El futuro llegó hace rato: la pelea por el agua es una bomba de tiempo en toda América Latina

Por Causa Popular.- Además de los 60 millones de habitantes latinoamericanos, en el resto del mundo hay otros mil millones que carecen del acceso al agua, recurso considerado indispensable para la vida. Durante la década del 90 predominó la idea impuesta por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de que los capitales privados son la única forma para cumplir las metas para el nuevo milenio establecidas por las Naciones Unidas en 1990, en las cuales se plantea que para 2015 la cantidad de habitantes del planeta sin acceso al agua potable debe reducirse a la mitad. Sin embargo, el rechazo a la privatización del servicio de suministro de agua en Uruguay y Bolivia es la muestra más reciente de la conflictividad y de los debates que genera la administración y distribución de este recurso en América Latina. En un país como Argentina, alrededor del 30 por ciento de las empresas, que suministran el agua potable al 60% de la población, son privadas.

La empresa Suez, que manejaba el recurso en Bolivia, perdió la concesión del servicio luego de que rechazara los reclamos del pueblo boliviano que exigía una reducción de las tarifas y la extensión del servicio a 200 mil personas. Como en tantos otros casos, la privatización de esta empresa fue puesta en práctica como condición para la concesión de préstamos y renegociación de la deuda externa, por parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

La privatización de este servicio forma parte de los 75 billones de dólares en activos privatizados desde la década de los 80 en América Latina, una región que en las décadas sucesivas registró el 55 por ciento de las privatizaciones realizadas en el Tercer Mundo, según cifras del Banco Mundial.

Aunque buena parte de su población no tiene acceso al agua potable, América del Sur posee el 26% de los recursos hídricos del planeta para abastecer sólo al 6% de la población mundial, por lo que está expuesta, además de las ambiciones de los capitales transnacionales, a posibles conflictos bélicos por la apropiación del agua.

Según el premio Nóbel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, ya “está en marcha” una guerra por la apropiación del agua en América Latina. El recurso ya estuvo en el centro de al menos cinco conflictos entre naciones latinoamericanas limítrofes, que comparten cuencas hidrográficas, y en el caso más reciente, el del enfrentamiento entre Ecuador y Perú en 1995, incluyó acciones militares alrededor del río Cenepa.

América del Sur, la reserva mundial de agua, y que según algunos estudiosos ya es exportadora del recurso por vías indirectas, cuenta con el Acuífero Guaraní, compartido por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que abarca alrededor de 1.200.000 kilómetros cuadrados y puede en teoría abastecer a cerca de 360 millones de personas. También contiene a la Cuenca Amazónica, la reserva de agua dulce más importante del planeta, y las cuencas del Orinoco y del Plata.

Con el supuesto fin de mejorar la distribución de un recurso tan abundante en la zona, muchos gobiernos optaron por la privatización, pero en varios países hay rechazo a esa política y denuncias por el monto de las tarifas, tratándose de un recurso natural que se considera por importantes sectores de la población latinoamericana copropiedad de los habitantes de cada país.

En Bolivia, por ejemplo, la privatización del servicio de suministro y saneamiento derivó en aumentos de tarifas que provocaron la reacción de sus habitantes, con protestas y paros generales que obligaron al gobierno, en dos oportunidades, a cancelar el contrato con la empresa concesionaria.

En enero de este año el gobierno del ex presidente Carlos Mesa decidió cancelar un contrato de más de ocho años con la empresa privada Aguas del Illimani, de la cual la firma multinacional francesa Suez era el socio mayoritario, y que estaba encargada del suministro de agua y saneamiento.

El gobierno adoptó esa decisión luego de un paro general de tres días realizado por la población de El Alto -la misma que hoy mantiene sitiada La Paz, pidiendo la nacionalización de los hidrocarburos-, que acusaba a la empresa de incumplimiento en las inversiones para ampliar el servicio, y de haber aumentado las tarifas.

En una situación similar, en enero de 2000, el gobierno boliviano había decidido terminar el contrato con Aguas del Tunari, propiedad de la multinacional californiana Bechtel, luego de un paro general de siete días ocasionado por aumentos de hasta 400% en las tarifas del suministro del servicio. Cancelado el contrato con Aguas del Tunari, la administración del servicio de agua potable y alcantarillado retornó a la empresa estatal SEMAPA.

Otro caso de resistencia al manejo privado de este recurso es el de Uruguay, donde en concomitancia con las elecciones presidenciales del 31 de octubre del año pasado, el 64% de los ciudadanos aprobaron un plebiscito de reforma constitucional, el cual dispuso que “el agua es un recurso natural esencial para la vida”, y el acceso a los servicios que implican su uso son “derechos humanos fundamentales”.

Con el triunfo de esa postura en el plebiscito, el servicio de suministro de agua a la población uruguaya deberá ser prestado “exclusiva y directamente por personas jurídicas y estatales”.

La participación del sector privado en el suministro de agua potable en Latinoamérica se realiza a través de contratos de títulos de concesión integral o constitución de empresas mixtas, y ha sido otorgada por las municipalidades, las cuales han recibido la responsabilidad del servicio de parte de los gobiernos, como resultado de presiones ejercidas por los organismos internacionales.

Además de la lucha incansable del pueblo boliviano, la sociedad uruguaya marco el camino estratégico que debe acompañar la administración de este recurso indispensable para la vida.

La población uruguaya decidió en forma soberana, una reforma constitucional en la que “el acceso al agua potable y el saneamiento son derechos humanos fundamentales”. De esta forma, la administración del recurso queda en manos del Estado, único capaz de garantizar que la misma se realice con el fin de satisfacer las necesidades humanas y no la rentabilidad, como lo hacen las empresas que explotan el recurso a expensas de las extorsiones realizadas por el FMI y el Banco Mundial a los países endeudados.

Según quedó establecido en la constitución uruguaya, los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua potable para el consumo humano deberán ser prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales, junto a las cuales los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos.

Argentina tiene un norte en el cual referenciarse para que el agua de nuestro territorio vuelva a ser un recurso al servicio de la vida y no de las ganancias.

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