Educación. La jurisdicción de los recursos

Un resumen de las distintas capas y profundidades del conflicto educativo. Por María del Pilar Fregona

A las ya conflictivas pujas salariales que se libran entre los gremios docentes y los gobiernos sub-nacionales en un país crónicamente inflacionario, se le suma este 2024 el ajuste fiscal de proporciones monumentales perpetrado por el gobierno nacional, que en esta oportunidad se llevó puesto el Fondo de Incentivo Salarial Docente (FONID).

La suspensión de los aportes nacionales a salarios docentes y el recorte generalizado de recursos destinados a programas educativos se inscriben en un contexto político signado por la escalada del conflicto entre Nación y provincias –o, también, Presidente vs. Gobernadores— luego de que se truncara el tratamiento de la Ley de Bases en la Cámara Baja. A su vez, se suma a la larga lista de blancos de la motosierra libertaria, que cuenta entre uno de sus capítulos más dramáticos: el de la eliminación de los subsidios para el transporte público.

Naturalmente, el conflicto que comienza por estallar ahora viene amasándose hace rato, cuando entre fines de enero y principios de febrero el gobierno nacional anunció la eliminación de los fondos salariales docentes y postergó sistemáticamente la convocatoria a la instancia de negociación paritaria, contemplada en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo.

Por eso es que entre los reclamos de los gremios docentes congregados en CTERA que realizaron un paro nacional el día lunes y de otros gremios nucleados en la CGT (UDA, AMET, SADOP y CEA), se exigían, entre otras cosas, la continuidad del FONID, del Fondo Compensador Salarial, de los programas educativos y la convocatoria a paritarias nacionales que se realiza todos los años.

Cabe señalar que el FONID consiste (consistió) en un adicional salarial repartido entre todas las provincias y CABA que complementaba al sueldo docente. Creado por ley en el año 1998 en el marco de la emblemática protesta docente del periodo 1997-1999, continuó rigiendo mediante decretos hasta que el actual gobierno decidió no prorrogarlo. El último decreto que lo prorrogaba fue el 1° de enero de 2022, y establecía una vigencia de dos años. Representaba, aproximadamente entre un 10% y un 15% del salario nominal docente. Respecto al Fondo Compensador Salarial, se trata de un fondo contemplado en la Ley de Financiamiento Educativo (año 2005) que destina recursos a diez provincias, con el objetivo de compensar las desigualdades existentes entre las distintas jurisdicciones respecto al salario docente.

En la reunión finalmente convocada por el gobierno nacional el pasado martes participaron los secretarios nacionales de Educación, Carlos Torrendell, y de Trabajo, Omar Yasin; representantes de cinco gremios docentes (CTERA, UDA, AMET, SADOP y CEA) y diez ministros provinciales y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Consejo Federal de Educación. Como era de esperarse, las negociaciones no llegaron a buen puerto: mientras que el gobierno garantizó la continuidad del Fondo Compensador Salarial, también ratificó su posición respecto a la eliminación del FONID y no ofreció ninguna oferta salarial. En su lugar, se solicitó a las provincias que presenten su oferta salarial para discutirla en la mesa próxima que, en principios, será el próximo martes. Consecuente con las declaraciones del vocero presidencial pronunciadas en las últimas semanas de que “los salarios de los docentes dependen de cada gobernador y cada jurisdicción es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores», y de que «La paritaria docente nacional no es tal, no existe”, Nación delegó en las provincias la propuesta de un salario mínimo, mientras que las provincias esperan la definición de Nación para encauzar sus propias paritarias.

Por lo pronto, sin adicional salarial y sin paritarias, el panorama no hace más que ofrecer incertidumbre en el porvenir, y promete una conflictividad creciente.

Al ya escalonado comienzo de ciclo lectivo que varía en función de cada jurisdicción, se suman las medidas de fuerza anunciadas por los gremios que dificultarán el inicio de las clases en las provincias en que aún no comenzaron y que afectará la cantidad de días previstos de clases en el calendario escolar (cuyo piso es de 180 días, y algunas jurisdicciones esperan llevarlo a 190).

“Las compañeras y compañeros van a dar apoyo no solamente a una medida concreta como es el paro, sino a un plan de lucha a lo largo y ancho del país en defensa del salario, pero también de las condiciones de trabajo, de salud, de la infraestructura escolar, de los comedores y los programas que hoy aparecen recortados”, expresa Marina Jaureguiberry de SADOP en declaraciones posteriores a la conferencia en la que los gremios de la CGT convocaron a un paro nacional para el próximo lunes.

Asimismo, el martes se reunirá la comisión directiva de CTERA con los secretarios generales de todo el país para definir los pasos a seguir en la órbita nacional.

Un Ministerio de Educación sin escuelas

En el marco del proceso de descentralización educativa de la década de los noventa que tuvo a la transferencia de las escuelas secundarias a las provincias como uno de sus hitos más importantes, surgió en ese momento la expresión de que el país tenía un Ministerio de Educación sin escuelas.

Salvando las diferencias –y las décadas—, aquella frase hace carne en las declaraciones y acciones de los gobernantes nacionales.  ¿Vos tendrías un ministerio que no tiene escuelas?, se preguntaba Milei en tiempos de campaña.

Los docentes son provinciales. Si cada provincia quiere hacer un subsidio docente, si quieren dar un subsidio a la educación, lo tienen que sacar de sus arcas, dice Caputo en tiempos de funcionario.

