El metal del diablo

La muerte de por los menos 21 personas, hace una semana, ha sacudido Bolivia. El presidente Evo Morales, luego de negar responsabilidad de su gobierno en los hechos, sigue denunciando conspiraciones en su contra, y en su discurso al país del viernes pasado por la noche anunció una investigación completa. La derecha y los medios comerciales, normalmente contrarios a manifestaciones o reacios a apoyar los movimientos sociales, han demostrado una inusitada solidaridad con Huanuni. Mientras, algunas víctimas del conflicto viven en carpas y velan a sus seres queridos.

Todo comenzó el pasado jueves 5 de octubre a las 3 de la mañana. A esa hora, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Pedro Montes, minero de Huanuni, recibió en La Paz la voz de alarma en su celular: grupos de cooperativistas mineros, un sector compuesto por pequeños y medianos empresarios, se aprestaban a asaltar la mina Posokoni, que es propiedad del Estado.

Los mineros asalariados se atrincheraron en la entrada de los túneles para defender su fuente de trabajo, mientras algunos de ellos bajaban al interior a continuar la labor extractiva.

Montes salió corriendo al palacio de gobierno a solicitar ayuda para sus compañeros. Requirió del gobierno la intervención de la policía o, de plano, la militarización de la zona para evitar el enfrentamiento. Los cooperativistas son superiores en número y en “capacidad de fuego”. Como hace cuatro años en la zona de Caracoles, la muerte era una amenaza cierta; Montes entendía que el gobierno debía proteger la vida de los involucrados y por supuesto el patrimonio estatal.

Horas más tarde, con el anuncio de las primeras muertes en Huanuni, Pedro Montes recordaría que en palacio le habían negado, en voz del vicepresidente Álvaro García Linera, la posibilidad de usar policías o militares. “Como dije, únicamente nos ofrecieron cajones para sacar a los muertos, nada más”, recordó Montes en conversación con BRECHA. El viernes 6 y el sábado 7, mientras llegaba una paz precaria a la comunidad minera, la legendaria COB lanzó su nueva consigna: la central de trabajadores quiere enjuiciar a Evo Morales y a dos de sus ministros por responsabilidad en los hechos.

“Como bomba atómica.”

Esto era lo que decía el jueves 5 por la radio uno de los dirigentes de los mineros asalariados. Así habría sonado la explosión del depósito de dinamita que volaron los cooperativistas. Ahí perdieron la vida por lo menos diez personas, porque hasta hoy se reporta a tres más como desaparecidos en la zona del depósito.

Durante 24 horas en esa comunidad del sur boliviano no hubo más voz que la de la dinamita: los cooperativistas volaron también parte de las instalaciones de Radio Nacional de Huanuni, medio informativo minero, y de paso un compresor que emitía aire en el interior de los túneles.

De acuerdo con los testimonios recogidos, ese día a las 10.30 llegaron los cooperativistas a la mina y, con el pretexto de realizar una asamblea general, iniciaron su agresión. De hecho, también armados con rifles de alto calibre, los cooperativistas dispararon contra los asalariados. El viernes, mientras la policía llegaba para intentar controlar la situación, instalaron francotiradores en los cerros alrededor de la comunidad.

Ese jueves, evaluando la desgracia, el vocero presidencial Alex Contreras hizo dos anuncios importantes: ya se habrían enviado varias comisiones para iniciar el diálogo con los sectores enfrentados y, lo que es muy significativo, dejó claro que por el momento el ministro de Minería, Walter Villarroel, un cooperativista, permanecería en su cargo, ratificado por Evo Morales. Villarroel caería al día siguiente, convirtiéndose en el primer despedido “grande” de este gobierno, para ser sustituido por el ex sindicalista Guillermo Dalence.

