Por Causa Popular.- Mientras el propio Eduardo Duhalde y empresarios bonaerenses sugieren la intervención de las Fuerzas armadas en la seguridad interior, avanzan investigaciones de la justicia que continúan esclareciendo el accionar genocida de la dictadura militar del 76. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, se presentó como querellante ante el juzgado federal de Resistencia, en la causa por la masacre de Margarita Belén, ocurrida el 13 de diciembre de 1976 cuando fueron asesinadas 22 personas. A su vez, en Zárate, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires halló dos viviendas ubicadas en pleno centro de la ciudad que habrían funcionado como centros clandestinos de detención del ejército durante la última dictadura militar, pero que hasta el momento no figuraban en los archivos sobre el Terrorismo de Estado. En un mismo plano la Corte Suprema falló a favor del pago de indemnizaciones a perseguidos políticos que en la última dictadura militar debieron refugiarse en el exterior para evitar ser asesinados.
En el escrito de 20 carillas que presentó Duhalde ante el juzgado federal de resistencia, el funcionario pidió la «inmediata detención y que se haga efectiva» de los 10 militares que ya estuvieron presos por órden del juez Carlos Skidelski entre junio y julio de 2003, pero que luego fueron liberados por «artilugios legales» planteados en el mismo seno de la justicia federal chaqueña. Duhalde dijo que su intervención «es la reafirmación de la política que en el plano de los derechos humanos ha instalado el presidente (Néstor) Kirchner en la búsqueda de la verdad, la memoria y la recuperación de la justicia», para «poner fin a la impunidad en todos los aspectos».
Para Duhalde, la masacre de Margarita Belén «es una causa emblemática, uno de los crímenes colectivos más horrendos por su carácter de planificado y decidido en los más altos niveles de las autoridades militares». El 13 de diciembre de 1976, al menos 22 jóvenes militantes fueron asesinados salvajemente en un hecho ocurrido en las cercanías de la localidad de Margarita Belén, 20 kilómetros al norte de Resistencia, y que en su momento fue presentado como «un enfrentamiento entre grupos antagónicos».
«Lamentablemente al día de hoy los familiares de las víctimas y la sociedad siguen esperando que se haga justicia», dijo el secretario de Derechos Humanos, y señaló que «todavía hay personas asesinadas allí que no han sido identificadas». En su escrito, Duhalde pide la inmediata detención de los militares Jorge Alcides Larrateguy, Athos Gustavo Renes, Rafael Carnero Sabol, Norberto Raúl Tosso, Luis Alberto Pateta, Ernesto Jorge Simoni, Aldo Hector Martínez Segon, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes y Germán Emilio Riquelme.
Dos centro clandestinos en Zárate
En Zárate dos viviendas que habrían pertenecido al ejército fueron encontradas por la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. En una de las viviendas se hallaron unas argollas amuradas en una pared, donde habrían sido esposados los detenidos y dos pozos ciegos que comenzaron a ser desagotados por bomberos.
Las viviendas fueron encontradas durante una serie de inspecciones que desde enero realiza la subsecretaria de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Corbacho, con la participación de ex detenidos durante la dictadura sobre una red de centros clandestinos de detención que habrían funcionado en Zárate, Campana y Escobar. Según dijo a la prensa la funcionaria, durante uno de los reconocimientos desde el interior de una de las viviendas les dispararon con un silenciador pero la bala no dio en el blanco.
El primero de los allanamientos tuvo lugar la semana pasada en una vivienda situada en Lavalle al 600 de pleno centro de Zárate, donde se encontraron «diversos elementos vinculados a la etapa de la represión», dijo Derotier, quien es querellante en la causa judicial. «Por afuera se veía una ventana más una puerta y un garage pero por dentro era toda una sala y se constató que había distintas fases de corriente», dijo la subsecretaria.
El morador de la vivienda, que sería miembro del Ejército, fue detenido pero luego recuperó la libertad, se explicó. Algunos testimonios se habían referido a un inmueble de similares características a los que mencionaban como la «Casa de Piedra», donde permanecieron cautivos en forma ilegal.
Tras esa inspección, la comisión de Derechos Humanos fue a una mansión situada sobre una barranca a pocas cuadras del río Paraná hasta donde llegaron la semana pasada cuando desde el interior se efectuó el disparo. «El hecho de que nos hagan un disparo por sólo mirar la casa nos hizo sospechar, por eso hicimos la denuncia al juez y se hizo la inspección ocular con la participación del secretario ad hoc, Esteban Diéguez Herrera», señaló.
En el allanamiento realizado los sobrevivientes reconocieron el lugar y las habitaciones como uno de los sitios donde permanecieron cautivos y fueron torturados por los represores, particularmente una escalera por la que se los hacía subir, igual a la encontrada en la casa. La vivienda tiene más de 15 habitaciones y dicen que perteneció a un intendente de Zárate en la época anterior a la dictadura 1976-1983.
