El ejército en la sombra de Bush

Jeremy Scahill nos informa de la creciente dependencia de la Administración Bush de fuerzas de seguridad privadas -mercenarias- como Blackwater USA, y de los esfuerzos del Congreso estadounidense por ponerles coto. Este artículo se ha adaptado de su reciente libro Blackwater: The Rise of the World’s Most Powerful Mercenary Army (Nation Books).

El 10 de septiembre del 2001, antes de que la mayoría de americanos hubiese oído hablar de Al Qaeda o siquiera imaginado la posibilidad de una “guerra contra el terror”, Donald Rumsfeld se subió a la tarima en el Pentágono para dar uno de sus mayores discursos como Secretario de Defensa bajo el mandato del presidente George W. Bush. De pie frente a los antiguos ejecutivos que él mismo había nombrado como altos cargos encargados de supervisar los suculentos negocios de los contratos militares – muchos de ellos procedentes de compañías como Enron, General Dynamics y Aerospace Corporation – Rumsfeld proclamó una declaración de guerra.

«La cuestión que nos ocupa hoy es un adversario que supone una amenaza, una seria amenaza, a la seguridad de los Estados Unidos de América”, bramó Rumsfeld. “Entorpece la defensa de los Estados Unidos y pone en peligro las vidas de hombres y mujeres por igual”. Le dijo a su nueva plantilla, “debéis pensar que estoy describiendo a uno de los últimos decrépitos dictadores del mundo… [pero] el adversario se encuentra mucho más cerca de casa. Se trata de la burocracia del Pentágono”. Rumsfeld pidió un cambio drástico en la administración del Pentágono, reemplazando la vieja burocracia del Departamento de Defensa con un nuevo modelo basado en el sector privado. Al anunciar esta gran reforma, Rumsfeld comentó a su audiencia que “no tengo la intención de atacar al Pentágono, sino que quiero liberarlo. Necesitamos salvarlo de él mismo”.

La mañana siguiente el Pentágono sería atacado, literalmente, al estrellarse un Boeing 757 – el vuelo 77 de American Airlines – contra su muro occidental. Rumsfeld ayudaría a los equipos de rescate a sacar los cuerpos de entre los escombros, en un gesto cargado de notoriedad. Pero no le llevó mucho tiempo a Rumsfeld aprovechar la oportunidad que presentó el 11S, inconcebible hasta ese momento, para poner en marcha su personal guerra. La nueva política del Pentágono iba a enfatizar las misiones encubiertas, el armamento sofisticado y una mayor confianza en los contratistas privados. Se la llamó la Doctrina Rumsfeld. “Debemos desarrollar un enfoque más empresarial, que anime a la gente a ser más pro-activa, en lugar de reactiva, a comportase menos como burócratas y más como capitalistas emprendedores”, escribió Rumsfeld en el verano del 2002, en un artículo para la revista Foreign Affairs titulado «Transforming the Military» (“Transformar a los militares”).

Aunque Rumsfeld fue posteriormente apeado de la administración en un intento de aplacar a los críticos con la guerra de Irak, su revolución militar había llegado para quedarse. En la despedida a Rumsfeld en noviembre del 2006, Bush le reconoció el haber llevado a cabo “la mayor transformación desde el final de la Segunda Guerra Mundial de la situación global de las fuerzas americanas”. De hecho, la nueva marca de la casa de “sin dejar huella” de Rumsfeld llevó a uno de los desarrollos más significativos en la actual forma de hacer la guerra – el uso generalizado de contratistas privados en cualquier aspecto de la guerra, incluso el combate.

Lo que suele pasarse por alto de las guerras del período post 11S es el grado de subcontratación y privatización sin precedentes. Desde el instante en que empezó la preparación de tropas estadounidenses para la invasión de Irak, el Pentágono hizo de los contratistas privados parte integral de las operaciones. Incluso mientras el gobierno daba la imagen pública de estar intentando una vía diplomática, Halliburton estaba preparándose para una operación masiva. Cuando los tanques de Estados Unidos entraron en Bagdad en marzo del 2003, llevaban con ellos el mayor ejército de contratistas privados jamás desplegado en una guerra moderna. Cuando a finales del 2006 Rumsfeld deja su cargo, había en Irak aproximadamente unos 100.000 contratistas privados sobre el terreno – casi una proporción de uno a uno con los soldados americanos.

Para mayor satisfacción de la industria de guerra, antes de que Rumsfeld dimitiera tomó la extraordinaria decisión de clasificar a los contratistas privados como una parte oficial e integrante de la maquinaria de guerra estadounidense. En la Quadrennial Review (Revista Cuatrimestral) del 2006 del Pentágono, Rumsfeld esbozó lo que llamó un “mapa de carreteras para el cambio” en el Departamento de Defensa, el cual dijo que se había empezado a implementar en el 2001. Definía las “Fuerza Total del Departamento” como “sus componentes militares activos y en la reserva, sus funcionarios y sus contratistas – constituyendo su capacidad de combate. Los miembros de dicha Fuerza Total sirven en miles de lugares en el mundo, llevando a cabo una vasta serie de tareas para cumplir con misiones críticas”. Esta designación formal supuso un gran triunfo para los contratistas bélicos – confiriéndoles una legitimidad de la que nunca disfrutaron antes.

