El campo que no defiende “el campo»

El lockout patronal agrario transcurre sin pena ni gloria, aunque ahora los productores anclados en la ruta están preocupados más por la libertad de prensa que por la de circulación. Entretanto, la defensa de las economías regionales ha quedado muy atrás en los reclamos sojeros.

Las cuatro entidades patronales de la Mesa de Desenlace representan a no más del 10% de los productores, los cuales, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada a pesar de concentrar el grueso de la actividad.

Sin embargo, ese lobby empresario con abundantes recursos, no solo pretendió conducirlos a todos, más al conjunto de la oposición política: hasta cometieron la bizarría de autoproclamarse representantes, herederos, intérpretes y custodios de la Patria.

Aunque no monopolizan esa crisis de representación, la cúpula de la FAA es un grupo de financistas que timbean en el mercado a término y, hasta hace poco, vivían de una prebenda estatal, las cartas de porte, con las cuales hacían política contra el Estado que les daba de comer. Así, cualquiera.

La Sociedad Rural tampoco es lo que fuera en la belle époque. Quedan cabañeros, pero el grueso del negocio son los bancos de genética vacuna, los megaemprendimientos inmobiliarios y un club donde se refugia la añorada patria financiera, o –sin eufemismos– una exclusiva mesa de dinero.

Ese 10% de representatividad real es sobre todo sojero, y en un segundo pelotón viene la actividad ganadera –con un gobierno que no fomentó el crecimiento de los planteles– y la lechera, porque los acuerdos de precios habían permitido una concentración de márgenes entre industriales y cadenas de comercialización en perjuicio de la mayoría de los productores lecheros. Con las políticas activas de la ministra Giorgi, sin embargo, estas dos últimas cuestiones se resolvieron en gran medida mediante subsidios. Y quedó en pie la soja y sus retenciones.

Mesa monotemática en definitiva sobre la cual el gobierno –a través del ministerio de la Producción, la AFIP y la Oncaa– viene sosteniendo una política de ataque adelantado en el interior de las líneas de los campesinos, que ya ha dado algunos frutos.

Lo que no defienden

Vivimos una época en la que todo lo que parece ser, es otra cosa. Buzzi, Biolcati, Llambías y el Melli parecieran estar preocupados por los pequeños productores de las economías regionales.

Un informe producido por el espacio Carta Abierta de Mendoza revela lo contrario. Medida por el Producto Bruto (PB), la vitivinicultura no es la actividad económica de mayor relevancia en la provincia. Los principales sectores en orden de magnitud para el 2007 eran:

– Comercio, Restaurantes y Hoteles (26%),
– Industria Manufacturera (16%),
– Explotación de Minas y Canteras (14%),
– Servicios Sociales Comunales y Personales (14%),
– Establecimientos Financieros (10%),
Agropecuario (10%),
– Transporte Almacenamiento y Comunicaciones (6%),
– Construcciones (3%), y
– Electricidad, Gas y Agua (2%).

Aún cuando el sector agropecuario produce sólo el 10% del producto, contribuye con el 55,4% de las exportaciones manufactureras (enero-noviembre de 2008), y los vinos exportados en recipientes inferiores a 2 lts representan el 28,4% de esas exportaciones, con U$S 422,5 millones valor FOB, es decir, más del 50% de las exportaciones totales del sector agropecuario (Fuente: DEIE, Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la gobernación).

La política de demolición de la Mesa de Desenlace consiste en la doble pinza de eliminar las retenciones a la soja y obligar al gobierno a devaluar. Con un dólar más caro, las empresas exportadoras de vinos, sobre todo finos, se harían su agosto por una reducción brutal de los costos internos. ¿Eso redundaría en el bienestar general de los trabajadores vitivinícolas? ¿Las exportaciones representan riqueza incorporada al país?

Todo indica que no a ambas preguntas.

La actividad experimentó cambios sustantivos en la segunda mitad de los ’80 que fueron consolidándose en los ‘90 y perduran hasta el presente. El sector fue girando de la producción de vinos comunes de consumo interno a la obtención de vinos finos de mayor valor agregado dado su mejor precio por su destino a la exportación.

Este proceso de reconversión vitivinícola con un alto componente de inversión extranjera, trajo aparejado ganadores y perdedores. Ganaron los grandes grupos económicos y perdieron los pequeños viñateros que no disponían de capital, conocimiento técnico y otras fuentes de ingreso alternativas para erradicar viejos viñedos y plantar nuevas cepas, que empezarían a ser redituables económicamente tras varios años de espera.

Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la secretaría de Agricultura, las principales bodegas y marcas (Bianchi, Peñaflor, Trapiche, Callia, Suter, Graffigna, Terrazas, López, Navarro Correas, Pulenta, Titarelli) están en manos extranjeras. Algunos de los pequeños productores vendieron sus tierras y se trasladaron a las ciudades en busca de nuevas alternativas. Los trabajadores empleados en esas fincas migraron, en su mayoría, también a las ciudades, pero en este caso al cordón del Gran Mendoza, muchos a poblar lo que Carta Abierta Mendoza denomina “villas inestables” (como Villa Retiro), asentamientos que por su precariedad no llegan a la condición de villa miseria, y cuyos habitantes tienen sus necesidades básicas insatisfechas.

El alto nivel de concentración económica en el período se tradujo tanto en la concentración de la propiedad de las mejores tierras para producir uvas para vinos finos, como en la consolidación de un pequeño grupo de empresas que dominan los tres eslabones del circuito: producción de uva, transformación en vino y productos derivados (como el mosto concentrado), y comercialización.
Aún así, sobrevive un número importante de productores que se ven obligados a vender su producción a las grandes bodegas, y al precio que éstas disponen. El INV y los gobiernos provinciales han sido testigos ciegos y mudos de estas transformaciones que estamos describiendo.

También sobreviven algunas pymes mendocinas que dan la pelea contra las grandes bodegas extranjeras, aun cuando los medios no se ocupen de ellas.
Paralelamente, se verifican transformaciones considerables en las formas de organización del trabajo que contribuyen a su precarización, entre ellas la aparición de falsas Cooperativas de Trabajo.

La Vendimia y la condición social

Dependiendo de la variedad y del destino de la uva, se estima que un vendimiador puede alcanzar un rendimiento de 50 a 80 tachos (unidad de medida-valor creada por el Gobernador Ricardo Videla en 1934, equivalente a 20 Kg de uva) por día. Diariamente, un cosechador recolecta y traslada de la viña al medio de transporte entre 1.000 y 1.600 Kg de uva. Según FECOVITA, en 2008 se les pagó $1 por tacho.

Los cosechadores en el 2009 habían solicitado un aumento en el valor del tacho y el Gobierno de Mendoza ofreció un magro 10%. Algunos empresarios contraofertan con $0,79, argumentando que se han elevado los costos y disminuido las ganancias por el impacto que ha traído para el sector la actual crisis económica mundial. En San Juan, los cosechadores pidieron $1,50 por tacho mientras los empresarios ofrecían $1.

La profesora Eliana Gabay, docente e investigadora de FLACSO y de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCu), sostiene que, “por el nulo poder de negociación de los trabajadores, el tacho se terminó pagando en la última vendimia alrededor de $ 0,50. En uvas para vinos finos se pagó más y puede haber llegado a un valor cercano al peso, pero como la modalidad es por jornada trabajada y no por tacho, es difícil calcular el valor exacto”.

Según Carta Abierta, “estos valores no se condicen con el esfuerzo requerido por la tarea, con un ingreso diario digno y necesario al que debe llegar el cosechador, y contribuyen a profundizar la desigual estructura social del campo en la provincia impidiendo incluso, una correcta alimentación de los cosechadores”.

“Trabajan en negro, una buena parte son ‘golondrina’, se los hacina en galpones el tiempo que dura la cosecha, y no tienen obra social”, explica Gabay, y agrega que “es habitual el trabajo infantil, contra todas las reglamentaciones vigentes, porque los niños se encargan de acarrear tachos para ayudar al sostén de sus familias”.

Representatividad y Estado

Como el UATRE sojero del Gerónimo Venegas hizo frente común con la Mesa de Desenlace sojero, cuando se apaga la luz de la representatividad, se debe prender la del Estado.

El Espacio Carta Abierta Mendoza concluye que:

“Es imperiosa la intervención del Estado provincial para limitar el lucro excesivo mejorando los ingresos de los trabajadores del sector vitivinícola, lo que contribuiría, además, al aumento del consumo interno. La Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia debe garantizar y velar por el fiel cumplimiento de la normativa legal vigente en el ámbito laboral y en materia de seguridad e higiene. El Estado provincial debe recuperar la idea de establecer un mecanismo de regulación y control del proceso vitivinícola como antiguamente se ejercía desde la ex bodega Giol. Y abrir un profundo debate en el seno de nuestra sociedad, con relación al perfil productivo que adoptará la provincia en los años venideros, fundamentalmente en la producción agropecuaria que utiliza los dos recursos más escasos de la región: tierras cultivables y agua.”

Mientras los medios de difusión hoy llaman campo sólo al de la pampa húmeda y sus propietarios, se hace imprescindible reivindicar a los invisibilizados de siempre, los injustamente olvidados, los productores de la riqueza –trabajadores, peones y cosechadores–, esos verdaderos protagonistas cotidianos del esfuerzo que sostiene las también postergadas economías regionales.

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