Por memoriaviva.net.-
Habrá que esperar hasta el lunes 4 de julio, a las 12.00 para saber si la Justicia argentina ordena o niega el pedido de extradición chileno sobre Galvarino Apablaza Guerra. Sin embargo toda la prensa chilena ha dado cuenta de las enormes posibilidades de que los tribunales argentinos nieguen el envío de “Salvador” a Chile debido a la ausencia de garantías para un juicio justo. Durante las dos jornadas del juicio oral y a pesar de la negativa del representante del Estado chileno, los estrados argentinos pusieron en tela de juicio la calidad de la democracia chilena y los testigos aportados por la defensa revelaron hechos desconocidos en la Argentina sobre el desarrollo de la “transición” democrática que aún vive Chile. Mientras 4 presos políticos cumplían 44 días de huelga de hambre, el abogado defensor Rodolfo Yanzón dio cuenta de un argumento silenciado por muchos años pero que hoy resulta ineludible ante la cantidad de pruebas que lo sostienen: “Decir que en Chile hay democracia, son argumentos para sostener la esclavitud”. A partir de las 15.30 del martes 28 de junio, comenzaron en la sede de los tribunales federales de Comodoro Py los alegatos de las partes en el caso Galvarino Apablaza, “Salvador”, luego de un receso y en continuidad a la declaración de los cinco testigos que declararon entre la tarde del lunes y la mañana del martes.
A partir de las 15.30 del martes 28 de junio, comenzaron en la sede de los tribunales federales de Comodoro Py los alegatos de las partes en el caso Galvarino Apablaza, “Salvador”, luego de un receso y en continuidad a la declaración de los cinco testigos que declararon entre la tarde del lunes y la mañana del martes.
El primer alegato fue el del Dr. Gustavo Gené como representante del Estado chileno, quien confirmó una vez más el deseo del Poder Judicial chileno de que Argentina extradite a Galvarino Apablaza a fin de que cumpla con una condena que pesa supuestamente sobre él por el atentado al derechista Jame Guzmán y el secuestro del empresario Christian Edwards.
Para ello Gené se valió exclusivamente del Tratado de Montevideo sobre extradición, firmado por ambos países y de la Ley antiterrorista chilena, haciendo caso omiso del carácter de delitos políticos por los que se imputa a Salvador.
Por tratarse de delitos cometidos a la salida de la democracia los calificó de terroristas y alegó que más allá de las injusticias cometidas durante la dictadura, las condiciones en Chile luego del ’90 fueron y son imparciales para el juzgamiento de cualquier delito.
Paradójicamente, habló del proceso al ex dictador Pinochet como un ejemplo del avance de la justicia chilena en la prosecución de las normas democráticas. Sin embargo, como señaló la defensa a cargo de Yanzón, “Pinochet más que de justicia ha sido siempre ejemplo de impunidad, especialmente en casos de DDHH.
Sólo ha sido procesado por corrupto” señaló más tarde Yanzón en réplica a Gené quien había señalado que “en Chile la persecución ha cesado en forma completa y que la justicia actúa de forma independiente.”
En segundo lugar, se dirigió al juez Claudio Bonadío el fiscal Carlos Rívolo, quien de forma escueta y excesivamente técnica y formal argumentó su pedido de extradición ante el reclamo chileno. Aclaró que alejaría su alegato de cualquier contenido político y atendería exclusivamente los requisitos formales para la extradición.
Se mostró sorprendido por la “increíble carta” dirigida al presidente Kirchner para que interfiera en el caso.
Aclaró más tarde, y ante la confusión con cartas presentadas por organizaciones que apoyan a Salvador, que hacía referencia a la carta enviada por la UDI, hegemónico partido de la derecha chilena; que sabemos podría haber sido reforzada con la presencia física de representantes en franca actitud de lobby para lograr la extradición.
Esto último no hace otra cosa que confirmar el carácter político del caso y la persecución de la que es víctima Galvarino Apablaza, de la cual este proceso es sólo continuación de más de treinta de años de obligada clandestinidad.
Por otro lado consideró que los testimonios presentados por la defensa los días 27 y 28 de junio por la mañana, fueron testimonios de individuos en defensa de sus ideales dignos de ser presentados en todo caso ante el Comité de Elegibilidad para el Estatuto de Refugiados (CEPARE) para la obtención del tan reclamado refugio político.
Finalmente, abogó como Gené los artículos del Tratado de 1933 firmado por ambas naciones y la jurisdicción chilena de los casos por los que Galvarino Apablaza es imputado.
En tercer lugar alegó la defensa, quien obviamente señaló las inexactitudes del alegato “leído” por Gené: “Los mecanismos de extradición suscritos por ambos países, no son sólo tratados de cooperación sino que son además la primera instancia para el ejercicio de la defensa del acusado.
Se debe por lo tanto velar por las garantías judiciales del mismo. Y esto no sucederá si Argentina accede al pedido de extradición chileno. Ya que los Derechos Humanos de Salvador se verían seriamente amenazados: numerosos testimonios y bibliografía sobre el tema aclaran la “farsa de la institucionalidad chilena” en tanto democracia tutelada donde hay senadores militares impuestos más allá de cualquier elección, de cargo vitalicio y con pasados probadamente vinculados a la dictadura.”
“En Chile hasta el día de hoy no existe la democracia, y eso no lo digo yo, lo dice hasta el mismísimo Presidente Ricardo Lagos. Aún hoy estamos en transición a la democracia”, sostuvo Claudio Molina Donoso, un refugiado político del FPMR en Argentina.
A su turno, el presidente del PC, Guillermo Teillier, que en los años 80 operó en el mecanismo de enlace del PC con su brazo armado, afirmó que “en Chile todavía vivimos en una democracia tutelada o protegida”.
