El chancho y el que le da de comer

Cablevisión-Multicanal no respetan la libre competencia. El caso de los cableoperadores locales de la zona Oeste de la provincia de Buenos Aires desnuda las políticas comerciales del gran pulpo de la TV por cable y también la sospechosa demora en corregirlas de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Cablevisión-Multicanal no cumple con su compromiso de respetar la libre competencia. Así lo establece un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que pasa sus días en el cajón de un escritorio. Pero no solamente lo dice ese documento, también lo dicen los cableoperadores locales que sufren las políticas comerciales de esa gran empresa: “Se habían comprometido a proveer las señales que comercializan, pero a los dos meses del acuerdo de fusión empezaron los incumplimientos”, señaló Luis Pérez Paz, accionista de Televisora Privada del Oeste, de la localidad bonaerense de Merlo.

Ese acuerdo —la autorización de la fusión— fue una de las últimas grandes decisiones que Néstor Kirchner tomó antes de dejar la Presidencia de la Nación. Fue firmada el 7 de diciembre de 2007, tres días antes del vencimiento de su mandato. Según consta en la resolución oficial, la nueva empresa debe garantizar, entre otras cosas, el pluralismo informativo. Eso implica otorgarles un espacio en su grilla a proveedores de señales que puedan llegar a ser considerados sus competidores.

El dictamen del organismo hizo lugar a las denuncias que realizaron, en febrero pasado, Televisora Privada del Oeste y de Punta Alta Visión. Esta última asegura que es víctima de una maniobra anticompetencia que se conoce como “precio predatorio”. Eso ocurre cuando, como sucede en Punta Alta, una empresa “vende el abono a la mitad de lo que lo vende en otras localidades, que están a sólo unos kilómetros de allí”, explicó a Revista ZOOM un técnico de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

En ambos casos, el organismo ordenó una medida cautelar para retrotraer las situaciones hasta antes del conflicto: en un caso, devolver la autorización para la transmisión del fútbol y, en el otro, cobrar al menos el mismo precio que la cableoperadora local –Punta Alta Visión cobra 47 pesos y Cablevisión-Multicanal $37. Esa medida es la punta de lanza de otras acciones, porque de comprobarse la existencia de una conducta anticompetencia se podría aplicar una multa que equivale a un porcentaje de la facturación correspondiente al total de los abonados. La empresa acusada tiene unos 3 millones de clientes en todo el país.

El apoderado de la Cámara de Cableoperadores Independientes, Marcelo Massatti, explicó a este medio que “hay muchas denuncias en las que está casi comprobado que existe precio predatorio como ocurre en Orán, Salta, pero nada de esto se termina de resolver”. “La Comisión tiene paradas las dos denuncias, pero cuando el problema lo tiene Multicanal la resolución es casi inmediata”, se quejó el abogado.

Fuego en las líneas.

Pérez Paz se enteró por teléfono de que algo andaba mal. Pero no fue una llamada, fueron cientos, tal vez miles. “Se saturaron las líneas telefónicas”, dice al evocar la noche en que “Torneos y Competencias le dio la orden a Multicanal” de inhabilitar a Televisora Privada del Oeste para transmitir el Torneo Apertura 2008.

Era febrero. Hacía calor y a la madrugada siguiente sintió que le crecían flores en las orejas. Se le habían abonado de tantas puteadas.

La empresa tiene 19 años en Merlo. Hace 15 que compite contra Cablevisión. Venía bien porque la gente los elegía porque tienen espacio para programas locales, pero ya comenzaron a perder parte de sus 16.000 abonados.

“Aquí viven 450.000 personas. El potencial de la zona son 40.000 clientes. Nosotros veníamos bien, la gente se identifica con nuestro canal de noticias locales y nuestros programas, pero lo del fútbol es muy fuerte y cortándonos la transmisión buscaron hacer la diferencia”, explica.

Un billete sobre el otro

En el sistema capitalista —ya lo dijo Adam Smith— no hay como la libre competencia. El problema es que entre la teoría y la práctica siempre hay un abismo, y en él se caen los pequeños empresarios y los usuarios. Para explicar ambas esferas de la realidad (la del papel y la de todos los días) basta echar un vistazo a lo que ocurre en la zona oeste con el precio de los abonos de televisión por cable.

“En Castelar, Ituzaingó, Moreno o Luján el precio del abono es de 100 pesos. Allí Cablevisión-Multicanal no tiene competencia alguna, pero en Merlo estamos nosotros, que tenemos el abono a 71 pesos, y Multicanal lo tiene a 73”, describe Pérez Paz. No hacen falta aclaraciones, pero él agrega: “Donde no tienen competencia ponen el precio que quieren y donde la tienen lo bajan todo lo que pueden, total lo subvencionan con el resto del país. Así funden a sus competidores”.

¿Cuál es el precio?

Con pruebas tan claras parece un misterio la demora del dictamen que —según dicen en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia— “ya tiene más de un mes”. Las pistas para revelarlo podrían encontrarse en una “reunión informativa” que ocurrió hace quince días en las oficinas del organismo.

Ante unos 60 técnicos y trabajadores, José Sbatella —titular del cuerpo— denunció que su autoridad estaba puesta en duda por dos hombres que daban órdenes contradictorias. Allí habían sido citados especialmente los delegados de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). La referencia tenía claros destinatarios: Humberto Guardia Mendonça y Diego Povolo. Dos funcionarios subidos de rango por una resolución de la Secretaría de Comercio. Esa nota, firmada hace 45 días, les dio funciones similares a las de Sbatella. Fue el inicio de una serie de conflictos. En el fondo hay mucho más que una simple lucha de poder, esas órdenes contradictorias -denunciadas públicamente- están íntimamente ligadas al dictamen que descansa en un cajón.

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