El eterno retorno de la inseguridad

La propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los adolescentes es funcional a los sectores que quieren desplazar de la agenda el debate actual sobre la distribución de la riqueza. Si el Estado orienta sus fondos a fortalecer el poder punitivo y represivo sobre niños y niñas, será en desmedro del fortalecimiento de las políticas de inclusión social. Una discusión profunda cuyo marco debe ser el justo reparto del ingreso en la Argentina.

Desde hace una semana, y por iniciativa del gobernador bonaerense Daniel Scioli, la problemática de la imputabilidad de los niños y las niñas está en la primera plana de los medios de comunicación.

Sin reflexión, y queriendo dar respuesta a su utilización mediática, el gobernador de la provincia mas grande del país generó un debate innecesario y frustrante, cuyo logro más visible fue engordar a la derecha nefasta y al progresismo berreta, dando pantalla al ex-ingeniero Blumberg, al intendente de San Isidro y a tantos muertos vivientes que pululan por la estratósfera social y política de nuestro país.

¿Cuál es el negocio político de Scioli, además de dar pasto a esos energúmenos, a pseudo periodistas y a otros con rating empobrecido? Ninguno.

El gobierno nacional no se ha hecho eco de un error generado por un hombre de su propia tropa. Pero tampoco estar en contra es sinónimo de progresismo.

Dentro del gabinete provincial, por suerte, existen posiciones encontradas. Basta leer los diarios de los últimos días para ver que el debate sube de tono. Existe el riesgo de que ganen los malos, quienes quieren extender la represión a los niños hasta el vientre materno, o hasta a las familias de futuros o eventuales delincuentes. Son los que asocian pobreza con delito, los que querrían amurallar las villas y los asentamientos.

Siempre a mano

Cuando se profundizan los juicios a los genocidas, se debate la despenalización del consumo de drogas, los modelos de Nación y una distribución más justa de la riqueza, y se intenta recuperar la política y la organización social como herramientas de lucha de nuestro pueblo, aparece otra vez, en la primera plana de los medios, la bendita inseguridad.

Si un logro efectivo puede adjudicarse al gobierno nacional, es no haber promovido desde su centro la represión a las manifestaciones de sectores que reclamaban por lo que consideran sus derechos. Ni los sectores mas anquilosados de la izquierda ni la derecha han sufrido los palos que históricamente han recibido los sectores populares cuando salieron a la calle a protestar.

La seguridad

Coexisten diversas visiones sobre el tema. Una, asociada a la represión, que conmina a los gobiernos y a los ciudadanos a armarse contra el enemigo común: los delincuentes. Sus métodos siempre han fracasado. Consisten en aumentar los presupuestos de las fuerzas de seguridad, autorizar la intervención y custodia de barrios pobres por parte de las Fuerzas Armadas, y profundizar la selectividad del sistema penal mediante estrategias operativas diseñadas por personajes para quienes el delito está en todos lados, pero cuyos protagonistas son siempre los sectores populares.

Una variante de esta política es promover la delación (buchones) a través de campañas del estilo: “Si ve un delito, llame al teléfono tal”.

Para nosotros, la seguridad está asociada a una mayor satisfacción de los derechos humanos y sociales de las personas, a su goce efectivo, a la universalización de los beneficios sociales, el empleo, la salud y la educación. La inseguridad no es producto de la ansiedad delictiva de las personas sino de las omisiones del Estado.

Los únicos privilegiados son los niños

Nuestro país ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN), máximo acuerdo internacional en materia de niñez, lo que nos compromete a alcanzar los máximos estándares de vida para niños de 0 a 18 años; y obliga a promover y proteger la vulneración y amenaza de sus derechos por omisiones del Estado.

A nivel nacional está vigente la ley 26.061, y en la provincia de Buenos Aires, las 13.298 (de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez) y 13.634, que creó el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Estos tribunales se pusieron en marcha el 15 de julio pasado, con todos los obstáculos y desafíos que representa modificar prácticas institucionales dirigidas a los niños en un Estado conflictivo como esa provincia.

Los procesos de reforma no son lineales ni sencillos, pero necesitan un apoyo político decidido y un amplio consenso social contra el cual se está atentando mediante la utilización perversa de la información por parte de los medios y por contradicciones del poder político provincial.