«Los sobrevivientes hablaron con mucha precisión de una escalera donde habían sido esposados. Y las argollas donde fueron atados seguían estando amuradas en la pared. Es una impunidad total», dijo Derotier, quien estuvo detenida durante la dictadura y tiene un hijo desaparecido.
En el subsuelo del inmueble también se encontraron diversos objetos con inscripciones del Ejército. Según el relato de los sobrevivientes, en la vivienda habrían estado alojadas ilegalmente más de 50 personas que fueron torturadas.
Entre los sobrevivientes que participaron del procedimiento estuvieron la profesora y escritora de Escobar Blanca Buda y Eva Orifice y Alberto Marciano, un matrimonio de docentes secuestrado el 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe militar, en su casa de la localidad bonaerense de Bella Vista.
En el marco de la causa ya se habían reconocidos como lugares clandestinos de detención la fábrica de Tolueno y el Tiro Federal de Campana, el Arsenal, el Instituto de Formación de la Prefectura, la Base Naval y la sede de la Prefectura de Zárate y el destacamento 201/1 Zárate de Inteligencia del Ejército. Además, fueron reconocidos el buque de la Armada «Murature«, las comisarías de Escobar, Zárate y Campana y propiedades ubicadas en las localidades de Otamendi y Zárate.
En el mismo orden de cosas esta semana quedaron en evidencia una vez más como las huellas de las leyes de punto final y obediencia de vida continúan intactas.
Así se evidenció cuando las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) descubrieron que la empresa de seguridad privada que habían contratado tenía como jefe operativo a Alejandro Felix “el Oso” Alais ex miembro de la Triple A, represor de alumnos y docentes de la Universidad Nacional del Sur en 1976, hermano del titular legal de la empresa -suboficial retirado de la Armada- y cuñado de Guillermo Suárez Mason.
La adjudicación fue revocada por el rector de la UBA, Guillermo Jaime Etcheverry. La Cooperativa de Seguridad “Fast”, no sólo tiene autorización legal para brindar sus servicios, sino que además ya lo hace en varías dependencias del Estado, incluido el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
Indemnización a exiliados
La Corte Suprema de Justicia falló el jueves 14 a favor del pago de indemnizaciones estatales a perseguidos políticos que en la última dictadura militar debieron refugiarse en el exterior «para torcer un destino de muerte».
En una resolución que sienta jurisprudencia favorable a todos los exiliados, la Corte dio hoy luz verde al reclamo de Susana Yofre de Vaca Narvaja, una mujer que ante el riesgo de ser capturada por el aparato represivo de la dictadura militar, pidió asilo en México. De esta manera el máximo tribunal equiparó el exilio forzoso con la detención ilegal de personas durante el período que fue desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983.
La «decisión de ampararse bajo la bandera de una nación amiga y emigrar después, lejos de ser considerada como voluntaria o libremente adoptada fue la única y desesperada alternativa que tuvo para salvar su vida ante la amenaza del propio Estado argentino«, sostuvo la Corte al reseñar las circunstancias en que dejó el país Susana Yofre de Vaca Narvaja.
La Corte, tomo los argumentos del procurador general Luis González Warcalde, quien dijo que Yofre «no tuvo la facultad de elegir salir del país porque o abandonaba el territorio nacional o permanecía y se enfrentaba a un destino por demás incierto y peligroso». Yofre pidió asilo en la embajada de México en Argentina el 25 de marzo de 1976, es decir un día después del golpe de Estado que inauguró la sangrienta dictadura del período 1976-83.
El marido y un hijo de Yofre habían estado detenidos a disposición del Poder Ejecutivo y ambos habían sido ya asesinados por «fuerzas militares o paramilitares» cuando la mujer, junto a otros 25 integrantes de su familia, pidió y consiguió ayuda en la legación mexicana. «Todo el grupo familiar Vaca Narvaja, conformado por 26 personas, fue perseguido», escribió el procurador.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el reclamo de Yofre, que litigó por una reparación económica por las penurias que pasó en la dictadura. El jueves la Corte revocó la sentencia mediante la cual la Cámara denegó la indemnización a Yofre y habilitó así, a compensar con fondos del Estado el daño producido a perseguidos políticos.
El supremo tribunal, en base a los argumentos del procurador, reconoció derecho a Yofre a obtener la indemnización del Estado prevista en la ley 24.043, que hasta ahora había amparado únicamente a personas que fueron secuestradas por el aparato represivo o a familiares de desaparecidos. Para la Corte, hubo un «confinamiento obligado de toda una familia -abuelos, hijos, cónyuges, nietos- en el recinto de una embajada extranjera» que es comparable a cualquier otra restricción ambulatoria, como un arresto. Luego, la familia partió hacia un «exilio inexorable como único medio de torcer el destino de muerte que ya habían sufrido dos de sus integrantes», escribieron los ministros.
El supremo tribunal compartió el criterio del procurador, que sostuvo que una «detención» no sólo para la ley sino «también para el sentido común» refiere a «distintas formas de menoscabo a la libertad ambulatoria».
