Por Causa Popular.- En los últimos días Bolivia confirma una de las más extendidas ideas de la política: “no se puede conformar a todo el mundo”. La nueva Ley de hidrocarburos votada en un referéndum en julio del 2004, no conformó a ninguno de los sectores más fuertes de la sociedad boliviana, y hoy el país se encuentra al borde de una guerra civil. Mientras los campesinos que encabezaron la rebelión popular que terminó con el gobierno de Sánchez de Lozada pedían la nacionalización de estos recursos que sostienen la economía del altiplano, las compañías petroleras rechazaban cualquier intervención del Estado en sus intereses. La nacionalización no fue parte de la consulta y la creación de un Impuesto Complementario a los Hidrocarburos por la nueva ley redujo las ganancias de las petroleras. El pedido de autonomía por parte de las elites de Santa Cruz, la provincia más prospera del país con el 27% del PBI, y las grandes movilizaciones populares en rechazo de un aumento del gasoil pedido por el Fondo Monetario Internacional, son la consecuencia de una crisis política que Mesa contuvo sólo por unos meses, pero que últimamente no hace más profundizarla.
Mientras el imperialismo y las compañías petroleras piensan como controlar el país y aumentar sus ganancias, el pueblo boliviano se debate entre la vida y la muerte. Las armas de los poderosos esperan una vez más ahogar en sangre los sueños de un pueblo que resurge nuevamente de las cenizas de una histórica opresión.
En octubre del 2003 una rebelión popular encabezada por campesinos y trabajadores terminó con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, formado y mimado por los Estados Unidos, que se llevó con él la vida de 59 manifestantes asesinados por el ejército.
Asumió en su lugar su vicepresidente Carlos Mesa, quién desde el comienzo rechazó la represión y se convirtió en el garante de la institucionalidad Boliviana. Los manifestantes liderados por Evo Morales y Felipe Quispe se dividieron ante el gobierno formado por Mesa, y mientras el primero se fue convirtiendo paulatinamente en su principal garante, el segundo mantuvo y amplió los niveles de lucha en defensa de los intereses campesinos.
El nuevo gobierno de Mesa se caracterizó por su debilidad institucional, la que sin embargo pudo pilotear con el apoyo de Evo Morales por un lado, y de los Estados Unidos por otro. Pero los últimos meses de 2004, Carlos Mesa ya no pudo mediar entre las presiones del Fondo Monetario Internacional que defiende los intereses de las multinacionales con interese en el país, las elites locales, y las organizaciones populares que no detuvieron la lucha para evitar que día tras días los bolivianos continúen empobreciéndose.
El 30 de diciembre, un día antes de la fiesta de año nuevo, el gobierno dispuso un aumento en los combustibles, gasolina y diesel, en una escala que va desde el 10 al 23%, ampliamente resistida por las organizaciones populares. Al mismo tiempo, la patronal de Santa Cruz de la Sierra, la zona más rica del país con el 27% del PBI y el 52% de las exportaciones, con inmensos recursos de petróleo y gas, se subió al caballo de la lucha del pueblo «oponiéndose» al alza en los combustibles y pidiendo la renuncia de Mesa, pero dirigiendo la lucha hacia sus propios intereses: la «autonomía» de Santa Cruz.
El fin de las subvenciones y el aumento de precios de los carburantes habían sido exigidos por el FMI y el Banco Mundial como requisitos para facilitar apoyo crediticio a las anémicas finanzas públicas. Anualmente, el Estado boliviano pagaba un subsidio a las petroleras extranjeras de alrededor de 80 millones de dólares, monto que ahora deberá ser abonado por los consumidores.
Inmediatamente, esta medida electrificó la bronca de los trabajadores y campesinos bolivianos que se lanzaron a la calle con sus organizaciones, formando asambleas populares, principalmente en el Alto y Santa Cruz, la cuarta y la segunda ciudad en cantidad de pobladores del país. Haciéndose eco del resurgimiento de la bronca popular, las Fejuves, la COB y otras organizaciones gremiales e incluso patronales como en Santa Cruz, lanzaron una huelga general e indefinida a partir del lunes 10 de enero, que doblegó en la práctica parte de los planes de Mesa y los organismos internacionales.