Antes de anunciar el relevo, con el rostro ceñudo el presidente Morales recordó que su gobierno impulsó siempre el diálogo entre mineros asalariados y cooperativistas, pero que uno de los sectores habría tratado de aprovecharse. De hecho, trascendió que hubo un total de 16 reuniones con la mediación del ex ministro Villarroel y que la propuesta del gobierno era entregar paulatinamente la mina (una de las más ricas en estaño del mundo) a la explotación de los cooperativistas, algo que los sindicalistas mineros rechazaban por considerarlo lesivo a los intereses de Bolivia.

Los cooperativistas ya explotaban hasta los 200 metros bajo tierra, mientras los asalariados trabajaban de esa profundidad hacia abajo. La última vez que fracasaron las negociaciones, el gobierno boliviano les propuso encontrar una solución conjunta que, según dijo el presidente, sería avalada con su firma.

Hace unas semanas varios de los líderes cooperativistas fueron denunciados por haber viajado a Londres a reunirse con personeros de los ex presidentes Jorge “Tuto” Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada (ambos empresarios mineros), con el objetivo de comprar un supuesto paquete accionario de la mina Posokoni, que estuvo privatizada hasta 2002, a la compañía británica Grant Thornton, liquidadora de la empresa minera rgb Resources plc, ex concesionaria de la mina.

Como Grant Thornton no poseía las acciones y los ex presidentes son responsables de la privatización de las minas y otros recursos naturales en Bolivia, no quedó aclarado todavía si es a esta conspiración a la que se refería el presidente Morales en su discurso, o era al fuerte rumor de golpe de Estado que corrió esta semana. Lo cierto es que Posokoni tiene un valor actual de algunos miles de millones de dólares y era codiciada por los cooperativistas de la llamada “minería mediana”.

Responsabilidades.

Según el analista Pablo Regalski, el gobierno es responsable en parte de lo ocurrido. En una entrevista con Indymedia Sucre, Regalski criticó las políticas “antiobreras del gobierno” y sostuvo que todo lo ocurrido en Huanuni tiene que ver, entre otras cosas, con la tesis de política económica desarrollada por el vicepresidente García Linera, el llamado “capitalismo andino-amazónico”, que habría fomentado la postura de los cooperativistas.

Por otra parte, tanto Evo Morales como todos los miembros de su gobierno “olvidaron” mencionar un detalle en sus declaraciones: mientras su gobierno ha mantenido relaciones tensas con los mineros sindicalizados, la Federación Nacional de Cooperativistas Mineros (Fencomin) ha sido aliada del partido oficial, el Movimiento al Socialismo (mas), al que financió una parte de la campaña electoral que llevó a Morales al poder. Como resultado, la Fencomin tuvo la oportunidad, en acuerdo con el presidente, de designar a su máximo dirigente, Villarroel, como ministro en febrero pasado.

Sin embargo, no todo es claro en este nuevo escenario de muertes y conflictos. La Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), el órgano empresarial detrás de las demandas de autonomía en el Oriente de Bolivia, ha mostrado un repentino interés por los muertos y los damnificados de Huanuni (en la región occidental). Los empresarios cruceños han enviado alimentos, dinero, sangre y vituallas a la zona, cuando en otras épocas han incluso solicitado la intervención militar en contra de campesinos e indígenas, entre ellos los cocaleros, que bloqueaban o hacían marchas.

Igualmente, las redes de televisión comerciales han volcado su atención en Huanuni, criticando al gobierno por no atender a los mineros sindicalizados, cuando por ejemplo en octubre de 2003 criticaron a quienes se manifestaron en contra de Sánchez de Lozada por haber masacrado a la población en El Alto. Una radio paceña, tradicionalmente cercana al citado ex presidente, llegó a realizar hasta un programa especial de homenaje a los mineros.

En esto, sin duda, Evo Morales tiene razón: hay sectores que trabajan abiertamente contra su gobierno, que ya carga casi con 30 muertos en pocos meses y por ahora no parece dispuesto a aceptar su responsabilidad.

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