Por Causa Popular.- A pesar de los tires y aflojes, se aprobó finalmente en diputados la creación de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA). La semana próxima será el turno de la cámara de Senadores. Si recibe sanción definitiva -nada hace pensar que pueda suceder lo contrario- la “estatización” de Aguas Argentinas, adquirirá finalmente la figura de una sociedad anónima que se regirá por las normas de Derecho Privado y la Ley de Sociedades Comerciales. Junto a Enarsa y el Correo Argentino, Aysa reafirma el estatismo moderado de la política del gobierno para con los servicios públicos. Ni públicos, ni privados, ni privados, ni públicos, el heterodoxo modelo de re-estatización de los servicios públicos privatizados en la era neoliberal se encuentra en el medio de los dos caminos ya conocidos.
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Foto: Los trabajadores de Obras Sanitarias de Buenos Aires celebraron el anuncio entre aplausos y gritos.
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Con la firma del decreto presidencial que le rescindió el contrato de concesión a la empresa Franco – Española Aguas Argentinas, el presidente Néstor Kirchner dio una nueva señal de que su política hacia los servicios públicos privatizados no se rige por la ortodoxia económica, ni de derecha, ni de izquierda.
Descartada la primera opción, el jefe de gabinete Alberto Fernández, se encargo de tirar por la borda la vocación estatista que le endilgaron al gobierno con esta medida. “El Gobierno no tiene vocación estatizante”, insistió.
Ya se sabe que a la derecha le encanta agitar el supuesto fantasma de la estatización. Para convertir en negativa la significación de una palabra que desde su ideología contraria está relacionada con equidad e igualdad, los voceros de una derecha local, mañosa y un poco resentida recuerdan los supuestamente ineficientes servicios manejados por el Estado antes de las privatizaciones.
Algo que, aunque en algunos casos sea cierto, no hace más que esquivar lo que significó para la población que servicios tan esenciales como el del agua se encuentren en manos de empresas cuyo único fin es aumentar su tasa de ganancia y expansión.
Lejos de uno u otro camino el gobierno nacional, antes de decidir la creación de AySa, buscó por todos los medios que el grupo Suez y Aguas de Barcelona -recordemos que este último es quién tiene en sus manos las acciones mayoritaria de Aguas del Gran Buenos Aires (AGBA)- sea reemplazado por otro prestatario privado. Fue así que el servicio hasta se le ofreció a Eduardo Eurnekian, aún sabiendo que se encuentra en falta con el Estado Nacional, por adeudar el canon correspondiente de Aeropuertos Argentina 2000.
En este sentido David Cufré, escribió en el diario Página 12 del domingo 26 de marzo pasado, comparando otras privatizaciones con el destino de Aguas Argentinas: “La política del Gobierno hacia las privatizadas está repleta de esas contradicciones. Después de muchos accidentes graves y de sumar groseros incumplimientos de contrato, el Ministerio de Planificación le quitó la concesión del ex ferrocarril San Martín al grupo Taselli (Metropolitano).
Pero no corrigió el fondo de la cuestión, que es el esquema inviable de prestación del servicio ferroviario tal como fue privatizado, sino que transfirió la responsabilidad de explotar ese ramal a otros tres operadores que tienen casi tantas falencias como el expulsado. Metrovías, TBA y Ferrovías constituyeron una Unidad de Gestión Operativa que embolsa crecientes subsidios para operar el San Martín. Los fuertes subsidios también los cobran -junto a Metropolitano, que retuvo el Roca y el Belgrano Sur- para administrar los otros ramales en su poder.
Correo Argentino, Aguas Argentinas y Aeropuertos 2000 fueron las empresas que el Gobierno puso en la mira no bien asumió. La primera la estatizó rápidamente, poniéndose firme ante la falta de pago del canon por parte del grupo Macri. A pesar del aceptable desempeño de esa compañía en manos públicas, sigue firme el decreto que establece su futura reprivatización.
Aguas Argentinas, se sabe, se convirtió en Aysa. Y Aeropuertos 2000, que estaba en una situación similar a la del Correo por la falta de pago del canon, no sufrió ningún embate desde el Gobierno. Su contrato sigue en vías de renegociación. La cartera de De Vido, además, intentó en vano que Eurnekian comprara Aguas Argentinas.”
