El asesinato de Gardel

El gran éxito de los culpables es que estemos discutiendo en torno al descabellado pedido de detención de un ex presidente y otros altos funcionarios de Irán, en lugar de aquilatar qué es lo que surge del expediente judicial sobre quiénes, cómo y por qué volaron la AMIA.

El jefe de Operaciones de la Secretaria de Inteligencia local, el ingeniero Antonio «Jaime» Stiuso, de quien el fiscal Alberto Nisman no es más que un chirolita, responde, más que al gobierno nacional, a la entente CIA-Mossad (sobre todo a este último, como explica Gerardo Young en su reciente libro, SIDE. La Argentina secreta, Planeta).

El gran éxito de todos ellos es que estemos discutiendo en torno al descabellado pedido de detención de un ex presidente y otros altos funcionarios de Irán en lugar de aquilatar qué es lo que surge del expediente judicial sobre quiénes, cómo y por qué volaron la AMIA.

Todo periodista sabe que es posible hacer de una pizca de jabón una montaña de espuma, pero produce perplejidad ver que la SIDE de «Jaime» haya refritado «papers» que le acercó el Mossad, la CIA y el FBI hasta pergeñar una arrevesada historia sin tener ni un miligramo de jabón.

Porque la mala novela que se presenta como una sucesión de hechos comprobados no tiene el más mínimo asidero ni contacto con la verdad de los hechos. Y ni siquiera con la manera parcial e interesadamente tergiversada como esos hechos fueron reflejados en el expediente judicial durante los primeros años luego de que la mutual judía fuera demolida.

Y es que no se trata siquiera de una montaña de espuma, sino de una enorme cortina de humo.

Hace ya dos décadas, Rogelio García Lupo recomendó no organizar debates públicos sobre temas serios en el Centro Cultural San Martín porque proliferaban los orates desperados por hacerse de un micrófono para decir cualquier cosa, «de modo que uno quiere debatir un tema puntual, pero se ve obligado a terminar defendiéndose de acusaciones increíbles y teniendo que explicar que no asesinó a Gardel».

Del mismo modo, la República Islámica de Irán se ve hoy públicamente compelida a demostrar que no impulsó la voladura de la AMIA cuando no hay nada en el expediente judicial que así lo indique.

Y ya que cité a García Lupo y al Centro Cultural San Martín, fue él quien a pesar de su consejo dijo en la enorme sala A-B atestada de público antes de que concluyera aquel año (1994) que la investigación no iba a progresar porque, a poco que se avanzara, se topaba uno con la familia política del presidente Menem.

Lo que está sucediendo es fácil de entender si se hace abstracción del ruido: para buscar instigadores, primero hay que establecer cómo fueron los hechos, y quien los cometió. Recién luego de atraparse a uno o varios autores materiales, los investigadores suelen preguntarse quién pudo haberlos instigado o reclutado.

En la causa AMIA (¡y en la de la embajada de Israel, que es aún más evidente!) se huye de ello como Drácula de las ristras de ajos.

Y es que si se determinara cómo se pusieron las bombas, quedaría claro quienes las pusieron (muy probablemente policias), y si se supiera quienes la pusieron se podría averiguar quienes los contrataron (allegados al menemismo y a un famoso capomafia nacido en Siria), y si supiera quienes contrataron a los asesinos, pronto quedaría claro por qué las pusieron (para forzar la devolución de muchos millones de dólares «mexicaneados» en el curso de grandes operaciones de narcotráfico, venta clandestina de armas y el lavado del dinero así obtenido).

Esto es lo que Israel y Estados Unidos quieren ocultar a cualquier costo. Que (tal como explico en Narcos, banqueros & criminales. Armas, drogas y política a partir del Irangate) quede blanco sobre negro que sus servicios secretos trafican drogas rutinaria y sistemáticamente desde hace más de un cuarto de siglo.

Desde que, luego de impulsar a Sadam Hussein a atacar a Irán en 1980 a fin de impedir que la revolución liderada por el ayatolá Jomeini se extendiera como una mancha de aceite a Irak (donde también la mayoría de la población es shií o chiíta), a fin de evitar que Irak venciera, y conseguir que la guerra se prolongara de modo que ambos contendientes se desangraran, organizaron, a espaldas del Congreso de los Estados Unidos y en abierta infracción a las leyes, el “Irangate”, “Contragate” o “affaire Irán-contras”, llamado así porque el dinero obtenido de Irán por abastecerlo clandestinamente de armas se empleaba para financiar la guerrilla antisandinista (luego de multiplicarlo comprando cocaína boliviana o colombiana que era luego comercializada en la costa oeste de lkos Estados Unidos).

Lo más paradójico, es que según consta en el expediente judicial, fue la estación de la CIA en Beirut la que, a pedido del gobierno argentino, advirtió que los instigadores del ataque a la AMIA era los mismos que al día siguiente, el martes 19 de julio de 1994, habían derribado de un bombazo un avión que hacía el breve trayecto entre la ciudad atlántica de Colón y la ciudad de Panamá, con un saldo de veinte muertos.

Y que, a poco que se analiza este ataque, queda claro que se cometió para matar a un comerciante judío especializado en oro y diamantes, Saúl Schwartz. En enero de aquél año, Schwartz había sido señalado por la policía italiana como responsable de lavar dinero de la mafia siciliana, producido por la venta de cocaína colombiana en el norte de Italia.

En el transcurso de la así llamada «Operación Unigold», la justicia italiana informó de la detención de doce personas en la península y en Panamá, incluyendo en este país a un sirio.

No obstante, la justicia de Panamá, ocupado un lustro atrás por tropas de los Estados Unidos, no concedió la detención de Schwartz, quien sorpresivamente anunció que había tenido que pagarle veinte millones de dólares a los supuestos secuestradores de un familiar, cifra que al parecer coincidía con lo que le adeudaba a los mafiosos que desde Italia le remitían ingentes cantidades de oro.

Esta pista tan diáfana, surgida de la propia CIA y relativa a un segundo atentado cometido a escasas horas del primero y en un país convertido en un laverap gigante del tráfico de drogas, jamás se investigó. Curiosamente, era en Panamá donde el presidente de la DAIA, Raúl Beraja y sus socios lavaban grandes sumas de dinero a través de la firma pantalla Mayflower.

Hasta el ataque a la AMIA, la DAIA tenía una presencia sumamente discreta. De hecho, casi nadie sabía que sus oficinas estaban en un piso del edificio de la AMIA. Dirigentes de la DAIA le expresaron a este periodista en 1997 (son sorna, como quien dice «¡Chocolate por la noticia!») su certidumbre de que el objetivo del ataque había sido la DAIA.

De todos modos, es posible que el tráfico de drogas no haya sido el único motivo del ataque, ya que la trama podría extenderse hasta incluir las operaciones de venta ilegal de armas a Bosnia y Croacia. Sin contar el goce extra que para algunos artificieros de la policía, veteranos de los “grupos de tareas”, representa el matar judíos.

Lo que se dice, unir el trabajo con el placer. Un inmenso placer: no es del todo improbable que los asesinos hayan concurrido a los repetidos ágapes de homenaje que la propia DAIA organizó para los «investigadores» policiales.

– Ver

El último bastión

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