Qué es lo que se pretende

El mundo no está constituido sobre casualidades permanentes. Como hipótesis, planteemos que se busca la destrucción del actual plexo normativo sobre niñez en la provincia.

Cuando impera una ley que garantiza el debido proceso, con todas las garantías para los adolescentes acusados por la comisión de un hecho tipificado por la ley como delito, renace de las entrañas más olorosas la necesidad de más represión. ¿Casualidad?

Históricamente, las políticas públicas sobre infancia han sido dirigidas más a controlarla que a resolver sus problemas de fondo. No por casualidad siempre se hizo hincapié en la represión y el encierro, y no en las iniciativas vinculadas a las protección de los niños y la promoción de sus derechos.

Durante 100 años hemos tolerado las prácticas más nefastas, las instituciones más crueles y las disposiciones más irracionales. Nunca –en toda su historia– la provincia ha tenido el deber de dirigir todos sus esfuerzos materiales y humanos a la satisfacción a mayor nivel de los derechos de la niñez, ni ha estado obligada por ley a salvar sus omisiones.

La edad de punibilidad a partir de los 16 años es una decisión del Estado Argentino, mediante ley promulgada por el Congreso de la Nación.

Con esta decisión, nuestro país renuncia a someter a los menores a la faz punitiva del derecho penal. Ningún menor puede ser reprochado judicialmente por la comisión de un delito.

Herramientas para avanzar

El pasado 30 de Octubre, en el marco del Congreso Provincial de Políticas Sociales organizado por el ministerio de Desarrollo Social provincial en la sede de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se presentó un Panel con representantes de Uruguay, Brasil y la Argentina.

Todos coincidieron en la necesidad de crear espacios gubernamentales donde, por ejemplo, los titulares de Economía no estén ausentes a la hora de definir políticas públicas, y que lejos de limitarse a autorizar los fondos, se involucren en el tema.

Daniel Barragán, secretario administrativo de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), profundizó en el tema de la puja distributiva. En este marco, planteó el debate sobre niños que cometen delitos como un episodio más de esa puja.

Si la provincia de Buenos Aires orienta sus fondos a fortalecer el poder punitivo y represivo sobre niños y las niñas, será en desmedro del fortalecimiento de las políticas de inclusión social. Clarísimo.

Cuando nuestro país ratificó la CIDN no lo hizo para aggiornar la letra de las leyes sino para incorporar una visión integral de la relación del Estado con la niñez en todos aquellos aspectos que hagan al bienestar y efectivo goce de los derechos humanos de los niños. ¿Cómo lograrlo sin una orientación de la riqueza y de la economía en general hacia las necesidades humanas? ¿Cómo evitar centrar el debate en la forma en que se distribuye el dinero?

Como sostuvo Barragán, siempre hay distribución de la riqueza. La cuestión es cómo se distribuye.

No existe una relación lineal entre pobreza y delito. Aunque se quiera instalar la certeza de que todos los pobres son potenciales delincuentes, los mayores daños producidos al Estado y sus habitantes son producto de los delitos del poder pocas veces castigados.

Lo que prevaleció durante años fue la represión del conflicto social, la estigmatización de la protesta y la descalificación de los espacios políticos.

La gran bestia

Los sectores políticos y los medios de comunicación que promueven bajar la edad de imputabilidad de los niños y las niñas son los mismos que no quieren profundizar la democracia y la participación popular, porque están en contra de las políticas que promueven una justa distribución de la riqueza que generamos todos los argentinos.

Son los mismos sectores que alientan las políticas de la represión, el encierro y la caridad hacia la niñez con derechos vulnerados. Representan a los sectores empresarios y políticos que quieren un país para 15 millones de habitantes ávidos de consumos superficiales.

La propuesta de debatir la baja de la edad de imputabilidad de los adolescentes es funcional a la agenda que quieren instalar esos sectores para desplazar el debate actual sobre la distribución de la riqueza y la necesidad de implementar políticas universales dirigidas a la promoción de los derechos de la niñez.

Aquellos que militan por agrandar el poder represivo del Estado, ocultan otra realidad: la profunda selectividad del sistema penal, cuyo producto más destacado es el hacinamiento de jóvenes pobres en las cárceles.

El debate debe darse en el marco de una discusión profunda sobre la distribución justa de la riqueza. Si no es así, estaremos tirando palabras a la basura.

Marcelo De Biase es psicólogo.

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