Agregó que “la derecha domina en el Parlamento y la Constitución que dejó Augusto Pinochet pone obstáculos a la izquierda para llegar allí”.
Por otra parte, Yanzón señaló que “la Corte Suprema (de Chile) no es de ninguna independencia, que su composición es digitada por la Concertación y la derecha, constituyendo un negociado entre las eternas fuerzas partidarias imperantes.” Agregó que hasta el año 1995 como mínimo se aplicó sistemáticamente la tortura en las cárceles de alta seguridad del país trasandino.
Lo que viciaría entre otras una confesión extrajudicial presentada por la querella, obtenida por aquellos años de un implicado y condenado en las causas mencionadas. Hoy día, los presos políticos, detenidos en democracia realizan desde hace más de 40 días una huelga de hambre, entre otras cosas protestando contra las condiciones degradantes de las cárceles chilenas. Compañeros del mismo Salvador han muerto presos en plena “democracia”.
En cuanto a la legitimidad de la legalidad trasandina de la que hizo gala el representante del Estado chileno en su discurso, Yanzón remató que “la Ley antiterrorista chilena permite la intervención activa del Ministerio del Interior. Por lo tanto en el momento en que se realizó el pedido de detención, el Poder Judicial sólo cumplió con la orden del Ministro. La orden de detención carece de argumentos. El Estado chileno catalogó como terroristas estos hechos, por antojo.
Tal como se pide, se ordena” señaló Yanzón refriéndose al pedido de extradición que impulsó el juez Dolmestch cuyo trámite llamó tanto la atención al tribunal oral argentino, que su presidente el juez federal Claudio “Bonadío se mostró perplejo porque las declaraciones extrajudiciales y judiciales que constan en el pedido de extradición usadas para implicar al detenido se obtuvieron sin un abogado presente en ambos casos”, tal como informó el mismísimo matutino “El Mercurio”, tradicional diario de la derecha chilena que encabezó la campaña mediática contra Salvador cuando se conoció su detención en Buenos Aires.
Así como en la actualidad el decano de los diarios de la derecha chilena asume la posibilidad de que la extradición no se concrete, en los primeros días de diciembre reiteraba que “la expulsión (de Salvador) podría concretarse en horas o días”.
El cuestionamiento referido a la ausencia de un abogado defensor en las declaraciones “extrajudiciales y judiciales”, amplió los sospechas sobre la aplicación de tormentos en las declaraciones tomadas sin la presencia de un abogado defensor.
Esto, sumado a la intervención del ministerio del Interior chileno en la instrucción del pedido de extradición conformaron dos argumentos de peso que confirman la existencia de persecución política y la ausencia de garantías para un juicio justo en Chile.
Por otra parte, Yanzón agregó que “la Corte Suprema argentina ha fallado en casos de dos ciudadanos rusos contra la extradición pedida por la nación de origen justamente por la intromisión del Poder Ejecutivo en los mismos. Ambos delitos se encuentran prescriptos a pesar de la interpretación del Estado chileno que computa dos días por cada uno de los establecidos en la condena por hallarse el acusado ausente, es decir fuera del país.
La declaración del líder mapuche Juan Antonio Painecura, que asegura haberlo visto en Chile en 2003, así lo demuestra. No se puede demostrar por lo tanto, la ausencia de Salvador durante todos esos años, al menos hasta el año 2003.
Con respecto a los cargos de autoría de los dos hechos por los que se lo acusa a Salvador, Yanzón alegó que “no existen pruebas fehacientes que involucren a Galavarino Aplabaza en la autoría de los hechos. Más específicamente, un libro escrito por un policía chileno miembro de la UDI, confirma que los hechos ocurrieron a espaldas de la dirección del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Entre todos los argumentos leídos por el representante de Chile, el abogado Gené remarcó que los hechos por los que se pide la extradición de Apablaza “no eran políticos”, sino “actos criminales comunes cometidos en democracia”. A esto Yanzón replicó que el carácter político de los hechos “es irrefutable por tratarse de atentados contra personajes involucrados en niveles importantes con la dictadura, al punto de ser el organizador de formaciones paramilitares (Guzmán) y del principal empresario mediático en defensa de la dictadura (Edwards). El mismo Juez Dolmestch, a cargo de la causa en Chile, lo reconoce al mencionar el Art. 5 Inc. A de la Ley de Seguridad.”
En el final del alegato, Yanzón señaló la existencia de los tres hijos pequeños de Salvador, como los principales afectados si se concediera la extradición porque “sufrirían la ausencia de su padre y el potencial cambio hacia un país en el que no podría responderse a sus principales garantías como ciudadanos argentinos hijos de Galvarino Apablaza Guerra.”
Aclaró además, que a esos niños “se les ha privado de la palabra en este juicio”. Por sobre todas las cosas, la defensa insistió en la ausencia de condiciones democráticas en Chile para la extradición de un hombre que sólo es condenado por su compromiso con la militancia antidictatorial.
Y que se ha transformado en “moneda de cambio para Pinochet” en medio de una continua puja de poder de la UDI, que a poco tiempo de las elecciones consigue la declaración de un policía que señala a Michelle Bachelet, candidata por la Concertación, fue la médica que habría atendido a Edwards durante su secuestro entre 1991 y 19992.
Yanzón dijo, “Decir que en Chile hay democracia, son argumentos para sostener la exclavitud”.
El juicio oral público continuará el próximo lunes 4 de Julio a las 12 hs.
Salvador hará su última intervención en el juicio y se dará sentencia.
El Comité de familiares y amigos de Salvador convoca a todos los que se han solidarizado con esta justa causa a los tribunales de Comodoro Py, el lunes 4 de Julio a las 11.45 hs. a acompañar y exigir su inmedita libertad.
