El festival de amenazas

Desde la desaparición de Jorge Julio López, una sombra cada vez mayor aumenta las sospechas de que la ausencia se prolongue indefinidamente. Falta poco para que se cumpla un mes desde que el albañil de 77 años, sobreviviente de la dictadura y testigo en el juicio al represor Miguel Etchecolatz no vuelve a su casa y desde entonces, una serie de amenazas oscurecen el panorama y aumentan la incertidumbre alrededor del caso en un momento clave de la lucha por los derechos humanos.

López desapareció el 18 de septiembre, cuando se dirigía a escuchar la acusación contra el represor Miguel Etchecolatz, a quien querelló por los crímenes ocurridos en la dictadura. Desde entonces, su paradero es un misterio y los organismos de derechos humanos sospechan que pudo haber sido secuestrado por grupos vinculados a los represores, como una forma de amedrentrar a los testigos que deben declarar en los juicios reabiertos tras la anulación de las leyes del perdón.

Pero además, desde la condena a reclusión perpetua a Etchecolatz, una serie de jueces, fiscales, querellantes y personas vinculadas a las causas de derechos humanos sufrieron una seguidilla de amenazas e intimidaciones. En medio de la búsqueda de López y de la campaña de amenazas, el 12 de octubre un anciano con características físicas similares al desaparecido fue hallado maniatado y golpeado en la esquina de las calles Entre Ríos y Córdoba, en Olivos, a tres cuadras de la Quinta Presidencial.

La víctima se llama Gustavo Pérez, un hombre de 82 años víctima de un secuestro express y cuya aparición encapuchado provocó una veloz propagación de la noticia y los efectos propios de una acción psicológica destinada a generar desconcierto en un momento de búsqueda intensa, aún sin resultados satisfactorios. La acción con autores desconocidos aparece como un eslabón más de la larga cadena de amenazas que se ha sucedido desde la desaparición de López.

La Plata

Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) de La Plata denunció que el novio de la hija de una ex detenida de la última dictadura militar fue tajeado en un brazo por un grupo de hombres que le advirtieron que lo tenían vigilado. El agredido, cuya identidad no trascendió, es novio de una de las hijas de María Cristina Saborido, quien estuvo secuestrada y detenida ilegalmente en el centro clandestino de detención conocido como Pozo de Banfield.

Carolina Salvador de Hijos La Plata explicó que «en la madrugada del lunes el novio de una de las hijas de Saborido acompañó a su novia hasta su casa, en Adrogué, y cuando se fue, tras caminar dos cuadras, lo interceptó un grupo de hombres. Estas personas lo golpearon y le dijeron a vos, ‘zurdo de m…, te tenemos marcado’, y lo tajearon en los brazos». Para la militante de Hijos este hecho está vinculado a las amenazas que recibió la otra hija de Saborido, Agustina Tula, por correo electrónico, luego que la joven envió por E-mail una carta abierta en la que repudia un escrito del ex presidente de facto Reynaldo Benito Bignone, publicada en Internet.

«A partir de esa carta, Agustina empezó a recibir correos electrónicos enviados por “Memoria completa” donde la amenazaban, le decían que le iban a meter picana a todos, y que sabían lo que hacía ella y su hermana. Estos E-mails le llegaron el 6 y 7 de octubre, y el lunes último pasó el ataque al novio de su hermana”.

Lomas de Zamora

El 9 de octubre dos militantes del Movimiento 26 de Julio que participaban de una movilización por la aparición con vida del testigo, denunciaron haber sido detenidos por la policía, golpeados, robados y amenazados de hacerlos desaparecer. La denuncia fue presentada por los hermanos Ariel y María Montes ante los Tribunales de Lomas de Zamora, a raíz del episodio ocurrido en proximidades de un centro comunitario de Almirante Brown, cuando se disponían a movilizarse a la Capital Federal para exigir la aparición del testigo clave del juicio al represor Miguel Etchecolatz. «Subversivo, terrorista, hace rato que te teníamos ganas, si desapareció López vos podés desaparecer», denunciaron que le gritaban tres o cuatro policías que, tras apresarlos, los trasladaban a los golpes y encañonados hasta la seccional policial de José Mármol.

