El Estado otra vez en la vía

Una semana después de los disturbios causados por pasajeros furiosos ante continuos incumplimientos, el gobierno argentino rescindió este martes el contrato con la firma concesionaria de dos de las líneas ferroviarias más utilizadas por la población. Pero el escepticismo no cede.

Por decisión del presidente Néstor Kirchner, su ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, dio a conocer dos decretos que anulan la concesión del servicio de trenes de Transportes Metropolitanos Roca y de Belgrano Sur, los ramales administrados por la misma compañía que unen Buenos Aires con populosas áreas suburbanas.

Uno de esos ramales, conocido como línea Roca, había sido blanco el martes de la semana pasada de la indignación de pasajeros por la suspensión del servicio al caer el día, en el momento de mayor afluencia de personas.

Cansados de atrasos y cancelaciones, los usuarios atacaron boleterías y otras dependencias de la estación terminal Constitución, la más concurrida de la ciudad, con un saldo de 25 personas heridas, 16 detenidas e importantes destrozos.

Esta línea, que conecta el centro administrativo de la capital argentina con los suburbios del sur, traslada alrededor de 400 mil pasajeros por día, lo cual representa 25 por ciento del total de usuarios de toda la red ferroviaria del servicio metropolitano.

De Vido anunció la cancelación del contrato firmado en 1994 por el gobierno de entonces de Carlos Menem (1989-1999) con el empresario Sergio Taselli, a quien ya se le había quitado otro ramal. El ministro afirmó que la decisión se basó en un informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que recoge «faltas graves y reiteradas» del concesionario.

Se anota que hubo «incumplimiento» en el «mantenimiento de material rodante» y en la frecuencia horaria de los trenes, tanto en el Roca como en Belgrano Sur, el ramal que une la ciudad con otros puntos de los suburbios del oeste, indicó. «Se han violado las condiciones de calidad, confort y seguridad» requeridas, remarcó.

Ante ello, anunció que en forma «provisoria» el servicio será administrado por la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), integrada por las empresas concesionarias de los demás ramales metropolitanos: Ferrovías, Metrovías y Trenes de Buenos Aires.

La Ugofe se había creado hace dos años para operar la línea San Martín, que también administraba la empresa de Taselli y cuya concesión fue cancelada entonces.

La decisión del gobierno centroizquierdista, en tanto, es tomada con escepticismo por usuarios y expertos, dado que, según indican, ese colectivo de empresas no está otorgando un mejor servicio en la línea San Martín.

El ingeniero Elido Veschi, secretario general de la Asociación de Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos, declaró a IPS que la cancelación de la concesión «es resultado de un largo proceso que hacía previsible este desenlace».

No obstante, advirtió que el Estado no debe limitarse a buscar un nuevo operador sino que es necesario revisar los contratos para detectar los incumplimientos, averiguar qué se hizo con los subsidios que aportó el Estado y, si se comprueba que hubo un vaciamiento de la firma, denunciarla ante la justicia.

El Estado argentino otorga unos 660.000 dólares diarios de subsidios a los concesionarios de trenes urbanos y suburbanos de Buenos Aires, con el objetivo de mantener bajo el valor del boleto. «No estoy contra los subsidios, pero éstos no deben darse a la empresa sino que debería haber un boleto fiscal que recaude el Estado y reparta con la firma», apuntó.

Veschi recordó que desde 1997, apenas pasado el auge de las privatizaciones de servicios públicos en Argentina, el Banco Mundial emitió un informe señalando que los concesionarios de trenes no cumplían con el servicio.

Entre 2001 y 2003, la Auditoria General de la Nación también dejó constancia de graves incumplimientos.

A partir de entonces se sucedieron informes de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que inició causas judiciales contra los concesionarios, y de los usuarios que comenzaron a organizarse para denunciar por los constantes atrasos y cancelaciones del servicio, el mal estado de los vagones y de las estaciones.

«El Estado puede hacer caer una concesión porque la presión política o social le resulta insoportable, o puede hacerlo a partir de analizar los contratos y pidiendo una investigación a fin de que no se transfiera al Estado la responsabilidad por los incumplimientos», explicó el ingeniero.

«Acá se nota que pudo más la presión política que la voluntad de investigar, y si no vea lo que ocurrió hace dos años cuando se le quitó la concesión de la línea San Martín al mismo empresario sin pedirle siquiera un inventario. De las 32 locomotoras que le entregaron en 1994, devolvió 15 o 16», denunció.

«¿Y qué pasa con la línea Sarmiento, que es igual de deficitaria y sigue siendo administrada por Trenes de Buenos Aires, que además integra la Ugofe?», cuestionó.

El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, expresó este martes su satisfacción con la revocatoria, pero también sus reparos. «Es una medida tardía pero acertada, hace mucho tiempo que denunciamos los incumplimientos del concesionario», comentó.

No obstante, enseguida advirtió que la Ugofe está integrada por concesionarios que también prestan malos servicios, y señaló además que la línea San Martín, administrada por ese conjunto de firmas, «no mejoró nada» en estos dos años.

Del mismo modo, Maria Petraccaro, de la organización de usuarios Recuperemos el Tren, del Roca, expresó sus temores e interrogantes acerca de la decisión gubernamental. «Nos preguntamos ¿por qué se esperó hasta ahora si había toneladas de denuncias contra este concesionario antes del estallido de furia?».

«No queremos que todo quede en la rescisión del contrato, hay que investigar al concesionario y a los funcionarios que debieron controlar los incumplimientos para que, eventualmente, sean llevados ante la justicia», remarcó en conversación con IPS.

También expresó su inquietud respecto de la participación de Ugofe. «El informe de la Defensoría del Pueblo indicó que, salvo un poco de maquillaje, el servicio del San Martín que asumieron en 2005 sigue siendo igual de malo».

Y es que entre las empresas que integran ese consorcio está Trenes de Buenos Aires, fuertemente cuestionada por la justicia y por los usuarios que la denunciaron por el mal funcionamiento del servicio que opera de la terminal Once, de donde salen los trenes de la capital hacia las localidades aledañas del oeste hasta Haedo.

Esa línea fue escenario en 2005 también de un estallido de furia que derivó en violencia y saqueos en la estación Haedo, y la destrucción de 15 vagones que fueron incendiados por los pasajeros. Los desmanes dejaron un saldo de 29 heridos y más de 100 detenidos.

Frente a esto, Petraccaro advirtió que Recuperemos el Tren, que este mes había iniciado una campaña de recolección de firmas entre los usuarios en la estación Constitución para pedir la anulación del contrato de concesión del Roca, continuará con ahora con la estrategia de exigir que se investigue al concesionario saliente.

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