El espanto atiende en Lanús: Cómo funciona el aparato duhaldista contra los trabajadores desocupados

Por Prensa de Frente, especial para Causa Popular.- El 15 de abril de 2002, frente a la Municipalidad de Lanús, alrededor de 400 manifestantes del MTD y del Bloque Piquetero cortaban la Avenida Pavón reclamando ser atendidos por el Intendente Quindimil, cuando el oficial penitenciario Gustavo Cabrera arremetió con su moto contra el piquete, forcejeó con los jóvenes de seguridad, y abrió fuego con su arma Bersa calibre 9 mm. efectuando cuatro disparos dirigidos a la multitud. Una de las balas dio en el pecho de Juan Arredondo, albañil, trabajador desocupado integrante del MTD (Frente Darío Santillán), y le perforó el pulmón derecho, hiriéndolo gravemente. Aunque parezca increíble, el viernes 13 de mayo, comenzó el juicio por “lesiones graves” contra Gustavo Cabrera. Entre los testigos citados a declarar se encuentran el Intendente de Lanús, Manuel Quindimil, y su entonces secretaria de Empleo, Mónica Berutti.

“No fue un hecho aislado, lo mandaron a disparar”

En el MTD sostienen que aquella agresión está relacionada con otros hechos de violencia registrados en la zona sur del Gran Buenos Aires en los meses posteriores al 20 de diciembre de 2001, que tuvieron una clara intencionalidad política de frenar las ascendentes luchas sociales.

Con anterioridad a los balazos en Lanús, habían sido denunciados distintos hechos de violencia parapolicial. El 23 de enero, desde un auto sin patente los manifestantes que cortaban el Puente Pueyrredón habían sido amenazados con un arma de fuego, situación que fue fotografiada; el 6 de febrero, fue asesinado Javier Barrionuevo, también integrante del MTD, en un hecho similiar mientras pasaba la noche en un piquete en Esteban Echeverría; otra protesta en la autopista Buenos Aires- La Plata sufrió la embestida de una camioneta con patente trucha que atropelló a los manifestantes.

En Guernica, una movilización al Municipio se había encontrado con personal de civil ostentando armas largas además del cordón policial. Tampoco es casual, para los piqueteros, la relación entre este hecho y la Masacre de Avellaneda, que se llevaría a cabo dos meses después.

El mismo proceder, el mismo discurso político que en los asesinatos del Puente Pueyrredón

Una frase pronunciada en Lanús por aquellos días volvió a la memoria de los piqueteros después de la Masacre de Avellaneda: “Quieren derrocar a Duhalde. Si hacen la marcha, para nosotros eso es una declaración de guerra”. Estas palabras fueron parte del diálogo que mantuvieron tres días antes de la movilización Hugo Contreras, secretario de Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad y Luis Zalazar, integrante del MTD.

En un intercambio áspero, el funcionario dijo: “Sabemos que con los otros zurdos ustedes quieren voltear al gobierno y por eso le hacen la vida imposible al viejo. Hagan lo que quieran, pero ya saben: si hacen la marcha, para nosotros va a ser una declaración de guerra”. Para Contreras “los otros zurdos” eran los integrantes del Bloque Piquetero con quienes el MTD iba a movilizarse y “el viejo”, el intendente Quindimil.

Dos meses después, en el marco de las amenazas gubernamentales previas a la masacre de Avellaneda, otro hombre clave del aparato duhaldista pero de mayor responsabilidad, el ministro Alfredo Atanasof, pronunció una advertencia en idéntico tono. Esto evidencia que el discurso, la planificación y la intencionalidad de lo que pasó el 26 de junio en Avellaneda encuentran coherencia en los antecedentes inmediatos de los ensayos represivos que los intendentes del Partido Justicialista venían llevando a cabo.

El lunes 22 de abril de 2002, una semana después de los balazos, los desocupados del MTD Aníbal Verón (hoy Frente Darío Santillán) y el Bloque Piquetero volvieron a movilizarse a la Municipalidad de Lanús para repudiar el atentado sufrido en la anterior movilización. Entre una protesta y otra, un abanico de intimidaciones se desplegó en los barrios donde se organiza el MTD. Los aprietes llegaron con más insistencia en La Fe, donde los compañeros de Juan Arredondo sostuvieron durante toda la semana un piquete denunciando el hecho y manteniendo el reclamo por los planes de empleo.