Los contratistas han proporcionado a la administración de Bush cobertura política, permitiendo al gobierno desplegar fuerzas privadas en una zona de guerra fuera del alcance del escrutinio público, con las muertes, bajas y crímenes de dichas fuerzas envueltos en el más absoluto secreto. La administración y el anterior Congreso controlado por los republicanos han protegido a los contratistas de tener que rendir cuentas, de ser supervisados y de cualquier impedimento legal. A pesar de la presencia de más de 100.000 contratistas privados sobre el terreno en Irak, solamente uno de ellos ha sido acusado por crímenes o violaciones. “Tenemos unas 200.000 tropas en Irak y la mitad de ellas no se contabilizan, y el peligro está en que se les exige cero responsabilidad”, comenta el demócrata Dennis Kucinich, uno de los principales críticos en el Congreso con la contratación en la guerra.

Aunque los recientes años de monopolio republicano en el gobierno han supuesto una era dorada para el sector, parece que sus días se acaban. Solo un mes después de haber empezado el nuevo mandato del Congreso, destacados demócratas estaban ya anunciando investigaciones sobre los desmanes de los contratistas en la guerra. El diputado John Murtha, presidente del Subcomité para Defensa dentro del Comité Presupuestario, al volver de un viaje a Irak a finales de enero dijo que “vamos a llevar a cabo extensas audiencias para aclarar qué ocurre exactamente con los contratistas. No tienen una misión clara y están empezando a desquiciarse”. Dos días después, durante las audiencias preliminares del General George Casey como jefe de personal del ejército, el senador Jim Webb declaró “tenemos un ejército de alquiler ahí fuera”. Webb le preguntó a Casey, “¿no sería mejor para este país si esas tareas, en términos de coste y rendimiento de cuentas y especialmente las cuasi-militares relacionadas con el combate, fuesen llevadas a cabo por soldados en activo?” Casey defendió el sistema de subcontratación pero dijo que los contratistas armados “son a los que debemos controlar muy de cerca”. El senador Joe Biden, presidente del Comité de Asuntos Exteriores, también ha anunciado que celebrará audiencias sobre los contratistas. Paralelamente a estas investigaciones, hay varias propuestas de ley recabando apoyos en el Congreso y destinadas a la supervisión de los contratistas.

Quién está detrás de todas estas deliberaciones es la opaca compañía de mercenarios Blackwater USA. Totalmente desconocida para la mayoría de americanos y en su mayor parte fuera del alcance del radar del Congreso, Blackwater ha consolidado una posición de remarcable poder y protección en el seno de la máquina de guerra norteamericana. El éxito de esta compañía representa el trabajo de toda una vida de los altos cargos conservadores que conformaron el grupo de trabajo para la guerra de la administración de Bush, para quienes la radical privatización ha sido desde hace tiempo su más preciada misión ideológica. Blackwater ha repetido insistentemente la cita de Rumsfeld de que los contratistas son parte de la “Fuerza Total” como evidencia de que es una parte legítima de la “capacidad de combate” de la nación. Al invocar las palabras de Rumsfeld, la compañía de hecho ha situado a sus fuerzas por encima de la ley – gozando de la misma inmunidad a las demandas civiles de que disponen los militares, pero tampoco limitados por el sistema marcial de consejos de guerra. Mientras las primeras pesquisas sobre Blackwater se han centrado en el complejo laberinto de subcontrataciones secretas bajo el cual opera en Irak, una investigación a fondo revela una terrorífica imagen de un ejército privado con conexiones políticas que se ha convertido en la guardia pretoriana de la administración Bush.

La ascensión de Blackwater

Blackwater fue fundada en 1996 por el cristiano conservador y multimillonario ex SEAL [Fuerzas de elite de la marina norteamericana, N. del t.] de la marina Erik Prince – descendiente de una rica familia de Michigan cuyas generosas donaciones políticas ayudaron al auge de la derecha religiosa y la revolución republicana de 1994. En el momento de su fundación, la empresa consistía esencialmente en la fortuna privada de Prince y un vasto solar de 5.000 acres situado cerca del Great Dismal Swamp en Moyock, Carolina del Norte. Su visión fue “suplir la demanda anticipada del gobierno de subcontratación de armamento y de entrenamiento en seguridad”. En los años siguientes Prince, su familia y sus aliados políticos vertieron cantidad de dinero en las arcas de las campañas republicanas, apoyando la consecución del control del Congreso y la ascensión de George W. Bush a la presidencia.

