“El debate por la Ley de radiodifusión será más movido que la pelea por la 125”

Abogado especializado en Derecho a la Información, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Damián Loreti escribió entre otros libros El derecho a la información, relación entre medios, periodistas y público y Las armas del periodista, persuación y disuación. En diálogo con ZOOM aseguró que el Estado debe garantizar pluralidad y diversidad en los medios, propuso desterrar el mito de que a las empresas periodísticas no se las regula y reivindicó a la presidenta por haber escuchado a todos los sectores involucrados en una futura ley de radiodifusión.

—¿Por qué piensa que al ciudadano común le tiene que interesar el debate por una nueva ley de radiodifusión?

—Es casi como pensar por qué le tendría que interesar la ley de educación. Y, además, de acuerdo a dónde esté viviendo el supuesto señor imaginario que estamos convocando, tiene algunas razones por las cuales verse concernido. Imaginemos un pueblo del interior, cercano de una ciudad capital, de una de las ocho ciudades que sólo tienen una señal de televisión abierta. O mejor dicho, y para dejarlo más claro, solo siete ciudades del país, a las cuales se agregó San Rafael (hace poquito, y no sin conflicto) tienen más de una oferta de televisión abierta propia.

Además habría que pensar que cuando a la televisión abierta se le cuelguen un montón de otros servicios, lo que se llama la famosa televisión digital, que haya una sola persona, o una sola empresa que haga esto y además le dé educación a distancia por vía de la TV digital, y el Estado esté completamente ajeno a esa instancia… Entonces, ¿el ciudadano común no se tendría que preocupar por cómo se manejan los medios de comunicación?

Y hay más…, cuando la gente encuentra que el sábado no hay oferta de fútbol en la televisión abierta, y el domingo menos, con lo cual ahí hay un proceso de concentración de contenido (además de concentración de propiedad), también se le podría decir “mire las cosas que tienen que ver con la ley de radiodifusión…”

—¿Por qué no repite y explicita nuevamente lo que les pasa a millones de argentinos cuando encienden la televisión?

—Si no están en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Bahía Blanca, Mar del Plata o San Rafael, cuando prenden el televisor, solamente se encontrarán con que, en la medida que no tenga cable, sólo con su antena, va a ver una señal del lugar en el cual está. Sólo una señal, ¿está claro?

—Entonces una parte importantísima del país tiene una oferta limitadísima para informarse, aprender y entretenerse…

—El derecho al pluralismo no existe. Si tenés plata para pagar un cable la cosa es distinta. ¿Se entiende entonces por qué hay que cambiar la ley de radiodifusión de la dictadura?

Acá hay una doble vía de acción: una es que el canal 7 les llegue a todos los argentinos, pero independientemente de la presencia de los medios públicos nacionales, también debe haber una presencia pública, privada con fines de lucro, privada sin fines de lucro, que habilite a que haya más de una oferta televisiva en el interior.

—Para esto se necesita una ley de radiodifusión más amplia, democrática, abierta, que abra el juego a otros actores…

—Y además de la ley, una política decidida en este plano. A partir de 1948, las convenciones internacionales le dan un rol distinto al Estado, que es el de garantizar no solo el derecho de quienes son los dueños de los medios, sino, garantizar el derecho de aquellos que están afuera. Fundamentalmente a recibir información plural. De allí en más, la convención universal de derechos del niño, el pacto de San José de Costa Rica para nosotros, las declaraciones de los relatores de libertad de expresión, que son funcionarios que dependen de organizaciones internacionales de derechos humanos (Comisión Interamericana, por ejemplo) dicen que el rol de ser, de la actividad y de la regulaciones de radiodifusión, es la garantía de la pluralidad y la diversidad. El Estado tiene que garantizarlas. Ese es el fondo de la discusión. Si el Estado está para resguardar instancias de pluralismo y diversidad en el marco de las sociedades.

—¿Cuáles serían los puntos más urticantes que los oligopolios privados no quieren “transar” en toda esta discusión?

—Una de las discusiones es si cabe lo que se llama la concentración horizontal, vale decir, que una misma empresa tenga varios medios de distinta naturaleza en el mismo lugar. Esto en Estados Unidos se discutió muchísimo y no se admitió.

—Está prohibido que una empresa tenga en el mismo lugar radio, televisión y diario por ejemplo…

—Exactamente. Hay un caso, por ejemplo, en San Francisco, en el cual el dueño del San Francisco Times no pudo tener radio y televisión en esa misma ciudad.

—Quiere decir que si Clarín estuviera hoy en Estados Unidos, sería una cosa ilegal, porque tiene radio Mitre, FM 100, Clarín, Agencia Dyn, etc.…

—Sí. No solo por la ley de medios, sino también por la ley de control y de defensa a la competencia.

