El fin de la inocencia

Estados Unidos apretó el acelerador y dejó bien claro que sólo está dispuesto a firmar un tratado con el contenido de los TLC conocidos hasta el presente. Ello precipitó rechazos inesperados dentro del fa. El presidente mantiene silencio y los partidos tradicionales apuran al gobierno para que firme.

El debate sobre un acuerdo comercial con Estados Unidos parece haber perdido su dosis de inocencia luego de que uno de los protagonistas, la administración de George W Bush, pusiera los puntos sobre las íes. Hasta ahora, el eje sobre el cual se fijaban posiciones dentro del gobierno y su fuerza política consistía en banalizar el debate a favor o en contra de aumentar las exportaciones hacia el país del norte, un hecho, por cierto, al que nadie en su sano juicio podía oponerse.

Pero esa realidad cambió desde el momento en que se conocieron dos sucesivos memorandos, resultantes de una reunión realizada en Washington el 26 de junio y de la teleconferencia del 26 de julio entre los negociadores, con los “contenidos” que Estados Unidos entiende deben formar parte del acuerdo.

DESACUERDOS. Si la presión de empresarios y partidos tradicionales es muy clara en la intención de llevar al gobierno a firmar un tlc, entre los frenteamplistas la cosa es distinta. Y lo es no sólo porque existen pronunciamientos expresos del último congreso del fa y de su Plenario Nacional, sino porque al frente del rechazo (constituido por comunistas, socialistas, pvp, emepepistas y sectores radicales) se han sumado dirigentes de la Alianza Progresista y el Nuevo Espacio.

En varias de esas tiendas progresistas se es consciente de que el gobierno avanza hacia un punto de quiebre y por eso aparecen movimientos como el impulso de una movilización contra el TLC. Así lo entiende el pcu, que convocó para el miércoles 9, a las 19 horas, a una concentración en la plaza Libertad, no contra el gobierno, aclaró a BRECHA su secretario general y senador Eduardo Lorier, sino en respaldo a las resoluciones del congreso del FA y del Plenario Nacional del pasado mes, contrarias a un TLC.

Lorier rechazó que se les “intente vender” un acuerdo de promoción comercial (APC) como si fuera distinto a un TLC, ocultando que Estados Unidos exige a Uruguay condiciones respecto a las patentes de sus empresas que son superiores a las vigentes en la omc, así como la obligación de permitir a las empresas estadounidenses la participación en los mercados monopolizados por el Estado, entre otras “condicionantes lesivas”.

Sin embargo, y a pesar de que se comparten muchas de las aprehensiones del PCU, no todos están dispuestos a mover fuerte, llevando la discrepancia a la calle. Hasta ayer, jueves, ningún otro sector se había sumado a la iniciativa comunista.

La gradación de la postura frente a un tratado que algunos ven como inexorable tiene también otras expresiones.

El dirigente de la Vertiente Artiguista Enrique Rubio manifestó a BRECHA que su sector desconoce la información resultante del proceso de intercambio en la comisión binacional. Aseguró que las preocupaciones que mantienen “son las mismas del principio, y giran en torno a la compatibilidad de los acuerdos comerciales que se hagan fuera del área con la región. Los acuerdos que permiten accesos a mercados importantes son convenientes, a condición de que no tengan contrapartidas que impliquen concesiones significativas en áreas sensibles”.

Pero a diferencia de los otros sectores, la Vertiente intenta explorar el camino del medio, quizás con el convencimiento de que el presidente está decidido por el contenido de un TLC y que una postura abiertamente opositora podría significar una crisis en el gobierno.