Aunque Blackwater consiguió algunos contratos durante la era Clinton, que era afín a la privatización, no fue hasta la “guerra contra el terror” que no llegó el momento de gloria de la compañía. Casi de la noche a la mañana, tras el 11 de septiembre la empresa se convertiría en un actor clave en una guerra global. “He estado en el negocio del entrenamiento durante los últimos cuatro años y empezaba a mostrarme algo cínico respecto a la seriedad con que la gente se tomaba la seguridad”, dijo Prince al presentador de las noticias de la FOX Bill O’Reilly poco después del 11S. “Ahora el teléfono no para de sonar”.

De entre esas llamadas había una de la CIA, la cual contrató a Blackwater para trabajar en Afganistán en las primeras etapas de las operaciones norteamericanas en ese país. En los años siguientes la empresa se ha convertido en uno de los grandes beneficiarios de la “guerra contra el terror”, ganando casi mil millones de dólares en contratos con el gobierno conocidos, muchos de ellos sin concurso público. En sólo una década Prince ha ampliado las instalaciones de Moyock a 7.000 acres, convirtiéndolo en la mayor base militar privada del mundo. Blackwater tiene en estos momentos a un personal de 2.300 personas repartidas en nueve países distintos, con otros 20.000 contratistas listos para actuar. Tiene una flota de más de veinte aviones, incluyendo helicópteros de combate y una división de inteligencia propia, y está construyendo aeronaves de reconocimiento y sistemas de señalización de objetivos.

En el 2005 y tras el huracán Katrina sus fuerzas se desplegaron en Nueva Orleans, por lo que cobraron al gobierno federal 950 dólares por hombre y por día – en cierto momento llegando a ingresar más de 240.000 dólares al día. En su momento álgido, la empresa tenía a unos 600 contratistas desplegados desde Texas hasta el Mississippi. Tras el Katrina, ha ido agresivamente tras los contratos domésticos, abriendo una nueva división de operaciones domésticas. Blackwater está destinando sus productos y servicios al Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Interior), y sus representantes se han reunido con el gobernador de California Arnold Schwarzenegger. La empresa se ha postulado para obtener licencias de operaciones en todos los estados costeros norteamericanos. Y está también ampliando su presencia física dentro de los Estados Unidos, abriendo nuevas instalaciones en Illinois y California.

El mayor contrato que obtuvo fue con el Departamento de Estado, para proveer la seguridad de los diplomáticos e instalaciones norteamericanas en Irak. Ese contrato empezó en el 2003 con el acuerdo fuera de concurso de 21 millones de dólares para proteger al procónsul en Irak, Paul Bremer. Blackwater ha cuidado también de los dos subsiguientes embajadores, John Negroponte y Zalmay Khalilzad, así como de otros diplomáticos y funcionarios de la ocupación. Sus fuerzas han protegido a más de noventa delegaciones del Congreso en Irak, incluyendo la de su actual presidente Nancy Pelosi. Según los últimos registros gubernamentales sobre los contratos, desde junio del 2004 Blackwater ha facturado 750 millones de dólares sólo en contratos con el Departamento de Estado. En estos momentos se encuentra inmersa en una intensa campaña de lobbying para que sea enviada a Darfur como fuerza de paz privatizada.

El pasado octubre el presidente Bush levantó algunas sanciones en el sur cristiano del Sudán, allanando el terreno para el desarrollo en esa zona de una potencial misión de entrenamiento de Blackwater. En enero el representante del gobierno regional del sur de Sudán en Washington dijo que esperaba que pronto Blackwater empezase allí la formación de las fuerzas de seguridad sureñas.

Desde el 11S Blackwater ha incorporado como consejeros a algunos altos funcionarios con buenos contactos en la administración Bush. Entre ellos se encuentra J. Cofer Black, antiguo jefe de contraterrorismo en la CIA y el hombre que llevó a cabo la caza de Osama Bin Laden tras el 11S, y Joseph Schmitz, antiguo Inspector General del Pentágono, quién fue responsable de los acuerdos con los contratistas como Blackwater durante la mayor parte de la “guerra contra el terror” – algo de lo que se le acusó de haberlo hecho ineficazmente. Hacia el final de la gestión de Schmitz, el poderoso senador republicano Charles Grassley lanzó una investigación del Congreso para averiguar si Schmitz había “acallado o desviado dos investigaciones criminales en curso” de altos cargos de la administración Bush. Viéndose bajo el fuego cruzado de ambos partidos, Schmitz dimitió y entró en nómina de Blackwater.

A pesar de su papel central, Blackwater ha estado generalmente operado en la sombra hasta el 31 de marzo del 2004, cuando cuatro de sus soldados privados en Irak fueron emboscados y muertos en Falluja. Una multitud prendió fuego a los cadáveres y los arrastró por las calles, colgando a dos de ellos en un puente sobre el Éufrates. En muchos sentidos fue el momento en que la guerra de Irak dio un giro. Las fuerzas norteamericanas asediaron Falluja algunos días después, matando a centenares de personas y desplazando a miles, exacerbando a la fiera resistencia iraquí que acecha a las fuerzas de ocupación hasta hoy mismo. Para muchos americanos, fue lo primero que habían oído sobre soldados privados. “La gente empezó a entender que se trataba de un fenómeno extendido”, comentó el diputado David Price, un demócrata de Carolina del Norte, que dijo que empezó a seguir el rastro a los contratistas privados tras Falluja. “Yo probablemente sea como muchos miembros del Congreso que tomaron conciencia y empezaron a mostrar interés” después del incidente.

