Argentina no se puede convertir mágicamente en un país súperindustrializado como Corea sin un alto costo social. Mientras, depende demasiado de la exportación de productos agropecuarios sin valor agregado. A la par, el FMI reconoce que la economía argentina es una de las que más crece en el mundo desde julio. Los roles del BCRA y la Anses. La inflación de 2010. La reforma a la ley de entidades financieras en el cono del silencio.
Al cierre de 2009 y finalizando una década turbulenta, la economía argentina habrá crecido un 8% anual entre 2003 y fines de 2008, y desde entonces algo, muy poco, en un mundo que triplica la ganancia de las empresas privadas en los países centrales a costa de un crecimiento desmesurado de la desocupación. Aquí, la pobreza oscila entre 15,1% y 21,4% según quién mida. En Estados Unidos hay 40 millones de desocupados, equivalente al total de nuestra población, y si allá la pobreza es la mitad de la local es porque existe un extendido seguro de desempleo: 18% en España, 13% en Alemania, 9.5% en Francia. Ningún país crece hoy a tasas chinas… excepto China.
Sensatez y sentimientos
Aunque los reclamos sociales de entonces eran monumentales, la política económica inaugurada en 2003 trajo cierto orden y cierta sensatez a la Argentina tras el estallido de la convertibilidad en 2001 y la pesificación asimétrica de Duhalde, que significó una fuerte transferencia de ingresos en favor de los grupos concentrados.
En ese momento, el Estado argentino había delegado en los mercados internacionales su política financiera y monetaria y las reservas del BCRA se habían esfumado. Aunque pasaron años, es conveniente volver brevemente a esa época para entender lo que sucede ahora por el marco condicionante que aún perdura. Se abrían entonces dos alternativas:
–Completa dolarización al estilo Ecuador, que es lo que empujaba el menemismo puro con López Murphy, Cavallo, el FMI, el CEMA con Jorge Ávila a la cabeza, y los grupos económicos menos ligados al mercado interno. Es decir, la virtual desaparición de la Argentina.
– Pesificación y devaluación mediante, reconocimiento de que el 1 a 1 ya era insostenible por las altas tasas que exigía el mercado financiero internacional, y por eso el default decretado por Rodríguez Sáa hasta que se barajara nuevamente.
Contra la opinión dominante en las filas nak&pop, la violencia social del 2001/2002 fue pretexto o contexto y no causa de la devaluación, clima apropiado para que no hubiera más remedio que una de ambas alternativas. Si eso era lo que ofrecían las clases dirigentes, mejor así, el camino elegido, porque con la alternativa A, la transferencia de ingresos hubiera sido mucho más brutal y la Argentina se habría integrado al pelotón de los países inviables. Como lo explica una protagonista de los hechos de diciembre de 2001, “Había muchos no, muy claros y contundentes, y pocos sí”.
El ala conservadora-popular del PJ en el poder, con Duhalde a la cabeza, devaluó en perjuicio de los sectores populares y reduciendo la exorbitante tasa de ganancia de las empresas multinacionales de servicios públicos, para lo cual requirió el asesoramiento de los economistas del Plan Fénix mientras a la par protegía la del resto de los grupos económicos concentrados, cuyo vocero era Ignacio de Mendiguren en la UIA, incluyendo al Grupo Clarín que se salvó así de caer en manos extranjeras al menos en su totalidad. Parte de su actual paquete accionario sigue en manos de Goldman Sachs y Telecom Italia.
El acuerdo entre ese sector empresario y el PJ se cerró en las oficinas de la Fundación OSDE apenas Cavallo retornaba al gobierno del helicóptero de la mano del progresismo frepasista. Si se dolarizaba en 2002, ¿Obama habría mandado una flota de aviones con dólares cuando estalló la crisis financiera? ¿O en todo caso, lo habría hecho gratis, de buen tipo que es?
