Nadie duda que todavía falta mucho para que las políticas de Estado referidas al cuidado de los niños estén a la altura de las circunstancias. De hecho, en la Provincia de Buenos Aires, desde el retorno de la democracia en 1983 hasta fines de 2006, rigió una ley basada en la añeja Ley de Patronato del Estado que, además de ser el paradigma de una situación irregular, data de 1920, cuando Luis Agote la promulgó. Desde principios de este año rige una nueva legislación, que promueve la protección integral, pero esto sólo comienza un largo y complejo camino que debemos desandar para que el Estado cumpla con responsabilidad y visión de futuro la relación con las niñas, niños y adolescentes que viven en Buenos Aires. Pero, ¿cómo será la transición de un sistema a otro?
La ley que terminó un prolongado e inexplicable derrotero, fue el Decreto-Ley 10.067 que se basaba en el articulado promulgado por Agote en el 20, más conocida como la Ley 10.903. Sin embargo, a fines del año pasado, la legislatura de la Provincial promulgo la ley 13.298, que más allá de ser un modelo legal de protección integral significa un cambio profundo en la relación del Estado con las niñas, niños y adolescentes que habitan en la Provincia.
Es claro que una ley, por si misma, no genera cambios en forma inmediata. El desafío es iniciar un proceso de profunda transformación, en las personas y las organizaciones publicas y privadas. Para ello es indispensable involucrarse en estos procesos y pensar y planificar servicios para los niños en general, y en particular para aquellos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad o necesitan un apoyo adicional.
Antecedentes
A lo largo de todos estos años el Patronato ha demarcado la acción del Estado y la Justicia, estableciendo un sistema de abordaje autoritario, segregador e injusto, carente de las garantías del sistema democrático y violador sistemático de los derechos humanos, mas teniendo presente que la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) es parte de nuestra Constitución desde 1994.
Pero lo peor de todo, es que la doctrina de la situación irregular ha empeorado todos los males que se propuso sanar. Lo que hace es seleccionar una población cautiva dentro de un sector social: el de los pobres y excluidos. En lugar de proteger a los niños y a los adolescentes; integrarlos y dignificarlos, ha profundizado la segregación y la exclusión a través del encierro y el aislamiento. Este paradigma niega la historia al conceptualizar a los niños como objeto de atención y protección.
En 1989 la Republica Argentina incorporo a su cuerpo legal la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (CIDN), que se incorporo a la Constitución en la reforma de 1994. La Provincia de Buenos Aires también también incorporó la mencionada Convención a su Constitución.
La Ley 13.298 se sustenta en la Doctrina de la Protección Integral de la Infancia, que contiene los principios de la Convención Internacional de los Derechos de la Niña, el niño y el Adolescente, y de otros tratados y reglas aprobadas por las Naciones Unidas, que a pesar de no poseer carácter vinculante como la CIDN son de consulta obligada:
– Reglas Mínimas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing).
– Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad.
– Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de RIAD)
La gran pregunta: ¿Qué pasara en la provincia durante 2007?
Lo cierto es que se debería producir la transición de un paradigma a otro, pero vale preguntarse ¿Qué implica este proceso?:
– 1 Cambio de estructura y funcionamiento del órgano administrativo, hasta hoy la Subsecretaria de Minoridad dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano. Esto implica la reasignación de recursos, la creación de nuevas áreas y la definición de políticas. Deben elaborarse todos los programas de acuerdo a la nueva ley.
– 2 Reconversión, Formación y Capacitación de los recursos humanos para la transformación de las prácticas institucionales. Definición de una política de personal acorde a la nueva normativa.
– 3 Definición de una nueva relación con los Municipios y el Fuero del Niño, creado por la ley.
La Doctrina de la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia
Se trata de una doctrina enfocada en los derechos. Es decir, hace foco en las condiciones que rodean a los niños y adolescentes, en particular omisiones y obstáculos de las políticas publicas y acciones de otros actores sociales. Define políticas universales para todos los niños e intervenciones orientadas a remover obstáculos, promover la corresponsabilidad y modificar las condiciones que permitan integrar, tomando en cuenta la complejidad del problema.
Esto significa el diseño de intervenciones capaces de integrar acciones sociales que colaboren en la inclusión de las niñas, los niños y los adolescentes en su grupo familiar, en su comunidad, en el grupo de crianza ampliado, en la escuela, en los servicios de salud, etc.
En consonancia con estos principios toda política se deberá elaborar en base a determinados principios: se deberá respetar el interés superior del niño, la carencia o ausencia de recursos materiales de la familia no podrá ser excusa para su exclusión del mismo y su institucionalización. Los derechos son de carácter público, interdependientes e indivisibles.
El gran secreto: ¿Por qué y como jerarquizar las políticas de Estado dirigidas a la infancia y la adolescencia?
La organización y eficacia de una política dirigida a la niñez y la adolescencia debe fundarse en el trazado de una estrategia universal: una política para toda la infancia y la adolescencia. Desde esta concepción deben elaborarse los programas para la atención de las niñas y los niños, poniendo especial énfasis en las políticas de promoción, restitución y protección de aquellos derechos que por acción u omisión del estado, organismos privados o ciudadanos afectaren los derechos de la infancia y la adolescencia.