Según relató Ariel Montes, las amenazas y vejámenes se repitieron en el patio trasero de la dependencia, donde fueron golpeados a culatazos, patadas y con nuevas amenazas de desaparición, durante más de una hora. Tras la intervención de un policía que se identificó como el capitán de la comisaría, fueron llevados al Cuerpo Médico de Policía de Remedios de Escalada y a su regreso, fueron recibidos en una oficina por el jefe distrital, quien intentó disuadirlos de que firmaran un acta con versiones falsas de lo sucedido.

En la denuncia, radicada en la Fiscalía Nº 3 de Lomas de Zamora a cargo del agente fiscal Ricardo Brussone, bajo el IPP número 715559, Montes describió a los policías golpeadores y presentó las lesiones como resultado del maltrato, además de denunciar el robo del celular y del dinero que llevaba consigo.

Córdoba

Tres días después, en Córdoba, el director de Derechos Humanos de la municipalidad local, Luis Miguel Baronetto, recibió en su oficina una carta conteniendo amenazas similares a las efectuadas tiempo atrás contra jueces, fiscales e integrantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Según denunció el funcionario, dejaron por debajo de la puerta de su oficina en el Palacio Municipal 6 de Julio, «un sobre blanco sin inscripciones, conteniendo un texto escrito en computadora, con
amenazas de muerte para mí y algunos colaboradores».

El texto, que lo recibió el mismo día que se cumplían 30 años del asesinato de su esposa, Marta González de Baronetto, por parte de la dictadura militar, está dirigido a él y consigna: «Baronetto, parece que no aprendés más, dejate de joder vos y los zurditos que tenés al lado» pues «la van a pasar mal si siguen jodiendo».

La nota, agrega que «sabemos muy bien quiénes son, Novillo (un empleado de Baronetto que fue preso político) esta vez no se salva y la pendeja esa no la va a pasar mejor que la perejil que está con la Sánchez», en alusión a la abogada del distrito local de Abuelas de Plaza de Mayo, que también fue amenazada recientemente.

En la parte final, la misiva consigna: «Estamos más preparados que nunca y no estamos solos en esta nueva guerra; pensalo bien porque esta vez vas a aparecer flotando en el río vos y los perejiles que te acompañan».

Capital Federal

En la Ciudad de Buenos Aires, el abogado Darío Liurgo denunció por apología del crimen a dirigentes de las entidades «Argentinos por la memoria completa» y «Asociación de familiares y amigos de los presos políticos», ya que aseguró haber recibido amenazas en su casilla de correo electrónico. El letrado que patrocinó a Luis Andreani en una causa contra Karina Mujica y Cecilia Pando de Mercado por presunta reivindicación del terrorismo de Estado, recibió un e-mail firmado por un supuesto «Juan Pérez» desde la dirección falconverde222@yahoo.com.ar.

El letrado afirmó que en el mensaje se leía: «en vez de hacer denuncias por apología del crimen ¿por qué no las hacés contra los asesinos que vos defendés? Ustedes comenzaron la guerra. Todavía no sabemos bien quien sos, te estamos investigando, ya te vamos a encontrar», decía la
misiva, recibida el 12 de este mes de la medianoche.

La Justicia

Pero a principios de octubre la ola de amenazas e intimidaciones había comenzado por el poder judicial. Hasta ahora han recibido mensajes dos jueces del Tribunal Oral Federal 1 que condenó a reclusión perpetua al ex represor Miguel Etchecolatz, y el secretario de Derechos Humanos provincial, Edgardo Binstock.

