“…los periodistas contamos sólo un 20% de lo que sabemos, el resto lo hablamos en una sobremesa pero no lo podemos probar.”
Jorge Fernández Díaz, entrevistado por La Nación
“El periodismo es gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente”
Leila Guerriero, entrevistada por LN+
“Las “afirmaciones de tipo fáctico” son aquellas que aseveran la existencia o inexistencia de determinado hecho que pueda ser objetivamente probado. En cambio, “la opinión” (pensamientos, ideas y juicios) consiste en la emisión de un juicio de valor subjetivo, que no puede ser objetivamente probada.”
Julián Rodríguez Pardo, en Derecho a la información, Madrid, 2007
No es muy común que un libro de periodismo narrativo diga muchas verdades, sobre todo cuando tratan temas energéticos, en especial petroleros, y más en ocasiones de crisis energéticas que acarrean profundos incidentes sociales.
En los primeros los días de enero de este año 2018 apareció en algunas librerías de Buenos Aires un libro con el título de Voltios. La crisis energética y la deuda eléctrica. Título, por supuesto no muy atractivo para el lector de verano porque los editores suponen que están en las playas gozando del mar o de las montañas sin querer enterarse de trances de cualquier tipo.
Dice un novelista citado, consagrado en nuestro país por sus personaje de espías y alcahuetes de la ex Side, con un héroe al revés –antihéroes le dicen algunos– que bien se apoda Remil (no hay que haber ido a la Sorbonne para saber el origen de su apodo), que los periodistas solo publican el 20% de lo que saben porque el 80 restante no lo pueden comprobar. Pero el periodismo no es tribunal de justicia donde no se puede acusar sin pruebas. Además, el periodismo no debiera ser acusación sino información. Los grandes grupos económicos son especialistas en borrar huellas, hacer desdecir a los que se animan y eliminar pruebas, por lo que amplían el campo de lo “que no se puede contar porque no hay pruebas” y siguen reinando en su poder con menores problemas. ¡Difícil imaginar a este excelente autor en su juventud participando de la izquierda nacional!
Este introito es para decir que Voltios sabe narrar el 80% que a menudo no se nos informa. Esta obra periodística en forma de libro fue realizada con la conducción de Leila Guerriero por dieciséis jóvenes periodistas, casi todos porteños y seis salidos de la prestigiosa TEA. Ellos tienen gran vocación por buscar la verdad y no quedarse en parloteos inútiles que la alejan y nunca la encuentran.
El libro es una narración investigativa de los cortes eléctricos. Es una historia real de la gente y narra con el sentido y espíritu lo que se inició en 2001 cuando medio millón de personas pasaron a alistarse en el ejército de la desocupación, provocando que los argentinos salieran el 19 de noviembre a las calles a gritar el famoso e inolvidable “que se vayan todos”. La represión a las protestas ocasionaron la muerte de 39 personas y más de 200 resultaron heridas.
Después de esa crisis se sumó la energética, centrada en el Gran Buenos Aires y La Plata, en el reino de Edelap, Edenor y Edesur. El libro se dedica al servicio público de la distribución de la electricidad, o de la luz como decimos la mayoría de los argentinos. Asoman juicios sobre la generación y el transporte eléctrico, así como las crisis petroleras y gasíferas, todas nacidas en el año 1991, cuando del Estado productor con éxitos (y pocos fracasos) se pasó al Estado regulador con fracasos (y pocos éxitos).
«El método periodístico del libro se enriquece con las interesantes entrevistas a personas que pasaron por la historia sin dejar muchas huellas positivas, como De Vido. Aranguren, Baratta, Quintana y Dromi y muchos otros, antes y ahora»
El método periodístico del libro se enriquece con las interesantes entrevistas a personas que pasaron por la historia sin dejar muchas huellas positivas, como De Vido. Aranguren, Baratta, Quintana y Dromi y muchos otros, antes y ahora. Son mencionables los diálogos con las víctimas y no solo con los victimarios. Víctimas de la falta de luz, de los que son enfermos electrodependientes, de los que no pueden trasladarse desde y hacia los departamentos en las alturas, de los quemados por los incendios provocados por el uso de las velas, y de muchas más injustas situaciones.
