A casi nueve meses de haber asumido el cargo de ministro de Energía y Minería, finalmente Juan José Aranguren accedió a vender los 16 millones de pesos en acciones que conservaba de la petrolera Shell, en la que trabajó por 36 años y de la que se retiró como CEO poco tiempo antes de ingresar al gobierno de Mauricio Macri. La novedad llegó tras una recomendación de la Oficina Anticorrupción (OA) y ante la acumulación de medidas en materia energética que favorecieron los intereses de la multinacional de origen angloholandés, lo que puso a Aranguren en el centro de los cuestionamientos, incluso dentro del oficialismo. Eso explica que Macri en persona haya sido el encargado de anunciar que el ministro, que hasta hace pocos días se negaba a toda costa a desprenderse de los títulos, cambió de opinión y los dio a la venta en tiempo récord. “Lo hizo por decisión propia”, remarcó el presidente. La aclaración no es casual: en una intrincada maniobra, el PRO busca, por un lado, asegurar que Aranguren podía conservar las acciones sin problemas, y por el otro, destacar que las resignó en pos de una mayor transparencia en su gestión. En paralelo, el Boletín Oficial publicó el decreto 1006/2016, con el cual el Poder Ejecutivo aceptó “la excusación” del funcionario para intervenir en “las actuaciones que estén particularmente relacionadas con la empresa Shell Compañía Argentina de Petróleo” y en sociedades controladas. También designó a su reemplazo eventual frente a estas situaciones: el titular de la cartera de Producción, Francisco Cabrera.
Cambiemos lanzó este verdadero plan de contención de daños pocas horas después de que la OA emitiera un dictamen al respecto, en una muestra de aceitada coordinación. El organismo de control que dirige Laura Alonso había concluido que no era un inconveniente que la máxima autoridad estatal en temas de Energía tuviera títulos de una firma a la que debe controlar, pero de todos modos, invocando razones de “prudencia”, le sugirió al ex CEO que se desligara de estos activos. Por otra parte, Alonso argumentó que para no caer en una posible incompatibilidad, a Aranguren le alcanza con “excusarse de intervenir” en “la fijación de políticas dirigidas específicamente a dicho grupo empresario”, para lo cual tiene que comunicarlo al presidente, “a fin de que éste decida qué funcionario deberá intervenir en su reemplazo”. Así fue como “Pancho” Cabrera apareció en escena. Luego, el ministerio emitió un comunicado en el que ratificó la primicia que más temprano había dado Macri y detalló que la operación de venta fue “realizada de forma electrónica y en presencia de un escribano público”.
«En una intrincada maniobra, el PRO busca, por un lado, asegurar que Aranguren podía conservar las acciones sin problemas, y por el otro, destacar que las resignó en pos de una mayor transparencia en su gestión»
En Balcarce 50 esperan que este movimiento de pinzas aplaque las denuncias de las que viene siendo objeto el padre del tarifazo, de cara a una compleja audiencia pública por la fijación del precio de gas que sigue sumando presión. Sin embargo, el efecto podría ser el contrario. No sólo para la oposición, sino también para algunos aliados del PRO, lo ocurrido vino a sincerar que desde principio de año un miembro del gabinete está en una situación que, según el interlocutor, va de sospechosa a claramente irregular.
“Inspirar confianza”
Antes de que Aranguren vendiera los papeles en su poder, la OA había dicho que “no tiene obligación legal de desprenderse de las acciones que posee en la empresa Royal Dutch Shell Plc”. Incluso, como si se tratara de un asesor financiero, el organismo le había aconsejado que las pusiera en un fideicomiso ciego, para “inspirar confianza en la comunidad”. Finalmente, el ex CEO decidió vender los títulos. Se había vuelto evidente que el “blind trust”, por más que implique delegar el manejo de los bienes en un tercero, no cambiaba el hecho de que él era ministro y que las acciones eran de Shell.
En cuanto al pedido de no actuar en cuestiones ligadas a la multinacional, es una vuelta de tuerca al primer consejo dado por Alonso, cuando, para asombro de muchos, lanzó: “Le pedimos a todos los funcionarios que no tomen ninguna decisión, que deleguen la firma hacía arriba o hacia abajo”. La recomendación no era simple de aplicar en un área superpoblada por ex ejecutivos y hasta socios fundadores de compañías del sector. Que ahora sea Cabrera quien tome la posta cuando el titular de Energía tenga prohibida la firma, tampoco despeja las suspicacias de la oposición. La pregunta sigue siendo la misma: ¿Cómo hace un ministro para no influir sobre el negocio de uno de los principales jugadores del mercado, que hasta hace poco lo tuvo como un empleado del mayor nivel?
El diputado del FPV Rodolfo Tailhade remarcó a Zoom que en marzo, cuando arrancaron las actuaciones en la oficina de Alonso, “todavía no habían sucedido los hechos por los cuales después Aranguren es denunciado en la justicia”. Tailhade enumeró que “no se había ordenado el tarifazo que fue un beneficio directo a Shell en tanto productora de gas, no se habían producido los contratos para comprar gas a Chile ni las licitaciones de gasoil que ganó la petrolera”. Para el legislador, “la inactividad de Alonso permitió que se consumaran los delitos, fue una demora funcional a hechos de corrupción”.
