñas maltratados y abandonados en organizaciones que el propio Estado financia para protegerlos. Adolescentes durmiendo en el piso sobre colchones húmedos en institutos cerrados penales. Jóvenes encerrados de a tres en salas de 5 x 5 metros durante horas, con la única opción de ir al baño para salir. Privaciones ilegítimas de la libertad en las mal llamadas alcaldías, sobrepasando largamente los periodos de detención. Superpoblacion y hacinamiento en los centros de recepción y persecución ideológica de empleados y vetos a nombramientos en curso por razones netamente ideológicas, después de haber pasado los postulantes un proceso de selección de personal.
Si en el relevo de funcionarios los salientes alertaron sobre la situación del sistema, es dable entender que esa fue una de las razones de su desplazamiento. Quizás demasiada sinceridad para la gestión Scioli. Hoy el sistema de promoción y protección de derechos de la niñez y el sistema de responsabilidad penal juvenil no superaría ninguna evaluación de estándares de derechos humanos por parte de organismos independientes.
La nueva gestión encubre las razones por las cuales los niños mueren mientras son protegidos por el Estado, o viven en las peores condiciones imaginables cuando estarían siendo protegidos sus derechos humanos. Además, el encierro tanto penal como asistencial, en su inercia, es funcional a un negocio. Si no hay opción al encierro, el sistema no cambia porque el dinero se gasta ahí. Es lo que siempre se dice: un pibe en una institución cuesta entre 1.500 y 6.000 pesos. Si esos recursos se direccionan diferente, se podrian volcar alrededor de esa familia, rodearla de profesionales, subsidios directos, etc. Pero, negocios son negocios.
Los poderes que en los hechos hacen a la dinámica del sistema están en silencio. El poder ejecutivo provincial no cumple con lo anunciado: no hay más dinero, no hay más personal ni hay más vacantes en cárceles cerradas. Los jueces del fuero miran para otro lado, haciendo lo que saben hacer, evitando tomar decisiones valientes y, salvo pocas excepciones, se tornan cómplices no solo de las muertes evitables sino de las condiciones de alojamiento de los adolescentes en conflicto con la ley. Mientras son destruidas las vidas de cientos de niños y niñas, la mar está serena. Ojos que no ven, corazón que no siente.
Cambios en la “cópula”
Un par de hechos delictivos graves, para nada imprevisibles; un par de policías muertos y el comisario Salcedo se va para dejar su lugar al frente de la Bonaerense a Juan Carlos Paggi. El primero, formado en el área científica de la policía, deja su cargo agobiado de cansancio y toma una decisión que venia meditando desde diciembre de 2008, según dice Paggi públicamente. El segundo, un policía de territorio, de la calle, formado en las rudas lides de enfrentar a los delincuentes. Un operativo, como se los llama. Como si “los que ponen el pecho” reemplazaran a los que se dedican a investigar y hacer ciencia de la seguridad policial.
En realidad, las divisiones internas de la fuerza no son tan tajantes, sin duda. Pero lo cierto, y en consonancia con las medidas iniciales de Scioli en el área policial, volverían al ruedo los jefes teñidos de sospechas, conectados con las redes ilegales de financiamiento y “lo mejor” de aquella maldita policía. De hecho, según fuentes informadas vinculadas al ministerio de Seguridad, Paggi es uno de los pocos comisarios que León Arslanian no pudo rajar por sus fuertes vínculos políticos y judiciales en La Plata.
