El desendeudamiento con el FMI no es un proyecto de recuperación nacional en si mismo

Por Teodoro Boot, especial para Causa Popular.- No hace falta que Néstor Kirchner lo diga para advertir que el país va rumbo al desendeudamiento con los organismos multilaterales de crédito, particularmente el FMI, proceso que provocará críticas de variado pelaje. Fuera de algunas situaciones extraordinarias -por ejemplo, la reciente negociación con los acreedores privados luego del default- reducir una deuda inevitablemente implica pagar los vencimientos de la misma. Habrá quien insista, como Mario Cafiero, que la deuda externa argentina es ilegal, ilegítima e inmoral, y le sobrarán razones para decirlo. No pueden caber muchas dudas de que el endeudamiento fue un proceso planificado que, al tiempo que reducía hasta la caricatura las posibilidades de desarrollar una política económica independiente, beneficiaba a algunos sectores concentrados del capital, particularmente al sistema financiero.

Desde luego, como la plata fácil nos gusta a todos, fueron muchos más los que resultaron favorecidos, constituyendo la base de apoyo indispensable hasta para la más despótica de las dictaduras militares. Sin embargo, como ese plan incluía una pronunciada transferencia de los ingresos, el golpe final de ese proceso de endeudamiento con dólar alto y seguridad cambiaria, fue -una y otra vez- la confiscación de los depósitos y la devaluación súbita de la moneda, de manera que los verdaderos beneficiaros, tal como estaba previsto, fueran los muy pocos.

Tiene razón Mario Cafiero al enojarse, si se trató de una estafa. Y hasta tal punto que, excepto los retirados por razones geriátricas y los que en tiempos de Martínez de Hoz eran nenes de teta, los tahúres fueron siempre los mismos.

¿O nadie ha visto a Manuel Solanet y a FIEL en cada uno de los inicios de la estafa y a Domingo Cavallo dando los respectivos tiros de gracia?

Sin embargo, se equivocaría quien pensara que es posible para nuestro país “denunciar” esa deuda por ilegítima, o acaso “inmoral” -lo que mataría de risa a más de un país acreedor-, empezando por que no existe ni un solo, no ya condenado, sino simplemente procesado por la estafa, y siguiendo por el hecho que, de Alfonsín en adelante, los sucesivos gobiernos constitucionales la reconocieron, y hasta asumieron como propia -vale decir, pública- incluso la deuda privada.

Sin desmerecer ni descartar los esfuerzos de quienes procuran llevar a juicio a los responsables del mayor desfalco del que se tenga memoria en nuestra historia, la realidad es la realidad y a ella hay que atenerse. Y la realidad es que ante cada vencimiento, o se lo cancela o se renueva el crédito, que es lo que los sucesivos gobiernos han venido haciendo desde el default de 1982.

Basta este simple hecho para considerar auspiciosa la posibilidad de que ahora se los cancele.

Cancelar quiere decir pagar, por si alguno se distrajo. Y, como lo sabe cualquiera que alguna vez haya sacado un crédito, pagar implica quedarse con menos dinero para hacer otras cosas que uno pueda considerar convenientes. Y tal como estamos, urgentes.

Aquí es donde algunos verán las ventajas de renovar los créditos: habría entonces más recursos para promoción social e infraestructura…, sino fuera por la insistencia de los organismos crediticios en determinar -y para peor- nuestra política económica.

El diputado Claudio Lozano, economista de la CTA, parece ser uno de ellos: en una reciente entrevista concedida a Roberto Navarro afirmó que, de estar en sus manos, ante cada vencimiento con el FMI se limitaría a cancelar el interés, renovando el crédito por el capital. En otras palabras, que Lozano mantendría el actual nivel de endeudamiento, lo que suena medio raro en alguien que se define “de izquierda”, con el agravante de que es el mismo Lozano el que insiste en no aceptar ninguno de los condicionamientos del FMI.

Hay quienes creen o fingen creer (hasta ahora pensábamos que Lozano no era uno de ellos) que el FMI se “equivoca” al recomendar políticas que redundarán en la recesión, el mayor endeudamiento y la imposibilidad de pago de los compromisos, como si los funcionarios del FMI fueran chicos de escuela primaria, encima medio abombados.