Para Rubio, un camino para amortiguar los efectos negativos en áreas sensibles del país, como la exigencia de trato igualitario para las empresas estadounidenses en las compras del Estado (véase Detrás de los Números, páginas 4 y 5), es modificar la legislación existente, aumentando la cuota de la participación nacional (hoy el 10 por ciento de los proveedores estatales deben ser industrias nacionales). Su sector propuso el miércoles a la bancada frenteamplista un proyecto de ley por el cual se le otorga prioridad en las adquisiciones del Estado a las pequeñas y medianas empresas, aun cuando el precio de sus productos supere en un 20 por ciento a los otros proveedores. Para ello lo ofrecido deberá tener, al menos, un 30 por ciento de valor agregado nacional.

NUEVOS DESACUERDOS. La explicitación del contenido pretendido por Estados Unidos tuvo otras derivaciones, atravesando la interna de sectores como la Alianza Progresista (AP) y el Nuevo Espacio (NE). En el posicionamiento ante el factible tratado aparecieron posturas que van más allá de la crítica a ese tipo de acuerdo, para acercarse a una visión cuestionadora de la actual política económica y el rumbo del gobierno.
El manido TLC parece haber detonado en el NE la explicitación de dos líneas al respecto.

El diputado Gonzalo Mujica ha hecho circular en la bancada frenteamplista un documento titulado “La opción nacional: drama y desafío”, donde se afirma que existe un modelo de integración del país al mundo que puede caracterizarse como “modelo trasnacional”.

Esta modalidad, dice el texto, “no tiene roles para la industria nacional, ni el sector agropecuario pequeño y mediano; en este modelo no incide el mercado interno, y este modelo requiere un tipo de inserción internacional que pasa por un TLC con Estados Unidos. Es más, este es el modelo que ese tipo de tratados determina mediante las contrapartidas que Estados Unidos exige: prohibición de toda discriminación positiva de las compras del Estado hacia la industria nacional, prohibición de toda discriminación positiva del desarrollo de conocimiento y tecnologías nacionales, intervención de las empresas estadounidenses en el mercado de las telecomunicaciones, la energía, los recursos acuíferos, etcétera”.

Estas definiciones son ajenas al senador Rafael Michelini y parte de la bancada nuevoespacista.

Preguntado Mujica si obedecería una orden presidencial de votar un APC o TLC, contestó que sólo lo haría en caso de que Uruguay haya sido expulsado del Mercosur y no tuviera otra chance de inserción internacional en ningún pacto latinoamericano (véase Detrás de los Números, página 2).

La otra interna que se ha sacudido a partir de la negociación con Estados Unidos es la de AP. El vicepresidente Rodolfo Nin ha señalado en algunas oportunidades (al igual que el ministro Héctor Lescano) que estaría afín a firmar un TLC. Pero el senador de ese sector Eduardo Ríos afirmó a BRECHA que si bien Uruguay no puede dejar de tener negocios bilaterales con Estados Unidos, que es un gran comprador de nuestros productos, “lo que no podemos aceptar, cualquiera sea el instrumento, son condicionalidades que determinen nuestra política interna y que otorguen superbeneficios a empresarios estadounidenses cuando queremos tener un acuerdo comercial bilateral.

No estamos de acuerdo con que las empresas de Estados Unidos tengan preferencia en las licitaciones. No podemos firmar ningún acuerdo comercial que lleve implícito el menoscabo o el ataque, aunque sea indirecto, del Mercosur, porque ese es nuestro destino natural”.

Ríos piensa “que se puede profundizar en el comercio sin necesidad de bajar banderas o poner en riesgo un proceso de integración que ya lleva 15 años, aunque le falte mucho por avanzar. No me opongo a un tlc por una razón ideológica, lo hago porque no estoy de acuerdo con el formato tradicional, ya que los países chicos se subyugan frente a los poderosos como Estados Unidos y dan más de lo que reciben en contrapartida. Me parece que las condicionalidades que he visto en los tratados como el de Perú (véase Detrás de los Números, páginas 3 y 5) no se adecuan a nuestra visión estratégica para 20 o 30 años”.