Como parte del clima hostil, dos días antes de la nueva movilización, empleados del municipio distribuyeron un volante por toda la zona, que desde el título amenazaba: “Vecino de Lanús, usted debe saber esto: contra la violencia, el engaño y la mentira, el Peronismo no va a permitir la anarquía”. El tiempo y la insistencia del gobierno en balear manifestantes convertirían la frase en confesión de parte.

El volante que firmó en aquel entonces el PJ de Lanús no dice “debe actuar la justicia”; dice, expresando claramente quiénes y de qué forma encararían la represión a la protesta social: “El Peronismo no va a permitir la anarquía”. En ese panfleto se encuentra planteada la misma lógica que alienta la represión ilegal y dio sustento a la seguidilla de amenazas e intimidaciones sistemáticas sobre quienes protestan.

En movilizaciones anteriores en los distritos del conurbano bonaerense, los intendentes peronistas habían apelado al mismo discurso y la misma metodología de provocación que el gobierno llevó a cabo el 26 de junio para justificar los asesinatos. Montaje político-represivo y saña policial. A diferencia de lo que pasó en el Puente Pueyrredón dos meses después, en aquella marcha en Lanús, reconocieron la autoría de lo que harían: “El peronismo no va a permitir la anarquía”, habían advertido.

Otros disparos en Lanús: un distrito difícil para las organizaciones sociales autónomas

Con 500.000 habitantes y 48,5 km de superficie, Lanús es el distrito más densamente poblado de la provincia de Buenos Aires. Además del fusilamiento de Darío y el balazo que recibió Juan Arredondo frente a la municipalidad de Quindimil, el otro vecino baleado en el marco de una protesta social fue Luis Barrios, de la Coordinadora de Unidad Barrial.

Era el miércoles 3 de julio de 2002 y bajo la lluvia se preparaba en Avellaneda la movilización de repudio por los crímenes del 26. Luis iba al volante de su camioneta, preparado para salir del Centro Popular que la C.U.Ba. tiene en Remedios de Escalada. Una persona se acercó abruptamente y disparó, al interior de la camioneta, contra él.

El mismo miércoles 3, dos horas después de que en Remedios de Escalada el silenciador evitó que se escuchara el ruido del disparo, en la parroquia San Juan Tadeo, en Lanús Centro, se escuchó el sonido del teléfono: “Si dicen la misa son boleta. Los hacemos mierda. Los vamos a matar”, fue el mensaje que dejaron para el sacerdote. Es que a una semana de los fusilamientos de Avellaneda y justo el día en que Maxi hubiera cumplido 23 años, sus compañeros de colegio habían pedido una misa en su memoria.

El sacerdote se asustó y prefirió suspender el oficio religioso. Los amigos y familiares del piquetero caído tuvieron que realizar el homenaje en el patio de la escuela donde él estudiaba, sin la misa.

Dos días antes, justo frente a la estación de trenes de Lanús, otro mensaje llegaba por vía telefónica, esta vez en el estudio del abogado de las víctimas, Claudio Pandolfi: “Te vamos a matar como a un perro, como a Santillán”, le dejaron grabado en el contestador. Cuatro meses después balearon el frente del estudio jurídico del doctor Smietniasky, donde trabaja Cherco, socio de Pandolfi. “Para que se dejen de joder con los amigos de Lomas”, dijeron esa vez.

Decenas de situaciones similares se vivieron en Lanús los meses posteriores al 26 de junio. Si se describen la forma y el contenido de las intimidaciones a los militantes de base e integrantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados, todos los caminos pasan por la policía y los punteros políticos. Y conducen al edificio municipal.

(El juicio que comenzó el viernes 13 de mayo, está a cargo del Tribunal Oral nº 5 integrado por los abogados Guillermo Piume y Pedro Pianta, en tanto que la fiscal será la Dra. Marcela Dimundo. La causa lleva el número 107/5.)

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