Lo que no se conoce tan bien es que en Washington y después de Falluja, los ejecutivos de Blackwater se pusieron manos a la obra, capitalizando el recientemente descubierto reconocimiento de la empresa. El día después de la emboscada contrataron al Alexander Strategy Group, una compañía de lobbying llevada por antiguo personal del entonces líder de la mayoría Tom DeLay, antes del crack de la compañía en la estela del escándalo de Jack Abramoff. Una semana después de la emboscada, Erik Prince se sentaba con al menos cuatro miembros del Senate Armed Services Committee (Comité del Senado para los Servicios Armados), incluido su presidente John Warner. El senador Rick Santorum preparó el encuentro, que incluía a Warner y a otros dos importantes senadores republicanos – el presidente del Appropriations Committee (Comité Presupuestario) Ted Stevens, de Alaska, y George Allen de Virginia. Esta reunión siguió a una serie de anteriores contactos cara a cara que Prince había tenido con poderosos representantes republicanos que supervisaron contratos militares. Entre ellos se encontraban: DeLay; Porter Gross, presidente del House Intelligence Committee (Comité de Inteligencia de la Cámara) y futuro director de la CIA; Duncan Hunter, presidente del House Armed Services Committee (Comité de la Cámara para los Servicios Armados); y Bill Young, presidente del House Appropriations Committee (Comité Presupuestario de la Cámara). Lo que se discutió en esas reuniones permanece en secreto. Pero Blackwater estaba claramente posicionándose para sacar el máximo de su nueva fama. De hecho, dos meses después a Blackwater se le concedió uno de los contratos más valiosos del gobierno sobre seguridad internacional, valorado en más de 300 millones de dólares.

La compañía también estaba deseosa de jugar un papel en la configuración de las reglas que iban a regular a los mercenarios contratados por Estados Unidos. “Debido a los acontecimientos públicos del 31 de marzo, la necesidad [de Blackwater] de tener cierta visibilidad y comunicar un mensaje consistente aquí en Washington se ha incrementado”, comentó el nuevo enviado de Blackwater, Chris Bertelli. “Ahora hay varios reglamentos federales que son de aplicación a sus actividades, pero son de una naturaleza muy general. Lo que falta es un estándar para este sector. Eso es algo en lo que realmente queremos participar”. Hacia mayo Blackwater lideraba un gran esfuerzo de presión política de la industria militar privada para tratar de frenar las iniciativas del Congreso o del Pentágono para poner a sus fuerzas bajo el sistema judicial militar de la ley marcial.

Pero mientras Blackwater disfrutaba de su nuevo estatus como héroe en la “guerra contra el terror” tanto en la administración como en el Congreso controlado por los republicanos, las familias de los cuatro hombres muertos en Falluja afirmaban que estaban siendo obstaculizadas por Blackwater al intentar esclarecer las circunstancias en las que murieron sus seres queridos. Después de lo que describieron como meses de esfuerzos para recibir una respuesta directa de la compañía, las familias llevaron a cabo una rompedora denuncia por “muerte injustificada” contra Blackwater en enero del 2005, acusando a la compañía de no proveer a los hombres con lo que ellas decían que eran garantías de seguridad recogidas en el contrato. De entre las acusaciones, se afirmaba que ese día la empresa les mandó a la misión de Falluja con dos hombres menos, con peor armamento del que debían tener y en jeeps Pajero en lugar de vehículos acorazados. Este caso podría tener amplias repercusiones y está siendo seguido de cerca por el sector de los contratistas de guerra – una antigua subsidiaria de Halliburton, KBR, ha incluso presentado un “amicus brief” (una alegación a favor de una de las partes) apoyando a Blackwater. Si la demanda tiene éxito, podría allanar el camino a un escenario del estilo de las denuncias a las tabacaleras, dónde los contratistas de guerra se verían asediados por demandas judiciales de los trabajadores heridos o muertos en zonas de guerra.