PRESIONES. El punto tres del primer memorando citado más arriba dice: “Específicamente se indicó que de la reunión se podía extraer que el modelo de negociación planteado por Estados Unidos correspondía claramente al mandato legislativo que surge del TPA (fast track), que implica una negociación amplia que cubre todos los sectores de bienes, servicios, disciplinas comerciales, propiedad intelectual, normas laborales y ambientales”.

A renglón seguido agrega que “para explicar el formato que tienen los acuerdos bajo el tpa, realizaron una presentación del acuerdo de libre comercio entre Perú y Estados Unidos”.

El segundo memorando (del 27 de julio) señala que la parte estadounidense insiste en el ejemplo del tratado firmado por Perú y precisa que Estados Unidos plantea incorporar los servicios en general, más “servicios financieros, comercio electrónico y telecomunicaciones, reglas de origen y aduanas, compras del Estado y competencia”.

Aunque lo firmado por Perú y Estados Unidos no se denomina TLC sino apc, el resultado es un tratado con los mismos contenidos del TLC clásico. Así, consta de 22 capítulos análogos y una temática que va desde la paulatina eliminación de aranceles hasta la equiparación en el trato a las empresas nacionales para las firmas estadounidenses en las compras estatales, incluyendo normas sobre la propiedad intelectual (véase Detrás de los Números, páginas 4 y 5) más severas que las aprobadas en la OMC.

El contenido de estos memos, por lo señalado, está muy lejos de la idea propagada por los promotores uruguayos de un acuerdo que permitiría rebajar los aranceles a la carne y a algunos otros productos, sin las contrapartidas conocidas de un TLC.

Ambos memorandos repiten en sus párrafos finales que el país debe definir si “tiene interés en dar comienzo o no a negociaciones de un tratado amplio de comercio con Estados Unidos”; y “en caso de que se adopte una decisión a favor del comienzo de tales negociaciones, plantear el tema al más alto nivel en el Mercosur”.

Esos requerimientos permiten suponer que se apresura una definición del gobierno uruguayo al respecto. Además, el lunes 7 arribará al país el estadounidense Everett Eissenstat, representante comercial y asistente para las Américas, acompañado por la directora para Brasil y el Cono Sur, Mary Sullivan. Ambos participarán de la reunión del Consejo de las Américas, que el miércoles 9 se realizará en Montevideo.

Si bien fuentes gubernamentales dijeron a BRECHA que la presencia de ambos delegados no responde a una presión de Estados Unidos para que Uruguay acepte el formato por el que se pretende encarrilar la negociación, admitieron la posibilidad de encuentros tendientes a definir el rumbo de las conversaciones, dado que “la pelota está en nuestro campo”. También en la contraparte uruguaya (al menos en los ministerios de Economía, Industria y Turismo) existe prisa por llegar a un acuerdo, porque el fast track concedido al gobierno estadounidense por su Congreso vence el 30 de junio de 2007.

A modo de ejemplo valgan los dichos de Astori en Búsqueda (jueves 27), afirmando que Uruguay podría perderse una oportunidad histórica si no firma un tratado o permite que los plazos del fast track venzan.

Para hoy, viernes, está prevista una reunión de los cinco ministerios que participan de la negociación (Relaciones Exteriores, Industria, Economía, Agricultura y Turismo), a efectos de intercambiar sobre el avance de las conversaciones en la comisión bilateral. Sin embargo, al cierre de esta edición el encuentro no estaba confirmado, aunque desde ya se descartaba que tras él hubiera una respuesta definitiva del gobierno uruguayo al formato y contenido propuesto.

Más allá de la concreción de encuentros intra y extragubernamentales, el escenario parece apuntar a una definición sobre qué tipo de acuerdo está dispuesta a firmar la administración Vázquez.

No parece lógico que la visita de Eissenstat se limite a su participación en el Consejo de las Américas (como han dicho a BRECHA algunos ministros); por el contrario, se prevén encuentros dentro y fuera de la reunión del organismo hemisférico. La propia reunión del Consejo en Montevideo, en momentos en que se discute un tratado entre Estados Unidos y Uruguay, no deja de ser un hecho político tendiente a fortalecer los lazos entre ambos países.