Como ha sido harto repetido en estos días, las leyes que rigen la educación en Argentina hasta el día de hoy plantean la concurrencia entre Estado Nacional, Provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia educativa (Ley de Financiamiento Educativo). Y la responsabilidad que tiene el Estado Nacional de proveer una “educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación” es “principal e indelegable” (Ley de Educación Nacional). Debemos recordar que, a un Ministerio de Educación Nacional sin escuelas, se le respondió en los sucesivos gobiernos –con mayor o menos convicción, con mayor o menor financiamiento— con un ministerio en concurrencia con las provincias, vía políticas de financiamiento, de infraestructura, de bienes tecnológicos, etc.  

Consultado por Revista Zoom acerca de la importancia que tienen los recursos nacionales que se destinan a las provincias para educación, Alejandro Morduchowicz, especializado en Economia y Financiamiento de la Educación, contestó que “una parte de esos recursos nacionales eran para este adicional salarial del FONID, y otra parte para acciones de política educativa: poder comprar libros, computadoras, para mejoras de infraestructura escolar en general. No es mucho, pero dado la baja inversión que tienen las provincias en estos rubros en general –hay excepciones, claro— de golpe todo lo que invierten algunas provincias en computadoras, libros e infraestructura, es lo que proviene del Gobierno central. Entonces, eso, que es poco, se convierte en mucho, ya que la mayor parte del presupuesto de las provincias son salarios y les queda poco margen o tienen poca capacidad de negociación para tener dinero para otros rubros que no sean el salario docente. Si el Estado nacional se retira –más allá de los motivos que lo asistan; si le corresponde, si no le corresponde, si lo tiene que hacer como lo está haciendo o no o en qué se basa esta concurrencia—, la pregunta es qué van a hacer las provincias frente a este nuevo panorama”.

Un federalismo a los palos

Si bien el foco está puesto en el gobierno nacional y las medidas de fuerza adoptadas por los gremios docentes tienen, por el momento, a Nación como su principal adversario, no podemos correr la mirada de lo que hagan los funcionarios provinciales para abordar el conflicto. Como sugiere Morduchowicz, “A veces no se cobra conciencia sobre la corresponsabilidad, cuando las provincias son las que tienen a su cargo las escuelas”. En esta línea, continúa: “Las provincias tienen un rol importante en educación. Tradicionalmente, a muchos ministros de Educación provinciales los atendían mejor o les resultaba más sencillo concurrir al Ministerio de Educación Nacional (o en el ex Ministerio de Educación Nacional) antes que pedirles recursos a sus propios ministros de Economía o de Hacienda en las provincias.  Ahora, tal como vienen las cosas, sin esos fondos nacionales –no solo el FONID, sino también otros programas educativos que complementaban— hay que ver qué hacen esos ministros. Porque los ministros no son jueces, ni son ajenos; son parte. Hay un órgano colegiado, que es el Consejo Federal de Educación, en el que se juntan los ministros. Entonces, hay que ver cómo actúan, cómo responden frente a esto. Hay que ver si se van a quedar impasibles o no. Vuelven a sus provincias, ¿y qué hacen? tienen una corresponsabilidad, y más allá de la coyuntura actual, hay cuestiones estructurales que se deben resolver”.

Es que no puede negarse que, en el trasfondo de muchas de las últimas grandes discusiones, subyacen preguntas acerca de los grandes problemas del federalismo argentino. Un federalismo que, al menos en términos educativos, exhibe importantes desigualdades inter-provinciales y, con ello, una notable heterogeneidad provincial en el funcionamiento de las escuelas, en la inversión educativa por alumno y en el salario docente. En este punto, cabe agregar que las diferencias entre provincias respecto al salario docente se acentuarán dependiendo de cuáles logren hacerse cargo, y en qué medida, de ese adicional que ya no está. La reducción abrupta de las transferencias a las provincias sería, según algunas estimaciones, de entre 15% y 20% en términos reales con respecto a 2023.

Continuando con las discusiones sobre federalismo y sobre la concurrencia que emergen con este conflicto, Morduchowicz agrega: “Mi planteo ahora es que hay una suerte de ‘federalismo a palos’, retomando a dos autores que escribieron un artículo clásico de federalismo en Argentina y hablan de una unidad a palos… En pos de ordenar, de ajustar las cuentas nacionales, están obligando o forzando a las provincias a que hagan ciertas cosas que hasta ahora no hacían. El tema, como siempre, es quién hace qué, cuál es el compromiso, la obligación de cada uno en todo esto; cómo se operacionaliza esa concurrencia. Cuando en los 90 se terminaron de transferir las escuelas a las provincias, ya se habían delineado algunas cuestiones básicas en torno a qué se iba a dedicar al gobierno nacional y en los últimos treinta años se vino más o menos –con sus menos y con sus más— cumpliendo y siguiendo adelante. El tema del FONID –que no estaba en la agenda de nadie— vino a hacer ruido en esto que se pensaba encaminado con las transferencias. El Gobierno Nacional por la fuerza, y en un momento que no es precisamente de holgura de recursos sino todo lo contrario, está planteando ya ni siquiera una discusión, sino una determinación, y eso genera un problema de golpe”.

El salario bruto promedio de un docente de nivel primario con 10 años de antigüedad fue de $233.410 a septiembre de 2023. En el mientras-tanto de las discusiones acerca de la paritaria nacional, de la naturaleza del FONID, de sus cualidades –o no— como herramienta para complementar el salario docente, hay una realidad insoslayable: la de los salarios licuados por la inflación y la de los gastos recortados por la motosierra libertaria; demostrando, una vez más, la carencia absoluta por parte del gobierno nacional de cualquier atisbo de sentido de la oportunidad y de sensibilidad social. Y de preocupación por la educación.

Foto: Agencia Télam

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