Las misivas intimidatorias fueron recibidas por los jueces Norberto Lorenzo y Horacio Insaurralde y tenían como remitente un supuesto Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, con fecha de franqueo el 22 de setiembre último desde una sucursal del Correo Argentino que no se especificó.

En tanto, el fiscal federal Carlos Dulau Dumm, que acusó a Etchecolatz y exigió su condena a perpetua en base a una serie de testimonios, entre ellos el de López, también fue amenazado, ya que le advirtieron que «la verdadera justicia llegará». Si bien el fiscal no quiso hacer declaraciones, trascendió que recibió la carta en su despacho de calle 8 y 50,con el mismo texto que la intimidación enviada una semana antes el magistrado Carlos Rozanski, presidente del tribunal oral que juzgó a Etchecolatz, y denunció el caso ante el juez federal Humberto Blanco.

La carta para el fiscal había salido desde un sucursal de correo del barrio porteño de Villa Urquiza, desde donde se habrían centralizado las misivas intimidatorias a Rozanski y a otros funcionarios que investigan causas de derechos humanos. También el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, denunció que recibió amenazas telefónicas anónimas, a través de las cuales lo instaron a salir de su casa para encontrarse «con individuos que tendrían secuestrados a dos familiares próximos».

Detrás de las amenazas

Con el correr de los días, la dimensión de los hechos va confirmando la existencia de un malestar que podría estar centralizado en mano de obra desocupada de la policía bonaerense (cuyos cuadros más ideologizados asumen una defensa cerrada del genocida Etchecolatz) y que contaría con el apoyo tácito de quienes rezuman venganza ante la derogación de las leyes del perdón.

Para la secretaria general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata, Marta Vedio, existe una «enorme presión sobre el Estado» para obtener un «nuevo punto final» a través de las amenazas a jueces y el presunto secuestro del testigo Julio López. Vedio, abogada querellante en el juicio al ex comisario Miguel Etchecolatz, consideró que «el gobierno subestimó la capacidad operativa de estos grupos» que supuestamente secuestraron a López, y criticó que «si hubiera habido un trabajo de inteligencia desde el inicio de los juicios (contra ex represores), esto no habría pasado».

La abogada estimó como «muy difícil» que el testigo en el juicio a Etchecolatz se halle escondido en la vivienda de algún familiar, como primeramente se supuso. «La única posibilidad de que esto ocurra, es que alguien se haya decidido a tenerlo oculto a rajatabla, contra viento y marea, lo que sería muy raro. Nunca hubo en el país una búsqueda como la de Julio López, por lo que resulta muy difícil pensar que esté escondido, y más teniendo en cuenta todo lo que aparece detrás de esta desaparición (por las amenazas a jueces que tienen a cargo causas de delitos de lesa humanidad)».

En cuanto a que López haya permanecido sin custodia, advirtió que «es muy difícil obligar a alguien que ha sido víctima de una fuerza de seguridad, a aceptar una custodia integrada por esa misma fuerza de seguridad».

La representante de una parte de los querellantes contra el ex comisario bonaerense afirmó que «nos estamos enfrentando a una enorme presión sobre el Estado, en pro de un nuevo punto final, en el juicio a los represores» y que «todo esto se provoca a través de la condena a Etchecolatz» a cadena perpetua, por su participación en la represión de Estado.

Sin embargo la creciente movilización en todo el país para exigir la aparición con vida resulta la mejor respuesta política a una serie de hechos que lejos de la calle, han generado una revulsión política que por ahora ha golpeado duramente al gobernador bonaerense Felipe Solá en la búsqueda de su reelección, pero que puede acarrear consecuencias aún mayores si la situación se profundiza.

Nadie puede negar que la coyuntura del año entrante evolucionará de acuerdo a cómo se defina el caso López, pero la única garantía para enfrentar semejante desafío es seguir marchando para reclamar la aparición con vida de Julio y para dejar en claro que el pueblo tiene la última palabra.

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