Los autores saben desarrollar bien la oposición alza de tarifas o aumento de subsidios. Lo que normalmente no se toma en cuenta es que ambas aseguran la prestación del servicio (de tarifas caras para pobres y subsidios baratos para ricos), pero también se debe recordar que los subsidios se otorgan con el dinero ingresado por los impuestos, y la mayor participación la tienen los que trabajan (en los países donde los impuestos brillan por ser indirectos como el nuestro, por lo tanto imponen hasta a los bienes y servicios de primera necesidad mientras que las ganancias financieras y originadas en el juego no tributan o pagan menos).
Pero los subsidios empresariales, no sociales, se otorgan comprando gratis la energía eléctrica mayorista para luego distribuirla sin pagar a Cammesa, para después ser condonada, lo que no ha resultado conveniente para la gente ni para el Estado, que no deben ser clientela de negocios sino usuarios de buenos servicios públicos, prestados con calidad, regularmente y para todos.
En general las distintas voces convocadas a dar su opinión en el libro acuerdan en que la crisis de la distribución eléctrica (también de la generación ya que hubo que importar desde los países vecinos) tuvo su mayor intensidad a partir del año 2013, y todos coinciden en que se debió a la falta de inversiones de mantenimiento, reposición y nuevo equipamiento. Claro que en esto tampoco tenemos una opinión uniforme: los privatistas dijeron que se debía al congelamiento tarifario, o sea al incumplimiento del contrato de concesión; para nosotros hubo una ausencia ilegal de la regulación que en otros países hubiera llegado a la rescisión contractual de las concesiones. ¿Acaso no se dio fin a las empresas estatales porque no invertían, con la promesa de asumir el riesgo y asegurar la continuidad, regularidad y universalidad del servicio público a los pocos años de ejercer la prestación por concesión? El sistema de subsidio es ineficaz y alienta la eficiencia cuando sin criterio social mantiene las utilidades y sostiene de cualquier manera a las empresas que no cumplen.
Desde el 1 de febrero de 2017 se reinició el camino de los aumentos de tarifas y comenzó el recorte de subsidios. Esperemos que las empresas sepan que son de servicios y no solo para distribuir ganancias a sus accionistas y CEOs.
Con una treintena de transcripciones del libro se logra ver el espíritu de su pensamiento y sus juicios de valor, las que se leen a continuación:
Campo. Dice Alejandro Macfarlane, ex presidente de Edenor y accionista principal de Edelap: “Cuando en 2004, 2005, 2006 y 2007 Magneto (Héctor, CEO del Grupo Clarín) y Néstor se comían un asado por día, también existía el mismo problema (eléctrico). Después empieza el malestar con Clarín, el problema con el campo, pero hasta 2007 no pasaba nada, no era un problema Clarín, no era que él no le podía decir: ‘No me pongas el tarifazo en la tapa’”. (p. 481)
Ceocracia. Dice el ex ministro De VIdo: “–Ahora se pide que esas multas sean pagadas al valor de la nueva tarifa. –No te preocupés, ya le van a encontrar la vuelta para condonárselas. ¡Si son ellos mismos! ¡Todos los funcionarios de Energía son tipos ex Edenor, Edesur! Edesur es Caputo, es Macri… ¡Chicos! Estamos hablando a ver si se le cortó la luz a doña Rosa de Villa Crespo y hay otras cosas que con más gruesas. Es un escándalo, eso mismo es un escándalo”. (p. 236)
Condonaciones. Dice de VIdo: “Con total desparpajo, entre gallos y medianoches, fue agregado a último momento en el Artículo 15 de la Ley de Presupuesto un párrafo que habilita al gobierno a perdonar las deudas de empresas privadas de energía”. (p. 237)
Conflicto de intereses 1. Dice Juan José Aranguren, ex Shell y ministro de Energía y Minas de Mauricio Macri: “Y cuando uno habla de incompatibilidad de gente que viene del sector privado, es erróneo. Nadie nos obligó a hacerlo. Si estamos en el sector público, es justamente para poder mejorar la calidad del recurso humano. (p. 256)