A medida que el caso se ha ido abriendo paso a través del sistema judicial, Blackwater ha puesto en nómina para que la defiendan a abogados de la elite republicana, entre ellos Fred Fielding, que recientemente ha sido nombrado por Bush como consejero de la Casa Blanca (sustituyendo a Harriet Miers), y a Kenneth Starr, el antiguo fiscal general que investigó al presidente Clinton y actual abogado de la compañía. Blackwater no ha recusado formalmente las denuncias específicas de la demanda, pero lo que se desprende de su paso por los juzgados es una serie de argumentos legales encaminados a reforzar lo que sostiene Blackwater de que está, esencialmente, por encima de la ley. Blackwater afirma que si los tribunales norteamericanos permiten que la empresa sea demandada por “muerte injustificada”, eso podría poner en peligro la capacidad de combate de la nación: “nada podría ser más nocivo para el concepto de Fuerza Total que subyace a la doctrina de personal militar de Estados Unidos que exponer sus componentes privados a los sistemas de sanción de responsabilidades de cincuenta diferentes estados, transportados a campos de batalla extranjeros”, argumentaba la compañía en sus documentos legales. En febrero Blackwater sufrió una importante derrota cuando el Tribunal Supremo rechazó su apelación para juzgar el caso Falluja, dejando libre el camino para un proceso estatal – dónde no habría un tope a los daños que un jurado podría reconocer.

El Congreso ha empezado a mostrar interés por este caso potencialmente desestabilizador. El 7 de febrero el diputado Henry Waxman presidió audiencias del Oversight and Government Reform Committee (Comité de Supervisión y para las Reformas del Gobierno). Si bien las audiencias estaban destinadas a tratar la dependencia de los Estados Unidos de los contratistas privados, en su mayor parte se centraron en Blackwater y el incidente de Falluja. Por primera vez, Blackwater se vio obligada a compartir una vista con las familias de los hombres muertos en Falluja. “Los contratistas privados como Blackwater trabajan fuera del alcance de la cadena de mando militar y pueden hacer literalmente lo que les plazca sin tener ninguna responsabilidad o que rendir cuentas al gobierno norteamericano”, dijo al comité Katy Helvenston, cuyo hijo Scott era uno de los contratistas de Blackwater asesinados. “De ese modo, Blackwater puede seguir aceptando del gobierno cientos de millones de dólares pagados por los contribuyentes sin tener que responder ni una sola pregunta sobre sus operadores de seguridad”.

Escudándose en la demanda en curso, el consejero general de Blackwater, Andrew Howell, declinó responder a la mayoría de cargos que le imputaban a su empresa las familias, y pidió varias veces que el comité fuera a puerta cerrada. “Los hombres que fueron a la misión del 31 de marzo tenían cada uno sus armas y suficiente munición”, dijo Howell al comité, añadiendo que los hombres iban en vehículos “apropiados”. Eso fue duramente cuestionado por las familias de los cuatro hombres, que arguyeron que para ahorrar un millón y medio de dólares Blackwater no les proveyó con vehículos acorazados. “Una vez los hombres hubieron firmado con Blackwater y fueron enviados a Oriente Medio, Blackwater los trató como bienes fungibles”, dijo Helvenston a los legisladores durante su emocionado testimonio, ofrecido en representación de las cuatro familias.

Lo que puso este caso bajo la mira de Waxman fue el laberinto de subcontratos que subyacían bajo la misión de Falluja. Desde noviembre del 2004 Waxman ha estado tratando de averiguar para quién estaban realmente trabajando los hombres de Blackwater el día de la emboscada. “Durante casi 18 meses, el Departamento de Defensa ni siquiera respondía a mi solicitud de información”, comenta Waxman. “Cuando finalmente respondió el pasado julio, ni siquiera me proporcionó los datos que pedí. De hecho, negó que contratistas de seguridad privados hiciesen trabajo alguno bajo el programa de contrataciones del Pentágono. Ahora sabemos que no es verdad”. La lucha de Waxman para seguir el rastro del dinero de este contrato en concreto, que implica poderosos contratistas como KBR, ofrece una ilustración gráfica del secretismo que envuelve la naturaleza misma del sector de los contratos de guerra.

Lo que no se cuestiona sobre el incidente de Falluja es que Blackwater estaba trabajando con una empresa kuwaití llamada Regency, bajo un contrato con la mayor compañía de servicios de comida del mundo, Eurest Support Services. ESS es una subcontrata en Irak de KBR y de otro gigante contratista de guerra, Fluor, bajo el programa de contratos LOGCAP del Pentágono. Uno de los contratos que cubría la misión de Blackwater en Falluja indicaba que dicha misión era en último término un subcontrato con KBR. El pasado verano KBR lo negó. Después ESS escribió a Waxman para decirle que la misión se llevó a cabo bajo el contrato de Fluor con ESS. Fluor lo negó, y el Pentágono le dijo a Waxman que no sabía a que compañía pertenecía la misión en último término. Waxman afirmaba que Blackwater y los otros subcontratistas estaban “cargando márgenes significativos” a sus subcontratos por los mismos servicios de seguridad que según Waxman luego se les cobraba a los contribuyentes norteamericanos. “Es sorprendente como el mundo de los contratistas y subcontratistas es tan turbio que no podemos siquiera llegar al fondo de este asunto, y mucho menos calcular cuantos millones de dólares pierden los contribuyentes en cada paso del proceso de subcontratación”, comenta Waxman.