No se trata de error, sino de cálculo: ni la monjita más inocente puede llegar a creer que los prósperos vayan a distribuir graciosamente su riqueza entre los necesitados.

Ese milagro, que no suele ocurrir entre las personas, menos sucede entre las naciones, de manera tal que cuando los países más ricos crean un Banco para ayudar a los países más pobres, de cajón significa que la ayuda consistirá en mantener pobres a los pobres, al cabo una manera de seguir siendo ricos.

No es por error que el FMI sostiene políticas que agravan el endeudamiento de los países pobres. Es que para eso está. Y es en este punto donde uno llega a temer que a Lozano se le haya quemado un chip, cuando cree posible una “discusión” con el FMI que permita renovar los créditos sobre el capital sin ceder a los condicionamientos que el FMI pone para renovar dichos créditos.

¿Por qué diablos los funcionarios del FMI harían algo así?

A menos que haya perdido la razón, Lozano no puede creer en lo que dice, y si bien es cierto que la cancelación de deuda con los organismos de crédito implica la postergación de soluciones a muy urgentes problemas sociales y menor nivel de inversión pública, la renovación de los créditos del FMI en modo alguno garantiza los fondos para atender a esas necesidades, en tanto no constituyen una prioridad -ni un interés-, de quien nos concedería esos créditos.

Aun en el supuesto de aspirar a una renovación de los créditos sin la contrapartida de los condicionantes, eso sería posible sólo si el FMI estuviera más interesado en otorgar el crédito que nosotros en recibirlo.

Y esto no es cosa de jarabe de pico: supone tener en el bolsillo, al momento del vencimiento, lo suficiente para pagar intereses y cancelar el capital, de resultas de lo cual el hipotético ministro Lozano debería ir a esa “discusión” con la billetera llena de plata, que obviamente sólo habría podido acumular mezquinando el gasto público y postergando esas impostergables necesidades sociales, que es lo que justamente critica a la actual administración.

Ahora bien, el que esa decisión de cancelar las deudas con el FMI vaya acompañada del anuncio de un ambicioso plan de viviendas -300 mil en tres años- con una inversión de 17 mil millones de pesos, hace presumir que el Ministerio de Economía apelará no sólo a lo acumulado en “la caja” sino a la emisión de nueva deuda con inversores privados, cuando no a las reservas del Banco Central, lo que será seguramente objetado con dos argumentos:

– 1. Los intereses de esa nueva deuda serán mayores a los de un crédito de los organismos multilaterales.

– 2. Las reservas del Central son sacrosantas y garantizan la estabilidad económica.

Aun aceptando que el primer punto sea cierto -de lo que cabe dudar, habida cuenta de que no se computan los honorarios de las consultoras intervinientes en cualquier renovación o concesión de un crédito por parte de los organismos multilaterales-, va de suyo que dispersar una deuda entre muchos acreedores otorga mayor margen de maniobra e independencia que concentrarla en un solo acreedor.

Las reservas del Central -que, por otra parte, la actual administración ha cuadruplicado- no son sacrosantas: son reservas, nomás, y como tales, resulta conveniente tenerlas a fin de recurrir a ellas en situaciones extraordinarias.

Reducir el monto de la deuda externa incrementando a la vez la inversión pública es una situación que merece aquella calificación.

Ni garantizan mucho: en las actuales circunstancias, que el dólar no se derrumbe -aunque también se objeta la utilización de reservas para la compra de divisas- y en algún momento hipotético, que no se dispare ocasionando una hiperinflación. Sin embargo, no es en el volumen de las reservas donde se ancla la estabilidad económica, sino en el superávit fiscal, el saldo comercial favorable y la inversión productiva.

Aumentar el superávit fiscal, conservar alto nivel de reservas y hacer importantes inversiones en obras de infraestructura no implica de ninguna manera mantener el actual sistema distributivo, pero sí postergar la atención de graves problemas sociales, particularmente en salud, educación y previsión social, cuyas consecuencias es difícil predecir en toda su dimensión.