—Por lo tanto la nueva ley de radiodifusión no sería un proyecto auspiciado por izquierdistas extremos…sino simplemente de lo que se trata es de hacer cuestiones similares a las que hacen países capitalistas por excelencia…

—Sí, lo mismo pasa en Canadá. La otra discusión a propósito de una nueva ley es si cabe que una empresa que se dedica a la comunicación social, además se dedique a la producción agropecuaria, a la medicina prepaga, a finanzas, a bancos, a empresas de seguro, a empresa de taxis, todas dependientes del mismo grupo económico. El temor que existe es que este tipo de relaciones económicas, con privados o con el propio Estado, terminen influyendo sobre la línea editorial, la pauta informativa y la libertad de los periodistas que trabajan en esos lugares.

—Queda claro: si un diario es dueño también de una prepaga y esa empresa atiende mal a los pacientes, el diario no va a salir a denunciarla… pero ¿qué otras ventajas tendría una nueva ley de radiodifusión?

—Algunos otros tópicos que las buenas prácticas regulatorias incluyen es la partición de las bandas de frecuencias. Una buena y correcta administración del espectro de frecuencias (es eso que va entre 88 y 108 en FM, de 530 a 1710 en AM, del 2 al 13 en televisión) tiene que ser dividido, adjudicado a tres tipos de emisoras: las públicas, la privadas comerciales y las privadas sin fines de lucro. De esta forma tenemos una plataforma, una especie de trampolín para que exista pluralidad y diversidad en el espectro mediático. Es decir son públicas, privadas, comerciales, ciudadanas, comunitarias, sin fines de lucro o el nombre que queramos plantearle en ese caso.

—Y en el actual contexto, estas emisoras sin fines de lucro prácticamente no existen o son muy minoritarias…

—En Argentina, como tales, no podrían ser blanqueadas… Entonces con una nueva ley podrían haber radios de entidades barriales, de comunidades geográficas, de intereses diversos. En Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, en Australia o en Canadá se reconocen radios de comunidades que no necesariamente son comunidades rurales pequeñas y aisladas, que es el sentido que en algunos lugares de América Latina se le ha venido dando. Otra cuestión importante para incorporar son los derechos del público. En la legislación norteamericana, si uno entra a la página Web de la Autoridad Regulatoria de los Estados Unidos se encuentra con que los medios tienen que tener una carpeta, en digital o en papel, donde quede expuesto cuál fue la oferta de programación por la cual se le adjudicó la licencia, sobre todo la vinculada a contenidos educativos, culturales y para niños; qué tipo de reclamos recibe de parte de los oyentes respecto al cumplimiento de sus contenidos. Porque, y aquí reside otra de las cuestiones, en esos lugares la renovación de las licencias dependen de una audiencia pública en la cual las personas del lugar dicen si están satisfechas o no con cómo se cumplió ese compromiso. Traslademos eso a la realidad argentina, donde la compra-venta de licencias, autorizadas por un decreto del año ’98, permite que alguien gane una licencia en un concurso, la explote durante quince días y la venda.

—Además, esa empresa quizás había prometido que iba a dar un contenido de interés cultural y pone cualquier otra cosa…

—Efectivamente.

—Entonces, no se ruboriza en decir: “… me gustaría tener en este terreno, al menos, una legislación parecida a la de Estados Unidos”…

—Para nada. Hay un mito a desterrar que dice que en ningún lugar se regulan los medios, y no es cierto. Tampoco es cierto que sea, como dicen algunos, que “la mejor ley es la que no está escrita”.

—¿Qué consenso nota que hay dentro del congreso nacional para votar una nueva ley?

—Consenso hay. La cuestión es lo que va adentro de la ley. Cuando la diputada Cecilia Merchán del Movimiento Libres del Sur presentó el proyecto de “21 puntos para una radiodifusión democrática”, no para proponerlo como ley sino para considerarlo de interés parlamentario, hubo quienes se opusieron, por razones formales y otros que entendieron que parte de los 21 puntos podía afectar la libertad de expresión… Pero no es así… Yo no sé qué sale como proyecto hoy, sujeto a estas tensiones que incluso podrían ser mayores a las que hubo cuando se trató la famosa 125.

—La lucha será durísima…

—Estoy convencido. Además, como los medios serán parte de esta movida, la transparencia en la discusión será mínima .Y fijate como antecedente lo que pasó cuando fue la discusión de la 125. El Foro de Periodismo Argentino (conocido bajo la sigla FOPEA, que está bastante alejado de las posturas del gobierno) hizo un pronunciamiento en abril donde pedían que “en medio de la conflictiva situación que se vive entre el gobierno nacional y el campo se permita a los trabajadores de prensa realizar su trabajo informativo sin el cúmulo de presiones que vienen soportando, garantizando el derecho a información de la sociedad”. Y agregan: “Los fuertes intereses y pasiones relacionados con el campo están funcionando, a veces, como una mordaza para varios periodistas que, en todo el país, intentan ofrecer una visión más matizada de las diferentes posiciones en conflicto. Tanto editores, como empresas, como la propia censura social, han conformado fuerzas que limitan, en muchos casos, la labor profesional del periodismo”. Esto lo dicen editores de diarios importantes, que son los que forman FOPEA que no es el gremio de prensa. Una entidad que uno jamás sospecharía de progobierno hace un llamamiento público, diciéndole a la empresa periodística que en función de las presiones que ellos mismos reciben o de las posiciones que tienen, está funcionando una mordaza para varios periodistas que quieren ofrecer una visión más matizada de las diferentes posiciones del conflicto. En este caso los medios no estaban directamente vinculados al objeto regulatorio. Imaginate lo que puede pasar cuando ellos estén en el medio de la escena.

