A casi dos años de asumir el poder, el gobierno de Javier Milei tiene una deuda con el sistema universitario, ya que la ley de financiamiento fue aprobada y promulgada, pero sin presupuesto para su aplicación. Esto motorizó un paro de 72 horas en las casas de altos estudios de todo el país y pone en alerta a la comunidad universitaria sobre el inicio de clases en 2026.
La ley que el gobierno no aplica contó además con aprobación en Diputados y en el Senado y fue apoyada por la ciudadanía a través de multitudinarias marchas y acciones de visibilización concretas en las calles.
¿Cómo se sostiene el trabajo con salarios atrasados -acumulan una pérdida del 44%-, la cursada con condiciones edilicias críticas y la incertidumbre por la continuidad de los proyectos académicos? Zoom dialogó con quienes habitan las aulas este 2025 para retomar una demanda que la sociedad retomó y reafirmó en distintas movilizaciones a lo largo del gobierno libertario: el acceso a la universidad pública es un derecho a defender.
Más cargos y atraso salarial:
Bernardo Perrota da clases en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) desde hace 5 años. Empezó en plena pandemia, antes ya trabajaba en una institución universitaria pero privada. Es docente de dos materias: Política Económica 2 y Administración del Estado y cuenta que si bien la Facultad de Ciencias Económicas no suele plegarse a medidas de fuerza, en este tiempo se manifestó de manera explícita en el reclamo por mayores fondos.
“Acá es muy importante la cultura organizacional, aunque Ciencias Económicas es una facultad un poco diferente al resto. Por ejemplo, el sesgo de los profesores es muy profesionalista y tienen a la docencia y la investigación como algo secundario o como un signo de estatus, no vemos tantas manifestaciones políticas. Aun así, la facultad fue explícita en reclamar mayores fondos para la universidad y fue parte activa de los reclamos y de las marchas”, remarca. En su caso, decidió implementar algo mixto y los días de paro deja la clase grabada para que puedan escucharla de manera asincrónica e ir a una marcha.
¿Cómo impactó el ataque a la universidad pública en las clases, en el debate al interior de la institución? “En el segundo cuatrimestre doy una materia que es Administración del Estado y políticas públicas. Así que justamente es imposible eludir el debate acerca de la política universitaria del gobierno. En general, se nota un gran acompañamiento, hay una mancomunión entre los docentes y los alumnos”, explica Perrota, egresado de las carreras de Historia en humanidades y Economía en la UNMdP.
En cuanto a las inscripciones, detalla que este año hubo récord de anotados para 2026 y los números indican que cada año se van anotando más estudiantes. La situación más compleja es al mirar a sus compañeros y compañeras docentes: “El gremio docente y de investigación es uno de los más afectados, veo a muchos haciendo otras actividades, algunos quieren dar más clases en nivel secundario o en otras universidades privadas. En muchos casos están evaluando si continuar en el país o con la docencia universitaria”.
Para Perrota, “no hay ninguna institución que sea un vector de desarrollo y de ascenso social como la universidad”, lo que se tradujo hasta el momento en un reclamo generalizado. El docente de las facultades de Económicas y Sociales destaca que “es una de las pocas cuestiones que en Argentina está socialmente aceptadas como una política de largo plazo. Es un país donde todavía el ascenso social es fundamental y donde hay una gran impronta cultural de la clase media, la universidad sigue siendo la referencia”.
Define a la docencia como su trabajo pero también como su pasión. “Me encantaría ganar muchísimo más, con toda la antigüedad que tengo no llego con mi cargo de adjunto a 400.000 pesos por mes, con un cargo simple de 10 horas semanales”. Esto hace que tenga que asumir otros cargos.
Preocupación por la continuidad de la cursada:
Giselle Olguin tiene 37 años, está cursando la licenciatura en Administración Pública en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), le faltan ocho materias para terminar la tecnicatura y 20 para el título de licenciada. Un resumen podría ser que está en la mitad de la carrera. En diálogo con Zoom, manifiesta su inquietud por la proyección de esa cursada porque advierte que la asfixia a la comunidad es grande.
