Lo maravilloso de la política es que es el principal instrumento del pueblo para producir el cambio social. Y esto es lo que, de a poco, vamos recuperando y volvemos a incorporar como valor. De a poco, porque la crisis de la que intentamos salir ha sido de las más graves de toda nuestra historia.
Después de la democracia fraudulenta y de la década infame de 1930, tuvo lugar el fenómeno político más importante del siglo XX que es el peronismo. Entre otros logros produjo la incorporación social y política de los trabajadores al quehacer nacional, estableció las bases de un proyecto nacional independiente y soberano con justicia social e incorporó valores que con el tiempo se hicieron permanentes y fueron asumidos por el conjunto del pueblo argentino. Pero pocas veces se destaca que durante ese período la distribución del ingreso estaba en el cincuenta por ciento.
Es esa puja por la distribución, más allá de otros factores, el objetivo buscado por la sucesión de golpes de Estado y por la proscripción política a que se lo sometió por 18 años. Después de 1955 la participación de los trabajadores cayó abruptamente hasta que las luchas populares restablecen la posibilidad de participación democrática en 1973, cuando en pocos meses la distribución del ingreso vuelve a los valores de la década del 50.
Por eso no debe extrañar que al fracasar el método de la proscripción política, las elites agrarias y los grandes grupos económicos provocaran el golpe de estado del 76 con características diferenciadas de los golpes anteriores. Como decía Martínez de Hoz, buscaron un cambio de mentalidad sin plazos: reemplazar la cultura del trabajo y la solidaridad por un modelo rentístico y especulativo. Así, de inmediato, redujeron un 30 % el salario real de los trabajadores.
La fuerza de las armas y los crímenes cometidos fueron necesarios para aplicar los dos principios básicos con que se inspiraron: el de subsidiaridad del Estado para declararlo ausente y de esa forma transferir sus recursos a los grupos económicos apropiadores, y el de apertura irrestricta de la economía, que destruyó la industria nacional y endeudó el país con graves pérdidas de soberanía. Rápidamente se generó una distribución regresiva de los ingresos.
El retorno de la democracia no logró revertir esta situación. Lejos de ello, con el gobierno de Menem se completa gran parte de la obra iniciada por Martínez de Hoz, basándose en los mismos principios. El menemismo decretó la muerte de las ideologías y pretendió reducir al peronismo a un partido demoliberal, entonces las prácticas políticas burocráticas y clientelísticas se hicieron lineales y necesarias para que fueran representados abiertamente intereses extraños a su origen y emparentados con los de sus enemigos históricos.
La confusión de la Alianza, su falta de comprensión de que los problemas del Estado, que no son una mera cuestión de ética y eficacia, no hizo más que profundizar la crisis del Estado. Al reducir a estos aspectos su planteo político, consiguió el éxito electoral, pero más allá de los orígenes de parte de los dirigentes de la Alianza esto significaba la aceptación anticipada ideológica y cultural del neoliberalismo.
Los partidos pasaron a ser secundarios y anticiparon la crisis de representatividad y gobernabilidad que precipitó la caída del gobierno aliancista.
Por esta razón, el aspecto destacado en estos tres años del actual gobierno es que después de mucho tiempo la política vuelve a ocupar el centro de la escena. Baste mencionar el cambio de Ministro de Economía en diciembre pasado cuando los medios y los gurúes de la economía nos advertían peyorativamente que ahora era el presidente quien iba a conducir la economía del país.
Estos sectores tal vez añoren los tiempos en que los destinos de nuestro país lo fijaban desde el FMI o desde algunos grupos económicos concentrados, pero quizás estén más preocupados por las reiteradas declaraciones del presidente desde que asumió, de trabajar para corregir la distribución del ingreso, lo que innegablemente implica afectar ciertos privilegios.
En estos tres años hay avances claros en esta dirección, como el sostenimiento de los superávit gemelos -el fiscal y el comercial-; el primero, que incluye las retenciones a las exportaciones agropecuarias y petroleras, y el segundo que asegura una sana provisión de divisas externas que permitió, entre otros logros, cancelar la deuda con el FMI. Agreguemos el aumento de la masa salarial por la generación de empleo, donde el Estado tiene un rol promotor a través de la inversión en obra pública. Otro punto importante es la batalla por el aumento del salario real al mismo tiempo que se busca sostener una baja inflación en la búsqueda de una más justa distribución.
Ahora bien, la pregunta que cabe hacerse es que si el gobierno tiene tan claro este desafío desde el primer momento y aplica políticas en esta dirección, por qué, si en las experiencias anteriores de la década del cincuenta y en 1973 la distribución del ingreso llegó a niveles justos muy rápidamente, en estos tres años avanza con tanta lentitud?
Por dos factores principales: la debilidad política del campo popular con que se arriba al gobierno en 2003 y la profundidad de los cambios estructurales iniciados en el 76 y continuados en los 90. De aquí surgen las dos grandes tareas de la etapa que no pueden ignorar el punto de partida, o sea, el estado de situación del que venimos. Baste señalar que los niveles de exclusión no han sido sólo sociales, también han sido territoriales lo que nos ha llevado, no hace mucho, al borde de la disgregación social e incluso territorial.
Hoy se habla de la necesidad de la inversión, pero quitando la que se realiza desde el Estado, ésta sigue concentrada en ciertos sectores de la economía y en algunos grupos dominantes, y a su vez, en una pequeña parte del territorio nacional. Nuestro PBI sigue estando en un 80 % en el área central del país concentrado en una porción menor al 20 % de la superficie. La Patagonia sigue despoblada, sin industrias, y el Norte Grande, empobrecido y con desarrollos agropecuarios primarios.
Para corregir esto se precisa de una acción directa del Estado. Su rol es fundamental para restablecer una ecuación de equilibrio con justicia social en integridad territorial. No es como asegura el ex ministro Eduardo Lavagna que el Estado sólo debe dedicarse a la seguridad, la salud y la educación. El Estado es lo que es su gobierno y éste es en función de los intereses que representa. Si son la representación de los intereses del pueblo y de la nación, lo que el Estado debe hacer deja de ser un tema técnico para ser el gran tema político. O sea, garantizar las aspiraciones postergadas del pueblo y de los intereses nacionales de los cuales jamás se va a ocupar el mercado.
Es necesario promover el desarrollo industrial y la regeneración de la pymes postergadas o eliminadas por las acciones demoliberales. Las políticas de promoción deberán incluir los recursos financieros que hoy no están disponibles para el sector por las altas tasas o las exigencias bancarias. Se deberá recuperar las industrias estratégicas, que serán generadoras de otras y exigirán investigación y transferencia tecnológica nacional, así las nuevas industrias como la de biocombustibles deberán asegurarse en un plan de recursos soberano y con participación de los sectores pymes.
Estas decisiones mejorarán la distribución justa del ingreso porque ésta no es sólo salarial: significa también desarrollo tecnológico e industrial y equilibrio regional.
El otro punto básico, la otra gran tarea, es la construcción de la fuerza política popular y nacional que mejore los niveles de representatividad y sea motor del cambio social, que permita con todos los sectores la reformulación del proyecto nacional. Son dos caras de una misma moneda para avizorar el futuro.
Si nos hemos negado a proyectar un futuro de exclusión y pobreza, de desindustrialización, de endeudamiento, de pérdida de identidad y soberanía y, por el contrario, nos animamos a soñar con un país integrado, socialmente justo, con desarrollo tecnológico e industrial, un país para todos, ese más que un país posible será el país deseado.
Ese país futuro es el que, entre todos, debemos construir hoy.