—Y cuando ve al canal de cable TN que tiene como consigna “periodismo independiente ¿Qué le sugieren esas dos palabras?

—Hay una vieja discusión en el periodismo, sobre periodismo independiente y comprometido. Si uno hace un poquito de historia, el día del periodista es el 7 de junio en homenaje a la fundación de La Gaceta. Moreno no era exactamente un periodista no comprometido, más bien lo contrario. Si uno hace planteos vinculados a lo que fue Rodolfo Walsh para el periodismo de investigación tampoco era periodismo no comprometido. La enorme discusión respecto a la independencia periodística radica en dos cosas: primero si la predicamos desde los medios o si la predicamos desde los periodistas, que no es lo mismo. En tanto y en cuanto en los medios existan mecanismos, cláusulas, formalidades, instrumentos diversos que le garanticen al periodista cierta indemnidad de conciencia para informar de acuerdo a sus principios, se podría hablar de periodistas independientes.

—Serían dependientes de su propia ideología y de sus principios.

—No sé si tanto. La relación de dependencia de un periodista contratado por una empresa periodística no debería implicar que abandonara sus principios, su convicciones éticas. En ese sentido plantear lo de la independencia: que las informaciones no estén sujetas a presiones de los auspiciantes ni del gobierno. Hay una tendencia a pensar que el periodismo independiente es el independiente del gobierno. Los medios independientes no deben ser solo independientes del Estado, en lo cual el tema de la pauta publicitaria oficial no es ajeno, sino también respecto de los anunciantes privados.

Solo por dar un ejemplo fuera de época: cuando se desbarrancó el país, donde el sistema público de salud tuvo que absorber gran cantidad de pedidos de gente que se había quedado sin obra social privada o sindical, nadie jamás reivindicó lo que había sido el rol del hospital público en la ciudad de Buenos Aires.

—En el 2001…

—En el 2000, 2001 y 2002, época de recesión y muchos despidos. Para mi era un dato llamativo, los programas periodísticos, independientes o comprometidos, que recibían pautas publicitarias de empresas de medicina prepaga, jamás tuvieron una sola palabra de reconocimiento a lo que había sido el rol del sistema solidario o al sistema público de salud en esos momentos.

—Volviendo a la futura ley, ¿es un tema menor discutir que en la televisión por cable, que es paga, se eliminen las publicidades o se las regule?

—Los europeos han fijado pautas que prohiben los PNT (publicidad no tradicional) o “chivos”. Además, en una hora de película se permite sólo un corte publicitario. Yo incorporaría este concepto a la ley. En la jerga se llamaba la “cláusula Fellini”. Fellini decía que una película de más de una hora y media no podía tener más de un corte porque puede perder la unidad intelectual, estilística.

—¿Y cómo ve al gobierno en esta pelea que según sus propias palabras será más dura que lo que fue la de la 125? Con Aerolíneas, las AFJP, construyó consenso parlamentario para votar dichas leyes. ¿Qué puede pasar en este caso?

—La voluntad la veo. No creo que sea un gobierno sencillo de convencer para que cambie sus agendas. Y la presidenta fue muy explicita al decir que esto forma parte de su agenda. Yo le reivindico el hecho de haber recibido a todos los sectores que hicieron oír su voz, desde los que decían que hay que ampliar el espectro de licenciatarios y de voces, hasta los que dijeron que la proliferación de medios podría generar un efecto de censura indirecta por las retenciones económicas en el reparto de la torta. La presidenta los recibió a todos y me parece bien que se hayan sincerado las posiciones. El gobierno tiene que dar a conocer cuál va a ser su proyecto más temprano que tarde, para poner en conocimiento de la sociedad un tema tan importante y por ese tema de transparencia que decía antes. Pero claro, lo peor que pudiera ocurrir, y ese es mi temor, es que sea una discusión cerrada, al contrario de lo que fue por ejemplo, lo de la ley de educación el año pasado.

—Antes estaba Julio Bárbaro al frente del COMFER y ahora está Gabriel Mariotto. ¿Qué implican estos dos nombres? ¿Hay fuertes diferencias?

—Sí, hay diferencias de orígenes. Mariotto viene de trabajar con las radios comunitarias, en particular en una de Lomas de Zamora, es un graduado de la carrera de Comunicación, ha sido docente universitario, hoy es decano de la Facultad de Sociales de Lomas; y es alguien que viene militando por estas cosas hace mucho. Sospecho que debe pensar parecido a lo que digo yo, con más énfasis en algunas cosas o en otras. Bárbaro forma parte de otra época, en la cual el gobierno hizo cosas como sacar un decreto extendiendo por diez años el plazo de las licencias. Me parece que es otro contexto, otra presidencia, y es otro COMFER.

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