El fin de la privatización del agua en manos de Suez y los peligros de tropezar dos veces con la misma piedra

Por Causa Popular.- Al calor de las exigencias de las recetas delineadas en el consenso de Washington, en 1992 el gobierno de Carlos Menem privatizó el servicio de agua y cloaca del área metropolitana, hasta ese entonces garantizado por Obras Sanitarias de La Nación. La letra del contrato que fue difundida por entonces anunciaba con entusiasmo que la empresa adjudicataria explotaría el servicio por 30 años, comprometiéndose a realizar inversiones para suministrarles llegar a todos los carecían del mismo, manteniendo sus tarifas congeladas durante los primeros 10 años. Pero luego llegaría María Julia Alzogaray, quién sería la encargada de renegociar los contratos para establecer que la compañía financiaría la expansión de su red para que la totalidad de los pobladores de su área de servicio tuvieran agua y cloacas en 2023, sólo si era habilitada a aumentar las tarifas. Una vez más, como en casi todas las privatizaciones, los usuarios financiarían las inversiones empresariales. Finalmente, el grupo Suez oficializó el pasado jueves que se retirará de Aguas Argentinas, luego de doce años como accionista principal, y de haber fracasado en cada una de las responsabilidades que por contrato asumió aprovechando la ola en la que el dios mercado prometía solucionar todos los problemas de una población supuestamente asfixiada por un Estado burocrático y corrupto.

Pero al cabo de 12 años de la privatización de uno de los recursos naturales -junto al oxígeno- indispensable para la vida, los números son elocuentes. Según datos oficiales, el 53 por ciento de los casi nueve millones de pobladores de los 24 municipios del conurbano de Buenos Aires no tienen alcantarillado, mientras que el 29 por ciento carece de agua potable. A su vez, un estudio de la Universidad Nacional de La Plata subraya que 17 de esos 24 distritos están en una situación de “muy alto riesgo” sanitario y social por la falta de provisión de agua potable.

Servicios deficientes, tarifas altísimas, y una baja calidad del agua fue el saldo que deja el primer gran contrato de privatización del agua en América Latina, firmado por la Argentina en 1992.

En los años siguientes, y de las mano de la experiencia argentina, las empresas de origen francés como Suez que vieron en el agua un negocio rentable, se expandieron hacia otros países de la región, África y Asia e inclusive a Estados Unidos, operando actualmente en 130 países y teniendo en sus manos el suministro a unas 500 millones de personas.

En cada uno de estos países la norma se mantuvo. El agua se consolidó como un recurso cuya función fundamental pasó a ser las ganancias de las empresas, subordinando a la misma el suministro necesario e indispensable para la vida humana.

La rescisión del contrato de Aguas Argentinas, aprobada el pasado jueves 29 en asamblea de accionistas, pone al Gobierno en el brete de hallar rápidamente un nuevo prestatario del servicio de aguas y cloacas en Buenos Aires y su cordón urbano.

Consultado el ministro de Planificación Julio De Vido por la decisión de la empresa expresó que el Estado no tiene ni la voluntad ni la obligación de tomar a su cargo “proveer el servicio y atender las necesidades de los 20 millones de usuarios” del área metropolitana, pero “vamos a asegurar la forma de hacerlo”.

Con estas palabras De Vido reafirmó una de las políticas de Estado que se mantienen en el gobierno actual -la misma que se ha seguido con el Correo Argentino-, de volver a entregar la concesión, en el futuro, a manos privadas.

La intención del gobierno nacional es que el grupo Suez, actual operador de Aguas Argentinas, continúe prestando el servicio por un año más, pero el mayor accionista de la compañía anunció esta semana que baraja un periodo de transición de apenas 90 días hasta dejar el servicio.

Aguas Argentinas y el gobierno negociaban desde finales de 2003 nuevas condiciones para el contrato de concesión, pero el diálogo fracasó luego de que las autoridades nacionales se negaran al pedido de la empresa de aumentar las tarifas en un 30 %.

“Este resultado no debe sorprender a nadie porque durante siete de los 12 años de concesión hubo conflicto por sucesivas modificaciones del contrato, que se hicieron sin la participación del ente regulador”, dijo a la prensa el director del Instituto Argentino de Servicios Públicos, Carlos Montero.

Montero precisó que el contrato original preveía inversiones por 4.000 millones de dólares durante los 30 años de la concesión, cantidad que fue elevada a 5.000 millones años después, pero la empresa sólo invirtió 1.500 millones en los 10 primeros años de servicio.

Si bien el gobierno de Néstor Kirchner se mostró fuerte ante las maniobras de la empresa, y aseguró que una rescisión unilateral del contrato le traerá a la empresa “dolores de cabeza desde el punto de vista jurídico por incumplimientos del contrato en términos de inversión”, no parece estar dispuesto a ir hasta el fondo del problema que se instala con los conflictos desatados con la multinacional prestadora de los servicios de agua y cloaca.

El caso de Aguas Argentinas se ha convertido en paradigmático a la hora de analizar la política sostenida por el gobierno con las empresas de servicios públicos privatizadas. “Si quieren irse, que se vayan: el pueblo sabe lo que tiene que hacer”, fue la arenga presidencial en una de sus presentaciones de campaña.

El dicho, que resonó como música en los oídos de algunos, terminó contradiciéndose con los hechos posteriores. En la tribuna el presidente exclamó con firmeza “que se vayan”, pero inmediatamente después, en el seno de su despacho empezó a analizar el camino necesario para garantizar “que se queden”, aunque sea por un tiempo prudencial.

Mientras en la economía doméstica se verifica constantemente que los monopolios instalados por el menemismo para el manejo de servicios esenciales está lejos de cumplir con las necesidades de los usuarios, en la macroeconomía, las dificultades que vienen creciendo con los dueños extranjeros de las privatizadas vienen a complicar peligrosamente el panorama de un gobierno que hoy reniega del neoliberalismo en los dichos, pero que en los hechos va constatando que, ante la falta de alternativas inteligentes, se ve obligado a abrevar nuevamente de sus misma recetas.

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