El Senado de la Nación aprobó en general un nuevo régimen legal aplicable a las personas menores de 18 años en conflicto con la Ley Penal.
Un mix de proyectos fue consensuado entre oficialismo y oposición. Como ya dijimos en otro lado (Aquí Estamos) el proyecto es bueno, salvo por la baja de la edad de imputabilidad. Esto es difícil de explicar, salvo que atendamos a cómo surgió la norma en tratamiento.
Luego de la embestida del gobernador Daniel Scioli, el tema de la baja de la edad quedó instalado en los medios de la peor manera. A pesar de las voces en contra, la idea germinó en la sociedad a partir de la presentación mediática del tema. Uno o dos casos delictivos protagonizados por niños, repetidos cientos de veces en varias pantallas, provocó la sensación social de estar sitiados por adolescentes violentos y descontrolados. De nada sirvieron las opiniones sobre el tema de muchos especialistas y dirigentes sociales, ni la información sobre el circuito del delito juvenil vertidas por Raúl Kollman y otros prestigiosos periodistas e investigadores.
El proyecto aprobado toma muchos de los principios de las normas de derechos humanos para el trato de adolescentes privados de la libertad o en conflicto con la ley penal, suscriptos por nuestro país. También prevé herramientas útiles para abordar la temática desde los ámbitos ejecutivo y judicial, amplía los derechos de los jóvenes, es garantista y respetuosa de los principios democráticos. En comparación con el régimen anterior, sancionado por la dictadura en los ‘80, es un avance muy importante. Lo único discutible es la baja de la edad de imputabilidad.
No hay razones empíricas, ni políticas, ni sociales para tomar una medida de este tipo. Los errores cometidos por el Estado en todos estos años no están relacionados con la edad de los niños que delinquen, sino con su incapacidad de haber adoptado cambios sobre el régimen imperante desde el inicio de la democracia en 1983, entre otras cosas.
Claudia Cesaroni, miembro del CEPOC, es quien más sólidamente ha fundado la inexactitud de los argumentos vertidos para bajar la edad.
Los grupos militantes de la mano dura encontrarán a este proyecto de ley garantista. No permite matar al que mata, establece penas con límites temporales, limita la discrecionalidad de los jueces y abre un abanico de medidas posibles de aplicar a un niño que comete un delito. No solo privarlo de su libertad.
Esta ley parece que no satisface a nadie. Menos a los grupos reaccionarios, que la encontrarán muy democrática y permisiva. Debemos esperar que, ante el próximo flash informativo, avancen con sus siempre lamentables reclamos de venganza social. Esperarán que la ley detenga al delito (léase, a los que delinquen), cosa para la cual no se crean las leyes, supongo. Ya vivimos la experiencia Blumberg y sus magros resultados, confirmados por los especialistas.
En estos días, promovidas desde la CTA, se realizan acciones para evitar la aprobación de la ley en particular en Senadores. Pero la sensación es que nada parará esta iniciativa, ya “consensuada” por los medios y muchos comunicadores.
Ningún senador de la Nación querrá aparecer en los medios como quien “no aprobó la baja de la edad de imputabilidad”. El tema fue instalado para esto. Simplemente para dar una respuesta banal a un tema tan importante.
Así se saldan las deudas con la niñez en la Argentina. Dando un paso para delante y varios para atrás. Es un baile un poco extraño a más de 25 años del retorno de la democracia y con las grandes deudas sociales que tiene el Estado con la niñez.
De aprobarse en Diputados la ley tal cual está, aparecen dudas sobre la capacidad del Estado para transformar el actual sistema. Una ley de este tipo amerita una fuerte intervención en las lógicas de la burocracia judicial y administrativa, en la asignación de fondos económicos y una decisiva intervención política sobre un sistema difícil de domar, donde tallan intereses de varios tipos y colores.