Ni siquiera los críticos más acérrimos a las políticas neoliberales comenzadas a implementar a partir de la segunda mitad de la década del 70, eran capaces de imaginar entonces la profundidad de la descomposición social de la actualidad, el nivel de deterioro de los instrumentos de solidaridad social ni el colapso de los servicios básicos del Estado.

De la misma manera, es imposible prever las consecuencias futuras de los actuales niveles de pobreza, desatención y exclusión. Un par de cosas son seguras: han quedado en el camino unos cuantos Milstein que no alcanzaron a germinar y cosechamos a cambio un par de generaciones de débiles mentales estragados por las carencias o los abusos.

Cabe la posibilidad, no muy remota, de que así como la incipiente reactivación industrial reveló la ausencia de mano de obra calificada -situación impensable en nuestro país décadas atrás-, la reconstrucción del sistema productivo y del aparato estatal quede trunca debido a una sociedad incapaz de estar a la altura de las circunstancias y los nuevos requerimientos.

Economía finca parte de su “sobrante” de caja en el “faltante” de los empleados públicos, lo que más a la corta que a la larga atenta contra la propia estrategia económica: el Estado, tanto en su rol de planificación y control como en la prestación de servicios básicos destinados a mejorar el nivel de vida y capacitación de la sociedad, es esencial en cualquier proyecto de crecimiento económico y desarrollo social, y mal podrá hablarse de un Estado eficaz con personal pésimamente pago y con una estructura de funcionamiento basada en el “como que”: hago como que trabajo -o enseño, curo o protejo la ley- mientras el gobierno hace como que me paga.

Y es en el marco de este engañapichanga cómo las autoridades encaran cada uno de los reclamos salariales del sector público, que a su vez están basados en la preservación de ese esquema: no hay por parte de los gremios verdadera inquietud por una discusión a fondo de las políticas de salud o educación que supongan un replanteo del rol y responsabilidad e intensidad de participación de sus afiliados, así como tampoco se percibe ese interés en las autoridades, puestas a emparchar una y otra vez un sistema colapsado.

En este sentido, la responsabilidad -mejor dicho: irresponsabilidad- de las autoridades es mayor que la irresponsabilidad de los trabajadores y sus representantes: un crecimiento industrial sostenido en el tiempo se asienta en una sociedad igualitaria e integrada, y esto no se relaciona tanto con el salario como con la malla de protección que rodea al trabajador, de manera que no caiga sobre sus espaldas la salud de su grupo familiar, la educación de sus hijos o su destino de anciano.

En suma, que la educación, la salud, la previsión social y la seguridad son tan esenciales para una estrategia económica como el valor del tipo de cambio o la balanza comercial.

El riesgo de una estrategia unidimensional, en la sola dimensión de las variables económicas, es enorme, tanto como el descuido de la dimensión temporal en razón de las urgencias de cada día.

Las autoridades observan obsesivamente -y con satisfacción- los indicadores de crecimiento económico y reducción del desempleo, pero de levantar un poco la cabeza y mirar más lejos verían que en poco tiempo, tal vez antes de la finalización del período gubernamental, no habrá energía disponible con que seguir alimentando ese crecimiento, por el mero hecho de que pasaremos a ser un país importador de un petróleo, cada vez más escaso y cada vez más caro.

Es verdad: el saqueo de nuestras reservas y la enajenación de la renta petrolera no son responsabilidad del actual gobierno, pero sí lo es el desinterés por desmontar un sistema de concesiones absurdo, ilegal y perjudicial para el país.

La creación de una empresa boba, sin verdadera vocación productiva, no ha hecho nada por remediar la situación: las tres cuartas partes de las concesiones violan la ley de hidrocarburos, pero no existiendo el menor interés por hacerla cumplir, las reservas se agotan, el petróleo se va y la renta -indispensable para explorar en busca de nuevos yacimientos y desarrollar fuentes energéticas alternativas- queda en manos de empresas estatales extranjeras que, como no podría ser de otro modo, están más pendientes de su propio interés nacional que del nuestro.

El descuido por los recursos humanos y los recursos energéticos es un descuido por el futuro, además de una bomba de tiempo que puede volver ilusorios los proyectos de recuperación nacional.

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