Conflicto de intereses 2. Dice Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores: “AySA fue el único servicio público privatizado en los años noventa que se reestatizó durante el kirchnerismo. Lo mismo tendrían que haber hecho con Edesur, Edenor y Edelap. El gobierno anterior perdió la oportunidad de hacerlo. Hoy, este gobierno no lo va a hacer porque sus funcionarios son accionistas de esas empresas”. (p. 314)
Conflicto de intereses 3. “El ingeniero Carlos Bastos aceptó ser una de las voces del ENRE. Fue uno de los responsables del proceso de privatización de Segba. Hasta 1996 fue una especie de “supersecretario” de Domingo Cavallo… a fines de los años noventa se dedicó a la consultoría privada y en marzo de 2001 volvió a la función pública como ministro de Infraestructura y Vivienda del gobierno de Fernando de la Rúa. Actualmente es uno de los cinco integrantes del directorio del ENRE como vocal primero, designado por el gobierno de Mauricio Macri…” (p. 286)
Conflicto de intereses 4. Recrimina el diputado massista Schwindt los conflictos de intereses en el seno del gabinete de Energía y Minería, citando el caso de Mario Sureda, antiguo vicepresidente de Ventas de Gas Natural de Pan American Energy, que pasó a ser secretario de Hidrocarburos (renunciaría por otros motivos en abril de 2017). (p.363)
Conflicto de intereses 5. Marcelo Mindlin, dueño desde junio de 2016 de la filial argentina de Petrobras, es también propietario de la distribuidora Edenor. Ambas compañías integran, entre otras, su holding eléctrico, denominado Pampa Energía. Durante 2010/11, según reportes anuales de la compañía, el gerente general de Pampa Energía fue Luis Caputo. Este es, desde 2016, secretario de Finanzas de la Nación del gobierno de Mauricio Macri, que toma vacaciones en casa de John Lewis, un magnate británico que, a través de su grupo Tavistock, se asoció con Mindlin para la reciente compra de Petrobras. (p. 177)
Continuismo. Carlos Bastos fue uno de los responsables de la privatización de Segba como secretario de energía de Menem, ministro de de la Rúa y hoy es vocal del ENRE (ente regulador eléctrico). (p. 286)
Crisis 1. Dice Alcira Argumedo, socióloga del Conicet: “En barrios como Caballito la demanda de electricidad creció hasta un 40% y el cableado no se tocó. La crisis es el resultado previsible de un manejo irresponsable”. (p. 546)
Crisis 2. Periodista: “–Cuando la situación empeoró, ¿pensaron en quitarles la concesión?” Julio de Vido: “–Nosotros encontramos con el Focede (fondo para obras pagado por el usuario) una salida interesante, y no nos pareció oportuno. No queríamos hacer del… estati… estatizacionismo [sic] una política”. Periodista: “–Estatización”. Julio De Vido “–No. Estatizacionismo….Acá no hubo crisis energética: nunca hubo una crisis energética en estos doce años. ¡Ahora sí hay crisis energética”. (p.224)
Estatizaciones. –Periodista: “¿Nunca pensaron en reestatizar las distribuidoras”. –De Vido: “Digamos… Creo que el tema de la reestatización no se nos puede endilgar demora o lentitud. Recuperamos el Correo, recuperamos AySA, con muy buen éxito, por cierto, porque es una empresa que anduvo muy bien. Aerolíneas, YPF, el espacio radioeléctrico…” (p. 219)
ENRE y la complicidad 1. Dice Ariel Garbarz, de la Universidad Tecnológica Nacional: El ENRE era cómplice, una oficina de representación de los intereses de las empresas eléctricas argentinas”. (p. 284)
ENRE y la complicidad 2. Dice Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación (2002/16): “El ENRE estaba prácticamente colonizado por los representantes de las empresas”. (p. 284)
Emergencia Eléctrica Nacional. “Por Decreto 134 del 16 de diciembre de 2015 se establece la emergencia eléctrica no solo para el Gran Buenos Aires y La Plata. La emergencia tenía la fecha de terminación el 31 de diciembre de 2017, pero la terminación de la vigencia del efecto del decreto no significa la terminación de la crisis eléctrica”. (p. 297)