A poco de asumir, Paggi brindó un imperdible reportaje a Página 12 donde se explaya sobre sus ideas acerca de la seguridad. Algunos de los conceptos del nuevo jefe policial ponen blanco sobre negro la intención del ejecutivo de reformar a la fuerza. Paggi es un gran equilibrista, se pinta como un comisario de barrio tipo Trulalá. A pesar de plantearse enemigo de los excesos en lugar de tomar fuerte posición en contra de los apremios y el endurecimiento de la mano policial y judicial, se escuda en la “gente”, que parecería reclamar acciones ilegales frente al crimen. Como el funcionario de más alto rango de la policía bonaerense, antes que cubrirse en el sentir “popular” debería reflexionar y proponer medidas superadoras cuando recibe pedidos de mano dura, pena de muerte y “otras cosas más que no me atrevo a decir”. Pregunta al lector: imaginemos que una inspectora escolar concurre a una escuela primaria y escucha que los padres y maestras reclaman severas penitencias para los niños “malos”. ¿Qué haría? ¿Los denunciaría? ¿Iniciaría un proceso de trabajo con la comunidad educativa? ¿O pondría a los niños malos de rodillas sobre arroz con orejas de lobo malo? No me conteste.
La reacción de Paggi es temible: pone el termómetro para ver la sensación térmica, o sea fabrica un falso consenso para explicar algo inexplicable.
Otra cuestión que retorna con Paggi son los derechos diferenciados, pero por suerte hace hincapié en los derechos de los delincuentes. ¿Neustadt al verre? Bárbaro. Pero para Paggi habría dos clases de todo: vecinos, foros de seguridad, derechos, ciudadanos, etc. En cuanto a los Foros habría de dos formas: los politizados, mimetizados con la política y los que trabajan bien. Los segundos son los que saben lo que pasa en la cuadra, igual que mi tía Elena que no pierde chisme que pase por la esquina. Los ciudadanos estarían divididos entre los que llama “héroes sociales” que se levantan a las 4 de la matina para ir a laburar y los otros que no describe, pero suponemos que serían los chorros. ¿Podríamos entender que los honorables ciudadanos trabajan y el resto se dedica a la política? ¿O que los honorables vigilan la cuadra y los demás hacen política? ¿O que los sacrificados madrugan para trabajar y los otros afanan?
Los niños son un tema. Para el comisario Paggi la opción a la delincuencia es que los chicos de la villa hagan deportes en clubes cerrados (no amigo, no me confundí, dijo cerrados). O que estén a resguardo de sus padres (sic). Ambas opciones son fabulosas: encerrarlos y si pasa algo acusar a sus padres. Increíble. Pero para el jefe “no tenemos que caer en la tentación de criminalizar la pobreza”. Las opiniones sobre inclusión social y las contradicciones salpican el discurso de Paggi. Un dato a tener en cuenta es el fracaso del gobernador y del ministro Arroyo para incluir a los 400.000 jóvenes que en 2008 no estudiaban ni trabajaban. Para Paggi este año serán 600.000. A confesión de partes, relevo de pruebas.
Para Paggi, más policías no hacen a la solución, prefiere programas abarcativos. Pero la sociedad pide más policías en la calle, más mano dura y otras cositas por el estilo. Sin dudas, el jefe frecuenta siempre el mismo barrio, o los mismos sectores sociales.
En síntesis
Nada nuevo bajo el sol. Encerrar, encerrar y encerrar. En cárceles, institutos y hasta clubes. Habrá que empezar a poner ladrillo sobre ladrillo, señor gobernador. Hasta ahora ni las descabelladas propuestas de diciembre han aparecido. En un año electoral no sabemos a ciencia cierta qué sucederá. Las primeras medidas en materia de seguridad no pasaron de cambiar la cúpula y entregar algunos patrulleros, quizás se nombró personal. En materia de niñez, en lo relacionado con el área penal, las primeras medidas fueron desfinanciar de recursos el sistema: retirar becas de apoyo a externaciones, recortar horas extras al personal, dirimir las diferencias en el gabinete a los puñetazos e iniciar el proceso de desarticulación completo de todos los programas de prevención.
El horizonte no se ve. No hay política en las dos áreas claves del ejecutivo, por lo menos por su centimetraje mediático.
Lector: donde usted habría querido ver avances, solo hubo retrocesos.