El creciente conflicto social parece demostrar que el referendo realizado en julio del año pasado sobre los hidrocarburos, que Mesa levantó como bandera de apoyo a las medidas tomadas, no tuvo un arraigo real en la sociedad boliviana. Pero el actual presidente de Bolivia parece no haber medido el poder real de las fuerzas sociales bolivianas entre las cuales nunca quiso, ni pudo, tomar partido por ninguna de ellas, y hoy sufre la oposición de la mayoría del arco político. Tan brusco fue el cambio de la situación política en los últimos meses, que Evo Morales, otrora aliado del presidente pidió que se recorte su mandato y llame a nuevas elecciones.
La lucha contra el tarifazo
Al compás de la lucha denominada “contra el gasolinazo» y su consecuencia lógica, el aumento en los precios de los productos básicos, las consignas por la nacionalización de los hidrocarburos y la renuncia de Mesa ganaron la calle. En el Alto, la ciudad más pobre y combativa de Bolivia, las Fejuves y organizaciones gremiales y de campesinos entablaron una huelga indefinida a partir del lunes 12 «contra del alza de los carburantes, por expulsión de Aguas del Illimani por haber prestado un deficiente servicio en El Alto, rechazo a la inmunidad de los súbditos estadounidenses, la instalación de gas a domicilio, encarcelamiento del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores por genocidio».
La Paz estuvo bloqueada y aislada por los cortes de ruta
Bastaron solamente tres días de huelga general e indefinida, con bloqueos y cortes de ruta para que el gobierno de Mesa cediera, parcialmente, a las demandas populares. Una movilización de 50 mil obreros y campesinos alteños encabezada por la Fejuve y la Central Obrera Regional, marchó a La Paz festejando el resultado de la presión popular: al débil y ajetreado gobierno Mesa no lo quedó otra opción que reincidir el contrato de Aguas de Illimani, subsidiaria de la francesa Lyonnaise des Eaux. Como en 2000 en Cochabamba, cuando se expulsó a la trasnacional Bechtel-Aguas de Tunarí, solo es posible avanzar y presionar a los capitalistas luchando en las calles.
Según el dirigente de la Fejuve de El Alto, Abel Mamani, «Con la expulsión de Aguas del Illimani hemos ganado una batalla, ahora nos toca formar una empresa del agua autogestionaria, horizontal y con participación de los ciudadanos para beneficiar a los sectores más empobrecidos; además debemos seguir luchando hasta derrotar a este sistema. “Las demandas pendientes de El Alto serán analizadas por comisiones que serán conformadas de inmediato por funcionarios de gobierno y dirigentes cívicos y laborales”, explicó Madani.
El “Comité Pro Santa Cruz”, la otra cara del mismo proceso
Mientras El Alto se puso al frente de las luchas obreras y populares, Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más rica del país, donde también existieron huelgas y movilizaciones, muestra una dinámica política propia, cuya diferencia radica en el contenido político y el origen del los actores principales del movimiento.
El «Comité Pro Santa Cruz», compuesto de organizaciones patronales, gremiales y vecinales, que desde octubre del año pasado se viene oponiendo a los impuestos a los hidrocarburos y pidiendo la autonomía de la provincia, ahora se aboca a una «huelga de hambre».
En Santa Cruz, el departamento más próspero y grande de Bolivia, se realizó la semana pasada un paro total de dos días en protesta por el alza de los combustibles, que se cree que va a afectar negativamente a la competitividad de la industria y la agricultura de la región. El ayuno también fue secundado por grupos de estudiantes universitarios y obreros de fábricas que apoyan las reivindicaciones planteadas por la organización cívica. Las medidas de presión cuentan con el apoyo de las patronales Cámara Agropecuaria del Oriente, Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo y la Asociación de Productores de Oleaginosas. Adicionalmente, el Comité Cívico informó de que han reunido 493.000 firmas para solicitar a la Corte Nacional Electoral la convocatoria de un referéndum sobre autonomías departamentales en abril próximo.