“En cuanto a las perspectivas personales, hay una sensación de incertidumbre y temor ante la posibilidad de no poder continuar la carrera si se llegara a cerrar la universidad pública. Sin embargo, sigue existiendo la esperanza de que esta situación se resuelva de manera positiva, permitiendo que las instituciones mantengan sus puertas abiertas y que los docentes reciban una remuneración justa y digna”, sintetiza.
¿Qué cambios viene percibiendo y cómo se traslada eso a la cursada? Olguin registra “cambios significativos” en las inscripciones e ingresos de nuevos estudiantes. Si bien ese número este año fue bajo, a lo largo del cuatrimestre también hubo una disminución en la asistencia y permanencia. “En promedio, se inscriben aproximadamente treinta alumnos por materia, pero solo quince o veinte continúan cursando de manera regular hasta finalizar el período académico”, explica.
A esto suma renuncias de algunos docentes que se traducen en la continuidad de asignaturas. Olguin, trabajadora de la municipalidad de Tres de Febrero en el departamento de educación y desarrollo humano, está atenta a las condiciones salariales de sus profesores por eso acompaña y apoya las medidas de fuerza.
“El impacto de esta situación ha sido significativo, ya que, como estudiantes, participamos activamente en los debates relacionados con la defensa de la universidad pública. Existe una profunda preocupación por la continuidad de las materias y de las clases, así como por el mantenimiento de las instalaciones y, especialmente, por la garantía de que la universidad pública permanezca abierta para poder continuar con nuestras trayectorias académicas”, explica Olguin.
En ese sentido cuenta que en el ajustar gastos hay una nueva tarea: organizarse para mantener el cuidado de la universidad, ya que “no va a contar con mantenimiento ni limpieza en los sectores de baños ni aulas ni pasillos”.
La aplicación de una ley defendida en el Congreso y en las calles:
Marcos Prol es trabajador no docente del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari desde mayo del 2002 y destaca que la realidad de sus compañeros es la más dura que le ha tocado ver y vivir. “Sinceramente, ya los primeros días del mes, la mayoría de los trabajadores tenemos nuestras cuentas vacías y tenemos que afrontar así hasta cobrar el próximo sueldo. La situación es totalmente dificultosa muchísimo peor que en cualquier situación de crisis, por lo menos de los últimos 23, 24 años”, refiriéndose a salarios promedio de 800.000 pesos mensuales.
Este instituto forma parte de la Red de Hospitales Universitarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se trata de un hospital de alta complejidad que asiste a pacientes de todo el país y está ubicado en el barrio de Villa Ortúzar. Cuenta con un equipo de investigadores básicos y clínicos, disponibilidad de camas para internación en clínica médica, incluidas las destinadas a trasplante renal y terapia intensiva.
Prol explica que la situación de edilicia siempre fue “compleja y delicada” porque se combina el hecho de que sea una construcción muy antigua, y el instituto cuente “con presupuesto por lo general escaso, y en esta oportunidad mucho más escaso que lo habitual” lo que hace que la crisis de materialice sobre todo en las cuestiones edilicias.
En relación al balance de las movilizaciones y reclamos hasta el momento, analiza que “el impacto del debate público por el sistema universitario fue positivo y necesario”. “El instituto ha mostrado un compromiso, diría conmovedor, porque el 90% apoyó la lucha de manera directa o indirecta. Me refiero a quienes acudimos a las distintas manifestaciones y a quienes cubrieron las guardias mínimas asistenciales para que al resto podamos asistir a estas marchas”.
Al momento de pensar en perspectivas y alcances de las medidas de fuerza, sostiene que hay un apoyo social que sigue vigente. “Vamos a transitar un camino muy dificultoso en relación al presupuesto de funcionamiento y la cuestión salarial pero también hemos conseguido algo importantísimo que, aunque no se vea reflejado en lo inmediato, en algún momento se va a materializar”, confía.
Destaca “a los que laburaron para que el resto pueda estar en las calles, en negociaciones, para que podamos entre todos concretar esta ley que en algún momento se va a homologar y va a ser productiva para el sistema educativo universitario”.