A esa significativa presencia se agrega el hecho de que algunos actores de la vida nacional se han pronunciado a favor de un tratado con los contenidos de un TLC. En esa dirección presionan ambos partidos tradicionales; los blancos, incluso, mediante la interpelación a los ministros Astori y Reinaldo Gargano (el primero a favor de un tcl o apc y el segundo en contra), tratan de forzar la ruptura de esa ambigüedad en que navega el gobierno, al menos en sus posturas oficiales.

Otro tanto ocurre con las cámaras empresariales, también partidarias de un tratado, aunque entre ellas se registra la oposición de la Asociación de Laboratorios Nacionales a un acuerdo de ese tipo.

Hasta ahora, Vázquez ha hablado por boca de Astori y muchos de los dirigentes frenteamplistas se preguntan cuál es la posición del presidente. Las dudas persisten debido a que el mandatario ha dado distintas señales. En su último viaje a Estados Unidos dijo estar dispuesto a transitar el camino de un tlc, si ello era necesario. Pero días antes había rechazado, en Caracas, esa posibilidad.

Su discurso público transita por la imprecisa terminología de “ampliar el comercio” con la primera potencia mundial. En estas semanas ha guardado silencio al respecto, aunque se espera que en su intervención en el Consejo de las Américas vuelva a dar su palabra sobre el tema.

La diferencia con relación al pasado es que el juego de los eufemismos parece terminarse, dado que los negociadores estadounidenses precisaron que aspiran a los contenidos de un tlc. De modo que la definición uruguaya, sobre todo la del presidente, deberá llegar más temprano que tarde.

DERIVACIONES COMPLEJAS. Y si la firma del tratado de protección de inversiones con Estados Unidos generó fricciones en la interna de la fuerza política de gobierno, este posible paso hacia un tlc parece conducir a un movimiento de resistencia más abierto.

Dentro del propio gabinete se advierte con preocupación que firmarlo tal como lo pide la administración Bush será “un golpe duro para la izquierda y nos dejaría en la cuerda floja en el Mercosur, aun cuando consigamos el permiso para acordar. En definitiva se pierde más de lo que se gana”. Este secretario de Estado, que prefirió no dar su nombre, recordó la dependencia del país en materia energética, sanitaria y turística de sus socios del Mercosur.

La posición mayoritaria dentro del FA, contraria a un tratado con los contenidos exigidos por Estados Unidos, plantea varias interrogantes. Una de las básicas es saber cuál es la postura presidencial, y en caso de que fuera cierto que Vázquez participa de la opinión del ministro de Economía, saber si recurrirá al mismo expediente parlamentario que en ocasión del acuerdo de inversiones con Estados Unidos. Entonces dio la orden y disciplinó al fa, con la sola excepción del senador Lorier.

Sin embargo, en esta oportunidad las voces contrarias son mayoría y, hecho importante para la dirigencia frenteamplista, un tlc no sólo tendría las condicionalidades negativas para el país en el plano material, también sería un golpe a la sensibilidad y la cultura de la izquierda uruguaya. Por eso nada asegura un disciplinamiento total. Una orden presidencial pondría en riesgo la propia autoridad de Vázquez, pero por otro lado el dejar aislado al ministro de Economía en esta cruzada implica modificar sustancialmente el rumbo de la política económica y la inserción internacional.

El otro tema pendiente es dónde se decide el camino a seguir en este caso. La fuerza política reclamó discutir antes de avanzar en las negociaciones.

El Consejo de Ministros está ajeno a la negociación (por más que participen técnicos de cinco carteras), y se habla de una cumbre con las secretarías involucradas. Si en ese ámbito hay dos ministerios claramente opuestos (Ganadería y cancillería), ¿puede esa instancia resolver tres a dos cuando quienes se oponen representan la mayoría electoral que permitió la victoria de octubre de 2004?

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