Todo quedó a la vista. Las contribuciones irregulares, la contabilidad ficticia, el blindaje mediático, el uso y abuso de los recursos de la pobreza y del Estado, el manejo obsceno del dinero y el poder. Porno política al palo.
El caso de los “aportes truchos” exhibió de manera descarnada el verdadero rostro de Cambiemos, y en especial, de quien presume ser su rostro angelical: la gobernadora María Eugenia Vidal. Hasta esta semana, la gobernadora gozaba de todos los beneficios que el Aparato de Formación de Opinión Pública puede ofrecer: los encuestadores la miman, los comunicadores de mayor audiencia la halagan y los medios tradicionales la protegen. Quizá por eso la gobernadora se sintió con derecho a hacer lo que hizo desde que estalló el escándalo: rehusó dar explicaciones y disculpas a los bonaerenses estafados, se excusó en “lagunas” de la ley electoral, prometió una “auditoría” de la que no hay constancias y -un clásico del oficialismo- acusó al “kirchnerismo” por ventilar el caso.
Pero hubo más. En una extraordinaria exhibición de impunidad, en medio del escándalo le otorgó un ascenso -y más poder- a María Fernanda Inza, la tesorera del PRO sospechada de haber instrumentado la maniobra. El lunes 16 la designó Contadora General de la provincia. Pero a los dos días la echó.
¿Qué cambió?
A fuerza de evidencias, el escándalo logró perforar el cerco mediático que la protege. Y decidio tirar lastre con la esperanza de mantener a flote sus ambiciones.
El miércoles por la mañana -cuando la investigación del periodista Juan Amorín cumplía un mes en circulación- el Grupo Clarín tocó el tema en su periódico en papel. La gobernadora comprendió entonces que algo debía hacer: el blindaje se había agrietado.
El despido de Inza se produjo apenas 24 horas después de que se formalizara su ascenso, publicado el lunes en el Boletín Oficial. Macrista de la primera hora, la contadora vio interrumpido así su recorrido por despachos oficiales en Ciudad, Provincia y Nación. En todos, por cierto, dejó marcada sus huellas.
No es la primera vez que Inza queda envuelta en escándalos de dinero. La jueza electoral federal María Romilda Servini de Cubría tiene en trámite una causa con objeciones a los aportes de la campaña presidencial de 2015. Los “responsables económicos” que firmaron las planillas cuestionadas fueron dos jubiladas: Stella Maris Sandoval, 68 años, y María Armanda Inza, de 84 años, y tía de la tesorera.
La elección de personas mayores no es casual: la desaprobación de las cuentas de campaña es sancionada con una pena de 6 meses a 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En ese aspecto, la biología sugiere que personas como la tía de Inza tienen poco y nada que perder.
La contadora llegó a la provincia luego de protagonizar otro escándalo de dinero en el Ejecutivo nacional: el presunto pago de sobresueldos a funcionarios del PRO. En abril de 2017, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, denunció ante la justicia federal que la Secretaría Legal y Técnica de la Nación asignó unidades retributivas (UR) como suplemento extraordinario a diez empleados. Las sumas asignadas fueron de los $ 23.598 a $ 183.547, y los beneficiados sólo se habrían desempeñado un día hábil en la función pública. Según la denuncia, se hicieron pagos por un total de $ 558.668,66.
Al frente de la Secretaría estaba -y aún permanece- Pablo Clusellas, mientras que Inza operaba como su segunda al mando. En su denuncia, la PIA advirtió, además, la posible superposición de cargos por parte de al menos dos agentes de la repartición que habrían sido nombrados sin haber renunciado a su anterior empleo como agentes de la secretaría legal de la Ciudad de Buenos Aires, lugar originario la escudería PRO.
¿Acaso hay vínculos entre el presunto pago de sobresueldos y los aportes truchos? En una entrevista con el sitio Diagonales, el empresario y ex dirigente del PRO Osvaldo Marasco afirmó que en las elecciones de 2015 se usaron aportantes apócrifos para blanquear dinero entregado vía “ñoquis del gobierno porteño”. ¿Los sobresueldos pudieron haber tenido un destino similar? La respuesta está en manos de Servini.
Pocas semanas después de la denuncia de la PIA, Inza se mudó al gobierno de Vidal, donde escaló hasta el cargo que la gobernadora le dio y le quitó en la misma semana con su mejor cara de “Yo no fui”.
¿Acaso es posible que la gobernadora recién se enterara esta semana de lo que hacía su contadora favorita? Ni siquiera la ley le da ese crédito. Según la norma electoral, los titulares de los partidos son tan responsables como sus apoderados económicos de lo que ocurra con los fondos de campaña. Vidal es presidenta del PRO en la provincia. Para la ley, la mandataria no podía “no saber”.
La desaprobación de las cuentas de campaña es sancionada con una pena de 6 meses a 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Así las cosas, el meneado Plan V quedó en manos del Poder Judicial. Pero eso, como están las cosas en la política y el bolsillo, es un obstáculo menor.