La contradicción se trasladó al Congreso Nacional
Cuando la discusión de la creación de AYSA se trasladó al Congreso Nacional comenzaron la conformarse los distintos intereses en relación al proyecto. La UCR estaría dispuesta a avalar una ley que apoye el traspaso a la Provincia y a la Ciudad de Buenos Aires del 90 por ciento de las acciones que hoy tiene en AySA la Nación en un plazo de entre 180 días y un año. El ARI y el Bloque Peronista Federal quieren que se incluya una acción de oro para el Estado, una alternativa que el decreto de necesidad y urgencia no contempla.
El miércoles 5 de abril se anunciaba que la creación de la empresa de mayoría estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), había obtenido un dictamen favorable del oficialismo en el plenario de las comisiones de Obras Públicas y Presupuesto en la Cámara de Diputados. En la misma reunión, la iniciativa contó con el apoyo del bloque Peronista Federal (ex duhaldistas), que anunció su aval al dictamen de la mayoría, tras conocerse la firma de un decreto complementario por parte del Gobierno precisando que “las acciones del Estado en AYSA serán intransferibles”.
De esta manera, se garantizó el tratamiento del y su posterior media sanción. La semana anterior, en forma simultanea a la rescisión del contrato de concesión con Aguas Argentinas, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 304/2006, supuso la creación de AYSA, estableciendo su carácter de Sociedad Anónima, con 90 por ciento de las acciones en manos del Estado Nacional y 10 por ciento para los trabajadores del sector a través de un Programa de Propiedad Participada.
El bloque Peronista Federal, entre otros, objetaron la falta de precisión respecto de la posible enajenación de estas acciones al sector privado, lo que derivó en el dictado, en la víspera, del decreto complementario 373/2006.
El mismo miércoles en que fue tratado en comisión, la norma fue publicada en el Boletín Oficial, con un segundo párrafo incorporado en el artículo 2 del decreto 304 en el que se detalla que “las acciones propiedad del Estado Nacional serán intransferibles”, y señala que “esta proporción no podrá ser disminuida como consecuencia de operación social alguna”.
El plenario de comisiones realizado durante la mañana en el edificio anexo de Diputados fue encabezado por Edgardo Depetri y Carlos Snopek, presidentes de las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto, respectivamente. Uno de los pocos diputados que se opuso abiertamente a la aprobación de la norma fue Claudio Lozano. El referente de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) manifestó su acuerdo con la rescisión del contrato con Aguas Argentinas, pero hizo especial hincapié en que “no entendía” “cual es la razón por la que AYSA se inscribirá como una sociedad anónima sujeta a derecho privado”.
Al respecto, abogó por enrolar a AYSA como “Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria, tal como lo establece la Ley 19.550”, y luego señaló que “en los casos de Enarsa y de Lafsa, creadas bajo el esquema propuesto por el gobierno, los controles no funcionaron”, por lo que ahora votó en disidencia.
Una vez recibida media sanción por parte de diputados el jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, avaló la creación de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), como una sociedad anónima que se regirá por las normas de Derecho Privado y la Ley de Sociedades Comerciales, y aclaró que bajo esa figura legal “se podrá volver a privatizar el servicio si hay una decisión del Congreso de la Nación” ya que el proyecto oficial sostiene que “las acciones del Estado en AYSA son intransferibles”.
“Hemos buscado una solución distinta a un viejo problema, que es la prestación del servicio de aguas”, refirió el legislador en declaraciones por Radio 10. Rossi agregó que “el proyecto sería tratado, y aprobado, la semana próxima por el Senado”.
AYSA tendrá 90 por ciento de sus acciones en manos del estado nacional y 10 por ciento será de los trabajadores del sector a través de un Programa de Propiedad Participada (PPP). “El Derecho que se aplicará es el Derecho Privado y esta forma jurídica le dará a la empresa las herramientas necesarias para moverse con una agilidad en el rubro comercial que le permitirá ser eficiente”, puntualizó Rossi.
La empresa no se regirá por las normas que definen los procedimientos de contrataciones del Estado, incluido el personal, y su capital social inicial será de 150 millones de pesos.
Se estima que en los primeros días siguientes a la aprobación de la Ley por parte del Senado el gobierno nacional anunciará un detalle de las primeras inversiones (urgentes) en obras que permitan eliminar la situación de aguas con alto contenido de nitratos que se suministra en varias zonas del conurbano bonaerense.