Si bien durante casi la totalidad de la audiencia del 7 de febrero parecía que la procedencia del contrato seguiría sin esclarecerse, eso cambió cuando al final de la misma el Pentágono reveló que el contratista original era, de hecho, KBR. Violando las directrices militares en contra de que los contratistas del LOGCAP usasen fuerzas de seguridad privadas en lugar de tropas estadounidenses, KBR había subcontratado a ESS con la protección de Blackwater; esos costes fueron supuestamente traspasados a los contribuyentes por la cuantía de 19,6 millones de dólares. Blackwater dijo que facturó a ESS 2,3 millones de dólares por sus servicios, lo que significa que un margen de más de 17 millones de dólares fue finalmente cargado al gobierno. Tres semanas después de la vista, KBR dijo a sus accionistas que podría verse obligada a devolver hasta 400 millones de dólares al gobierno como consecuencia de una investigación en curso del Ejército.

Le tomó más de dos años a Waxman obtener la respuesta a una sencilla pregunta: ¿los servicios de quién estaban pagando los contribuyentes estadounidenses? Pero como muestra la demanda por el incidente de Falluja, no se trata sólo de dinero. Se trata de vidas humanas.

Un asesinato en Nochebuena

Aunque mucha de la publicidad que ha recibido Blackwater proviene de Falluja, otro incidente más reciente está atrayendo la atención de nuevo. En Nochebuena y dentro de la altamente fortificada Zona Verde en Baghdad, un contratista americano de Blackwater supuestamente disparó y mató a un guardaespaldas iraquí encargado de la protección de un alto cargo iraquí. Durante varias semanas tras el tiroteo, informes no confirmados circulaban por Internet sugiriendo que el alcohol había tenía que ver en el incidente y que a la víctima se le disparó diez veces en el pecho. La historia luego se complicó con la desaparición de Irak del contratista antes de que pudiese ser procesado. Las investigaciones de los medios de comunicación no llegaron a ningún lado – la embajada norteamericana se negó a confirmar si se trataba de un contratista de Blackwater, y la empresa rechazó hacer comentario alguno.

Entonces el incidente llegó a la audiencia del Congreso del 7 de febrero. Cuando la sesión estaba a punto de finalizar, el diputado Kucinich irrumpió de nuevo en la sala con lo que dijo era su última pregunta. Introdujo una noticia sobre el incidente en el acta y preguntó al consejero de Blackwater Howell si la empresa había sacado al contratista de Irak después del supuesto tiroteo. “Ese caballero, el día en que ocurrió el incidente, estaba fuera de servicio”, dijo Howell, en lo que fue la primera confirmación oficial del incidente por parte de Blackwater. “Blackwater lo trajo de regreso a Estados Unidos”.

“¿Se le va a extraditar de vuelta a Irak por asesinato, y de no ser así, porqué?” preguntó Kucinich.

“Su señoría, yo no me encargo de hacer cumplir la ley. Todo lo que puedo decirle es que hay abierta una investigación” contestó Howell.“Nosotrosestamosapoyandoy cooperando totalmente con dicha investigación”.

Entonces Kucinich dijo: “Solo quiero poner de manifiesto que existen dudas que podrían de hecho requerir traer a directivos de la empresa por fletar un vuelo para huir de la justicia para alguien que ha cometido un asesinato”.

La guerra en la colina

Varias propuestas de ley están siendo tramitadas en el Congreso para desarrollar la supervisión y transparencia de las fuerzas privadas que se han situado como actores principales en las guerras del período post-11S. A mitad de febrero los senadores Byron Dorgan, Patrick Leahy y John Kerry introdujeron legislación destinada a atacar enérgicamente los contratos otorgados sin concurso previo y el amiguismo, previendo penas de hasta veinte años de cárcel y multas de hasta un millón de dólares, persiguiendo lo que ellos llamaron “sacar rendimientos de la guerra”. Es parte de lo que los demócratas describen como una estrategia sobre múltiples flancos. “Creo que ahora hay ya una cantidad suficiente de nosotros trabajando en esto”, afirma el congresista Price, representante del estado originario de Blackwater. En enero Price introdujo nueva legislación que ampliaba la Military Extraterritorial Jurisdiction Act del 2000 (Ley sobre la Jurisdicción Militar Extraterritorial), conocida como MEJA, para incluir a todos los contratistas en una zona de guerra, no sólo aquellos que trabajan con o para las fuerzas armadas. La mayoría del trabajo de Blackwater en Irak, por ejemplo, lo contrata el Departamento de Estado. Price señaló que el supuesto tiroteo de Nochebuena podría ser uno de los casos prototipo para su legislación. “Voy a seguir de cerca este asunto y pediré una investigación completa”, dijo.