Equidad energética. Dice Aranguren: “Esos son los dos ejes de la política energética (seguridad y mitigar el cambio climático). El tercer eje, que va a venir en otro momento, es el de la equidad energética”. (p. 255)
Gas Dice Julio Bragulat, gerente general de Cammesa (empresa administradora de la energía eléctrica mayorista): “Tuvimos la tormenta perfecta. La crisis del 2001/02 hacía imposible subir las tarifas, ¡Nos quedamos sin gas cuando creíamos que teníamos reservas para trescientos años, y el precio se fue a las nubes. Si solo una de esas 3 cosas no hubiera ocurrido, no hubiésemos llegado a donde llegamos”. (p. 413)
Inversión. Dice Gustavo Desplats, durante 19 años asesor de Planeamiento Urbano en la Legislatura de Buenos Aires: “El transformador alimentaba 5 cables: 2 eran de la empresa CHADE (Compañía Hispano Argentina de Electricidad), es decir que tenían por lo menos 25 años. ¡Y sólo un cable era de Edesur! La estimación es sencilla: tomando esa manzana como muestra, el 80% de los cables de Caballito tenía entre 40 y 60 años de antigüedad. Eso lo vi yo”. (p. 545).
Invertir, sin obligación. Guerreiro y el equipo periodístico resaltan que la distribución eléctrica se repartió a través de concursos públicos internacionales: Edenor de los franceses y Edesur de argentinos y chilenos por 95 años pero sin exigirse ninguna inversión (p. 49).
No hicieron nada. Dice Macfarlane: “Si no les gustaba la ley, la podrían haber cambiado. No cambiaron la ley, no estatizaron las compañías, hicieron una cosa que fue llevándola para que las empresas fueran para adelante, invirtieran lo que podían y ahí está. Esa es mi crítica. Mi crítica es que no hicieron nada”. (p. 479)
Privatización 1. En el texto aparecen muchos recuerdos de esta historia nacida con la privatización menemistas. Se rememora la inolvidable frase de Roberto Dromi, que reapareció como asesor de Energía, al anunciar junto con el presidente Carlos Menem el “Decálogo menemista de la Reforma del Estado” un aciago 17 de agosto de 1989 y afirmar que “Nada de lo que deba ser estatal quedará en manos del Estado”. Acto fallido o promesa cumplida (p. 47).
Privatización. Dice Gabriel Martínez, secretario de organización de Fetera: “Para entender la época privatizadora hay que ir hasta 1975, el año en que se firmó un convenio colectivo. El convenio mejoró el nivel de vida de los trabajadores, su capacidad técnica y la posibilidad de hacer carrera laboral. Todo eso se perdió en los noventa”. (p. 514)
«Voltios sabe narrar el 80% que a menudo no se nos informa»
Puertas giratorias 1. José Luis Sureda ingeniero químico y en petróleo, en los años setenta ocupó varios cargos en la extinguida Gas del Estado. “Durante la dictadura cívico-militar transitó los pasillos gubernamentales de un despacho a otro hasta que saltó a la actividad privada” se lee en un artículo de Ámbito Financiero posterior a su renuncia (a Aranguren). Luego de años en Asia Central con el Grupo Bridas llegó a ser un alto ejecutivo de Pan American Energy (PAE), la mayor productora de crudo argentina, cuyas acciones comparten Bridas y la china CNOOC. Hasta octubre de 2016 ocupó el cargo de vicepresidente de Ventas de Gas Natural y estaba recién jubilado cuando Aranguren lo convocó…” (p. 437)
Puertas giratorias 2. De los 18 cargos directivos del Ministerio de Energía y Minería, [según el “Informe de Investigación N° 2. Puerta giratoria, conflictos de interés y captura de la decisión estatal en el gobierno de Macri. El caso del Ministerio de Energía y Minería de la Nación” (Ana Castellani y Paula Canelo del Observatorio de las Elites de la Universidad Nacional de San Martín, marzo de 2017)], 16 individuos habían ocupado puestos de alta gerencia en el sector privado, lo que equivalía al 88%, cuando la media del resto del gabinete de Macri era cercana a un tercio. (p. 416)