Dicen que vengo del pasado
En el Congreso, recordemos, diputados y senadores reformaron la ley 24.522 de Concursos y Quiebras eliminando el cram down para impedir que los acreedores se apoderaran del Grupo a cara de perro. Pero también derogaron (por exigencia del FMI) el capítulo de la ley de Abastecimiento referido a la subversión económica para salvar al menemismo-delaruísmo en fuga, y dictaron la ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales –la famosa “Ley Clarín”– como reaseguro. Es decir, obtuvieron doble seguridad jurídica, la misma que le permitió a Ernestina Herrera inscribir dos hijos con el apellido de un marido ya muerto, la misma que reclama hoy el representante de Obama, Arturo Valenzuela.
Desde entonces, las empresas de servicios públicos privatizados redujeron su poder relativo, y con la amenaza mutua de los juicios arbitrales en el Ciadi, el gobierno de Kirchner renegoció algunos contratos congelando tarifas, liberalizando nichos de negocio como el de la telefonía celular y recuperando sólo aquellas empresas que los concesionarios abandonaban.
La amenaza es mutua porque si los denunciantes privados ganan (CMS, Azurix), aumenta el riesgo país y las dificultades para obtener financiamiento externo, pero a la vez no tienen forma práctica de cobrar la indemnización justipreciada por ellos mismos, con lo cual sus presentaciones judiciales sólo serían aceptadas por tribunales en la isla de Man o en Barbuda a cargo de jueces probadamente venales.
Respecto del financiamiento, el gobierno –como se recordará– refinanció el 70% de la deuda externa, quedó en cero con el FMI, y ya en la etapa de Cristina, anunció amortizar la deuda del Club de París, hizo un ofrecimiento a los holdouts y anunció la creación del Fondo del Bicentenario para descomprimir el peso de los pagos anuales de deuda externa sobre el superávit. La decisión de utilizar reservas excedentes del respaldo al circulante fue criticada por unos y otros, a derecha e izquierda, aunque el anuncio quizás siga el mismo objetivo único que el demorado pago al Club de Paris: desmontar expectativas inflacionarias.
Es imposible analizar con ojos del pasado la conflictiva relación con el FMI, cuyo último informe (reservado, pero no tanto) reconoce que la economía argentina comenzó a recuperarse en abril y desde julio es una de las que más crece en el mundo, circunstancia que el diario La Nación relega a la letra chica bajo el título “En el FMI no usan las cifras del Indec”. Es la misma concepción de la noticia (que aquí critica en su blog nuestro amigo Ezequiel Meler) del doctor Luis Alberto Romero (ex-masserista), denominándola “paradójica”, cuando el objetivo del historiador liberal fue asociar la política de Cristina Kirchner con “Mussolini y sus squadristi” para, según el inefable quiosquero de la Academia, “destruir las instituciones desde el gobierno” (sic), y alrededor de esa idea construyó su nota para el diario de los Mitre.
El kundalani del peso argentino
En un contexto desfavorable caracterizado por la concentración de la riqueza, inequidad y violencia social, desnacionalización de los grupos económicos formadores de precios, parálisis estatal y ausencia de autoridad presidencial, Néstor Kirchner optó por un diseño económico conservador, que con altibajos, se mantiene, logrando reducir la desocupación de 2003 a la mitad: el dinero en circulación está respaldado por reservas en divisas que se obtienen de la balanza comercial, y a fin de mantener un cierto nivel de dólar, el BCRA opera en la compra-venta del mercado. Esta política proactiva por un lado mantiene un nivel competitivo de la divisa en término de exportaciones industriales, pero a la vez depende de la exportación de commodities esperando inútilmente que los grupos industriales nacionales actúen como burguesía industrial, con lo cual si bien en enero de 2002 el país abandonó la letal convertibilidad menemista, sigue atado a ella como si de un karma se tratara. En efecto, si el BCRA no interviniera, el dólar volvería al valor 1 más la inflación, convirtiendo en inviable el modelo económico.