Pero hay al menos una razón para recelar de este enfoque: la oficina de Price consultó con el lobby militar privado mientras se diseñaba la nueva legislación, la cual tiene el apoyo de dicho sector. Tal vez sea por eso porqué la MEJA no ha sido implementada en su mayor parte. “Incluso en las situaciones en las que las leyes civiles americanas podían potencialmente ser aplicadas a los crímenes de los contratistas, ello no se hizo”, observa P.W. Singer, un de los principales investigadores sobre los contratistas. Los fiscales americanos ya andan cortos de recursos en sus propios distritos – ¿cómo puede esperarse que lleven a cabo complejas investigaciones en Irak? ¿Quién va a proteger a los investigadores y fiscales? ¿Cómo van a entrevistar a las víctimas iraquíes? ¿Cómo van a poder controlar a 100.000 individuos esparcidos por una amplia y peligrosa zona de guerra? “Es una buena pregunta”, concede Price. “Yo no digo que vaya a ser una tarea sencilla”. Lo que Price sostiene es que su legislación es un intento de “situar todo el conjunto de negocios de los contratistas bajo un nuevo equilibrio de responsabilidades”.

El pasado otoño y tomando un camino totalmente distinto – para mayor desesperación y consternación del sector – el senador republicano Lindsey Graham, un abogado y antiguo juez en la reserva de las Fuerzas Aéreas, añadió discretamente algo de texto en la Defense Authorization del 2007, que Bush firmó como ley, que sitúa a todos los contratistas bajo el Código Uniforme de Justicia Militar (UCJM) y conocido comúnmente como el sistema de justicia marcial. Graham llevó a cabo el cambio sin debate público y sin que casi nadie estuviese al corriente en el Congreso, de modo que los contratistas inmediatamente cuestionaron su constitucionalidad. De hecho, podría tratarse de uno de esos extraños episodios en los que mercenarios y defensores de los derechos civiles están del mismo lado. Muchos contratistas no son combatientes armados, sino que trabajan con la comida, en la lavandería o en otros servicios de apoyo. Si bien puede argumentarse que los contratistas armados como los que trabajan para Blackwater deberían estar bajo el UCJM, los cambios de Graham podrían conllevar que un lavaplatos del Nepal que trabaja para KBR sea procesado como un soldado americano. Y por encima de todo, los militares ya tienen bastantes problemas para gestionar sus propias fuerzas y difícilmente podría esperarse que controlasen un personal privado de 100.000 nuevos integrantes. Además, muchos contratistas en Irak están allí auspiciados por el Departamento de Estado y otras agencias civiles, no militares.

En un intento de clarificar todo esto el senador Barack Obama introdujo en febrero una nueva legislación de carácter comprehensivo. Exige reglas claras para entrar en combate para los contratistas armados, entiende el MEJA y permite al Departamento de Defensa “arrestar y detener” a los contratistas sospechosos de algún crimen para luego ponerlos a disposición de las autoridades civiles para su procesamiento. También requiere del Departamento de Justicia que elabora un informe completo sobre las investigaciones en curso sobre abusos de los contratistas, el número de quejas recibidas sobre los contratistas y casos criminales abiertos. En unas declaraciones a The Nation, Obama dijo que los contratistas están “operando bajo directrices de autoridad que no están claras, con costes fuera de control y virtualmente sin supervisión alguna del Congreso. Este agujero negro de responsabilidad aumenta el peligro para nuestras tropas y para los civiles americanos trabajando como contratistas”. Dijo que su legislación “restablecería el control de esas empresas” y “pondría a los contratistas bajo el imperio de la ley”.

El diputado demócrata Jan Schakowsky, miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara, ha sido uno de los pioneros en criticar el sistema de contrataciones en la guerra. Su Iraq and Afghanistan Contractor Sunshine Act (Ley para la Clarificación de Contratos en Irak y Afganistán), presentada en febrero y que refuerza la de Obama, se reduce a lo que Schakowsky considera una tarea ya exhausta de búsqueda de evidencias en la opaca burocracia de los contratos. Entre otras disposiciones, exige al gobierno que aclare y haga público el número de contratistas y subcontratistas (a todos los niveles) que están trabajando en Irak y Afganistán; cualquier ley estadounidense, internacional o del país en cuestión que haya sido violada por los contratistas; las acciones disciplinarias que se hayan llevado a cabo contra los contratistas; y el número total de contratistas muertos o heridos. Schakowsky afirma que durante los últimos años ha intentado insistentemente obtener esa información y ha sido repetidamente obstaculizado o ignorado. “Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares – algunas estimaciones indican que cuarenta centavos de cada dólar [gastado en la ocupación] van a parar a esos contratistas, y no pudimos obtener ninguna información sobre bajas, sobre muertes” dice Schakowsky. “Ha sido virtualmente imposible echar algo de luz sobre este aspecto de la guerra de modo que cuando discutimos sobre la guerra, su alcance, sus costes, sus riesgos, no han sido tenidos en cuenta hasta el momento [los contratistas]. De toda esta fuerza en la sombra que ha estado operando en Irak, no sabemos casi nada. Creo que de lo que realmente se trata esta guerra queda bastante alejado del pueblo americano”.

