El fallo de Rafecas en la causa de las coimas en el senado: viaje al interior de la compra de leyes en la Argentina

Por Causa Popular.- Parecía que el escándalo de corrupción más grande desde que retornó la democracia en el 83 iba a quedar en el olvido. Sin embargo, el pasado martes, el juez federal Daniel Rafecas procesó a seis ex Senadores y tres ex funcionarios por “cohecho” en la causa sobre el pago de sobornos en el senado -con dinero proveniente de la SIDE- para la aprobación de la ley de reforma laboral durante la administración de la Alianza. En una extensa e histórica resolución, el juez destaca que la aprobación de esta ley fue “un símbolo demostrativo del poder político” para probar que “tenía capacidad de gobernabilidad” ante las exigencias del FMI y el Banco Mundial. La decisión de Rafecas se produjo a poco más de un año de que la Cámara Federal anulara cuatro procesamientos que habían sido dictados en esta causa luego que el secretario parlamentario arrepentido Mario Pontaquarto hiciera público el hecho en la revista TXT.

El juez federal Daniel Rafecas dictó el martes 2 de agosto nueve procesamientos en el marco de la causa que investiga el pago de sobornos en el senado para la aprobación de una ley de flexibilización laboral votada en el año 2000. Además dispuso el embargo de bienes de muchos de los procesados y citó a declarar también al entonces presidente de la nación Fernando De la Rúa.

Entre los procesados por Rafecas están el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Fernando de Santibañes, el entonces ministro de Trabajo Alberto Flamarique y Mario Pontaquarto, el famoso secretario parlamentario que fue protagonista de las maniobras e inició las denuncias al haberse arrepentido por “no poder mirar a mis hijos a los ojos”.

En sus primeros comentarios públicos luego del fallo de Rafecas, Pontaquarto declaró sentirse “aliviado” porque dijo que temió que todo quedara en la nada. Los procesamientos también alcanzaron a los ex legisladores José Genoud, de la Unión Civica Radical (UCR) y a los justicialistas (peronistas) Emilio Cantarero, Augusto Alasino, Remo Costanzo, Alberto Tell y Ricardo Branda, cuyos bienes sufrieron embargos de 1 a 7 millones de pesos (entre 350 mil y 2,5 millones de dólares), al igual que a los demás procesados.

Los ex funcionarios de la Alianza fueron procesados por “cohecho activo agravado” y a De Santibañes, además de ese delito, se le endilgó “malversación de caudales públicos”, mientras que a los ex legisladores se les imputó “cohecho pasivo” y “encubrimiento”.

El magistrado, en uno de los párrafos de las más de mil carillas de su resolución, también reclamó al Poder Ejecutivo que dé intervención al Procurador General del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, para que inicie las actuaciones judiciales tendientes a “recuperar el dinero malversado” mediante el pago de coimas.

Y luego insistió con su pedido efectuado en marzo último, cuando reclamó al Congreso Nacional la derogación de las leyes secretas 18.302 y 5.315, que, según sostuvo, “permiten el empleo sin controles de fondos reservados” que supuestamente se utilizaron para los sobornos. Este mismo reclamo había sido realizado por Gustavo Beliz cuando fue desplazado del ministerio de justicia.

En su resolución, el juez entendió que “altísimas autoridades del gobierno de aquel entonces concretaron el pago de los sobornos millonarios a un grupo de senadores de la oposición para obtener el voto favorable a la reforma laboral para así cumplir con compromisos asumidos con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el Banco Mundial, y al mismo tiempo proyectar ante la opinión pública imagen de poder y de gobernabilidad”.

El rol de la SIDE

Uno de los que rechazó en forma más enfática las denuncias del arrepentido Pontaquarto fue quien en el 2000 era titular de la SIDE, el banquero Fernando de Santibáñes. El fallo dictado por el juez Rafecas disparó a su vez más causas, en una de las cuales, la defensa del banquero amigo personal del ex presidente Fernando De La Rua, será investigada para determinarse si falsificó pruebas para tratar de “engañar” a la Justicia y demostrar que el arrepentido Mario Pontaquarto mentía.

El juez federal Claudio Bonadío deberá estudiar los indicios reunidos por su colega, Daniel Rafecas, quien apuntó a los abogados Hugo Pinto y Gabriel Presa por haber supuestamente pretendido “truchar” un informe técnico que demostraría que Pontaquarto no había ido a la SIDE el 18 de abril del 2000 para retirar el dinero a repartir, informaron fuentes judiciales.

La denuncia, contenida en la voluminosa resolución en la que se dictaron los procesamientos por los sobornos, alcanzó además a agentes de la Policía Federal que habrían participado en ese informe aportado por la defensa -con “groseras alteraciones, dijo Rafecas- y deja abierta la puerta para investigar a De Santibañes por presunto “entorpecimiento de las investigaciones”.

Más allá de Santibáñes, la Secretaria de Inteligencia del Estado es uno de los organismos públicos más cuestionados en el escándalo. La SIDE ha funcionado en la Argentina como una caja negra imposible de auditar, proveedora de fondos que financian leyes y premian a ladrones de autos que fabulan sobre presuntos cómplices del terrorismo internacional, como en el caso AMIA.

Según el juez federal Daniel Rafecas, está probado que la SIDE aportó los 5 millones de dólares con los que el desgobierno de Fernando de la Rúa habría comprado los votos de Senadores para flexibilizar el régimen laboral a la medida de las exigencias del FMI.

Rafecas a su vez pretende que la administración de Néstor Kirchner recupere, por vía de la Justicia Civil, los fondos robados al Estado en las coimas a senadores. Pero será imposible determinar cuántos legisladores y funcionarios recibieron dinero de manera ilegal, cuántas leyes fueron sancionadas “con la Banelco”, como lo expreso en su momento el camionero Hugo Moyano, quiénes se apropiaron de los fondos públicos, y a lo largo de cuántos gobiernos este mecanismo se mantuvo.

Según el extenso fallo de Rafecas, las chances de “desviar sumas millonarias” hacia la corrupción a través de la SIDE fueron infinitas. Los desmanejos contables y la aplicación de leyes secretas para la administración de fondos de la SIDE determinan que sea imposible auditar las cuentas de la Central de Inteligencia, que así se ha convertido en proveedora de dinero con fines múltiples y, en ocasiones, ilícitos.

Rafecas explicó que, contablemente, no se ha hallado el dinero que financió los sobornos en el senado y, sin embargo, la reconstrucción del movimiento bancario permitió acreditar cuándo y cómo se distribuyeron las coimas.

Se ignora aún si hubo otras partidas para Senadores díscolos y si la nómina de favorecidos por la compra de votos es más amplia que la que consigna el expediente. Se sabe, en cambio, que la SIDE aportó los 400 mil dólares que cobró en 1997 el entonces detenido reducidor de autos Carlos Telleldín para acusar, como cómplices del atentado a la AMIA, a un grupo de policías que terminaron absueltos tras ocho años de cárcel.

Pero la lista no termina acá ni mucho menos, se sospecha también que la SIDE aportó el dinero para el pago de sobresueldos millonarios a funcionarios del gobierno de Carlos Menem (1989-99), quien podría haber legado a sus sucesores una caja oscura hacedora de una multiplicidad de milagros, casi siempre secretos.

Hace un año, cuando Gustavo Beliz fue echado del gobierno de Kirchner denunció que la SIDE ejercía una especie de poder paralelo.

Pero ni el ex ministro, ni la justicia, lograron en ese caso, demostrar si esto era cierto. Eso sí, una buena parte de la gran prensa argentina ya lo ha olvidado.

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