El Proceso sigue vivo

Un repaso por el contexto y los efectos de una de las leyes que constituyó una de las vigas de la arquitectura jurídica de la dictadura y que aun hoy sigue vigente. Los proyectos de reforma en trámite.

Cuántas cuestiones de la vida cotidiana de los argentinos siguen en permanente contacto con lo que fue el proceso militar… Cuántas cuestiones siguen manejadas, regidas, por aquel nefasto período. Todavía hay argentinos que no conocen las incidencias y repercusiones actuales de lo que fue aquella época, al menos a nivel financiero. Aquí, un somero repaso.

La Ley de Entidades Financieras fue una de las principales normas que la última dictadura modificó en aras de digitar el sistema económico argentino. Actualmente rige la Ley 21.526, sancionada durante el gobierno de facto de Videla el 14 de febrero de 1977. La reforma del sistema financiero fue urdida por el entonces Ministro de Economía, Martínez de Hoz, despreciable personaje que hundió al país con su política de endeudamiento y vende patria. Recordemos que la Junta Militar había disuelto el Congreso, otorgó facultades legislativas al Poder Ejecutivo reemplazándolas por una Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), desapareciendo así la división de poderes del sistema republicano. Suprimió derechos civiles y libertades públicas, anulando las garantías constitucionales, suspendiendo los partidos políticos y los sindicatos, y los derechos de los trabajadores, como las huelgas, etc. La desarticulación de las organizaciones obreras fue considerada un requisito necesario para la aplicación de un plan económico inspirado en los principios del libre mercado. Se congelaron los salarios de los trabajadores, quedando bajo el control de la Nación, se sacaron los controles de precios y se redujeron las retenciones a las exportaciones.

El 2 de abril de 1976 el Ministro anunció una serie de medidas que denominó «Programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina» que significaron la completa liberalización del mercado financiero con la finalidad de atraer inversiones de capital extranjero. Se multiplicaron los bancos y las entidades financieras. Crecieron los depósitos a interés. Los grandes grupos obtenían créditos en el exterior a bajas tasas para luego invertir en la Argentina a tasas elevadas, logrando una diferencia sustancial que generaba que pudieran cancelar la deuda extranjera y asimismo generar una suma a su favor. Los grandes grupos obtenían créditos pero no los invertían en la producción sino en la especulación. Martínez de Hoz aplica la “tablita”, un sistema de devaluaciones anunciadas. Comenzaba la era de “la plata dulce” y el “deme dos”. En junio del 77, la ley de entidades financieras libera el mercado de dinero y le da garantía estatal a todos los depósitos a plazo fijo. Bajo esa normativa, si un banco quebraba, el Estado devolvía el dinero. Para inicio de la década del 80 las exportaciones caían considerablemente y las importaciones subían, mientras se desataba una nueva crisis mundial condicionante para el tipo de modelo económico implementado por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional de la dictadura militar que había derrocado a María Estela Martínez de Perón. Numerosas empresas cerraron porque no podían competir con los productos importados, generándose así una constante expulsión de la mano de obra. A su vez, se redujo el gasto social que el Estado realizaba en las áreas de educación, salud y bienestar social. El sector bancario en desarrollo sufrió crisis que repercutieron directamente en el proyecto económico diseñado por la dictadura. Aquel “crack bancario” puso fin a la etapa de la denominada “plata dulce”. El fracaso de la gestión de Martínez de Hoz terminó por hacerse evidente cuando tuvo que tomar una resolución drástica: el 3 de febrero de 1981 el peso fue devaluado un 10 por ciento con relación al dólar. Con la economía en contracción, su gestión finalizó en 1981, con el reemplazo de Videla por Roberto Eduardo Viola en la presidencia de la Nación. Luego asumió como Ministro de Economía Lorenzo Sigaut, quien frente a la crisis financiera que originó una masiva fuga de divisas hacia el exterior, mantuvo la completa libertad que regía para realizar las operaciones financieras y cambiarias, y siguió respondiendo con las reservas existentes en el Banco Central a la creciente demanda de dólares. Continuó tomando créditos. La deuda neta del sector público había aumentado cuatro veces su volumen en comparación con el monto registrado a fines del 79, desembocando en la llamada crisis de la deuda. Nacionalizó la mayor parte de la deuda contraída por el sector privado; Cavallo, presidente del Banco Central en aquel entonces, firmó la disposición.

Entre aquellas cuestiones económicas por las que transitamos los argentinos en aquellos años y por las que hoy día todavía seguimos transitando, está la Ley de Entidades Financieras, que hoy se intenta reformar.

Existen tres proyectos presentados en el Congreso. Uno es del Diputado Carlos Heller y es el que más ruido hace al sector bancario. Y ya comenzó el trabajo fino para impedir que se modifique esa ley. Es que en su concepto básico, Heller define al sistema financiero casi como a un “servicio público”. Esto representaría una serie de condicionamientos hacia los bancos, que por eso preferirían el del Diputado Milman (GEN) o el de Federico Pinedo (PRO), puesto que ninguno intenta una regulación de la del tipo de Heller. El proyecto del Diputado de Nuevo Encuentro plantea un límite para que las entidades no tengan más de un 10% del mercado, quedando esto en control del Banco Central. Otro punto sobresaliente es que los bancos tendrían que destinar el 43% de la cartera a pymes y créditos hipotecarios. El proyecto apunta a fortalecer el ahorro nacional mediante productos financieros acordes a las necesidades de los usuarios. Busca proteger los depósitos de los pequeños y medianos ahorristas; también establece criterios para actividad de los bancos de capitales extranjeros del país y la regulación de las tasas de interés. El proyecto del cooperativista fue presentado ante el Congreso el año pasado. Esperemos que se le dé curso en las respectivas comisiones y dejemos atrás un capítulo más de lo que fue la dictadura que más daños directos y colaterales nos ha dejado a los hoy más de 40 millones de argentinos.

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