En cuanto a la no intervención del funcionario en casos puntuales, consideró que “lo único que quiere decir es que no va a estar su firma, pero sigue manteniendo el dominio total del ministerio y de los datos que allí se generan, y por lo tanto tiene información privilegiada con la que va a favorecer a Shell”.
Por su parte, el diputado kirchnerista Martín Doñate, que junto a Tailhade presentó en mayo la denuncia penal contra el jefe de Energía, aseguró que “desprenderse de las acciones no desprende a Aranguren de incompatibilidad”. Para Doñate, “es inédito” porque “un decreto presidencial consolida el delito de negocios incompatibles con la función pública delegando la firma de un ministro en otro”.
Pero no solo el FPV tiene una mirada crítica. Desde la CGT unificada, Héctor Daer, uno de los secretarios generales del triunvirato, sostuvo que “fue tarde la renuncia” a la participación accionaria. Para Daer, quien también es diputado nacional del Frente Renovador, “tendría que haberlo hecho antes de asumir, sobre todo si él iba a definir temas que tenían que ver con sus intereses económicos”.
También los aliados del PRO descreen de la efectividad de las medidas tomadas. “Si no tenía por qué vender las acciones, ¿entonces por qué pedís que lo haga?”, resumió una dirigente de los sectores que acompañaron a Cambiemos en las últimas elecciones. Además, cuestionó la lógica aplicada por Alonso. “Cuando estás en una Oficina Anticorrupción tenés que tener una interpretación restrictiva, no benévola, porque sino estás cambiando el paradigma del control”, sostuvo esta diputada, acostumbrada a investigar a pesos pesados. En igual sentido, relativizó la venta de las acciones y el apartamiento de Aranguren. “Por más que se excuse -concluyó-, la situación está en que es el ministro de Energía y tiene información sensible sobre aspectos del negocio, aun cuando no afecte a Shell de forma directa”.
No sabe, no contesta
Por fuera del núcleo de la polémica, el dictamen de Alonso también reveló el bajo nivel de precisiones con que contó la OA a la hora de indagar en la composición accionara de Aranguren, para lo cual el ente se basó en la información suministrada por el ministro y Shell. En principio, sobre el volumen de títulos en manos del funcionario, la OA señaló que “la empresa Shell CAPSA informó que dado que cotizan libremente en distintos mercados de valores y son objeto de constantes operaciones de compra-venta (…) no le resulta posible establecer la titularidad de los mismos, ni la cantidad que un individuo posee”. En concreto, la multinacional admitió: “No nos es posible determinar si (Aranguren) aún las mantiene en su patrimonio, si se ha desprendido de las mismas o si ha adquirido acciones adicionales a través de operaciones bursátiles regulares”. Como única vía para saldar este dato, se apeló a la propia declaración jurada del implicado.
«No sólo para la oposición, sino también para algunos aliados del PRO, lo ocurrido vino a sincerar que desde principio de año un miembro del gabinete está en una situación que, según el interlocutor, va de sospechosa a claramente irregular»
La Oficina tampoco “cuenta con información fehaciente respecto de qué porcentual sobre el capital de Royal Dutch Shell Plc representa la cantidad de acciones de titularidad del ingeniero Aranguren”, si bien pudo calcular que “dicha participación resultaría poco significativa”, a partir de datos de mercado y, de nuevo, la caracterización hecha por el ministro. Lo mismo pasó con “la incidencia de los resultados comerciales de Shell CAPSA sobre la cotización de las acciones de Royal Dutch Shell Plc, es decir en qué medida los beneficios que obtenga la primera empresa repercutirán en las ganancias de la segunda”, donde el ex ejecutivo tenía sus títulos. “La empresa oficiada -detalló la OA- informó que ‘teniendo en cuenta la diversidad de países en los cuales operan las empresas del Grupo Shell y el aporte de cada uno de ellos al patrimonio de RDS, es muy difícil poder efectuar un cálculo de dicha incidencia’”. Además, agregó que “no es posible calcular una relación porcentual ya que en los últimos años Shell CAPSA sufrió pérdidas mientras que el RDS tuvo ganancias”.
En síntesis, fueron muy pocas certezas para la tarea de un organismo dedicado a establecer responsabilidades.
Fisuras en la CEOcracia
Este nuevo episodio se suma a la larga lista de polémicas inconclusas que tienen como protagonista a Aranguren, en una saga que arrancó el día mismo en que asumió el cargo, luego de pasar toda una vida en el sector privado. Aún entre sus pares del gabinete nacional hay quienes lo miran de reojo, responsabilizándolo por el rechazo que desató en la opinión pública la aplicación sin atenuantes de una medida tan impopular como el tarifazo. Nunca antes en lo que iba de gestión macrista se reflejaron de forma tan clara las tensiones que acarreó el desembarco masivo de los CEO’s en el manejo de la cosa pública. Ya sea por sus declaraciones sin tacto -como cuando admitió que estaba “aprendiendo sobre la marcha”- hasta las diversas acusaciones en su contra por estar “a ambos lados del mostrador”, el ministro fue el blanco de los dardos más pesados que hasta ahora recibió Cambiemos. Y, sin embargo, cada vez que se puso en duda su continuidad, fue el presidente quien se encargó de refrendarlo y darle su apoyo público, pagando el costo político del padrinazgo. En definitiva, “Juanjo” representa cabalmente el nuevo paradigma de gestión y, al menos por ahora, sus eventuales errores o impericias no opacan la fidelidad con que interpreta y ejecuta las ideas claves de la Casa Rosada.