Aunque no sea ni mucho menos una cifra completa del número de bajas entre los contratistas, han sido confirmadas por el Departamento de Trabajo 770 muertes y 7.761 heridos en Irak hasta el 31 de diciembre del 2006. Pero eso solo contabiliza a los contratistas cuyas familias han solicitado indemnizaciones cubiertas por el seguro de la Defense Base Act (Ley Base de la Defensa). Analistas independientes sostienen que la cifra puede ser mucho mayor. Solamente Blackwater ha perdido como mínimo a 27 hombres en Irak. Y además está el coste financiero: casi cuatro mil millones de dólares de los contribuyentes se han gastado en fuerzas de seguridad privadas en Irak, según Waxman. Y aún contando con todas esas fuerzas adicionales, los militares pasan apuros para satisfacer las demandas de una Casa Blanca empeñada en el aventurismo bélico.

Una semana después de que terminase la gestión de Rumsfeld al frente del Pentágono, las fuerzas estadounidenses habían tenido que estirarse hasta tal punto para hacer frente a la “guerra contra el terror” que el anterior Secretario de Estado Colin Powell dijo que “el ejército en activo está a punto de romperse”. En vez de replantearse su política exterior, la administración siguió adelante con nuevos planes para una nueva “oleada” de tropas en Irak, y en su discurso del estado de la nación de enero Bush presentó un plan para complementar al ejército con un Cuerpo Civil de Reserva. “Dicho cuerpo funcionaría de forma muy parecida a nuestra Reserva militar. Reduciría la carga de las fuerzas armadas al permitirnos contratar civiles con habilidades especiales para servir en misiones en el extranjero cuando América les necesite”, dijo Bush. Parecía que el presidente solamente le estaba dando un nuevo y complicado nombre a algo que la administración ya ha hecho con su “revolución” en los cuestiones militares y la dependencia sin precedentes de los contratistas privados. Y sin embargo mientras la propuesta de ampliación de tropas de Bush ha levantado un fiero debate en el Congreso y entre el público en general, la creciente dependencia de la Administración de contratistas militares privados ha quedado en su mayor parte sin debatir y poco difundida.

“El uso creciente de los contratistas, fuerzas privadas o como algunos dirían de ‘mercenarios’, hace las guerras más fáciles de empezar y de librar – sencillamente necesita dinero y no a la ciudadanía», dice Michael Ratner, presidente del Center for Constitutional Rights (Centro para los Derechos Constitucionales) y quién ha demandado a contratistas por supuestos abusos en Irak. “En la medida en que se le pide a una población que vaya a la guerra aparece cierta resistencia, una resistencia necesaria para prevenir guerras ególatras, guerras estúpidas o en el caso de Estados Unidos, guerras por la hegemonía imperialista. Las fuerzas privadas son casi una necesidad para un Estados Unidos desquiciado por retener su imperio en declive”.

Mientras se habla de un Cuerpo Civil de Reserva y Blackwater promueve la idea de una “brigada de contratistas” privada que trabajaría con el ejército, los críticos a la guerra en el Congreso están volviendo la atención sobre lo que consideran una escalada sostenida y no debatida basada en el uso de fuerzas privadas. “Una nueva ‘oleada’ implica un aumento que tiene un principio y un final” dice Schakowsky. “Tener a un tercio o un cuarto de las fuerzas presentes en el terreno ni tan siquiera en el debate es algo muy peligroso para nuestra democracia, porque la guerra es lo más crítico que estamos haciendo”.

De hecho las muertes de contratistas no se cuentan dentro del total de muertes estadounidenses, y sus crímenes y violaciones quedan indocumentadas y sin castigo, enmascarando aún más los auténticos costes de la guerra. “Cuando traes a contratistas a los que no se les aplica la ley, la Convención de Ginebra, las nociones comunes de moralidad, tiramos todo eso por la borda” dice Kucinich. “Y lo que eso significa es que estos contratistas privados son en realidad uno de los brazos ejecutores de la administración y de sus políticas”.

Kucinich afirma que pretende investigar hasta qué punto están involucradas las fuerzas privadas en lo que se llama “black bag”, “false bag” o operaciones encubiertas en Irak. “¿Cuál es la diferencia entre operaciones encubiertas y las operaciones que se llaman abiertas pero de las que no tienes ninguna información? Ninguna”. Kucinich también insiste en que los problemas con los contratistas no son sólo de transparencia y supervisión. “Se trata de la privatización de la guerra”, dice. La administración está “conectando los beneficios de los contratistas privados con hacer la guerra. De modo que les estamos dando incentivos a los contratistas para presionar a la administración y al Congreso para crear más oportunidades de obtener beneficios, y dichas oportunidades significan más guerra. Y es por ello porqué el papel de los contratistas privados debería ser drásticamente limitado por el Congreso”.

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(*) Jeremy Scahill es un periodista independiente que colabora con Democracy Now! Es autor de Blackwater: The Rise of the World’s Most Powerful Mercenary Army [Blackwater: El ascenso del ejército mercenario más poderoso del mundo]. Es miembro de la Fundación Puffin en el Instituto The Nation.

Traducción para www.sinpermiso.info: Xavier Fontcuberta Estrada

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