La política de precios, entretanto, ya tocó techo aunque el gobierno insiste en acordar con los formadores de precios. Con lo cual el problema de la inflación se hace central, resultado de la inelasticidad de la oferta debido a la naturaleza de la estructura productiva dominada por esos formadores, en general multinacionales.
Las medidas ortodoxas consistirían en planchar la demanda, con la transferencia de ingresos que ello supone, y reducir el costo salarial. La asignación universal para menores de edad (4 millones de beneficiarios) apunta en el sentido inverso, lo cual significará reactivación de la industria alimenticia pero también tirará para arriba los precios. Los de la carne, por ejemplo, por la inelasticidad del sector ganadero, cuyos stocks fueron decreciendo por una combinación de hegemonía sojera y reticencia estatal. La industria alimenticia entretanto, ya adelantó que crecerá pero no se sabe de nuevas inversiones, por lo cual una oferta estancada siempre supone aumentos, y el sector preferirá exportar o dedicarse a los nichos de alto consumo. Para el economista Juan S. Fraschina (GEENaP), que ve la etapa con cariño, la solución a la inflación es “mayor desarrollo económico y social y desconcentración económica”, refiriéndose a esos formadores de precios.
Dicen que rondará el 15%, pero habrá que sujetar las cifras como a un potro bravo, y anticipamos titulares y opiniones opositoras: “la inflación oficial no es creíble”. Fue el propio gobierno el que dilapidó gran parte de esa credibilidad.
El Estado, en este esquema, se ve obligado a administrar la proliferación de la revolución verde: necesita sus dólares pero incide en los precios internos. Por eso el Conicet evitó expedirse sobre el glifosato aunque el profesor Andrés Carrasco, del laboratorio de Embriología Molecular del propio Conicet, constatara que produce graves malformaciones.
Una esquiva normalidad
No somos todavía “un país normal”. Nuestra base monetaria representa el 16 o 17% del PBI, cuando en los países más normales es sustantivamente superior: entre el 75% y el 85% en Europa Occidental, el 300% en EEUU, el 65% en Brasil. Pero además y sobre todo, ese dinero en circulación depende de la balanza comercial, y como Argentina no se puede convertir mágicamente en un país súperindustrializado como Corea (no al menos sin un alto costo social), dependemos demasiado de la colocación de agropecuarios sin valor agregado. Y estamos hablando de los pooles sojeros, de Grobocopatel, de Biolcati, de Urquía, la Sociedad Rural, Monsanto, Cargill, Dreyfus, Nidera…
El karma de la convertibilidad tiene más derivaciones. Si la tasa de interés diferencial fue la piedra de toque de la política de desnacionalización y concentración aplicada a rajatabla desde 1976 en adelante (como lo explicó Eduardo Basualdo en una entrevista para ZOOM), las tasas bancarias actuales, entre el 12 y el 13%, son antagónicas con cualquier política de crédito. Paradojalmente, las entidades privadas gozan de una envidiable lozanía basada en la ausencia de clientes. El Banco Nación, conducido por la licenciada Marcó de Pont, tira abajo la tasa, pero no tanto como para descalzar al sistema, que podría argumentar competencia ruinosa y falta de seguridad jurídica.
Surge allí la centralidad de la Anses, convertida en el motor del crédito total.
Pero como consecuencia del nuevo escenario legislativo, el gobierno por ahora le ha dicho hola y adiós a la reforma de la ley 21.526/77 de Entidades Financieras, centro –con la carta orgánica del Central y la ley de inversiones extranjeras– de la política que Basualdo demuele.
Aunque se abre la posibilidad de un próximo presidente no peronista, sólo un triunfo del kirchnerismo en el PJ, y luego en las generales, podría mantener latente una revisión a fondo del sistema financiero.
El pasado no se cierra del todo y el presente no termina de abrirse. Es lo que sostiene el Espacio Carta Abierta en la primera línea de su abigarrada Carta Nº 7: “El tiempo no es una abstracción sin contornos. Imperioso, es una cuchilla que nos clava fatalmente al presente”. Será así nomás.