El fortalecimiento de las políticas de Estado dirigidas a la infancia y la adolescencia debe basarse en un esfuerzo de articulación de las políticas y programas sociales, entre las diferentes áreas y niveles de gobierno, facilitando la movilización de todos los recursos disponibles en el Estado y la comunidad con el fin de detectar, por un lado, situaciones de vulneración de derechos y para actuar de forma eficaz y operativa frente a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes mas necesitados de nuestra provincia.
Una herramienta para esto es la transformación de la actual Subsecretaria en un organismo Autárquico dependiente del Gobernador, que concentre planes y programas destinados a la infancia y la adolescencia, con un presupuesto acorde a las necesidades de la provincia y calificado a nivel político, técnico y científico.
Esto le imprimirá dinamismo, autonomía y operatividad para el abordaje de situaciones y la resolución de conflictos, que muchas veces no pueden esperar largas resoluciones administrativas. La atención de la infancia y la adolescencia debe ser prioridad para el estado y ser comprendida como un deber ético y una importante inversión social a largo plazo, que redundara en beneficios para la sociedad en las más diversas áreas: educación, formación profesional, salud, seguridad, participación popular, etc. Promoverá el fortalecimiento del sistema democrático y el afianzamiento de una sociedad más justa y solidaria.
Otro aspecto importante en este sentido es la incorporación de la sociedad civil y sus organizaciones a la hora de elaborar y supervisar las políticas de Estado dirigidas a la infancia y la adolescencia. Las Universidades deben cumplir un rol significativo en la formación y capacitación del personal, en la asistencia técnica y supervisión de los programas y proyectos, ya que el aporte de la ciencia, muchas veces bastardeado, es vital para la definición de una política seria, eficiente y trascendente históricamente. Los cambios profundos y permanentes de la realidad de nuestros tiempos, requieren acciones rápidas, pero también un profundo estudio e investigación de la realidad para que las primeras no caigan en el puro hacer y puedan dotarse de sentido y eficiencia practica.
Como contrapartida a un futuro Consejo o Instituto Provincial de la Infancia y la Adolescencia es necesario promover la creación de una figura relevante para el contralor de la política publica y la recepción de todo tipo de denuncia sobre violaciones a los derechos de la niñez: El Defensor de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes (Ombusman), quien deberá ser elegido por ambas cámaras de la legislatura en concurso abierto de antecedentes y oposición.
Política de Personal: una propuesta a los trabajadores.
La transición de un paradigma a otro, como ya mencionamos, no se sostiene solamente en el cambio operado a nivel legislativo, ni en la transformación de la estructura del organismo ejecutor de la política. Estos pasos, importantes e indispensables deben complementarse con un trabajo con el personal del área en todos sus niveles.
Después de años de Patronato y vaivenes políticos la situación del personal es delicada. La falta de espacios de capacitación, las selecciones de ingreso erradas, la falta de carrera administrativa, la nula política de supervisión y control han dejado al cuerpo de agentes desprovistos de espacios útiles al crecimiento personal y profesional. Las prácticas determinadas por la doctrina de la situación irregular no han sido del todo felices, promoviendo metodologías paternalistas, antipedagogicas y totalmente iatrogenicas.
A partir de la puesta en marcha de un nuevo paradigma, el de la Doctrina de la Protección Integral, las respuestas del Estado ante los problemas de la niñez y la adolescencia deben ser diametralmente opuestas. Ante las mismas situaciones en donde la doctrina de la situación irregular activaba una política determinada, a partir de ahora debe existir la capacidad de generar otra. Por ello la nueva norma requiere un cambio de prácticas institucionales, de cultura organizacional, de diseño de políticas.
Para ello es necesario trabajar en las siguientes líneas de acción:
– 1- Crear espacios de Formación y Capacitación Permanente en cooperación con la Secretaria de Gestión Publica y las Universidades Nacionales.
– 2- Abrir la mesa de discusión con los representantes gremiales del sector con el fin de proyectar un estatuto especial para los trabajadores, similar a los ya existentes en las áreas de educación, salud, servicio penitenciario, etc. Dentro de esta discusión debe estudiarse la necesidad de realización de concursos y selecciones internas para los cargos administrativos y técnicos: Director de Instituto, Coordinador de Programa, Delegado Zonal, Supervisores, Jefes de Departamento, etc.
– 3- Promover la Supervisión y el Control de Gestión como herramientas no solo de control, sino de crecimiento institucional y personal.
La Argentina aun no ha salido del infierno y las partes más visibles de este proceso se pueden palpar en el estado de su niñez. Recién a finales del año pasado se supo por primera vez cuánto ganan los niños y adolescentes que trabajan en el país. En promedio, el monto mensual de la retribución que obtienen chicos y chicas de entre 5 y 13 años alcanza apenas a 22 pesos y entre los que tienen 14 y 17 años, a 97 pesos. La exigua suma que aportan a la economía familiar fue relevada por Unicef y surge de una encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo que revela algo peor: las estadísticas oficiales muestran que el 25 por ciento de los adolescentes que trabajan en Argentina abandonó la escuela y ese porcentaje se eleva al 62 por ciento en las zonas rurales.
Con esta perspectiva que sólo muestra uno de los aspectos desgarradores que tiene que atravesar nuestra niñez, vale preguntarse cuál es la mejor manera para pensar un esquema estatal integrador que asuma su responsabilidad teniendo en cuenta un contexto socioeconómico que reclama mucho más que una ley adecuada, sino la voluntad para transformar este sistema en serio.
