A paso redoblado. Esta semana, la saga de atropellos institucionales, judiciales y políticos que se abate sobre Argentina aceleró su ritmo con el pedido de desafuero y prisión para Cristina Fernández. El autor, como era de prever, fue el juez federal Claudio Bonadio, enemigo público y declarado de la ex presidenta. La razón de su pedido: una insólita acusación por “traición a la patria” por la firma del memorando con Irán.
La avanzada judicial contra CFK inició apenas dejó la Casa Rosada, pero se incrementó con su candidatura al Senado. Desde entonces el mundillo político discute si primero fue el huevo o la gallina. ¿Se postuló para prevenir la avanzada con fueros? ¿O la avanzada se aceleró con la candidatura? A esta altura, la discusión es irrelevante. El lunes Cristina asumirá su banca como senadora. Y se propone como el eje del armado opositor.
“No quieren que nuestra voz esté en el Senado, pero sepan que no nos vamos a callar, no nos vamos a asustar, no nos van a disciplinar frente al ajuste y al saqueo”, dijo CFK en la conferencia de prensa en la cual replicó a Bonadio. Y disparó por elevación: “Macri es el máximo y verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición”.
Pero su desafío no tiene como único destinatario al gobierno. Incomoda también a los caciques peronistas que la quieren ver presa para acelerar la “renovación”. El 22 de octubre, esos jefes con pretensiones no sólo vieron a CFK convertirse, aún perdiendo, en la peronista con más votos: comprobaron en carne propia que el papel de opo-oficialistas alimenta el avance del PRO. Derrotados y humillados por el gobierno en sus propios territorios, los que sueñan con un peronismo sin Cristina ahora apuestan a Comodoro Py.
“Es un error habitual considerar que Bonadio responde sólo a un mandato de Cambiemos: las decisiones del magistrado pueden ser funcionales al gobierno, pero reporta a un sector del peronismo que forma parte del elenco estable”
En esa película, Bonadio cumple un papel central. Es un error habitual considerar que ese juez responde sólo a un mandato de Cambiemos: las decisiones del magistrado pueden ser funcionales al gobierno, pero reporta a un sector del peronismo que forma parte del elenco estable del poder. Ese subgrupo del PJ –donde conviven ex funcionarios menemistas, sindicalistas y antiguos “peronistas de Perón”–, forjaron una alianza táctica con Clarín, sponsor oficial de la avanzada judicial sobre CFK. Un pacto tan audaz como peligroso.
El fiscal de cámara Germán Moldes es otro miembro activo de ese club. El procurador fue partícipe necesario de la operación que derivó en el procesamiento de Cristina y otra media docena de acusados, entre ellos el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, y su canciller, Héctor Timerman. La tarea de Moldes es empujar con apelaciones la denuncia del extinto fiscal Nisman, dos veces rechazada en primera instancia, pero finalmente resucitada por la Cámara Federal en los albores de la era Cambiemos.
Moldes encabezó las marchas que homenajearon al malogrado fiscal. Y condujo la conspiración contra Alejandra Gils Carbó, a quien vetó, entre otras cosas, por ser “militante”. Resulta curioso que Moldes haya utilizado ese argumento contra su ex jefa, cuando él mismo asumió como fiscal federal por la decisión discrecional del Gobierno menemista, del cual formó parte como funcionario.
Moldes se incorporó al gobierno de Carlos Menem en agosto de 1991, como subsecretario de Coordinación Interior. Unos meses más tarde, su jefe y promotor, el entonces ministro José Luis Manzano, lo nombró Secretario de Población, donde protagonizó su primer escándalo por la entrega de documentos argentinos al traficante de armas sirio Monzer al Kassar.
El revuelo eyectó a Moldes del cargo, pero no del poder. El sucesor de Manzano, Carlos Corach, y el entonces jefe de la Side, Hugo Anzorreguy, impulsaron su nombramiento como fiscal federal en 1995, donde se mantiene hasta hoy.
Una de sus primeros encargos fue asumir la fiscalía especial que debía investigar el atentado a la Amia. El ímpetu que hoy exhibe el fiscal por impulsar la denuncia de Nisman contrasta con su actitud histórica con el caso. De hecho, en su momento Moldes fue denunciado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Activa por no apelar ni dejar apelar a Nisman en los sobreseimientos dictados en la causa por el encubrimiento que se le sigue a funcionarios menemistas, policías y autoridades judiciales. El propio Nisman denunció la maniobra de Moldes, que beneficiaba a los imputados. A pesar de esos contratiempos la causa llegó a un juicio oral que comenzó en 2015, y que aún transcurre, bajo un manto de sigilo y silencio mediático insólito si se tiene en cuenta lo que se ventila: se trata de esclarecer, ni más ni menos, el rol que ocuparon las máximas figuras de un gobierno en el supuesto encubrimiento del mayor atentado terrorista de la historia nacional.
«En un dictamen de 115 páginas, Pichetto consideró que la conducta y los antecedentes de Bonadio “no eran reprochables” y logró la exoneración del juez. Fue en diciembre de 2005»
Entre los acusados están, entre otros, los dos mentores de Moldes: Corach y Anzorreguy. La dupla fue central en la conformación del fuero federal durante el gobierno de Menem. Corach quedó en la historia por la supuesta “servilleta” manuscrita con nombres de jueces afines que le adjudicó su ex colega de gabinete, Domingo Cavallo. El estudio Anzorreguy nutrió juzgados y fiscalías con cuadros surgidos de su bufete. Incluso con familiares: la fiscal adjunta de Moldes, por caso, es Eugenia Anzorreguy, sobrina del imputado ex jefe de la SIDE e hija de Jorge, un influyente abogado que tuvo como cliente a Ernestina Herrera de Noble, la dueña del multimedios Clarín, impulsor de la reapertura de la denuncia de Nisman.
Quiso el –sospechoso– bolillero de Comodoro Py que el caso rubricado por Nisman cayera en manos de otro pupilo de Corach, Claudio Bonadio, con una curiosidad adicional: tiempo antes lo habían apartado del caso Amia por pedido del propio fiscal Nisman.
En ese momento, la Cámara del Crimen pidió que se lo investigara por falta de imparcialidad y haber mantenido “un doble rol” de magistrado y sospechoso. La pesquisa, como es evidente, no prosperó. En buena medida, por la pericia del consejero que tomó la defensa del magistrado: el senador Miguel Ángel Pichetto.
En un dictamen de 115 páginas, Pichetto consideró que la conducta y los antecedentes de Bonadio “no eran reprochables” y logró la exoneración del juez. Fue en diciembre de 2005. Doce años después, el magistrado acusado de encubrir el atentado a la Amia acusa de lo mismo a la ex presidenta. Y Pichetto, presidente de un flamante bloque de congresistas peronistas no K, tiene en sus manos la llave para abrir o no el desafuero de Cristina.
En política, como resulta prudente, nadie cree en la casualidad.