PUREE: Nos quedamos hasta con el puré. Dice Ricardo Torres, presidente de Edenor: “Nos quedamos con la plata del PUREE (programa de uso racional de la electricidad)… Unos meses después, hicimos algo increíble. Dejamos de pagarle la energía a Cammesa. Primero le pagamos 50%, después menos y al final nada”. (p. 157)
Regulación. Dice Eduardo Mirabelli, jefe de prensa de Edenor: “El control del Estado funcionó solo en los primeros meses a partir de las privatizaciones. Luego, falló sistemáticamente. Si el ENRE o Enargas se oponían a las decisiones políticas, los intervenían. El rol de estos organismos quedó desvirtuado. El Gobierno se apropió del Estado. Tenemos un problema cultural”. (p. 176)
Seguridad no es Soberanía. –Periodista: “¿Cuál es el concepto de energía que tiene usted?” –Aranguren: “Se funda en dos ejes: primero alcanzar una mejora en la seguridad energética, que no es autoabastecimiento ni soberanía hidrocarburífera. Nosotros no vamos a dejar de importar…” (p. 255)
Subsidios 1. Para Emmanuel Álvarez Agis, viceministro de Economía, ex Edenor, responsable de la energía en el período de Ariel Kicillof, “El problema de los subsidios se llama Repsol. Bajo la gestión de Repsol se acabó el gas y hubo que comenzar a importarlo. Se importaba a un precio de 15 dólares el millón de BTU y se vendía internamente a las empresas generadoras de electricidad a 2 dólares para que no aumentasen el precio. Esa es la explicación del grueso de los subsidios: 15 dólares contra 2 dólares, en un subsidio que era exclusivamente destinado a la generación.” (p. 95)
Subsidios 2: Dice Ricardo Torres: “En este momento, el bingo de La Matanza tiene más subsidio que el Patronato de la Infancia”. (p. 168)
Traición a la Patria 1. C. Bastos fue contratado por compañías extranjeras, accionistas de algunas de esas empresas privatizadas –como testigo de parte en juicios entablados a la Argentina ante el CIADI– y testificó a favor de las estadounidenses Enron, AES y El Paso Energy y la italiana Camuzzi, compañías controlantes de petroleras y generadoras, transportadoras y distribuidoras de energía eléctrica y gas en Argentina… también de la española Marsans. (p. 300)
Traición a la Patria 2. El Bloque del Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados preguntó por escrito al jefe del Gabinete si sabía que el subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria del Ministerio de Energía Andrés Chambouleyron había participado como testigo experto en 10 juicios en el CIADI a favor de empresas multinacionales y en contra del Estado Argentino. (p. 405)
Traición a la Patria 3. El economista cordobés Manuel Ángel Abdala, entonces empleado de LEGG, atestiguó en 2010 contra su propio país, la Argentina, en 28 casos (lo que equivale a más de la mitad de los casos contra el Estado argentino en el CIADI, que a mayo de 2017 llegan a 53. Abdala prestó sus servicios en sus juicios ante el CIADI a Camuzzi International, Pan American Energy, AES Corporation, Electricidad de Argentina, Électricité de France International (EDF), El Paso Energy International Company, Total y Compañía General de Electricidad. (pp. 410 y 413)
Traición a la Patria 4. Chambouleyron dice: en su CV de Compass Lexecon, que sirvió contra el Estado argentino a favor de los intereses de cuatro “Italian”, tres “American”, dos “Spanish” y un “German Investor”. (p. 411)
Este valiente informe periodístico con formato de libro merece ser resaltado por la gran vocación a la verdad, que la busca y encuentra, moleste a quien moleste. Como dice el periodista Héctor D’Amico en una interesante nota referida a la película The Post. Los oscuros secretos del Pentágono con relación al libro Voltios. La crisis energética y la deuda eléctrica los autores debieron, seguramente, enfrentarse a dos enormes problemas. “Uno es decididamente político: el otro, de carácter jurídico”. Pero, por sobre todos ellos, primó el espíritu de amor a la verdad.