Un gobierno débil y raquítico es obligado a ceder parcialmente a los reclamos populares, parece incentivar finalmente a la patronal cruceña a «tomar» un reclamo histórico que revela la opresión de los pueblos indígenas cultural y socialmente, para una vez en sus manos, intentar recrearse finalmente una base social después del pavoroso octubre del 2003.
Las elites de Santa Cruz dentro del reclamo de autonomía contemplan la necesidad de recuperar a las Fuerzas Armadas para controlar el conflicto social. Carlos Mesa no podía pedir su intervención porque era su sustento ante la población luego de oponerse a la represión del 2003. Sin embargo las presiones de Estados Unidos y las clases dominantes locales lograron que el debilitado presidente firmara un decreto, mediante el cual se habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en los conflictos internos, «cuando los mecanismos de negociación y la acción preventiva de la Policía Boliviana hayan sido rebasados, y bajo instrucción precisa del Presidente de la República.»
Los militares, desde los sucesos del 2003, exigieron al Gobierno la aprobación de este decreto, para evitar que el total de la responsabilidad de su accionar en tiempos de conflicto recaiga exclusivamente en sus efectivos.
En está situación explosiva, Mesa llama a la «unidad nacional» pero deja sentado que la cuestión de las autonomías debe dirimirse en una Asamblea Constituyente, se habla de la supuesta presencia del derrocado Lozada atizando a la reacción cruceña, de los planes de renuncia de Mesa y de convocar a elecciones, y corren los infaltables rumores sobre un golpe de Estado.
Ahora llegó el turno de Santa Cruz. Con cerca de 2 millones de habitantes, limítrofe con Brasil y Paraguay y poco más extensa que Alemania (82 millones de habitantes), la economía de Bolivia depende de la ubérrima y próspera Santa Cruz: recursos agrícola-ganaderos, industria forestal avanzada, oro, gas y petróleo, a más de guardar en sus entrañas uno de los yacimientos de hierro más importantes del mundo: el Mutún.
Santa Cruz es un bocado suculento para los intereses económicos de Estados Unidos liderados por el Instituto de las Américas, en cuyo directorio figura el ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Losada, junto a representantes de Enron, British Petroleum, Shell y Maratón Oil. Sánchez de Losada también integra el American Council (que preside David Rockefeller), junto con delegados del Chase Manhatan Bank, el City Group y grupos económicos de la oligarquía chilena.
En la rebelión reaccionaria y autonómica de Santa Cruz, los terratenientes y los grandes comerciantes, con el apoyo de sus hijos estudiantes y de otros sectores urbanos, tratan de oponer su autoorganización a la de los indígenas cocaleros de la zona y a la de la población indígena mayoritaria del Altiplano, de El Alto de La Paz, de los Yungas, de Cochabamba y las zonas mineras y campesinas pobres.
Mientras el imperialismo y compañías petroleras piensan como controlar el país y aumentar sus ganancias el pueblo boliviano se debate entre la vida y la muerte. Las estadísticas sobre pobreza hablan por si solos: la diarrea y pobreza matan 15 mil niños en el país cada año; un niño de cada cuatro padece hambre; el 20% de las familias bolivianas subsiste con medio dólar día; cada hora 18 bolivianos se hunden en la pobreza; un tercio de los obreros bolivianos perdió el empleo; cinco millones de bolivianos hundidos en la pobreza; Bolivia tiene la peor distribución de ingreso en América Latina
Mientras tanto las armas de los poderosos esperan una vez más ahogar en sangre los sueños de un pueblo que vuelve a resurgir de las cenizas de una histórica opresión.
